No hay salida.

Los papeles del innombrable queman. La contabilidad del PP colgada en la red echa la gasolina a la pira en que se ha convertido el partido y en la que está dispuesto a inmolarse su presidente a quien ya todo el mundo tiene por el principal (y no el único) responsable de esta gigantesca estafa, este engaño permanente y universal, esta inmensa mentira. Cada día, esa información, que los conservadores no pueden ya mantener oculta ni negar, trae un dato escandaloso nuevo que pone a prueba la santa paciencia de la ciudadanía, atónita, suspensa, indignada, sin dar crédito a lo que se va conociendo.

La destrucción del Estado de derecho.

Después de haber desmantelado prácticamente el Estado del bienestar, el gobierno parece decidido a destruir igualmente el Estado de derecho. Ya le ha asestado golpes de muerte. Ha suprimido de un tajo -y es lo primero que hizo- el pluralismo y la imparcialidad de los medios de comunicación públicos, convirtiéndolos en una máquina de agit-prop, a las órdenes de verdaderos comisarios políticos y se ha cargado, de paso, el derecho a la información y la libertad de expresión. Ha bloqueado toda actividad de control del Parlamento y ha relegado su función legislativa a la nada, gobernando por decreto y sin comparecer en sede parlamentaria. Impone sus proyectos legislativos retardatarios y recentralizadores por ordeno y mando, sin dialogar con las partes interesadas y mucho menos escuchar a la oposición.

Corona su actividad con la última astracanada del Tribunal Constitucional. Rajoy y el PP habían dado pruebas abundantes de no tener en ninguna consideración este órgano salvo que se pliegue bovinamente a sus designios, razón por la cual lo tuvieron actuando en manifiesta ilegalidad durante años al negarse a su renovación por entender que esta daría una composición que no le sería favorable. Con su mayoría absoluta lo han poblado de militantes del partido y han acabado por destruir el poco prestigio que le quedaba. El episodio del señor Pérez de los Cobos ha sido, como dice el profesor Sánchez Muñoz, la puntilla para el Tribunal Constitucional.

El caso de Pérez de los Cobos es paradigmático del modo en que la derecha vacía de contenido las instituciones del Estado de derecho y las pone al servicio de su política de partido. Es una muestra clarísima de la mala fe de los conservadores. Palinuro tituló así la entrada correspondiente al día en que se descubrió que De los Cobos es militante del PP, la mala fe de la derecha y a ella se remite. Desde el principio estaba claro que la condición de militante del PP del presidente del Constitucional no era ilegal. Pero, al mismo tiempo, era y es inmoral y políticamente inaceptable, y la prueba es que el interesado la ocultó tanto en el Senado como a sus compañeros de tribunal. Es decir, De los Cobos está obligado a dimitir, no por ser militante del PP, sino por haberlo ocultado, porque de esa ocultación van a derivarse consecuencias desastrosas para el TC y para el conjunto del Estado de derecho en España.

En efecto, la cuestión planteada no es una de ley positiva estricta, sino de equidad. El señor De los Cobos ha intervenido y su voto ha sido decvisivo en cuestiones que afectaban a su partido, del que era oculto militante. Fue juez y parte, algo que nadie puede aceptar en ningún caso y bajo ningún supuesto porque vulnera un principio elemental de toda justicia. Y en efecto, por más que De Los Cobos y sus compañeros de partido se obstinen en negar la obligación de dimitir, las personas físicas o jurídicas que hayan sido perjudicadas por las decisiones torticeras de un magistrado que se pronunciaba en cuestiones en las que tenía un interés directo sin hacer este explícito están en su derecho de pedir la anulación de todo lo actuado de este modo. El primero ha sido Garzón, cuyos abogados han pedido ya la nulidad absoluta de actuaciones en el caso de la providencia del TC que rechazaba el recurso de aquel contra su inhabilitación porque lleva la firma de Pérez de los Cobos. Y detrás de este, vendrán los demás: siempre que en una decisión pasada del TC aparezca la fima de De los Cobos en asuntos de interés para su partido, la nulidad es patente, digan lo que digan la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del Tribunal Constitucional y el sursum corda. Todas esas resoluciones están viciadas por la mala fe del magistrado y deben anularse. Luego, él, que no dimita si no quiere y siga presidiendo lo que quede del TC y con la legitimidad que cabe colegir.

Pues bien, esto mismo es lo que puede pasar en el conjunto del sistema político español. El partido del gobierno que, a tenor de lo descubierto en los papeles de Bárcenas y la contabilidad colgada en la red, podría considerarse como una asociación delictiva y, por lo tanto, ilegalizable, lleva veinte años recaudando fondos presuntamente ilegales, pagando substanciosos sobresueldos a sus dirigentes y financiando ilegalmente sus campañas electorales. Esa financiación ilegal, oculta hasta la fecha, como la militancia de De los Cobos, convierte en nulos todos los triunfos electorales obtenidos desde los años noventa y en nulas todas las actuaciones de unos gobiernos ilegítimos de origen por ser este fraudulento. España no está gobernada por un partido político como otro cualquiera sino por uno que supuestamente ha venido actuando con criterios mafiosos. Los delitos, de haberlos, habrán prescrito penalmente; pero no políticamente.

Si esto no es destruir el Estado de derecho, no se sabe qué lo será.

La dimisión de Rajoy, quien se niega a presentarla de un modo cerril que empieza a ser patético, es inexcusable. El país no puede estar gobernado por una persona sospechosa haber estado cobrando y haber permitido que muchos más cobren durante años sobresueldos de dinero ilegal y que, presuntamente, ha ganado las elecciones porque, al financiarlas ilegalmente, hizo trampa. La financiación ilegal de elecciones es como del dopaje en el deporte. Y si a Armstrong se le pueden quitar no sé cuántos maillots amarillos, a Rajoy y al PP hay que anularles unos resultados electorales obtenidos con juego sucio.

El PP y el crimen organizado.

