Radicalismo.

En una entrevista en Le Figaro Aznar ha dicho que el movimiento 15-M es "un movimiento radical, antisistema y muy ligado a la extrema izquierda". "Radical" es un término inocente que denota fuerte carga negativa en cierto contexto ideológico autoritario. Es un término que utilizan mucho ciertos radicales con un sobrentendido.

Ese radicalismo que ve Aznar no es el de los partidos radicales de fines del XIX y primeros del XX, cuyo objetivo era la separación de la Iglesia y el Estado y tampoco se referirá al radicalismo argentino que es un liberalismo con tintes socialdemócratas. Si las referencias históricas no son adecuadas, menos lo son las filosóficas. El utilitarismo británico se veía a sí mismo como radical y Marx, según es sabido, adjudicaba esta condición a la filosofía como tal diciendo aquello de que ser radical es "ir a la raíz de las cosas" que, al fin y al cabo, es lo que hace la filosofía. Aznar no se refiere a nada de esto.

Sin duda utiliza el término en el segundo sentido que le da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, esto es, aquel que tiene un modo extremado de tratar los asuntos que, la verdad, es una definición bastante incomprensible. Aclara mucho más la primera acepción del término, según la cual el radicalismo es el conjunto de ideas y doctrinas de quienes, en ciertos momentos de la vida social, pretenden reformar total o parcialmente el orden político, científico, moral y aun religioso. Tampoco es muy feliz porque llama radicales a quienes quieren reformar parcialmente el orden, etc, lo que es una exageración porque en tal caso todo el mundo sería radical y cuando todo el mundo es algo, ese algo es nada. Y eso sin ponerse quisquilloso y preguntar qué querrá decir orden científico.

Esa definición del DRAE parecería, en principio, adecuada para el 15-M siempre que se complemente sosteniendo que, dentro del orden político, habrá de comprenderse el social y el económico. Si es así, la definición se ajusta mejor al propio Aznar, que se pasa la vida (en la entrevista citada también) recomendando reformas "estructurales", "en profundidad", "valientes", etc., propugnando cambios de calado en la fiscalidad, las relaciones laborales, los servicios públicos, la estructura territorial del Estado. Esa expresión de los 17 miniestados lo retrata. El radical Aznar, que suele ser agresivo, intransigente, hosco y pendenciero en sus juicios, previene contra el supuesto radicalismo del 15-M. En cuanto a ver este movimiento ligado a la extrema izquierda sólo queda recomendarle un buen oftalmólogo porque buena parte de la extrema izquierda es hostil a los indignados. Eso sin contar con que, de ser verdad, ¿por qué es más aceptable la extrema derecha en el PP que la extrema izquierda en el 15-M?

El radicalismo del 15-M es reflejo. Es decir, el movimiento no es radical, pero provoca radicalismo en los que hablan de él. En una presentación de un libro de Pedro J. Ramírez sobre la Revolución francesa, al que acudieron políticos del máximo rango, Esperanza Aguirre se despachó con su habitual radicalismo lingüístico, sosteniendo que los indignados vienen a ser movimientos callejeros" que han impulsado los "golpes de Estado populistas" y José Bono, ese político marrullero, santurrón, dado a la declamación algo cursi y siempre conservadora, informa a la concurrencia, hablando del 15-M, de que él siempre preferirá unas elecciones que las turbas parisinas siendo así que, en buena medida, las elecciones las trajeron las turbas parisinas. Igual que el 15-M quiere reformar un sistema electoral injusto que Bono sostiene aun sabiendo que es injusto. Que esto lo diga para festejar a su amigo, el capo del periodismo amarillo del país, lo retrata como otro radical... prosistema.

(La imagen es una foto de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo licencia de Creative Commons).

El programa oculto ya no está oculto.

A tenor de las últimas declaraciones de los dirigentes políticos populares y de las medidas adoptadas por los gobiernos autonómicos de la derecha en los cien primeros días de sus mandatos, algo más en el caso de CiU, ya va quedando claro el contenido del programa que tan celosamente guardaba Mariano Rajoy y por lo tanto lo que espera a los españoles si éste gana las elecciones, especialmente si lo hace por mayoría absoluta. A la vista de lo visto, escuchado y leído cabe suponer que el PP congelará o bajará las pensiones y congelará o bajará el sueldo de los funcionarios. Eso es lo que significa condicionar la medida a cómo sea la coyuntura económica cuenta habida de que el ser de la coyuntura económica es una materia altamente subjetiva y opinable.

