Tempestad sobre Europa.

Serán más, serán menos; aquí es pacífico, allá, violento; hoy salen miles a la calle en Frankfurt y Madrid, pero cientos en Lisboa; mañana puede ser al revés; se manifiestan ante organismos nacionales o internacionales. Hay movimiento europeo de indignación y protesta, difuso y masivo, alimentado en las redes sociales, sin estructura orgánica definida pero que refleja una oposición decidida a las políticas de austeridad impuestas por el consenso neoliberal entre la UE, el Banco Central Europeo y el FMI, aquí estilizado como la troika y bajo el lema Que se lixe a troika (Que se joda la troika), bastante contundente aunque algo procaz. En algunos sitios, como España, la jornada ha sido multitudinaria y pacífica; en otros ha habido violencia policial desmesurada. No es exagerado decir que la calle rechaza de modo reiterado las políticas de sus gobiernos y las de la UE.

Es un caso más para alimentar el debate acerca de la eficacia política de las redes sociales. Parece bastante claro que son estas las dominantes en la organización de la protesta europea. Ochenta ciudades del continente protestaron ayer en contra de la Troika. Una crítica frecuente a internet es que las redes sociales se mueven en el mundo digital, virtual, pero en política los cambios solo pueden producirse por acciones reales, materiales. De acuerdo. Resulta que quienes sacan a la gente a la calle son las redes sociales; quienes organizan y posibilitan la acción real, material, son las redes sociales. Ningún sistema democrático puede ignorar sin más este estado de opinión contraria, manifestada tan permanente como conflictivamente. Se trata de un asunto de sensibilidad política, no de un problema de legalidad. Los gobiernos europeos están obligados a proteger el derecho de la gente a manifestarse como quiera, pero no a ceder ante las manifestaciones. Su legitimidad dimana de las urnas, no de las pancartas.

Ese es el argumento del PP: el gobierno tiene el mandato del electorado, superior al de los manifestantes (o alborotadores, como muchos gobernantes los consideran), legítimo. ¿Seguro? Eso será cierto allí donde el gobierno, en efecto, realiza el mandato de sus votantes. Pero no allí donde realiza lo contrario. En este caso, el de España en concreto, con un gobierno que aplica un programa opuesto a aquel con el que ganó las elecciones, se quiere pasar el fraude como principio de legitimidad. Lo demás son los farfulleos del presidente Rajoy cada vez que se ve obligado a salir de su escondite y hacer declaraciones o responder a las malditas preguntas de los malditos periodistas.

¿Y los partidos? A remolque de la situación. La protesta europea es producto de una convocatoria de redes que nada tiene que ver con ellos. En algunos casos, por ejemplo, de nuevo España, IU, más sensible al espíritu indignado, ha encabezado la manifestación. Pero no la ha convocado. Entre otros problemas que arrastran, los partidos están encerrados en las fronteras nacionales. Una mera coordinación parlamentaria europea, al estilo del Partido Socialista Europeo en el caso del PSOE o del Partido de la Izquierda Europea en el de IU, es todo su horizonte. Pero el interés primordial de estos partidos es su respectiva situación política nacional. Conclusión: no es solamente que las redes sociales organicen acciones políticas europeas sino que son las únicas en hacerlo pues los partidos ni lo intentan.

En el caso de España, además de la oposición a las políticas restrictivas del gobierno, se da el rechazo a una situación de corrupción generalizada en la que aparecen como beneficiarios directos y quizá cómplices, importantes dirigentes del PP (incluido Rajoy y el anterior presidente, Aznar), gobernantes en todos los niveles, estatal, regional, municipal, militantes de todo pelaje del partido. El gobierno que defraudó con el programa electoral perdió su legitimidad de origen, pero el descubrimiento de esa gigantesca trama de corrupción del PP le ha hecho perder cualquier atisbo de autoridad. Es imposible hacerse respetar cuando los gobernantes y altos cargos del partido del gobierno llevan años cobrando sobresueldos, duplicándose y triplicándose los sueldos cuando les viene en gana, viajando por medio mundo a gastos pagados por la trama Gürtel, es decir, con el dinero de todos los españoles, recibiendo todo tipo de regalos y prebendas a cambio de garantizar que la trama esquilmara el erario público. Es imposible respetar a gentes que, cuando se ven forzadas a explicar sus comportamientos hacen declaraciones cantinflescas (como Cospedal y sus contratos simulados en diferido), estúpidas (como Ana Mato que paga siempre sus gastos domésticos pero no sabe quién paga sus gastos domésticos) o ilegales (como Alicia Sánchez Camacho que no declara 92.000 euros a Hacienda porque "es un pago del partido") pero en ningún caso se les pasa por la cabeza hacer lo único digno que cabe en estos casos: dimitir.