Vaya. En el Uruguay llaman a las cosas por su nombre. Justo lo que Rajoy dijo que haría en España, llamar al pan, pan y al vino, vino. Una más de sus desvergonzadas mentiras. No llama pan al pan ni vino al vino y mucho menos Bárcenas a Bárcenas. También dijo que sería un presidente "que daría la cara" y lleva dos años escondiéndola y solo asomando a través del plasma. Asimismo dijo que, cuando él gobernara, bajaría el paro y ha subido; que no subiría los impuestos y lo ha hecho, que no tocaría sanidad y educación y las ha destrozado, etc., etc.

Pero ya es irrelevante señalar la mendacidad del hombre que detenta (en el sentido estricto del término) el poder en España y ocupa indebidamente La Moncloa. Es, además, redundante. Todo el mundo -excepto, al parecer, algunos votantes- sabía que la palabra de Rajoy no vale nada, que es un embustero redomado, capaz de decir cualquier cosa por obtener sus fines, sin ética, sin honradez, sin moral. Alguien lo puso ahí porque sabía que haría lo que fuera preciso porque la derecha ganara las elecciones.

¿Quién? El Uruguay nos da la pista: los beneficiarios de esta estructura organizada de expolio, de robo en masa, de fraude y enriquecimiento fraudulento que presidía Rajoy, habiéndolo hecho antes Aznar y gestionaba Bárcenas, a quien investigan en aquel país por crimen organizado. Ese es el nombre que debiera estar empleándose en España. Es posible que el PP sea un partido político, aunque tengo mis dudas, pero cada vez se revela con mayor claridad como una asociación de malhechores y como tal debiera ser tratado por los tribunales. No puede tener otro nombre una organización que lleva veinte años recaudando millones en donaciones y fondos ilícitos de empresas a cambio de conceder a estas todo tipo de contratos públicos de modo fraudulento con evidente quebranto para los intereses generales; veinte años financiando sus campañas electorales ilegalmente cuyos resultados, obviamente, son nulos y así debieran ser declarados por los tribunales; veinte años repartiendo presuntamente dinero negro entre sus principales dirigentes, con Aznar y Rajoy, sobre todo Rajoy, a la cabeza, una jarcia de políticos profesionales que jamás han trabajado en nada útil pero se han forrado, se han llenado los bolsillos con dinero ajeno. Una vergüenza cuya ilegalización como asociación ya debiera haber sido instada en vía judicial. No creo que el PSOE, víctima del síndrome de Estocolmo, lo haga, pero a lo mejor se anima IU o algún grupo independentista vasco, de esos que han sufrido ilegalización tras ilegalización a instancias, precisamente, de esta misma organización de presuntos mangantes. Si se puede en el Uruguay, también se podrá en España.

Tiene gracia que sean dos países latinoamericanos, la Argentina y el Uruguay los que amparen dos elementales peticiones de justicia que en España no prosperan: condenar el regimen del genocida Francisco Franco en el primero e ilegalizar la organización criminal cuyo extesorero se llama Bárcenas. La dignidad de España ha ido a refugiarse allende el océano. Palinuro se declara argentino y uruguayo de corazón. 

Una chispa de indignación.

Rajoy se niega a dimitir. Mato se niega a dimitir. Cospedal se niega a dimitir. Pérez de los Cobos se niega a dimitir. A pesar de que en todos los casos hay razones más que sobradas de acuerdo con las pautas de cualquier democracia, por ramplona que sea. Rajoy, además de no dimitir, se niega a dar cuenta de sus actos, a comparecer en el Parlamento, a asumir responsabilidad alguna.

Ya se sabe. La derecha española no es democrática. Puede parecerlo en las formas, pero no lo es el fondo. En eso se diferencia de su lejano patrón y modelo, Franco, que no era demócrata en la forma ni en el fondo y se cargó la democracia a bombazo limpio para instaurar una dictadura. Estos lo hacen de forma menos brutal, más taimada, pero con los mismos resultados. Han abolido el pluralismo de los audiovisuales públicos, poniéndolos en manos de unas comisarios políticos con la misión de ser su aparato de propaganda, misión que aquellos cumplen con la eficacia de un Goebbels. Han bloqueado todo control parlamentario del gobierno y reducido a la nada la función legislativa del Parlamento que, como las Cortes de Franco, se limita a sancionar lo que el poder le manda, a aplaudir al Jefe e insultar a la oposición. Han colonizado con hombres de su partido el Tribunal Constitucional por medios torticeros y engañadores que avergonzarían a cualquiera excepto, claro, a sus beneficiarios, más interesados en los cargos que en la dignidad.

En definitiva, una dictadura de hecho. Han desvirtuado el juego democrático de los poderes e instituciones del Estado poniéndolos todos al servicio de la política del gobierno que hace literalmente lo que le da la gana, sin rendir cuentas a nadie. Impone un programa máximo de involución democrática, retroceso y pérdida de derechos y lo acopla con otro de drásticos recortes y medidas de expolio (que el gobierno llama "austeridad" y "reformas") de modo que son los sectores más desfavorecidos quienen pagan el coste de la crisis.

Y todo eso se hace en mitad del peor escándalo de corrupción de la política española desde la muerte de Franco. Un escándalo de sobresueldos, comisiones, dinero negro, mamandurrias, bicocas, gastos suntuarios, de todo lo cual vamos teniendo cumplida noticia por los papeles de Bárcenas corroborados ahora por la contabilidad del PP, subida a la red por Anonymous. La imagen es la de un partido que funcionó supuestamente desde el principio como una red de captación de fondos a través de la corrupción administrativa y el expolio de las arcas públicas. Y están pringados todos los dirigentes del PP. Unos más y otros menos, pero todos. Han arruinado el país a través de una corrupción generalizada. Se han cargado los servicios públicos de salud y educación y están destruyendo la administración pública para llevarla a los tiempos de la sumisión política de los "cesantes".

Es la destrucción de la democracia desde dentro. Y frente a ello, bien poco es lo que se puede hacer pues el gobierno controla todos los poderes, tiene a su servicio los medios públicos y no vacila en el empleo de la violencia que, en verdad, no es su último recurso, sino el único.