Igualmente va a retirar el impuesto sobre el patrimonio, dejar intacta la progresividad del impuesto sobre la renta, reducir el de sociedades, dejar como están el fraude fiscal y la economía sumergida, y aumentar los demás impuestos, empezando por el IVA. Todo ello según la absurda e ilógica teoría de que cuanto más ricos sean los ricos, más ricos serán los pobres, cosa que ha resultado siempre falsa.

Insistirá en la liberalización del suelo para reproducir la burbuja inmobiliaria y así enriquecer más a los ricos a riesgo de otra crisis. No tiene la menor intención de erradicar la corrupción y los códigos éticos son papel mojado antes de ver la luz.

Va a acometer una reforma laboral más dura, empeorar las condiciones de jubilación y arremeter contra los sindicatos bajo la excusa de que estos ejercen un poder desorbitado y son nidos de corrupción a cuenta de los caudales públicos. Porque quiere introducir prácticas autoritarias en los centros de trabajo, en los educativos, en la administración en general contando con que la inseguridad de la población la amansará. El restablecimiento de la autoridad y el orden será un hecho y los indignados pueden ir preparándose, pues no podrán dar el golpe de Estado contra el que previene Aguirre.

Va a recortar y reducir la educación y la sanidad, como ya ha sucedido en Cataluña, Madrid, Castilla La Mancha y lleva años sucediendo en Valencia. Pretende introducir lo que llama el copago que no es otra cosa que obligar a los usuarios de los servicios públicos a pagar dos veces por ellos. Quizá así, piensa la derecha, se acostumbre la gente a ver que la privatización de esos servicios públicos, que también está en el retortero, es una ventaja y un ahorro.

Pretende derogar la ley de matrimonios homosexuales, la del aborto y dejar en nada (que tampoco es que ahora sea mucho) la Ley de la Memoria Histórica. Por supuesto, no se tocarán las trasferencias de recursos públicos a la iglesia católica ni se reformará la ley electoral. Se acabará la independencia de la Radio Televisión Española, que pasará a estar dirigida y colonizada por ideólogos y comunicadores del partido en el poder como ya lo están en Madrid o Valencia. Un régimen informativo sacado de la experiencia histórica de su inefable presidente de honor, don Manuel Fraga, exministro de Información y Turismo de Franco.

Lo interesante, lo digno de reseña, es cómo un partido que propone esta auténtica involución cuenta con una intención de voto tan abrumadora que le permite avistar la mayoría absoluta. En alguna parte dice Sófocles que hay muchas maravillas en el mundo pero de todas ellas la más portentosa es el hombre. Y eso que no pensaba en el votante.

(La imagen es una foto de Partido Popular de Melilla, bajo licencia de Creative Commons).

Hipócritas y demagogos.

La hipocresía y la demagogia son primas hermanas. La primera consiste en decir que se hace lo contrario de lo que de verdad se hace y se piensa. La segunda en lo mismo pero con el fin de incitar a los demás a la acción en defensa de aquello que se dice pero no se piensa ni se hace. La hipocresía es a la demagogia lo que la vida contemplativa a la vida activa. El hipócrita es contemplativo, trata de justificarse ante los demás; el demagogo es activo, los llama a la lucha en defensa de lo que él mismo no hace ni piensa.

Esperanza Aguirre es un ejemplo claro de hipocresía; Mariano Rajoy de demagogia; María Dolores de Cospedal, alumna aventajada de ambos, de las dos. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice predicar con el ejemplo a la hora de pedir al personal bajo su responsabilidad que acepte mermas en sus ingresos, condiciones más duras de trabajo, sacrificios y asegura que ella se ha bajado el sueldo un 15 por ciento, pero no dice que, además de su rebajado sueldo, percibe -al igual que los demás gobernantes de la Comunidad- un complemento que, sí, figura en los presupuestos, pero en otro lugar, sin que se especifique qué cantidad corresponde a qué cargo, aunque no debe de ser parva ya que el total anual asciende a casi 600.000 euros. En definitiva, El País acusa a Aguirre de "ocultar" parte de sus ingresos. La presidenta dice que no se oculta nada puesto que la partida figura en los Presupuestos y la Comunidad añade que se trata de una percepción legal. Estaría bueno que, además de añadir una cantidad apreciable al salario de la Presidenta, con lo que éste es mayor que el que figuraba como tal antes de la rebaja, fuera ilegal. El hecho crudo es que Aguirre percibe un salario superior al del presidente del Gobierno procedente de dos conceptos presupuestarios distintos el segundo de los cuales nunca aparece cuando su consejería de Hacienda da cuenta del salario de su jefa, lo que equivale a ocultarlo. Pedir a los demás que acepten mermas salariales cuando una misma está cobrando un sustancioso incremento desde 2008, ya en plena crisis y a la chita callando, como diría ella misma, es pura hipocresía. Es peor, entra en un terreno de abuso de la buena fe de la gente. Si se recuerda que es el mismo personaje que sostiene en una biografía suya que no llega a fin de mesa, el abuso se torna befa.