Al parecer, Rajoy cobró unos 200.000 euros de sobresueldo en 2011, el mismo año en que decía a un ciudadano que él tenía que mirar su cuenta a fin de mes porque lo necesitaba, igual que Aguirre sostuvo en cierta ocasión que no llegaba a fin de mes. Eso es lo que los castizos llaman morro. Tan justo iba Rajoy que era la trama Gürtel quien presuntamente pagaba sus viajes a las Canarias igual que pagaba parte de la boda de la hija de Aznar. Así que lo asombroso no es solamente cómo la población no explota frente a un gobierno que la oprime sistemáticamente y la reprime sin miramientos pero carece de toda autoridad moral. Lo asombroso es que un gobierno y un partido compuestos por tal cantidad de presuntos corruptos, se mantengan en el poder.

Hemeroteca. A favor del sí a la OTAN.

Un artículo publicado por el autor en El País el día de reflexión del referéndum sobre la OTAN.

Hemeroteca. Una de las primeras denuncias de los GAL.

Parte de guerra social.

Las formas más odiosas de tiranía son aquellas en las que los gobernantes creen estar hechos de una pasta especial, distinta -y, por supuesto, mejor- que la de los gobernados. Bien por la raza, la religión, la nacionalidad, la lengua, la riqueza, la educación, lo que sea, aquellos creen -o dicen creer- que son superiores a estos. Los gobernados deben darse por contentos con que los expriman, los opriman y los repriman por su propio bien y aceptarlo todo en aras del ideal supremo, el orden público. Es decir, deben resignarse a no responder a la agresiva campaña del capital contra el conjunto de la ciudadanía. Y, por supuesto, ni se les ocurra pedir explicaciones. Los gobernantes, seres superiores, no tienen por qué dar explicaciones de sus actos y mucho menos admitir responsabilidad por ellos.

Solo así, porque se considere integrante de una estirpe superior, puede entenderse que Ana Mato no haya dimitido media docena de veces. Ningún ministro en Europa estaría en el cargo veinticuatro horas después de saberse que una trama de presuntos delincuentes pagaba desde los cumpleaños y las comuniones de sus hijos hasta sus viajes de placer al extranjero. Qué digo veinticuatro horas; ni veinticuatro minutos. Pero Ana Mato ahí sigue, hilvanando declaraciones carentes no ya de veracidad sino de todo sentido lógico, como cuando asegura no saber quién pagaba las facturas de sus festejos y, al mismo tiempo, afirma que ella siempre ha pagado todas sus facturas.

Es una actitud generalizada de las personas en el gobierno. El modelo lo representa un presidente bajo sospecha y acusación de haber cobrado durante años sobresueldos procedentes de fuentes de dudosa legalidad. De momento Rajoy no ha considerado necesario dimitir, ni siquiera dar explicaciones públicas. Anunció en su día algún tipo de acción judicial en defensa de su buen nombre pero, bien porque el nombre no tuviera defensa o porque no fuera bueno, nunca se materializó. Rajoy es un presidente callado que no se cree obligado a dar explicaciones al pueblo que gobierna, sin duda porque piensa que no las merece. ¡Ahí es nada una explicación de Rajoy!

Es una guerra social típica de los ricos contra los demás. Los empresarios, los capitalistas, han estado financiando el PP a espuertas obviamente con la intención de utilizarlo como grupo de presión en el parlamento a favor de sus intereses y como instrumento para prácticas corruptas de negocios ilegales con las administraciones públicas gobernadas por el partido. Parte nada desdeñable de esa lluvia de dinero parece haber ido a parar directamente a los bolsillos de una cierta cantidad de dirigentes del PP bajo diversas denominaciones contables, como sueldos, sobresueldos, compensaciones, gastos de representación, etc. Otra parte se ha ido supuestamente en regalos en especie, trajes, bolsos, relojes, viajes, confeti, etc. a los mismos beneficiados. Otra, quizá, en financiación ilegal del partido. El PP ha sido una tómbola para sus dirigentes y muchos militantes. Es donde se concentran los defensores de los intereses del capital, a los que este cree justo y conveniente remunerar con un extra sobre las por lo demás aceptables retribuciones de los cargos públicos. 

Esto es lo que explica que en España no dimita nadie. El ejemplo único de Camps es un caso sin antecedentes ni consecuentes y del que el interesado aun está arrepintiéndose. Precisamente por esto, sin duda, la alcaldesa Barberá, acusada por el juez de haber cometido varios delitos, no muestra la menor intención de dejar el cargo. Todo lo contrario, en el mejor estilo valenciano, anuncia que se presentará candidata otra vez. En España la puerta giratoria es entre la política y los negocios y también entre la delincuencia y la política, como puede observarse en el caso de Mario Conde. 

La ciudadanía lleva varios años sufriendo derrota tras derrota. Es una pena el destrozo en la sociedad que está ocasionando el gobierno de los ricos. La destrucción del tejido de solidaridad social, las desigualdades crecientes, las injusticias flagrantes. En estas circunstancias, Palinuro reitera que la responsabilidad de la izquierda es inmensa. Si no es capaz de dar una respuesta masiva que restablezca algo de justicia y equidad en la sociedad, será cómplice de la degradación de esta a niveles de servidumbre.  