Ayer hubo un estallido de indignación popular contra tanta infamia en bastantes ciudades españolas. Unas manifestaciones espontáneas, convocadas a través de las redes sociales, sin otro tipo de publicidad, ni padrinazgo. IU decidió unirse a la barbacoa de chorizos frente a Génova, en Madrid. Pero la iniciativa era ajena, era de las redes. El gobierno dirá que fueron cuatro y que él tiene detrás millones de votos. Sin embargo todos sabemos que esos manifestantes reflejan un estado de (des)ánimo generalizado en el país. La situación se describe simplemente: al gobierno no sabe qué hacer y por eso no hace nada salvo esconderse frente a las acusaciones de corrupción. La ciudadanía, indignada, tampoco sabe qué hacer pues su única reclamación lógica, la dimisión del gobierno no es atendida por este.

Con todo, la ciudadanía muestra el camino a la oposición. Esta debe exigir la dimisión de Rajoy, que no se encuentra en condiciones de gobernar (como tampoco lo está de reinar el Rey, aunque ese da igual lo que haga) sino, si acaso, de defenderse en los tribunales. La moción de censura es inexcusable. Que el país oiga el punto de vista de la oposición sobre el desastre en el que vive. Y, como nada cambiará, pues la moción se perderá ante la guardia pretoriana del PP, la oposición debe estar preparada para llevar su protesta más allá. Tendrá que pensarse si sigue legitimando con su presencia una farsa parlamentaria para un gobierno autocrático, si continúa avalando con su presencia un foro en el que se escuchan auténticas atrocidades antidemocráticas, desde el "¡que se jodan!", de Andrea Fabra, hasta el "¡toma democracia!" de Mariano Rajoy. 

La mala fe de la derecha.

El mundo entero está perplejo de la desfachatez del presidente del gobierno español que, encontrándose bajo fundada sospecha de comportamientos corruptos durante años, no dimite, no rinde cuentas, no da explicaciones, no comparece en sede parlamentaria. Es comprensible. Se trata de un mundo en el que lo habitual, lo digno, lo democrático es dimitir a la sombra de una duda o la certidumbre de un comportamiento impropio, por insignificante que sea. El último ejemplo, un ministro japonés dimisionario por haber aceptado el equivalente a unos cuatrocientos euros indebidos. Cuatrocientos euros son la cuarta parte de lo que todos los meses se embolsan muchos diputados españoles que, teniendo casa en Madrid, cobran 1.600 euros para alquiler de piso en la capital; la 850ª parte de los 340.000 euros que, según los papeles de Bárcenas, ha cobrado en sobresueldos Rajoy. No es de extrañar que la negativa a dimitir de este sea portada de todos los periódicos, incluso los de Nueva Zelanda.

También en España cunde la perplejidad y hasta la indignación por la insolencia de un gobierno deslegitimado por la corrupción que se niega a aceptar sus responsabilidades. Ese es el motivo de la moción de censura que anuncia Rubalcaba quien está consensuandola con el resto de la oposición. Ya se ha hecho un ensayo general con el compromiso por escrito de todos los grupos (excepto UPyD) de derogar la regresiva ley de Wert en cuanto ganen las elecciones. Será fácil con esto consensuar un sentido a la moción de censura que, en el fondo, asusta bastante al gobierno. Parece que el PSOE y la oposición en general caen por fin en la cuenta de que la actitud de la derecha con las instituciones democráticas y los poderes del Estado no es de recibo. Que no cabe acordar nada con ella porque solo es posible si se acepta sin rechistar su política autoritaria de imposición, de ordeno y mando y desprecio por la democracia.

Hubieran podido darse cuenta mucho antes de no haber aceptado crédulamente el discurso camaleónico del PP y sostenido por sus medios de ser el partido del centro derecha. No lo es ni lo ha sido nunca. No solo no es de centro sino que tampoco es de derecha si por tal se entiende la mayoría de las fuerzas conservadoras europeas, como el partido conservador británico, las democracias cristianas alemanas o las dos corrientes de la derecha francesa. Nada que ver con ellos. La derecha española es nacionacatólica y franquista hasta la médula. Es posible que en su seno haya una derecha homologable a la europea, pero no pinta nada. Hasta las corrientes neoliberales son nacionalcatólicas.

Los neofranquistas, como los franquistas, no son demócratas, no creen en la democracia, no hacen nada por protegerla y no les importa cargársela. Al fin y al cabo, para ellos era una época de "extraordinaria placidez". La expresión es estúpida, pero muy significativa. La derecha española gobierna en democracia porque no le queda otro remedio, pero no la respeta y no le importa nada que fracase y dé lugar a una nueva dictadura porque sabe que, en tal caso, nadie la perseguirá (como sucedería con la izquierda y hasta el verdadero centro) y, al contrario, seguirá en el gobierno. Así que su respeto por las instituciones democráticas -de las que suelta ditirambos mientras las dinamita- es inexistente.

En ese contexto general hay que enmarcar este nuevo episodio del presidente de Tribunal Constitucional, hombre de partido, del partido del gobierno. El País sale a voz en grito y dice que expertos juristas consultados lo dan como caso de clarísima incompatibilidad. Ignoro quién de ellos, si los juristas o el diario, invoca el artículo 395 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial que, dícese, es taxativo en la prohibición a jueces y magistrados de pertenecer a partidos políticos. Sí, es taxativo, pero no se aplica aquí. El Tribunal Constitucional no está sometido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino solo a su propia Ley Orgánica y a la Constitución que únicamente impide a los magistrados del Constitucional tener "funciones directivas" en un partido, pero no ser militantes de él. A más inri, que dicen los castizos, el señor de los Cobos no es juez ni magistrado, sino catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social y, por tanto, puede pertenecer a lo que le dé la gana. Su situación no es ilegal. El problema no es jurídico, es político.