En el caso de Rajoy la hipocresía desemboca en una demagogia desenfrenada. Pide el voto de los ciudadanos y, entre otras cosas, anuncia una ley de transparencia que él mismo no cumple porque si la cumpliera, los ciudadanos sabríamos a cuánto en concreto ascienden sus ingresos, dado que los pagamos con nuestros impuestos. Pero eso no sucede. Sabemos lo que gana por parlamentario, pero no el sueldo que le paga su partido y que puede ser el doble o el triple de lo que le paga el parlamento. Y tampoco sabemos de cierto si son sus únicos ingresos. Pedir el voto porque uno va a promulgar una ley que no cumple ¿es otra cosa que demagogia? Y demagogia , en efecto, desenfrenada.

Lo mismo, pero al cuadrado, sucede con Cospedal. No paga a nadie, recorta sueldos y subvenciones a ancianos pero sube en un pico el salario de sus altos cargos y tampoco está claro, de momento, cuáles son sus ingresos personales, si son tres sueldos (senadora, secretaria general del PP y presidenta de la Comunidad Autónoma) o dos o uno. Sin contar con que sólo con uno vivirían cinco familias tan ricamente. En realidad, por todo lo que sabemos y mientras no esté clara la cantidad exacta que cada uno cobra, tenemos derecho a pensar que los tres sonrientes de la foto están costando al erario público un millón de euros al mes. ¿Por qué no van a sonreír si la vida les sonríe en forma de opíparos y opacos ingresos?

Llaman a esto transparencia. Forma parte del ritual demagógico de los códigos éticos en cuya redacción e inaplicación inmediata es especialista la derecha. El primero fue el de Aznar en 1993 que jamás se aplicó; el segundo y más reciente, el de Rajoy en 2009 que tampoco se ha aplicado ni se aplicará. Porque si se aplicara, Camps, quien no tiene nada que envidiar a Cospedal en hipocresía y demagogia, no hubiera podido ocultar a las Corts valencianas información sobre las contratas de su administración incluso en contravención de las órdenes de los tribunales y él mismo no hubiera aguantado en el cargo hasta que los jueces lo arrastraron literalmente al banquillo de los acusados. Y mucho menos podría decir ahora que el asunto de los trajes no puede ser delito porque se trata de fruslerías y bagatelas, muy por debajo de su habitual tren de vida . Además de hipócritas y demagogos, van de sobrados por la vida.

Porque esto es lo más asombroso de la historia: que a pesar de su hipocresía, de su opacidad, su negativa a informar y aclarar asuntos que son públicos por naturaleza, sus privilegios, sus episodios de corrupción, sus sermones de prensa sin aceptar preguntas y su desprecio por la opinión pública, la intención expresa de voto de los ciudadanos los lleva a esperar una mayoría absoluta.

(La imagen es una foto de Chesi - Fotos CC, bajo licencia de Creative Commons).

Por qué Palinuro votará PSOE.

Corren malos tiempos para el PSOE. Conozco a más de un socialista de toda la vida que no se atreve a decir a los encuestadores que votará a su partido por si alguien lo oye y le da en la cabeza con algún argumento de Intereconomía. Puede estar operando la ley de la espiral del silencio. Hay tal desánimo entre los votantes socialistas que muchos no declaran su intención. Y, sin embargo, el voto al PSOE es tan legítimo (por supuesto) y tan racional como cualquier otro.