Tres escenarios.

Gobierno oposición.

Sin la menor duda es bueno que España vaya a Bruselas con una posición común, la más común posible, de todas las fuerzas políticas. Es ahí en donde se ventilan nuestros intereses como país. Los pactos son imprescindibles. Cuestión de Estado, como señala Rubalcaba hace meses. Es bueno, desde luego, que, en lugar de ir por el mundo poniendo verde al gobierno, como hacía Aznar con el de Zapatero, Zapatero se mantenga en silencio y Rubalcaba pugne por reforzar la posición internacional de España. Es parte de lo que llama la oposición responsable, algo muy conveniente.

En el extranjero, en la UE. En casa, la oposición responsable, además de responsable, debe ser oposición. Aquí no puede haber punto común en absoluto. Hay que rechazar de plano la involución ideológica del gobierno en educación, aborto, administración de justicia, derechos de las minorías. Y hay que rechazar las erróneas medidas de austeridad económica cargadas sobre los sectores más desfavorecidos: el aumento del desempleo, los recortes salariales, de subsidios, de prestaciones, la liquidación de las pensiones, la privatización de la sanidad pública, el desmantelamiento del Estado del bienestar.

A las conversaciones de Rajoy y Rubalcacaba en pro de la posición bruselense común se añade la entrevista de González y Rajoy. Parecería como si se abriera paso la idea de la gravedad de la situación y la necesidad de aunar esfuerzos. Buen asunto, ¿quién lo negará? Pero ¿se trata de revertir las medidas económicas injustas del gobierno o es otra la preocupación y lo que lleva a los líderes españoles a ese repentino y frenético cabildeo? No tanto el paro, la crisis, como...

Cataluña.

Esos abucheos a los Príncipes de Asturias y de Girona, por cierto, en el Liceu son muy significativos. ¡El Liceu, emblema de la burguesía catalana más empingorotada! Bueno está que la chusma silbe al Rey, a la bandera, al himno en los encuentros de fútbol. Pero ver al distinguido público del coliseo abuchear, silbar y abroncar a personajes de la realeza, al futuro Rey de España tiene un matiz distinto. Si Santiago Salvador levantara su agarrotada cabeza a los 120 años de su atentado con bomba se quedaría pasmado. El Liceu, templo de las musas, rechazando en la persona de los príncipes, cuyo semblante era un poema, exactamente ¿qué? ¿La monarquía? ¿España?

Con motivo de la Diada de 2011, Rajoy habló de algaradas con un desprecio parecido al que pudiera sentir un emperador romano ante una sedición de los partos. Aquellas algaradas han dado lugar a una explosión de soberanismo que camina hacia una convocatoria de un referéndum de autodeterminación que el gobierno central dice no estar dispuesto a tolerar. La situación es absurda y sería conveniente que alguien se planteara cómo se ha llegado a una situación absurda. Pero se ha llegado. Y, por cierto, de nada sirve acusar de oportunismo a Mas. El oportunismo es un típico rasgo político. Pero aunque se admitiese que Mas es demasiado oportunista, eso es indiferente porque, en este momento, Mas y CiU no están dirigiendo el proceso soberanista. Lo están siguiendo. Un proceso que se considera además legitimado por hacerse frente a un...

Escenario de corrupción.

El caso de Ana Mato es emblemático de la situación en el PP. Esa confusa lluvia jaguares, confetis, viajes y otras bicocas y prebendas es la parte pozueleña de la vida alegre en el partido conservador, en donde ser militante es literalmente un chollo: sobresueldos, gastos de representación, regalos, viajes, dos, tres, cuatro pagas, cargazos a dedo, asesorías de pilla la pastuqui y remolonea, mamandurrias, cargos de confianza aun sin tener el graduado escolar y, con un poco de suerte, toda la familia colocada. Es la España como Dios manda.

Esa pareja de Barberá y Camps -que recuerdan un poco a Abott y Costello- es de sainete. El señor de los tres trajes y la señora del bolso de Vuitton codeándose con la nobleza, con la aristocracia. Advenediza, consorte, cierto es, pero eso no obsta para que los dos mentecatos abran su corazón y la bolsa del común al guante blanco del titulado que, al parecer, arrambló con unos milloncejos de euros.

La marca España está muy dañada, muy deteriorada y no es capaz de suscitar la lealtad de los pueblos que se dice la componen. Le falta lustre, vigor, prestigio, dignidad y le sobra corrupción. Según parece, el gobierno está buscando una fórmula para eximir a los clientes de Eurovegas del cumplimiento de la ley. O sea, pretende asentar un privilegio. Quiere hacerlo por razones económicas y, sostiene, estas prevalecen sobre cualesquiera otras en tiempos de crisis. Pero eso no es verdad. Ni en tiempos de crisis puede el Estado de derecho aceptar la quiebra de su principio esencial: que nadie está por encima de la ley. Ni el magnate Adelson. Salvo que la ley no sea ley o el Estado no sea un Estado sino una colonia.