Aquí es donde está el meollo de la actitud antidemocrática de la derecha española, en esta forma de vaciar de contenido las instituciones democráticas respetando su andamiaje externo. En la mala fe, en el permanente fraude de ley, en su inmoralidad. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Pero no, obviamente, porque sea algo absolutamente ajeno, de naturaleza intrínsecamente distinta a él, sino porque lo contiene en sí, siendo algo en cierto modo "superior". Argumentar esta "superioridad" es harto difícil y muchos dicen que imposible. Para un norteamericano es incomprensible que haya un Tribunal Constitucional ajeno al poder judicial. El Tribunal Supremo es tribunal constitucional. En España (y en otros lugares, como Italia, Alemania o Austria, países que han padecido dictaduras terribles) no es el caso. El Tribunal Constitucional no es el Tribunal Supremo. Pero, al menos formalmente, como si lo fuera. De hecho se llama tribunal y sus miembros, magistrados. Su jurisdicción es el llamado "bloque de constitucionalidad". La Constitución, su eje central, según doctrina al uso, es un texto de consenso, que incorpora y sintetiza visiones distintas del Estado español, tanto en lo ideológico como en lo orgánico. ¿Puede su intérprete único estar presidido por un hombre de partido y de un partido con opiniones y política tan extremas, tan radicales que sostiene puntos de vista que muchos, Palinuro incluido, consideran retrógrados, inhumanos, incluso atroces? Teniendo en cuenta, además, que la presidencia le otorga el voto de calidad en caso de empate. Legalmente, sí. Políticamente, no.

Ignoro qué dirá hoy el gobierno, si es que dice algo. Probablemente que el señor de los Cobos puede pertenecer a lo que quiera y sea legal y que, de todos modos, el hecho de estar al corriente en las cuotas del partido no significa gran cosa pues no hace de él un militante en sentido pleno. Es el punto de vista que sostenía Lenin, para quien el buen bolchevique no era solo el que pagaba las cuotas, sino el que trabajaba para el partido. Eso es, probablemente lo que se aprestaba a hacer De los Cobos cuando El País metió sus narices en donde no debía. ¿Por qué suponemos que se aprestaba a hacerlo? Porque ocultó el dato en la audiencia pública. Es su derecho, por cierto, reputarlo insignificante por cuanto esté convencido de que su militancia no condicionará su magistratura. Pero cualquiera en su sano juicio (él incluido) pensará que no todo el mundo será de la misma opinión y algunos habrían podido cambiar su voto de haber sabido de dicha militancia, ya sea en grado menchevique o bolchevique.

El caso es uno entre muchos. Rajoy tuvo paralizada durante años la renovación del Tribunal Constitucional porque no quería aceptar una composición política del órgano que no le fuera sumisa. Para ello se sirvió de una condición inaceptable: el nombramiento como magistrado del señor Enrique López, entusiasta colaborador de la FAES y activista político de la derecha extrema. El Tribunal Constitucional entró en barrena de desprestigio y acabó coronándose de gloria con la sentencia sobre el Estatut que ha tenido la virtud de poner a Cataluña en pie de guerra. Finalmente, habiendo ganado las elecciones, Rajoy ha impuesto a López. De nuevo legal; de nuevo políticamente lamentable. La alternativa ha quedado clara: si el Tribunal Constitucional no es un Consejo para sancionar las políticas del gobierno (algo parecido al Consejo Nacional del Movimiento, diría un guasón), que no sea nada.

Y no es solo el TC. Son todas las instituciones, distorsionadas, ninguneadas, aniquiladas. Rajoy gobierna de espaldas al Parlamento en el que su mayoría aplastante funciona como una guardia pretoriana que lo protege y lo libera de la enojosa obligación de comparecer a dar cuentas. Aparte, por supuesto de aprobar con aplauso todo lo que el gobierno envía a la cámara, sin variar ni una coma. Muy legal, ciertamente, pero inaceptable desde el punto de vista de los usos y costumbres democráticos, pero no hablar de la llamada "corrección parlamentaria" que la derecha ignora de arriba abajo. Ahí nace esa moción de censura que la oposición ya está tardando en presentar. Y Palinuro insiste en que no será suficiente y la oposición se verá forzada a actitudes de desobediencia, a votar con los pies, lo único con lo que la dejan ya votar.

Lo mismo con la Radiotelevisión pública. Ni un escrúpulo, ni una vacilación. En cuanto Rajoy tomó posesión, lo primero que hizo fue reformar la ley de RTVE vigente para nombrar al director que le diera la gana. Y es lo que hizo. Ese director nombró un equipo acorde con el mandato recibido: acabar con el pluralismo informativo y convertir lo audiovisual público en un aparato de propaganda del gobierno y su partido. Y los nombrados han cumplido. Se nota en las audiencias.

Y así en todo. ¿Qué tiene esto que ver con la democracia? Claramente, nada. Es una mala fe continua, un  permanente fraude de ley, una democracia en la forma y una dictadura en el fondo. La dictadura de un incompetente, embustero y presuntamente corrupto hasta la saciedad. España.

Apuntes barcénigos.

Pedro J. está otra vz en guerra con el gobierno. Ha convertido la dubitativa moción de censura de Rubalcaba, quien ni siquiera le ha puesto fecha, en fulminante. Ya veremos, Júpiter, ya veremos.

La moción de censura está pensada para que no se interponga y, si se interpone, fracase. Por eso se llama constructiva. Tiene que incluir el nombre del candidato de reemplazo. Y ahí está el truco: en que, como siempre fracasa, da igual el nombre del candidato. Podría ser Rubalcaba. Claro que si los diputados del PP tuvieran sentido del humor, igual votaban a favor, la moción triunfaba y, bueno...

Rajoy habla a los empresarios con la decisión y claridad que niega a la opinión. Y se reúne con ellos dos horas, diez veces más tiempo del que ha dedicado a comparecencias públicas. Ahora ya sabemos que todo ese "cumpliré el mandato" y tal es que no piensa dimitir y que seguirá gobernando y haciendo reformas, entre las que los empresarios, siempre a lo suyo, le han pedido que meta mano a las pensiones.

Que la estabilidad política enamore a los empresarios españoles es posible y probable. Que los empresarios españoles enamoren a la estabilidad política es más dudoso.

¡8,4 millones de euros en dinero negro! 1.400 millones de pesetas. De los que 1.000, según parece, se los llevó en persona Correa, según vocifera en alguna cinta telefónica el maduro galán de la Gürtel. En todo caso, una pasta en dinero negro. Tanta que algún medio se ha permitido un chiste al afirmar que Barcenas (o el PP, vaya uno a saber) pagó con dinero negro la campaña de Severo Moto en Guinea. Los demás medios han sido más políticamente correctos y han hablado de dinero de la caja B.