En primer lugar es el único partido que puede impedir un triunfo de la derecha o, por lo menos, uno por mayoría absoluta. En sí mismo este es un argumento negativo, aunque nada desdeñable. No porque no asista al PP un derecho a ganar y por mayoría absoluta sino porque no ha hecho nada por merecerlo. En esta legislatura el partido de la derecha no ha contribuido a la recta gobernación del Estado o a sacarlo de la crisis. Al contrario, se ha opuesto a todo y ha dificultado la solución de ésta cuanto ha podido. Es verdad que eso es lo que ha de hacer la oposición. Pero hasta un límite, el del funcionamiento de las instituciones y el interés colectivo. Límites que el PP ha roto en numerosas ocasiones, bloqueando aquel o utilizando la lucha antiterrorista con fines partidistas.

Al PSOE se le reprocha que en su segunda legislatura se haya plegado a los dictados neoliberales europeos y haya abandonado su programa socialdemócrata. No es fácil saber si cabía hacer otra cosa, pero sí es cierto que el desarbolado socialista de la segunda legislatura ha incluido el resto de sus políticas en los ámbitos asistenciales, de igualdad, religioso o de lucha contra la corrupción. Para algunos sectores el PSOE en realidad carece de política y se limita a sobrevivir. Eso probaría que es racional votar al PP sólo para impedir que continúe este desaguisado. Lo que sucede es que, presentándose el PP como se presenta, también es racional votar al PSOE para impedir su triunfo.

Aparte de esa racionalidad, el PSOE viene avalado por una tradición de izquierda democrática con experiencia de gobierno y experiencia que, salvas las excepcionales circunstancias del momento, es positiva. Entre la izquierda que no es el PSOE hay una verdadera competición por ver quién lo identifica más con el PP al grito de ¡PSOE y PP la misma mierda es! y le niega la condición de izquierda. Es una afirmación muy típica de estos grupos que suspiran por la unidad y son una exhibición de autoridades mayores y menores dedicadas a dogmatizar sobre qué es y qué no es de izquierda, careciendo por lo demás prácticamente de toda experiencia de gobierno. Y este es un asunto de importancia porque del PSOE pueden decirse muchas cosas, pero su ejecutoria de gobierno en las legislaturas de González y la primera de Zapatero es un buen aval de izquierda reformista, democrática, socialdemócrata.

La polémica es también un lamentable error, a juicio de Palinuro, quien sostiene que el concepto de izquierda es muy elástico y no corresponde a una fórmula única. La verdadera izquierda, en sus múltiples manifestaciones, está en su derecho de reprochar al PSOE haber dejado de ser de la familia, socialista y obrero. Lo que Palinuro se pregunta con cierta perplejidad es por qué las baterías dialécticas de esa izquierda parecen dirigidas únicamente contra el PSOE y no contra la derecha. Hay publicaciones y grupos cuyos ataques a aquel son tan constantes y exclusivos que parecen del PP. Consideran que el enemigo principal no es el más distante sino el más próximo porque es el que hay que eliminar para ponerse en su lugar y quedarse con sus votos. Una pretensión inútil porque los votos no se trasvasan como el vino y la experiencia demuestra que la base social de la izquierda democrática es muchísimo mayor que la de la izquierda autodesignada trasformadora.

Claro está que la baja intención de voto al PSOE en comparación con el PP indica una desafección mayoritaria de la ciudadanía hacia los socialistas. Dado que la desafección se ha producido en esta última legislatura parece lógico concluir que la responsable es la derechización del Gobierno con independencia, insisto, de que fuera o no inevitable. Así es de entender que la única posibilidad de recuperar el electorado desafecto es presentarse a las elecciones con un programa regeneracionista de izquierda: el PSOE debe salir garante del Estado del bienestar, postular políticas económicas socialdemócratas, democratizar el sistema político (desde la forma del Estado hasta el sistema electoral), imponer la aconfesionalidad del Estado y organizar la lucha contra la corrupción que abarca múltiples aspectos, desde evitar el fraude fiscal hasta terminar con los privilegios de la clase política de la que forma parte.

Es racional pensar que, dado su pasado y su propia conciencia como partido, el PSOE debe estar en situación de elaborar un programa electoral que contenga estas y otras medidas de similar jaez. Un programa reformista, social y democrático a tono con el giro que está ya produciéndose en Europa hacia la izquierda. El mayor inconveniente es el crédito de que goza el PSOE puesto que el voto es siempre una delegación de confianza. Y a estas alturas es bajísimo. Palinuro cree que sigue teniéndolo y por eso votará al PSOE, igual que los demás votarán a quien estimen conveniente o no votarán. El voto es libre.

La ilustración es un grabado de Georg Grosz de 1919 que se titula Dependencia de las clases dominantes.