(Las imágenes son dos caricaturas mías sobre una foto de Wikimedia Commons y otra también de Wikimedia Commons, ambas bajo licencia Creative Commons).

Los oráculos.

Los oráculos de la antigüedad nunca fueron muy claros. Había que interpretarlos. A veces parecían decir una cosa pero significaban la contraria. Otras, inducían a confusión. Y, por supuesto, también acertaban. O sea un lío. No había modo de estar seguro.

Lo mismo hoy con las declaraciones de los políticos, los economistas, los financieros. Es difícil creerlos a la vista de la experiencia. Rajoy debe tener la palma de profecías, vaticinios, promesas incumplidas. No porque sea el más inepto, sino porque lleva más años haciéndolos. Y haciéndolos en tiempos cortos. Los políticos tienen algo de profetas, o sea de visionarios y el común les exige que expongan esas sus visiones de futuro. Pero no para la venida del Mesias o la próxima glaciación, sino para el otoño que viene. No es que en la corta se yerre más (se yerra igual en la larga) pero el yerro se comprueba antes. De forma que, aplicando la regla, ya se sabe qué sucederá cuando Rajoy dice que este año tocamos fondo. Al auditorio se le ponen los pelos como escarpias. Presumimos saber qué quiere decir "tocar fondo", pero no podemos estar seguros. Cuando un navío toca fondo, ahí se queda. Como la idea parece ser que, tocado fondo, comienza el ascenso, se supone que el navío es un submarino. Pero los submarinos pueden revertir el sentido de su marcha a voluntad; no necesitan tocar fondo y botar como si fueran una pelota. Y, siendo así, ¿por qué esperar a tocar fondo? Ascendamos de nuevo sin más. Pero eso es imposible, ¿verdad?

La cuestión está en la fórmula en sí misma, en el oráculo, "tocar fondo" cuando el propio Rajoy sabe y, si no lo sabe, el periodista se lo recuerda porque lo sabe todo el mundo que, si tocamos fondo este año, el que viene tocaremos subfondo porque las previsiones son negativas. Pero eso da la impresión de serle indiferente a Rajoy y al resto de políticos, banqueros, economistas, directores de organismos financieros que inundan a diario los medios con previsiones arriba, abajo, en medio, para el año que viene no coincidentes por supuesto y que, además, se revisan un par de vueltas antes de su hipotético cumplimiento de forma que a veces no se sabe si se habla de la previsión del FMI, de la corrección posterior o de la corrección de la corrección. El resultado suele sur muy parecido en cuanto a cumplimiento al que se consigue decidiéndolo a los dados.

Como profetas los políticos son iguales a los viandantes o los contables. Pero los contables y los viandantes no van contando a la gente que tienen la fórmula para salir de la crisis y que esta consiste en aplicar sus medidas, cual se verá en seis, ocho, doce meses. Y, si no se ve, paciencia, ya se verá en otros seis, ocho, doce meses. Y ahí es donde el oráculo manifiesta su capacidad de confusión, cuando no de mixtificación. Después de años de asegurar todos que tenían la fórmula definitiva, resulta que personalidades del mundo político y económico no ven salida fácil a la crisis. Es verdad que se trata de un acto de entrega de un premio de periodismo de El País, que ha recaído en Víctor de la Serna y las personalidades son de un círculo cerrado y nacional pero, en el fondo, trasmiten claramente el estado de ánimo de las personalidades de mayor proyección internacional: que no saben por dónde andan.

No son expertos; son agentes del capital.

La comisión de “expertos” sobre pensiones que ha reunido el gobierno para tomar una decisión que será trascendental sobre el futuro de las jubilaciones cuenta con doce miembros de los que ocho están o han estado a sueldo de aseguradoras privadas, cajas y bancos, algunos de los cuales pueden haber cometido las mayores estafas de los últimos tiempos y arruinado a miles de cuentacorrentistas, depositantes y preferentistas. Obviamente, esos ocho expertos pagados por las entidades financieras no tienen el menor interés en adoptar decisión alguna que favorezca a los jubilados sino a las entidades que los pagan cuya finalidad es acabar con el sistema público de pensiones y quedarse con un suculento negocio de miles de millones de euros sin duda incrementados por la serie de estafas posteriores que se les ocurrirán para arruinar más a sus clientes.

En estas condiciones los tales expertos, seguramente serán muy expertos pero, sobre todo, son unos inmorales, sin escrúpulo alguno y sin empacho en destruir la vida de millones de jubilados cuyo último recurso son esas pensiones que la ministra de Trabajo quiere poner en manos de los buitres del capital. Una ministra de Trabajo, por cierto, que solo conoce este de verlo escrito en la cartera de su ministerio.