El responsable de la difusión viral de la contabilidad B del PP es Anonymous y el PP se ha querellado contra él o ello o lo que sea Anonymous. No se ha querellado contra Bárcenas que, a pesar de ser también anónimo, pues carece de nombre, es res extensa que en este momento reposa en Soto del Real.

¡Qué estafa tan bien montada y pensada para durar muchos años, como así ha sido! Veinte. El PP se montó desde el principio como una doble estructura paralela, un partido político y una máquina de extraer y repartir rentas por prácticas corruptas y clientelares basadas en el principio de Io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me. Tu me das un donativo y yo te doy un contrato. El dinero de los donativos (8,4 millones de uracos) iba a pagar las campañas electorales del partido y a llenar los bolsillos de los capitostes en forma de sobres.

Esos sobres, esos sobres de ubicua presencia que nadie reconoce haber visto pero todos anhelaban. Eran como el santo grial, que nadie sabía que forma tenía. Igual que los sobres. Podían ser de estraza, blancos, de papel reciclado o tomar forma de cajas de puros. ¡Qué más da la forma! Lo que importa es la substancia.

Rajoy promete seguir observando el pacto de silencio, aunque Bárcenas parece decidido a romperlo, quizá aconsejado por su nuevo defensor, el ex-juez Gómez de Liaño, cuya primera recomendación parece haber sido que su cliente no tire de la manta. El lenguaje suena poco de letrado. ¿O quizá es un farol, para amenazar con una manta inexistente? En este juego, ¿alguien dice la verdad alguna vez? Hablan todos; pero decir, solo dicen los papeles.

Aznar está callado como una tumba. Y no hablemos ya de Arenas. Ese está en la tumba y recordando los fastuosos días del Palace y las comilonas a 2.000 euros, una especie de remedo andaluz de aquel palyboy al que se parece físicamente, Tony Franciosa. En cambio vuelve Trillo de las sombras, como un fantasma de un fondo de tragedia shakesperiana, en una noche desapacible con el campo sembrado de cadáveres. Trillo a quien, supuestamente, hubo que "compensar" por el lucro cesante al dejar de ser presidente del Congreso. Y menos mal que solo llegó a presidente del Congreso, si lo hubiera sido del Chase Manhattan, el PP tendría que salir a buscar la "compensación" con un trabuco por los caminos.

Lejos de callar, María Dolores de Cospedal habla por los codos. Contraviene así las expresas órdenes de la jefatura. Vuelve al gesto adusto y la amenaza, aunque no a un verbo más claro. Ella bien quisiera ser la doncella Placerdemivida pero no pasa de Condesa Trifaldi, por otro nombre, la Dueña Dolorida. En cuanto a las barbas, como siga así, todo se andará.

El caso Palau, los EREs andaluces tienen también su aquel y terminan por demostrar que, en donde los partidos se instalan continuadamente en el poder, lo corrompen o se dejan corromper por él. Pero son dos casos más de corrupción al uso, especializados, por así decirlo, el caso Ferrovial y los sinvergüenzas de los EREs. La historia Bárcenas-Gürtel, pues es una misma historia, trasciende lo específico y se convierte en leyenda, en institución. Aquí no hay uno, dos, tres delitos concretos. Aquí hay una forma de vida delictiva mantenida a lo largo de tantos años que, quienes disfrutaban de esa existencia de ensueño, se creían impunes, intocables, dioses. Cobraban lo que querían y cuando querían. Viajaban gratis total con la familia a los lugares más exóticos, iban en yates, de safari en el África, cazaban renos en Laponia. Y, al tiempo, enchufaban a sus parientes y amigos a cientos en las diputaciones, construían aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, museos sin obras. Todo por las comisiones. Se llevaban la pasta de las cajas de ahorros concediéndose créditos a sí mismos y jubilaciones fabulosas y, cuando no quedó dinero, saquearon el de la pobre gente a base de preferentes. Una historia de gobernantes, caciques, nobles ladrones, ladrones plebeyos, curas codiciosos, logreros y corruptos. Una historia de España.

No es una crisis. Es una estafa. Y está claro quiénes han estafado a quiénes.

Ya era hora.

Moción de censura, sí señor. Es lo menos -lo menos- que se merece este gobierno impresentable, presidido por un presunto corrupto que se cree Dios, se niega a dar cuenta de sus actos, explicaciones de ninguna clase, no admite ninguna responsabilidad, escabulle el bulto, miente como avezado farsante, manipula los acuerdos, engaña a los periodistas, ningunea el Parlamento, se ríe de los diputados (incluidos los suyos) y desprecia a la gente, incluida la que le ha votado. Y todo para ocultar que, según consta en los papeles de Bárcenas debe de ser el presidente más corrupto de la historia de España, el que ha organizado una asociación de malhechores con el fin de ganar elecciones fraudulentas y valerse del poder político para expoliar a sus conciudadanos, por la vía legal (aunque abusiva, del decreto) y la ilegal del trinque, el mangoneo, la pastuqui y los sobresueldos.

Ya se sabe que la moción no prosperará pero el debate debe ser exhaustivo y exponer ante la opinión pública el cúmulo de atropellos, infamias, estafas, malversaciones y delitos que llevan años cometiéndose presuntamente  en ese partido más parecido a una asociación de delincuentes. Deberá aclarar las maniobras, zancadillas, embustes, mentiras, censuras y manipulaciones a que Rajoy y los suyos llevan meses recurriendo con el fin de encubrir este fétido asunto, desviar la atención, ocultar sus fechorías y endosarle el mochuelo al PSOE, según último venenoso disparate de Alfonso Alonso, el mancebo de botica del PP que ejerce de portavoz parlamentario.