¿Qué les han hecho los homosexuales?

Otra vez machacando el hierro en frío. La derecha vuelve al ataque contra los matrimonios homosexuales. En los últimos días Rajoy por un lado y el Papa Benedicto XVI por otro han negado el derecho de los homosexuales masculinos o femeninos a formar familias mediante el matrimonio.

En el caso de Rajoy, como era de esperar, no se aducen cuestiones de fondo o doctrinales. Siendo la igualdad ante la ley un derecho que no admite excepciones negativas (excluyentes) aunque las tenga positivas (incluyentes) y que es reconocido, al menos formalmente, por la derecha, no cabe no respetarlo. La negativa de Rajoy se alimenta sólo de consideraciones electorales. El candidato cree que la mayoría de sus votantes se opone a los matrimonios homo y por eso se opone él. Pero, al no poder invocar razones de fondo, su oposición es confusa, incomprensible y cree rebajarla asegurando que es solo una cuestión de nombre. Es como si Rajoy fuera nominalista en la polémica de los universales: que los homosexuales no se asusten pues el nombre no tiene importancia. Sin embargo sí la tiene y es decisiva, como explica muy bien Beatriz Gimeno en un artículo en El Plural, titulado Rajoy es un antiguo. Y eso lo sabe Rajoy, como sabe que cambiar la ley de matrimonios homosexuales es actuar injustamente con un sector de la sociedad, privarle de un derecho, excluirlo por ley. En el fondo se trata del prejuicio de la derecha contra la homosexualidad que no se mueve en el terreno racional sino en otro pasional, sentimental, arbitrario. La homosexualidad cuestiona el fundamento de una cultura patriarcal y machista y eso no puede consentirse.

La cosa está más clara con el Papa que, como no tiene que ganar más elección que la del colegio cardenalicio y sólo una vez, se pronuncia con contundencia no contra el nombre sino contra la cosa en sí. Por eso, en su visita a Alemania ha recordado lo que sostiene es doctrina divina, esto es que la familia es la unión del hombre y la mujer. Nada de fórmulas híbridas o de terceros géneros. Hombre y mujer y sanseacabó. Es la homofobia cristiana en estado puro.

Esa homofobia viene de lejos, está en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en la historia de Abraham, como testifican bien las cenizas de Sodoma y Gomorra. Eso explica la dureza con que los pueblos del Libro procedían y proceden contra los homosexuales. El más salvaje en la actualidad el de los islamistas en algunos de cuyos países se los ejecuta en público. En algunos cristianos hasta hace poco se los encarcelaba y, en general, en todos los pueblos de tradición judeo-cristiana la condición de homosexual está socialmente estigmatizada.

La cuestión fundamental es cómo se justifica tanta animadversión, tanta hostilidad y tan nulo espíritu de justicia e igualdad. No cabe aducir la universalidad de la prohibición (al margen de que aunque fuera universal no por ello sería justa) ya que hay culturas en las que la homosexualidad no está mal vista. Sin ir más lejos, la griega clásica, cuya valoración del amor incluía el homosexual aunque, por ser patriarcal, era mayoritariamente (pero no únicamente) masculino. Tampoco el supuesto carácter antinatural de la práctica pues la naturaleza da ejemplos para todo, incluido el hermafroditismo.

Así que la pregunta se mantiene: ¿qué razón hay para la homofobia? Ninguna. Son puros prejuicios, convenciones, topicazos, alimentados desde luego por una tupida red de referencias literarias, artísticas, filosóficas que han acuñado una mentalidad homófoba muy arraigada, como se hace patente en el uso cotidiano de la lengua.

No puede haber argumentos racionales en contra de la homosexualidad, como no puede haberlos en contra de una raza o de un sexo. Pero igual que, a pesar de todo, hay racistas y sexistas, hay homófobos, como Rajoy y el Papa. La mejor prueba de esta imposibilidad es que los homófobos más inteligentes aducen que su oposición a la homosexualidad no se fundamenta en consideraciones racionales sino médicas desde el momento en que la homosexualidad es una enfermedad. Es un caso de manual de la biopolítica de Foucault por cuanto muestra cómo el poder se vale de todo para reprimir y castigar, incluida la Medicina.

Lo malo de esta homofobia es que pretende convertir en ley, esto es, en norma racional y universal (entre otras cosas) un prejuicio que va contra los derechos y la dignidad de un elevado porcentaje de la sociedad y digo elevado porque, aparte de los homosexuales, muchos otros también nos sentimos injustamente tratados por tener que vivir en una sociedad en la que se niegan sus derechos a unos grupos de ciudadanos por razón de su orientación sexual.