Lo llaman “factor de sostenibilidad” por darle algún nombre que vista. Podían llamarlo “primicia metafísica”. En el fondo, de lo que se trata es de encontrar alguna justificación medianamente plausible para robar a la gente el producto de una vida entera de trabajo y consiste en dos elementos, a cada cual más canallesco:

a) desvincular el aumento de las pensiones del IPC. b) recalcular la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida del momento y otras cuentas que echará el Estado en cada caso.

Con ello se consiguen dos finalidades: rebajar año tras año las pensiones hasta que desaparezcan, cosa que también puede suceder fulminantemente. Imaginemos varios años seguidos con una inflación del 20 %, algo nada extraño en Europa. En tiempos de los Pactos de La Moncloa, la inflación en España estaba en el 18 %.  Al final la pensión de los jubilados será del cero por ciento . No se olvide que, según la ideología neoliberal que estos servidores del amo llaman ciencia, la inflación es la típica arma con la que el poder político roba sus ahorros y fortunas a la gente del común. Máxime a los jubilados, que no pueden incrementarlos. Es una propuesta tan repugnante e injusta que disgusta hasta escribir sobre ella. Pero los sedicentes "expertos" no se detienen ahí. Por si no les saliera bien la treta del expolio mediante la inflación, quieren asegurarse de que en ningún caso puedan subir las pensiones por encima del IPC. Es en estos detalles en los que se aprecia la vileza de esta gente.

Igualmente se consigue –y este es un objetivo que la derecha y sus intelectuales a sueldo buscan sistemáticamente-  hacer depender la cuantía de las pensiones de factores imponderables, el capricho del mandatario de turno, su buena voluntad, lo que le dé la gana. Los pensionistas pierden así un derecho y caen en la dependencia de la arbitrariedad o la caridad de sujetos como Báñez. Exactamente lo que quiere la derecha para todo el mundo: para los trabajadores, los parados, las mujeres, los jóvenes y, por supuesto, los jubilados. Que la gente viva en la incertidumbre, no pueda hacer planes ni reaccionar ante cualquier agresión. Eliminar la fiabilidad en el cálculo de las pensiones es lo mismo que suprimir la seguridad en el empleo o terminar con la condición de funcionarios: poner a los trabajadores a merced de los caprichos de los capitalistas.

Resulta patente: la derecha odia la idea misma de derechos porque, al dar seguridad a la ciudadanía, la hacen fuerte, independiente y crítica y eso no se puede tolerar. Quiere asimismo acabar con las pensiones sobre las que, sin embargo, ha hecho recaer en muchísimos casos la última posibilidad de supervivencia de las familias que tengan a todos sus miembros en paro, habiéndoles arrebatado las prestaciones. Y quieren hacerlo ya, de forma que toda la población quede sumida en la pobreza. En nombre de cuanto hay decente en la vida solo cabe calificar a quienes maquinan estos planes inhumanos como canallas para quienes las personas solo son recursos. 

Todo esto lo saben a la perfección los “expertos”, pero lo hacen porque su función en la comisión del gobierno no es resolver el problema de las pensiones –por lo demás inexistente-, sino destruir el sistema, entregar a los viejos en manos de la codicia del capital y, probablemente, hacer ellos su agosto pues así como los banqueros y los estafadores (en la medida en que haya alguna distinción entre ellos) se aseguran pensiones millonarias y se las blindan, también apartan jugosos premios para quienes les hacen el trabajo sucio en nombre de teorías falsas.

Este es el verdadero rostro de estos “expertos” e “intelectuales”, presididos por Víctor Pérez Díaz,  vocal de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros y cuya misión obvia es llevar adelante el expolio de las pensiones en beneficio de sus pagadores. Dado que estos individuos se sienten fuertemente respaldados por un gobierno que, con su mayoría absoluta, lleva año y medio agrediendo al conjunto de la sociedad, empobreciéndola y expoliando el erario público y una UE al servicio de las ideas más reaccionarias del neoliberalismo y en favor de los bancos, piensan que lo más oportuno es pisar el acelerador y aplicar su programa máximo. "Ahora o nunca”, se dicen. Y así proponen aplicar de inmediato su programa de expolio del sector más vulnerable de la sociedad. El año que viene. No esperar pues se pueden perder las elecciones y el que las gane puede no aplicar este plan de destrucción de gente.

Si el plan sale adelante en el Pacto de Toledo, la izquierda tendrá la ocasión de cambiar las cosas en las elecciones con bastante claridad. Con nueve millones de votos, los jubilados son una fuerza electoral temible. Lo único que tiene que hacer la izquierda para ganarlas es prometer que devolverá a los jubilados lo que ahora estos pseudointelectuales carentes de todo sentido moral les arrebaten.

Porque las pensiones no son una dádiva graciosa del Estado que cuatro tecnócratas puedan variar a su antojo. Las pensiones son un derecho de los trabajadores por el que han cotizado toda su vida. Si se les niega, se comete una arbitrariedad, una injusticia que los tribunales tendrán que combatir y, si no los tribunales, la gente en la calle. La situación es explosiva y este atropello de las pensiones, la yesca que encienda el fuego de la revuelta popular que ya está tardando.