El debate debe servir para informar a los españoles de quién es Bárcenas, quién Rajoy y cómo entre los dos urdieron presuntamente una compleja trama para forrarse con dineros públicos que, además, distribuían generosamente en sobres a los más obedientes en un partido en el que, desde luego, ser militante es un chollo: pasta en sobres, pasta en viajes, trajes, bolsos (Rajoy parece haberse beneficiado de todo), coches, mamandurrias, enchufes, comisiones, noches de ensueño en el Palace, comilonas. Y todo sin saber hacer la "o" con un canuto, como es obvio en casi todos los casos. Debe quedar claro cómo estos mangantes a las órdenes de Rajoy, llevan años expoliando el país mientras imponen los más duros sacrificios a los jóvenes, las mujeres, los parados, los trabajadores, los dependientes, los jubilados. Cómo una asociación de malhechores es la principal causante de la ruina de España.

Es de esperar que la atención se concentre en esta podredumbre y que los dirigentes de la oposición no se peguen entre sí. Sobre todo, sería muy de agradecer que Cayo Lara no hiciera el juego al PP tirando contra el PSOE, como acostumbra, con el rollo, patentemente falso, de que los dos "son iguales". No se falten al respeto entre ustedes, que merecen mucho, al contrario de aquel a quien censuran, que no merece ninguno. Y aprovechen el momento para preguntar al censurado cuánto cobra al mes, que lleva años ocultándolo. Que mienta más aun en sede parlamentaria. Está acostumbrado.

Terminado el debate y fracasada la moción, ¿qué? No se termina aquí el deber de la oposición. Al contrario, aquí empieza, como lleva tiempo insistiendo Palinuro. No siendo de esperar que Tancredo Rajoy se dé por aludido, la oposición debe hacer algo más.

¿Qué?

Está todo inventado: o el gobierno rectifica y el pájaro que lo preside se va o la oposición deja de legitimar esta burla a la democracia y el Estado de derecho, deja de ser cómplice en la degradación de las instituciones democráticas y se retira del Parlamento. Que en él se queden los del PP y (quizá) los de UPyD y algún nacionalista desnortado. Si la presencia de la oposición en el hemiciclo es inútil, su ausencia puede ser muy útil para la causa de la libertad, la democracia y la honradez.

No todos los políticos son iguales a Rajoy.

Análisis de la comparecencia de Rajoy: atado y bien atado.

Redoblar de escándalo ayer en las redes y medios periodísticos. ¡Rajoy ha amañado la rueda de prensa! Dos preguntas pactadas y se salta una. El escándalo se torna indignación al ver que lo hace a través de un medio parte del enjuague. Periodismo bajuno, de lacayos. Pero, ¿a qué tanto aspaviento? Se lo tienen merecido por admitir las condiciones previas censoras y humillantes: solo dos preguntas y se acepta que sea Rajoy quién decida qué medios las plantean. Rajoy. Parece que hayan nacido ayer.

La indignación nacional tuvo el eco de la perplejidad internacional. Todos los medios extranjeros subrayaban que Rajoy está hasta las cejas en el pringue de la corrupción, pero que se niega a dimitir. ¡Ah, España, tierra de toreadores! Con muestra de típico dry humour, el Economist llamaba a Rajoy "chorizo" y explicaba a sus lectores que un "chorizo" es una "salchicha con mucha especie" típica de España.

Lo que los nacionales y extranjeros no vieron, en su incredulidad ante lo que presenciaban, era el carácter reciamente franquista de toda la comparecencia. Si Franco hubiera tenido alguna vez que dar una rueda de prensa lo hubiera hecho así. Desde luego, antes hubiera tratado de fusilar y detener a todos los posibles asistentes para que la rueda no se produjera. Exactamente igual que Rajoy las ha suprimido por completo de su agenda, excepto cuando las circunstancias internacionales le obligan a ello. Y va arrastrado, como iría Franco, de quien, el actual presidente ha aprendido lo poco que sabe de política y lo mucho de imposición, autoritarismo, ordeno y mando.

(¿Descubro algo a alguien cuando digo que la irritación general responde en parte a una sórdida sensación de impotencia? La opinión pública de millones de personas, que valoran bajísimo a Rajoy, no creen nada de lo que dice y quieren verlo dimisionario, no puede nada ante la arbitrariedad de un dirigente que se cree por encima de todo. Como Franco.)

Su concepto de sí mismo en tanto que gobernante es tan antidemocrático como el del Caudillo. Cargadísimo de razón argumenta que un presidente del gobierno "no puede estar dando explicaciones cada vez que sale una información". ¿Por qué no? Eso es lo democrático, sobre todo si se tiene en cuenta que no son informaciones triviales sino que la última, de ayer, por ejemplo, revela que él y Cospedal se embolsaron en 2011 miles y miles de euros en sobresueldos de lo más dudoso. Y aunque así fuera, la declaración es falsa. Rajoy todavía no ha dado una sola explicación de este repugnante asunto, salvo una negativa genérica a través de una pantalla de plasma hace cinco meses cuando negaba algo de lo que hay abundantes pruebas y como contraprueba ofrecía... su palabra. ¿No equivale esto a negarse a toda responsabilidad y toda obligación de explicación? A Rajoy no puede juzgarlo la opinión pública, manipulada, censurada, suprimida, ignorada. A Rajoy lo juzgará la historia. Como a Franco. Y ojo con la historia, por cierto.

"El Estado de derecho no cederá al chantaje". El Estado de derecho no cede al chantaje, desde luego. Están demostrándolo los jueces que luchan a brazo partido contra los obstáculos y amenazas del PP. Pero es que el chantaje no es al Estado de derecho; es a usted, Mariano Rajoy Brey. Y explique a la ciudadanía cómo pagar el abogado de Bárcenas, haberlo tenido contratado y cobrando una pasta hasta ayer, haberle dado una indemnización y animarlo por SMS hace cuatro meses no es ceder al chantaje. Nadie ataca el Estado de derecho al acusarlo a usted de corrupto igual que nadie atacaba a España al acusar a Franco de dictador. Franco no era España ni usted es el Estado de derecho, aunque los dos los instrumentalicen para justificarse.