(La imagen es una foto de Guillaume Paumier, bajo licencia de Creative Commons).

Vivir en otros tiempos.

La prensa viene exultante. Los presos etarras renuncian a la violencia y suscriben por abrumadora mayoría el Acuerdo de Gernika, de 25 de septiembre de 2010, que supone pronunciarse por el uso exclusivo de métodos pacíficos para alcanzar objetivos políticos. El tal acuerdo trata de conseguir un escenario democrático y pacífico, que permita resolver el llamado conflicto político.

Excepto los del PP, casi todos los políticos han celebrado el documento del colectivo de presos y presas de ETA como un gran paso, una buena medida, la dirección correcta, etc. Los del PP creen que el comunicado no significa nada y que ETA no se ha movido ni piensa moverse. Sin que sirva de precedente, Palinuro cree que ambas interpretaciones son correctas, que no se contradicen. Porque la declaración es un buen paso, desde luego, pero ETA no se ha movido. Es un buen paso porque los presos vivían en otro tiempo, en la creencia de que quedaban esperanzas para la lucha armada (vulgo terrorismo). Es un buen paso para los presos porque empiezan a ver la realidad como es y no como quisieran que fuera. Los demás ya estábamos en ello.

Pero ETA no se ha movido y aquí lo que importa para el resultado final no es lo que digan los presos sino lo que haga ETA. Aparte de que los presos no dicen nada que no diga la propia ETA. Para comprobarlo, léase atentamente el acuerdo de Gernika. En él no se pide a ETA que se disuelva o que deponga las armas. Se parte del supuesto de que el alto el fuego unilateral y permanente de ETA es todo lo que ésta tiene que hacer y, a continuación los gobiernos español y francés, sobre todo el primero, tienen que tomar una serie de medidas penitenciarias y políticas abriendo poco menos que un proceso constituyente en Euskadi sobre el "derecho a decidir".

Firmar esto no es firmar mucho. Después del atentado de la T4, probablemente ningún Gobierno español aceptará negociar nada que no implique como condición previa indispensable la disolución de ETA. No hay capitulaciones. Las posiciones son antagónicas porque ETA no solamente insiste en que ha de haber negociaciones sino que cree que puede dictar el protocolo. Ese es el sentido de la tregua permanente y unilateral.

La firma de los/as presos/as es un paso en la buena dirección en la medida en que aumenta la presión sobre ETA para que ésta deje las armas de una vez. Pero si ETA no deja las armas, si no se disuelve, aquí no hay nada que hacer. Los presos seguirán presos y la izquierda abertzale se mantendrá en esa situación de precariedad jurídico-política, ilegalizada en cuanto dé un paso en falso, y vuelta a empezar.

(La imagen es una foto de Libertinus, bajo licencia de Creative Commons).

Los maestros censores.

Estábamos los españoles sobrellevando con nuestro tradicional estoicismo la crisis que la codicia y la incompetencia de los genios de las finanzas nos han echado encima cuando nos enteramos de repente de la existencia de otro organismo, otro más, alimentado con fondos públicos y dedicado a hacernos la vida imposible. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE es un órgano elegido por las Cortes Generales, compuesto por 12 miembros, cada uno de los cuales cobra unos 120.000 euros al año, excepto su presidente que, al parecer se embolsa 240.000. O sea, sólo él, veinte mileuristas. Añaden asesor, secretaria y coche oficial. Ni que fueran banqueros rescatados ¿verdad?

Y ¿qué hace esta docena de ilustres desconocidos aparte de saltarse alegremente la normativa que rige el organismo en materia de paridad de sexos, descaradamente en favor de los varones? Nada que haya merecido la atención de los medios de comunicación en cuatro años que llevan de mandato. Éste es de seis años. No me extraña; si Palinuro cobrara diez mil euros al mes querría un mandato vitalicio. Bueno, nada no; el miércoles tomó una decisión que sin duda salió a la mayoría del fondo mismo de sus entretelas partidistas: hartos de que los telediarios fueran plurales y dieran noticias positivas o negativas, para unos u otros, los consejeros decidieron atribuirse la competencia para censurarlos previamente. La medida la propusieron, se dice, los consejeros del PP, sin duda molestos de que la RTVE no alcanzara las cotas de objetividad, neutralidad, calidad y, desde luego share de las televisiones de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, hoy Alberto Fabra.