(La imagen es una foto de ANSESGOB, bajo licencia Creative Commons).

Sobre la desobediencia civil.

La magnífica revista Yorokobu publica un artículo sobre la desobediencia civil, de Mar Abad, basado en una entrevista que me hizo el otro día. Mar estuvo hace un par de meses en Sol, en la jornada de la Universidad en la calle, asistió a mi exposición y, no pareciéndole muy aburrida, decidió pedirme que la ampliara en su publicación. Dado que la revista, como se habrá observado, es exquisita, y presta una gran atención a la estética y el buen gusto, encuentro lógico que Mar no la estropeara poniendo alguna foto del entrevistado. Hace bien. Una cosa es la desobediencia civil, noble empeño moral, y otra ponerse a cultivar el feísmo a las primeras de cambio. Quien mire el artículo verá que está ilustrado con unos dibujos preciosos estilo Corto Maltés que hacen más grata la lectura del texto que si viniera ensombrecido con la imagen del hablante. Felicidades, Mar. Te agradezco, además, que me dejaras largar a destajo. Decía Tierno que las personas, hasta los treinta años, estudian; de los treinta a los cuarenta, escriben; y a partir de los cincuenta, hablan. Pues eso.

Ahora bien, como ya se sabe que Palinuro tiene escaso o ningún respeto mundano, aprovecha una estupenda foto que nos hizo Celia, presente en la entrevista, para que los lectores se forjen una idea del clima distendido de  esta y, de paso, para hacer un poco de publicidad de las jornadas de Ciberpolítica que entonces estaba terminando de organizar y hoy entran en su tercera, última y muy interesante sesión, ya saben, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, plaza de la Marina Española, 9, justo pegando al edificio del Senado. Sí, ahí en donde, entre otras cosas, nuestros representantes, según parece, se ponen ciegos a gin-tonics subvencionados mientras los representados, como se verá si se examina la foto, nos arreglamos con un café exprés de máquina a 0,50 cts. y sin subvencionar. 

Hoy por la tarde intervendremos, entre otros, Luis Arroyo, Óscar G. Luengo, Víctor Sampedro y un servidor, que hablará sobre Ciberorganizaciones y Ciberpartidos. Tod@s invitad@s.

La responsabilidad de la izquierda.

Dice Alfonso Guerra en la presentación de la tercera entrega de sus memorias que Rajoy es bastante dormilón y el día en que ganó las elecciones se quedó dormido y nadie se lo ha dicho. Pues menos mal porque, si llega a despertarse, no deja de España ni la eñe que tanto le gusta. Dudo de que haya otro gobierno en Europa que haya hecho más desaguisados y tropelías (él los llama "reformas" y "sacrificios") en menos tiempo. El arma del Decreto-ley con mayoría parlamentaria absoluta tiene la fuerza de un bull-dozer, que todo lo tritura. En un año y medio ha dejado a los trabajadores sin derechos, a los parados sin subsidios, a los dependientes sin atención, a los jóvenes e inmigrantes sin cobertura sanitaria, a los estudiantes de todos los niveles sin educación pública gratuita, a los usuarios sin sanidad pública, a los justiciables sin justicia y ahora se apresta a dejar a los jubilados sin pensiones. No es exagerado decir que en un año y medio el PP ha desmantelado el enteco Estado del bienestar que tenían los españoles. En un año y medio ha dado cumplimiento a su programa, el de verdad, el que tenía oculto mientras prometía aplicar el contrario. Si eso es estar dormido...

Me pregunto si quienes hicieron lo posible por perder las elecciones al grito de PSOE y PP la misma mierda es siguen diciéndolo. Sospecho que muchos lo harán, argumentando que, sin duda, el PSOE hubiera aplicado las mismas medidas, como lo prueba el infausto acuerdo de mayo de 2010 de reformar la Constitución. Me parece un punto de vista alicorto. No obstante, concedo que en su última legislatura el PSOE y Zapatero especialmente lo hicieron tan mal que parecían dar la razón al mentado dicho y quizá se merecieran el palo que recibieron. Lo malo es que ese palo castigó la espalda de todo el pueblo.

Tiempo habrá de hablar de esto. Pero ahora es el pasado y vivimos en un presente que exige nuevas ideas, nuevas propuestas. Nuestro mundo, el mundo de ayer, el de hace diez años, el de veinte, ha saltado en pedazos ante el ataque de esta derecha que, aprovechando la tremenda crisis/estafa del capital, la postración de España, el fracaso de anterior gobierno socialista y lo rotundo de su victoria en las urnas, no solo está aplicando el programa máximo neoliberal sino también el neoconservador que en España son lo mismo. Además de empobrecer a la sociedad, el gobierno trata de manipularla mediáticamente, sojuzgarla en lo moral, centralizarla en lo territorial, arrebatarle sus derechos y reprimirla autoritariamente cuando quiere ejercerlos. No es que haya roto los "consensos básicos" de la transición, como denuncia Rubalcaba. Es que ha puesto en marcha un verdadera revolución, una revolución involucionista.