"Cumpliré el mandato de los españoles". Esto es, no dimitiré porque tengo una misión que cumplir: salvar España. Igual que Franco. Y con la misma base de legitimidad más o menos. El militar ganó una guerra inicua y con ella justificó su dictadura. Rajoy ganó unas elecciones doblemente fraudulentas: a) porque, según los papeles de Bárcenas, se financiaron ilegalmente (como, presuntamente, todas las anteriores) y b) porque en ellas prometió lo contrario de lo que pensaba hacer y en efecto hizo. El mandato que Rajoy se dice obligado a cumplir no es el que le dieron los españoles sino el que él dictó después. Por eso, unas elecciones fraudulentas, como la guerra del otro, sirven para justificar análogo despotismo. Los dos juzgan tener las manos libres.

"La estabilidad política" es un medio imprescindible para sacar a España de la crisis. Faltaban los Veinticinco años de paz de Franco. Ya están aquí y con la misma base que esta cacareada "estabilidad política". La misma, no piensen ustedes que me lo invento. La paz de Franco descansaba en la bayonetas; la estabilidad política de Rajoy en las porras y las pelotas de goma: Aumenta un 1.780% el gasto en material antidisturbios y protección.   Vamos a tocar a un pelotazo por ciudadano.

Terminado el análisis del texto verbal de la comparecencia, vamos al gestual.

Un Rajoy descompuesto, taciturno, con la mirada perdida a veces (probablemente pensando en el innombrable y lo que estaría diciendo), no ocultaba su mal humor: "comprenderán ustedes que un presidente de gobierno...". ¿Qué hubiera hecho Franco con la canallesca? Sin duda alguna, prohibirla y poner a los periodistas en su sitio, normalmente, la cárcel si se empeñan en ejercer. Rajoy acabará consiguiéndolo. De momento todavía se le cuela una pregunta al mes en circunstancias extraordinarias y eso lo pone a cien y el tic del ojo izquierdo cada vez que larga una trola se hace especialmente llamativo.

Hubo amaño de la primera pregunta pactada (insisto, ¿tan ingenuos son los periodistas que se fían de la palabra de Rajoy?), cosa que todo el mundo pudo apreciar pues el presidente leyó la respuesta. Ciertamente eso es escandaloso. Pero ¿no lo es más que ni siquiera sea capaz de memorizar la respuesta a un a pregunta que sabe de antemano?

¿De verdad cree alguien que está en situación de gobernar un país un hombre que vive pendiente de lo que otro declara ante el juez y es tan miserable como para amañar las preguntas en las ruedas de prensa? De la comparecencia de la dueña Cospedal por la tarde no es preciso decir nada. Lo dice ella todo.

Es obvio que tiene que haber una concentración de fuerzas políticas parlamentarias, incluido un sector del PP cada vez más numeroso y más explícito, para forzar una dimisión de Rajoy. No solo por salud sino también por higiene nacional. Un país no puede caer tan bajo que esté gobernado por un pillastre.

El sobresueldos sigue sin contestar y The Economist lo llama "chorizo".

Como era de esperar y Palinuro adelantaba hoy, el sobresueldos de La Moncloa, más pendiente de Bárcenas que de sí mismo, ha seguido sin responder a las preguntas de las que, por cierto, solo se han permitido dos. No sé cuánto más están los periodistas dispuestos a tragar, pero la escenificación de la rueda de prensa ha estado en la línea de estos mendas: decir una cosa y hacer otra al mismo tiempo, decir que se colabora con la justicia y destruir pruebas; decir que se responde a las preguntas y no hacerlo; decir que se es transparente y no serlo. Lo de siempre para que los ciudadanos vayamos viendo la diferencia entre un gobierno y un manojo de sinvergüenzas. Aunque esta vez se han superado pues tenían una de las dos preguntas amañada ya que el periodista que la hizo, del ABC, claro, reconoce que se ladictó por teléfono su director por la mañana. Dos preguntas y una pactada con los lacayos. No se dirá que no es literalmente repugnante.

El guión, el habitual. La única pregunta decente ha quedado sin responder por dos vías que Rajoy debe considerar muy inteligentes y que solo evidencian su falta de honradez y su marrullería. Otra ocasión perdida de recuperar la dignidad y de frenar esta caída en el descrédito general, en la befa y mofa de la ciudadanía que, con razón, ha perdido todo respeto a estos mangantes, encabezados por el responsable de haber montado una organización para llenarse los bolsillos a cuenta de la Hacienda pública. Porque la pregunta era muy sencilla de responder: usted y Cospedal, ¿cobraron los sobresueldos que dice Bárcenas que cobraron? ¿Piensa dimitir?

La respuesta ha sido patética: sudoroso, aparentemente firme, pero con el tic del ojo izquierdo delator cada vez que mentía como un destello rojo, ha repetido como un loro su balbuceo negatorio basado en dos afirmaciones/negaciones que son ambas falsas y, además, no tienen nada que ver con lo que se le pregunta:

 1ª) el presidente del gobierno no puede estar respondiendo todos los días a cada afirmación, acusación o insinuación que se haga en la prensa. Verdad es, pero mentira en su caso porque, hasta ahora, no ha respondido a nada, no ha contestado nada, no ha desmentido nada, no ha dicho nada. Lleva seis meses diciendo que no puede contestar todos los días pero el hecho es que todavía no ha contestado ni uno. Últimamente esta mentira la comparte con su vicepresidenta .

2ª) El Estado de derecho no se somete a chantaje. Cierto, pero mentira en su caso. No tire por elevación, que su vuelo es gallináceo. No es el Estado de derecho el sometido a extorsión, sino usted, amigo, por su presunto comportamiento corrupto y extorsionado por su cómplice, que está cumpliendo algunas de sus amenazas Y que usted está sometido a chantaje y cede a él lo demuestran los vergonzosos SMS y la necedad de su vicepresidenta cuando dice que la prueba de que no ha habido negociación entre el gobierno y Bárcenas es que este está en la cárcel. ¿Si hubieran negociado no estaría en la cárcel? Obviamente, no. Ese es el Estado de derecho de estos pillasobres.

En su bochornosa comparecencia, Rajoy ha invocado la garantía que, piensa él, lo sacará de este lío: la estabilidad política. O sea: señores, ya pueden ustedes demostrar que soy mangante, embustero, estafador y ladrón. No pienso dimitir... porque España necesita estabilidad política.