Votaron a favor los cuatro consejeros del PP y el de CiU, se abstuvieron los del PSOE, ERC y CCOO y votaron en contra (en todas partes hay gente decente) los de IU y UGT. De inmediato hubo una reacción universal en contra hasta de sus propios partidos y los malaconsejados consejeros, sin duda preocupados por sus emolumentos, decidieron desdecirse bravamente antes de que la noticia hubiera terminado de ser leída por los locutores. Si hay que perder la dignidad, se pierde, pero no los 120.000 euríviris ni los demás chollos y privilegios que convierten unas nulidades en verdaderos potentados a costa del trabajo de un pueblo al que querían birlar la información.

Por no pensar, ardua tarea a la que estos lumbreras no deben de estar acostumbrados ya que la de llenarse los bolsillos no les deja tiempo libre, ni han pensado en cuál podría ser el resultado final de un producto en el que metieran las tijeras todos los partidos. Si cuando la tijera es sólo cosa de un partido salen los engendros sectarios que salen en TeleMadrid y Canal Nou en Valencia, cuando sea cosa de todos no saldrá nada. Los telediarios darán información sobre la vida de los pingüinos australianos o la canonización de Fruela.

Esto de la democracia no hay quien lo aguante. Al fin y al cabo, la censura previa tiene sólidas raíces españolas. En tiempos de Franco estaba en vigor, hasta que llegó el liberal Fraga y la abolió sustituyéndola por la censura a posteriori. Podías publicar lo que quisieras; pero si lo publicado no gustaba a Franco, Fraga, el obispo, el alcalde, el jefe provincial del Movimiento y una retahila de enchufados, te la cargabas. Te ponían una multa que te baldaban, o te cerraban el periódico o te metían en la cárcel. Y todo eso en defensa de la civilización cristiana. ¡Y ahora no se puede ni defender el pluralismo ni la imparcialidad informativa de los medios públicos como corresponde a la democracia que el Glorioso Movimiento Nacional trajo providencialmente a España! Una vergüenza, mi general.

Uno entiende que propongan esta medida los consejeros del PP. Al fin y al cabo, Fraga es el fundador del partido y aportan la experiencia que tienen en la manipulación de los telediarios de sus comunidades, verdaderas máquinas de agit-prop de la derecha. Que vote a favor el consejero de CiU ya es incomprensible. Pero no tanto como que se abstengan el PSOE, ERC y CCOO. La izquierda propiciando con su abstención la censura previa en los medios públicos. Eso no tiene nombre, los representantes de estos grupos no merecen más que desprecio y todos, los votantes a favor y los abstencionistas, deben abandonar ipso facto unos cargos que no debieron ocupar jamás. Los únicos que se han ganado seguir (en el supuesto de que continúe un órgano cuya supresión ahorraría un puñado de millones al erario público) son los consejeros de UGT e IU, así como el agradecimiento de una ciudadanía que no quiere que la traten como menor de edad.

El caso FAESAN.

Es una gran noticia que el pleno de lo penal de la Audiencia Nacional (AN), por unanimidad, haya revocado el procesamiento de los tres mandos policiales por el presunto chivatazo del bar Faisán. Hubiera sido mejor que la sala hubiera decretado que, en realidad, no hay caso y que el procesamiento de los tres funcionarios más parece una causa política por asuntos muy ajenos a ellos y que, en el fondo, trata de atacar la candidatura de Pérez Rubalcaba a la presidencia del Gobierno pues era ministro del Interior cuando los hechos supuestamente se produjeron. Pero, hasta donde llega, es un alivio y, si sostiene que parece hubo delito, dice también que no hay pruebas suficientes contra los policías, con lo que estos tienen un merecido respiro en la campaña mediática y las continuas interpelaciones parlamentarias del PP que son un verdadero juicio paralelo que dura ya años y ha tenido que causarles mucho quebranto psicológico. Algo de lo que Palinuro, al menos, se siente avergonzado en nombre de la sociedad española que no ha sabido devolver bien por bien ni proteger de la infamia por infames intereses políticos a quienes han sido instrumentalizados en una estrategia innoble.