Y a esto, a esta situación de alarma, a esta agresión debe hacer frente la izquierda. Es su responsabilidad. No es aceptable proyecto alguno que admita perder las próximas elecciones generales porque, si eso sucede, la izquierda desaparecerá por largo tiempo. Debe aprender de la derecha, que centra todos sus esfuerzos en ganar las elecciones para lo cual sabe que lo decisivo es mantener la unidad. La unidad. El talón de Aquiles de la izquierda. La situación es insostenible. La izquierda no puede perder, pero solo la unidad garantiza el triunfo. La unidad es hoy un inexcusable mandato racional y, por tanto, moral.

Pero hay que ser realistas. Unidad ¿cuándo y cómo? No necesariamente en las próximas elecciones europeas. Al contrario, estas pueden ser una buena ocasión para calibrar el apoyo popular real a cada una de las opciones que se presenten por separado. Pero, a partir de ese momento, con esos datos firmes, es preciso sentarse a formular una oferta unitaria de la izquierda que a) frene el ataque de la derecha y b) restaure los amplios sectores sociales perjudicados en la situación ex ante.

En el fondo, el propósito es bien simple. Al margen de otras consideraciones -que puedan ser objeto de acuerdos de diversos tipos- ese programa común de la izquierda debe tener un punto primero consistente en la promesa firme de devolver a los trabajador@s sus derechos, a l@s pensionistas sus pensiones y a toda la población lo que se le ha arrebatado en este aciago año y medio. La justificación es muy sencilla y debe explicarse con claridad señalando cómo, igual que quienes declaran las guerras no van a ellas, quienes recortan los ingresos de los demás no reducen los suyos sino que los aumentan; quienes merman los ahorros ajenos no reducen los propios; quienes escamotean las pensiones del prójimo, blindan y engordan las suyas.

Hay dos vías para la unidad: el programa común de los dos partidos mayoritarios (y los que quieran sumarse) y el frente amplio que englobe a la mayor cantidad de formaciones de izquierda, los dos partidos grandes, los más pequeños, los movimientos reivindicativos, las iniciativas sociales, los foros, las plataformas, etc. Ambas tienen ventajas e inconvenientes: el programa común es más concreto y factible, pero quizá menos ambicioso y más proclive a los parches, acuerdos y cesiones institucionales. El frente amplio tendrá más alcance, será más radical, afectará más a cuestiones de reforma constitucional, pero será más difícil de gestionar y más sensible a la acusación de ser un confuso batiburrillo.

Son los políticos, los dirigentes, los militantes, los que deben debatir este asunto y pronunciarse por la forma que sea más eficaz. Me atrevo a decir que, en las circunstancias actuales, ante el ataque de la derecha, con lo que nos estamos jugando, nadie entenderá que no haya ni siquiera un intento de ofrecer un programa común a un electorado de izquierda que quizá sea mucho menos sectario que sus representantes.

(La imagen es una reproducción de la obra de Giusseppe Pellizza da Volpedo, titulada el cuarto estado,  (1920), que se encuentra en  Wikimedia Commons, en el dominio público).

Vencedores y vencidos.

Leo dos noticias en Público que me interesan, me afectan personalmente, me conmueven y me llevan a reflejarlas en la entrada de hoy. Una es la de que las víctimas de la dictadura, las asociaciones de la memoria histórica, juristas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personajes del mundo de la cultura ponen en marcha la Plataforma por la Comisión de la Verdad para hacer justicia a las víctimas del genocidio franquista. La otra: la plataforma Date cuenta, que ha elaborado un documental Vencidxs, ha lanzado una campaña de crowdfunding para financiar la conversión del documental en un libro en el que se recojan las voces de los vencidos en la guerra civil antes de que desaparezcan. Las dos noticias, muy buenas, son complementarias.

La constitución de la plataforma en pro de una Comisión de la verdad que acabe con la impunidad del franquismo es un paso decisivo en el logro de un objetivo de justicia que hubo de darse hace muchos años, al comienzo de la transición. No se hizo entonces por razones sobre las que seguiremos discutiendo largos años, sin duda. Una plataforma similar a las que han actuado en otros países salidos de dictaduras terroristas como la española. Su tarea, a la que en nada afecta que hayan pasado casi cuarenta años desde el fin de la dictadura, ya que los presuntos crímenes de esta, siendo de genocidio, no prescriben, es  derogar la Ley de Amnistía de 1977, ampliar la memoria histórica, hacer justicia a las víctimas del franquismo, compensar a sus allegados y herederos de todas las formas posibles pero muy especialmente entregándoles los restos de sus familiares asesinados y que aún yacen en las cunetas y las fosas comunes, rehabilitar sus nombres y echar por fin las bases de una reconciliación asentada no sobre la mentira y el olvido, sino sobre el recuerdo y la verdad. Esa comisión se personará en todos los foros nacionales e internacionales y en todos los procesos en que se reclame la memoria histórica y el derecho de las víctimas a la justicia.