Cualquiera entiende que un país con un gobernante acusado de corrupto que se aferra al cargo no es un país estable. Pero ¿qué va a decir el sobresueldos? Y lo remacha con sus habituales falsedades. Dice que piensa cumplir el mandato que le dieron los españoles. ¿Qué mandato? ¿El programa? ¿El mandato que lleva dos años incumpliendo? Hace falta ser imbécil para tragarse el discurso de que uno gana elecciones mintiendo, gobierna en contra de lo que prometió hacer y le asiste el derecho a seguir haciéndolo pues para eso lo votaron. Eso es como lo de que ya ha respondido a las preguntas: después de seis meses de silencio, ahora dice que lleva seis meses contestando.

Este sujeto es indigno de estar en el gobierno y la oposición tiene la obligación de echarlo como sea. Los pasos son dos: una moción de censura obligada que ya se sabe que se perderá pero permitirá airear el grado de enfangamiento y corrupción del gobierno, su partido y, sobre todo, el principal responsable, Rajoy. Pasada la moción de censura, la oposición debe practicar la política de la retirada al Aventino, esto es, dejar de legitimar esta burla a la ciudadanía y no asistir a las sesiones parlamentarias quer son literalmente una farsa, como todo cuanto toca este payo. Dejar solos a los corruptos hasta que se vayan.

Inlcuso podría hablarse con los políticos del PP que ya empiezan a manifestar su desacuerdo con el rumbo del gobierno y que, de modo menos claro (caso de esperanza Aguirre) o más claro (Alejo Vidal Quadras), ya presionan para que el PP prescinda de un Rajoy desprestigiado y hundido en la corrupción hasta las cejas.

Porque la situación no puede seguir así. Debido a las necesidades de Rajoy de salvar su pellejo, el país no puede ser el hazmerreír del mundo. En la portada del Economist de hoy, la redacción explica a sus lectores qué sea un chorizo y la ilustra con una foto de Rajoy.

¿No es una vergüenza para España?

Un día como otro cualquiera

Como un Vulcano enfurecido, como uno de los gigantes que los dioses sepultaron bajo el Etna, Bárcenas escupe cenizas, lava y piedras como templos capaces de dejar La Moncloa arrasada. Hoy, cuando Mariano Rajoy, SMS, tenga que hablar en vivo y directo a la impaciente canallesca, sus pensamientos volarán a lo que esté largando el innombrable ante el juez. Así que, demediado el pensamiento, nuestro hombre puede meter la pata más de lo que acostumbra. Seguramente se negará en redondo a responder aduciendo que el asunto está sub iúdice. Y seguirá sin pronunciar el nombre maldito. Por cierto, bien que lo tuiteaba en los SMS. Luis hacemos lo que podemos. Ya que no Bárcenas, podía intentar llamarlo Luis. Suena más familiar y lo aproxima al apodo que le daban sus compinches de la Gürtel, "El cabrón". Con él lo está siendo.

El País dedica hoy un editorial muy duro, muy comedido en la forma y muy duro en el fondo, a este inenarrable episodio, titulado Los malhechores y Rajoy. No intrigue nada el plural. Hablando de lo que le concierne, el diario menciona que se haga cargo de la defensa otro malhechor, el ex-juez Gómez de Liaño, condenado en su dia por prevaricación. Sí, en verdad es chocante. No desde el punto de vista ideológico, pues la prevaricación de Gómez de Liaño iba en favor del PP. Pero sí desde el judicial. No es buena defensa ponerse en manos de alguien condenado en firme por prevaricación. Quizá se trate de un juego de sentido y sensibilidad. Quién sabe. También puede darse el caso de que Gómez de Liaño sirva de correa de transmisión entre Rajoy y Bárcenas. Si algo enseña la experiencia es que nunca deben romperse todos los puentes con el enemigo. En política, además, los enemigos suelen convertirse en amigos.

La oposición socialista, que acaba de pactar no sé qué nadería europea con el gobierno, rompe ahora relaciones con él y exige la inmediata dimisión de Rajoy por "connivencia" con Bárcenas. Vamos, que se acaba de enterar. Y, por cierto, eso de romper relaciones con el gobierno, según anuncia Rubalcaba, exactamente, ¿qué significa? ¿Se acabó la "oposición responsable"? ¿Ya no más pactos? Reclamar la dimisión de Rajoy está bien. En las circunstancias, es lo menos que cabe hacer. Ciertamente, Rubalcaba ya la había pedido el primero hace tiempo. Pero no insistió. Ahora parece ir la cosa en serio. Normal. ¿De qué puede hablarse con Rajoy en serio cuando mañana pueden pedir su imputación en el asunto Bárcenas?

Una explicación en sede parlamentaria de Rajoy exige El País, justo dos días después de que la mayoría del PP en el Congreso se niegue a toda comparecencia de Rajoy hasta después de las vacaciones. La cosa no parece ir por la vía explicativa. Y con razon. Rajoy no puede dar explicación alguna salvo que sea una confesión y eso es imposible. Rajoy no puede explicar por qué ha estado durante años cobrando sobresueldos y otras bicocas con cargo a unos fondos probablemente ilegales, al menos en cuanto a su uso. Y menos puede explicar por qué se negaba sistemáticamente en público a decir cuánto cobraba al mes y hasta engañaba a la buena gente, afirmando compungido que tenía los problemas de todo el mundo y eso el año en que cobró presuntamente 200.000 uracos solo en sobresueldos.. 

Y es que no hace falta que lo explique pues está más claro que el agua. En el fondo, quien pide una explicación a Rajoy, pide su dimisión. Efectivamente, la pregunta es siempre la misma: ¿puede un hombre en estas circunstancias presidir el gobierno de un país? Y no de un país cualquiera, normal, tranquilo, sino de uno en situación catastrófica y con una crisis de identidad como nunca. 

Con la prima de riesgo volviendo a escalar las alturas, pasando de 500, y la prima de soberanía catalana en niveles nunca vistos, ¿puede España permitirse tener un presidente del gobierno básicamente dedicado a salvar su pellejo?