Después de haber desmantelado prácticamente el Estado del bienestar, el gobierno parece decidido a destruir igualmente el Estado de derecho. Ya le ha asestado golpes de muerte. Ha suprimido de un tajo -y es lo primero que hizo- el pluralismo y la imparcialidad de los medios de comunicación públicos, convirtiéndolos en una máquina de agit-prop, a las órdenes de verdaderos comisarios políticos y se ha cargado, de paso, el derecho a la información y la libertad de expresión. Ha bloqueado toda actividad de control del Parlamento y ha relegado su función legislativa a la nada, gobernando por decreto y sin comparecer en sede parlamentaria. Impone sus proyectos legislativos retardatarios y recentralizadores por ordeno y mando, sin dialogar con las partes interesadas y mucho menos escuchar a la oposición.
Corona su actividad con la última astracanada del Tribunal Constitucional. Rajoy y el PP habían dado pruebas abundantes de no tener en ninguna consideración este órgano salvo que se pliegue bovinamente a sus designios, razón por la cual lo tuvieron actuando en manifiesta ilegalidad durante años al negarse a su renovación por entender que esta daría una composición que no le sería favorable. Con su mayoría absoluta lo han poblado de militantes del partido y han acabado por destruir el poco prestigio que le quedaba. El episodio del señor Pérez de los Cobos ha sido, como dice el profesor Sánchez Muñoz, la puntilla para el Tribunal Constitucional.
El caso de Pérez de los Cobos es paradigmático del modo en que la derecha vacía de contenido las instituciones del Estado de derecho y las pone al servicio de su política de partido. Es una muestra clarísima de la mala fe de los conservadores. Palinuro tituló así la entrada correspondiente al día en que se descubrió que De los Cobos es militante del PP, la mala fe de la derecha y a ella se remite. Desde el principio estaba claro que la condición de militante del PP del presidente del Constitucional no era ilegal. Pero, al mismo tiempo, era y es inmoral y políticamente inaceptable, y la prueba es que el interesado la ocultó tanto en el Senado como a sus compañeros de tribunal. Es decir, De los Cobos está obligado a dimitir, no por ser militante del PP, sino por haberlo ocultado, porque de esa ocultación van a derivarse consecuencias desastrosas para el TC y para el conjunto del Estado de derecho en España.
En efecto, la cuestión planteada no es una de ley positiva estricta, sino de equidad. El señor De los Cobos ha intervenido y su voto ha sido decvisivo en cuestiones que afectaban a su partido, del que era oculto militante. Fue juez y parte, algo que nadie puede aceptar en ningún caso y bajo ningún supuesto porque vulnera un principio elemental de toda justicia. Y en efecto, por más que De Los Cobos y sus compañeros de partido se obstinen en negar la obligación de dimitir, las personas físicas o jurídicas que hayan sido perjudicadas por las decisiones torticeras de un magistrado que se pronunciaba en cuestiones en las que tenía un interés directo sin hacer este explícito están en su derecho de pedir la anulación de todo lo actuado de este modo. El primero ha sido Garzón, cuyos abogados han pedido ya la nulidad absoluta de actuaciones en el caso de la providencia del TC que rechazaba el recurso de aquel contra su inhabilitación porque lleva la firma de Pérez de los Cobos. Y detrás de este, vendrán los demás: siempre que en una decisión pasada del TC aparezca la fima de De los Cobos en asuntos de interés para su partido, la nulidad es patente, digan lo que digan la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del Tribunal Constitucional y el sursum corda. Todas esas resoluciones están viciadas por la mala fe del magistrado y deben anularse. Luego, él, que no dimita si no quiere y siga presidiendo lo que quede del TC y con la legitimidad que cabe colegir.
Pues bien, esto mismo es lo que puede pasar en el conjunto del sistema político español. El partido del gobierno que, a tenor de lo descubierto en los papeles de Bárcenas y la contabilidad colgada en la red, podría considerarse como una asociación delictiva y, por lo tanto, ilegalizable, lleva veinte años recaudando fondos presuntamente ilegales, pagando substanciosos sobresueldos a sus dirigentes y financiando ilegalmente sus campañas electorales. Esa financiación ilegal, oculta hasta la fecha, como la militancia de De los Cobos, convierte en nulos todos los triunfos electorales obtenidos desde los años noventa y en nulas todas las actuaciones de unos gobiernos ilegítimos de origen por ser este fraudulento. España no está gobernada por un partido político como otro cualquiera sino por uno que supuestamente ha venido actuando con criterios mafiosos. Los delitos, de haberlos, habrán prescrito penalmente; pero no políticamente.
Si esto no es destruir el Estado de derecho, no se sabe qué lo será.
La dimisión de Rajoy, quien se niega a presentarla de un modo cerril que empieza a ser patético, es inexcusable. El país no puede estar gobernado por una persona sospechosa haber estado cobrando y haber permitido que muchos más cobren durante años sobresueldos de dinero ilegal y que, presuntamente, ha ganado las elecciones porque, al financiarlas ilegalmente, hizo trampa. La financiación ilegal de elecciones es como del dopaje en el deporte. Y si a Armstrong se le pueden quitar no sé cuántos maillots amarillos, a Rajoy y al PP hay que anularles unos resultados electorales obtenidos con juego sucio.