La Ley de la Memoria histórica socialista ha sido insuficiente, ha quedado pronto arrinconada por la falta de voluntad de las autoridades de ponerla en práctica y su único resultado es la condena e inhabilitación del único juez que se atrevió a ponerla en práctica. Por ello esa comisión recoge el testigo en donde la demediada ley socialista lo dejó y lo llevará hasta el final, impidiendo que triunfe la deliberada política del olvido propugnada por la derecha y una parte de la izquierda sumisa, que equivale a infligir un nuevo castigo a las víctimas de aquel horror. No dudo de que habrá razones de mucho peso, pero todas son livianas como plumas ante el incontestable, imperecedero, derecho de toda víctima a que se le haga justicia. En nuestro caso reside esta en exhumar los restos de los asesinados, paseados, ejecutados sumariamente, entregárselos a sus allegados y rehabilitar su memoria, en un país en el que una parte importante de la opinión sigue empeñada en silenciar los hechos, ocultarlos, embellecerlos o mentir descaradamente sobre ellos.

La Comisión tendrá que actuar fundamentalmente en los organismos internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, en todos los foros mediante los cuales pueda hacerse presión sobre el Estado español para que este acepte poner en marcha las medidas legislativas que hagan posible el restablecimiento de la verdad. Su tarea no será menuda en un momento en el que el país está gobernado por mayoría absoluta por un partido que incluso se niega a condenar el franquismo. Pero que haya de ser prolongada no quiere decir que sea imposible sobre todo si recordamos que su fuerza moral radica en que ni quienes se oponen a su logro se atreven a decirlo claramente en público.

La segunda noticia tiene una carga humana explosiva. El documental Vencidxs, de Aitor Fernández recoge en vivo y directo los recuerdos de los hijos y familiares de las víctimas (luego, víctimas ellos también), hombres y mujeres ya octogenarios, muchas veces represaliados a su vez, que buscan los restos de sus allegados asesinados. Son 104 testimonios valiosísimos de una memoria oral a punto de desaparecer, la de l@s vencid@s en la guerra, silenciada durante estos decenios, que no podido materializarse en forma alguna, sin monumentos, efigies, recordatorios, privada, incluso del conocimiento del lugar en que yacían los suyos. O, lo que quizá sea peor, sabiéndolo pero no pudiendo hacer nada, ni siquiera darse por enterada porque quienes los habían asesinado y enterrado, estaban presentes, eran vecinos, autoridades incluso, civiles, militares, eclesiásticas. Ese documento tiene el valor de una shoah hispánica, salvando todas las distancias.

Ahora los autores se proponen plasmar el documental en un libro de igual título para lo cual han puesto en marcha una iniciativa de Crowdfundig con el objetivo de sufragar los costes de edición. En el momento de redactar esto llevaban recaudados 6708 euros, equivalentes al 86 % del total presupuestado y aún les quedan veinte días. Me parece que lo van a conseguir y eso es para felicitarse sobremanera. El papel impreso está, sí, condenado a la práctica desaparición pero, de momento, sigue siendo irrefutable y actuando como un fedatario poderoso. Lo que consta en él, permanece.

Es muy importante que estas historias permanezcan, que no se las lleven las aguas del Leteo. Es muy importante que la víctima nos cuente en primera persona cómo entre los seis y los dieciséis años fue vejada, humillada, maltratada, purgada con aceite de ricino y guindilla. Es muy importante comprobar que no se trató de casos aislados, incontrolados, sino de una política deliberada de represión, castigo, humillación, un plan rigurosamente seguido a lo largo de los años. Un plan de exterminio en unos casos y sujuzgamiento sin contemplaciones en todos los demás. Porque, nos dice Aitor Fernández "En España no hubo una Guerra Civil. Aquí hubo una de guerra de los ricos contra los pobres para conservar sus privilegios".

Y ese es el misterio de esta insensata ocultación de decenas de miles de cuerpos, el hecho de que los herederos físicos e ideológicos de quienes perpetraron aquel crimen no puedan mirar de frente el pasado porque saben que tendrían que pedir perdón y no quieren. Ganaron la guerra, ganaron la paz, los vencidos no tienen derechos. La cuestión es, sin embargo, que esto no se puede sostener en ningún foro internacional civilizado. Resulta sarcástico que España, quien tanto ha hecho por los procesos de pacificación y de restablecimiento de la verdad en tantos otros paises, sea incapaz de hacerlo consigo misma.

Así como parece imposible hacer comprender a la jerarquía católica que su religión no puede gobernar la sociedad, lo parece que la derecha entienda que la verdadera reconciliación de los españoles solo puede darse sobre la base de la justicia y la verdad y, por tanto, sobre la aceptación de sus responsabilidades.