No son expertos; son agentes del capital.

La comisión de “expertos” sobre pensiones que ha reunido el gobierno para tomar una decisión que será trascendental sobre el futuro de las jubilaciones cuenta con doce miembros de los que ocho están o han estado a sueldo de aseguradoras privadas, cajas y bancos, algunos de los cuales pueden haber cometido las mayores estafas de los últimos tiempos y arruinado a miles de cuentacorrentistas, depositantes y preferentistas. Obviamente, esos ocho expertos pagados por las entidades financieras no tienen el menor interés en adoptar decisión alguna que favorezca a los jubilados sino a las entidades que los pagan cuya finalidad es acabar con el sistema público de pensiones y quedarse con un suculento negocio de miles de millones de euros sin duda incrementados por la serie de estafas posteriores que se les ocurrirán para arruinar más a sus clientes.

En estas condiciones los tales expertos, seguramente serán muy expertos pero, sobre todo, son unos inmorales, sin escrúpulo alguno y sin empacho en destruir la vida de millones de jubilados cuyo último recurso son esas pensiones que la ministra de Trabajo quiere poner en manos de los buitres del capital. Una ministra de Trabajo, por cierto, que solo conoce este de verlo escrito en la cartera de su ministerio.

Lo llaman “factor de sostenibilidad” por darle algún nombre que vista. Podían llamarlo “primicia metafísica”. En el fondo, de lo que se trata es de encontrar alguna justificación medianamente plausible para robar a la gente el producto de una vida entera de trabajo y consiste en dos elementos, a cada cual más canallesco:

a) desvincular el aumento de las pensiones del IPC. b) recalcular la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida del momento y otras cuentas que echará el Estado en cada caso.

Con ello se consiguen dos finalidades: rebajar año tras año las pensiones hasta que desaparezcan, cosa que también puede suceder fulminantemente. Imaginemos varios años seguidos con una inflación del 20 %, algo nada extraño en Europa. En tiempos de los Pactos de La Moncloa, la inflación en España estaba en el 18 %.  Al final la pensión de los jubilados será del cero por ciento . No se olvide que, según la ideología neoliberal que estos servidores del amo llaman ciencia, la inflación es la típica arma con la que el poder político roba sus ahorros y fortunas a la gente del común. Máxime a los jubilados, que no pueden incrementarlos. Es una propuesta tan repugnante e injusta que disgusta hasta escribir sobre ella. Pero los sedicentes "expertos" no se detienen ahí. Por si no les saliera bien la treta del expolio mediante la inflación, quieren asegurarse de que en ningún caso puedan subir las pensiones por encima del IPC. Es en estos detalles en los que se aprecia la vileza de esta gente.

Igualmente se consigue –y este es un objetivo que la derecha y sus intelectuales a sueldo buscan sistemáticamente-  hacer depender la cuantía de las pensiones de factores imponderables, el capricho del mandatario de turno, su buena voluntad, lo que le dé la gana. Los pensionistas pierden así un derecho y caen en la dependencia de la arbitrariedad o la caridad de sujetos como Báñez. Exactamente lo que quiere la derecha para todo el mundo: para los trabajadores, los parados, las mujeres, los jóvenes y, por supuesto, los jubilados. Que la gente viva en la incertidumbre, no pueda hacer planes ni reaccionar ante cualquier agresión. Eliminar la fiabilidad en el cálculo de las pensiones es lo mismo que suprimir la seguridad en el empleo o terminar con la condición de funcionarios: poner a los trabajadores a merced de los caprichos de los capitalistas.

Resulta patente: la derecha odia la idea misma de derechos porque, al dar seguridad a la ciudadanía, la hacen fuerte, independiente y crítica y eso no se puede tolerar. Quiere asimismo acabar con las pensiones sobre las que, sin embargo, ha hecho recaer en muchísimos casos la última posibilidad de supervivencia de las familias que tengan a todos sus miembros en paro, habiéndoles arrebatado las prestaciones. Y quieren hacerlo ya, de forma que toda la población quede sumida en la pobreza. En nombre de cuanto hay decente en la vida solo cabe calificar a quienes maquinan estos planes inhumanos como canallas para quienes las personas solo son recursos. 

Todo esto lo saben a la perfección los “expertos”, pero lo hacen porque su función en la comisión del gobierno no es resolver el problema de las pensiones –por lo demás inexistente-, sino destruir el sistema, entregar a los viejos en manos de la codicia del capital y, probablemente, hacer ellos su agosto pues así como los banqueros y los estafadores (en la medida en que haya alguna distinción entre ellos) se aseguran pensiones millonarias y se las blindan, también apartan jugosos premios para quienes les hacen el trabajo sucio en nombre de teorías falsas.

Este es el verdadero rostro de estos “expertos” e “intelectuales”, presididos por Víctor Pérez Díaz,  vocal de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros y cuya misión obvia es llevar adelante el expolio de las pensiones en beneficio de sus pagadores. Dado que estos individuos se sienten fuertemente respaldados por un gobierno que, con su mayoría absoluta, lleva año y medio agrediendo al conjunto de la sociedad, empobreciéndola y expoliando el erario público y una UE al servicio de las ideas más reaccionarias del neoliberalismo y en favor de los bancos, piensan que lo más oportuno es pisar el acelerador y aplicar su programa máximo. "Ahora o nunca”, se dicen. Y así proponen aplicar de inmediato su programa de expolio del sector más vulnerable de la sociedad. El año que viene. No esperar pues se pueden perder las elecciones y el que las gane puede no aplicar este plan de destrucción de gente.

Si el plan sale adelante en el Pacto de Toledo, la izquierda tendrá la ocasión de cambiar las cosas en las elecciones con bastante claridad. Con nueve millones de votos, los jubilados son una fuerza electoral temible. Lo único que tiene que hacer la izquierda para ganarlas es prometer que devolverá a los jubilados lo que ahora estos pseudointelectuales carentes de todo sentido moral les arrebaten.

Porque las pensiones no son una dádiva graciosa del Estado que cuatro tecnócratas puedan variar a su antojo. Las pensiones son un derecho de los trabajadores por el que han cotizado toda su vida. Si se les niega, se comete una arbitrariedad, una injusticia que los tribunales tendrán que combatir y, si no los tribunales, la gente en la calle. La situación es explosiva y este atropello de las pensiones, la yesca que encienda el fuego de la revuelta popular que ya está tardando.

(La imagen es una foto de ANSESGOB, bajo licencia Creative Commons).