Al lado personal y humano del hecho hay que añadir el colectivo e institucional de que, al plantearse como un ataque al Gobierno, esta acción judicial ha hecho mucho daño a la lucha antiterrorista que, como es obvio, debe ser una asunto de Estado, por encima de los intereses de los partidos. Al acusar a la policía del delito de colaboración con banda armada y dar a entender que es instigado por el ministro del Interior, el efecto, objetivamente hablando, es debilitar la lucha del gobierno contra el terrorismo. Que esto además se haga en contra del gobierno que ha conseguido de hecho derrotar a ETA que ahora sólo mide los plazos para anunciar su disolución es notoriamente injusto.

Pero es la estrategia del PP, que se ha personado en el proceso en calidad de acusación popular, esa figura que permite a un partido político acusar a otro en sede judicial de forma seguramente temeraria. Una estrategia que, al parecer, está pensada por Federico Trillo, exministro de Justicia y responsable de esta materia en el PP. Es curioso; el señor Trillo, especialista en Shakespeare, debe sentirse como Hamlet, al que perseguía la sombra de su padre, vilmente asesinado. En el caso del exministro las sombras son las de 62 y militares españoles muertos en circunstancias que los tribunales encontraron delictivas y por las que condenaron a penas de prisión a otros mandos militares de los cuales Trillo era el responsable político. Es posible que Trillo no sienta esas sombras porque la conciencia es una mar abierta; Palinuro viviría angustiado.

Federico Trillo es patrono de la fundación FAES en cuya página web se dice que: vinculada al Partido Popular desde su creación, en 1989, la Fundación FAES está presidida por José María Aznar. Muchos otros patronos de la FAES (Aguirre y otros) han reiterado en público la idea de que el caso Faisán revela colaboración con banda armada y Rubalcaba está inhabilitado como candidato a la presidencia del Gobierno. Por descontado, siendo el responsable de Justicia del PP y coordinador de su estrategia judicial al tiempo que patrono de la FAES, Trillo está en inmejorable posición para llevar a buen puerto esa estrategia.

Pero no sólo él. También podría colaborar en la tarea el inefable magistrado Enrique López, de la citada sala de la AN y principal adalid de la idea de la colaboración con banda armada, al tiempo que estrecho colaborador de la FAES, en la que ha impartido 63 seminarios y, al parecer, retribuidos, si bien no sabemos en cuánto, lo cual no está bien pues la financiación de la FAES es básicamente pública. Aun así, el magistrado López no tiene intención de inhibirse en la causa. Es asombrosa la falta de sensibilidad de la derecha política o judicial frente a estos asuntos morales. Los mismos que pidieron y consiguieron apartar al magistrado Pérez Tremps del Constitucional porque había redactado antaño un informe para la Generalitat o que pidieron y obtuvieron la dimisiòn del ministro Bermejo por haberse ido de cacería con el juez Garzón, son los que ahora se niegan a dimitir por asuntos más clamorosos. Y tanto como que la cacería ahora no sería de animales sino de personas. Tampoco hay que extrañarse mucho a la vista de lo que tardó Camps en hacer lo que no tenía otro remedio que hacer.

Por eso el caso Faisán es en realidad el caso FAESAN en el que se sacan las cosas de quicio quizá con la intención de atropellar a tres funcionarios con una gran hoja de servicios en la lucha contra ETA, de involucrar al gobierno en una inverosímil colaboración con banda armada cuyo resultado sólo podría ser que descarrilara el actual proceso de normalización en el País Vasco, la primera esperanza sólida de paz en más de treinta y cinco años.

Aplausos del respetable.

Una digna respuesta.

La educación, la sanidad, la vivienda, el seguro de desempleo y las pensiones son los pilares del Estado del bienestar, la conquista democrática del siglo XX en Europa basada en la idea de que esos servicios constituyen derechos de los ciudadanos. Como tales deben tener igual reconocimiento y garantía que los derechos clásicos civiles y políticos y los derechos fundamentales. Porque son derechos fundamentales, no mercedes graciables del poder ni actos de beneficencia de organizaciones privadas. Mucho menos negocios.

Esa conquista democrática es la que la derecha neoliberal quiere desmantelar y lleva camino de hacerlo si las sociedades bajo ataque no se defienden. Las pensiones están congeladas; el seguro de desempleo, reducido y acortado; el acceso a la vivienda es una quimera. Ahora el ataque es contra la educación y la sanidad que, privatizadas, son suculentos negocios. La novedad de la situación es que el neoliberalismo no niega ya (como sí lo hacía antes) que la educación y la sanidad sean derechos. Lo que dice ahora es que, por desgracia, no hay dinero para financiarlas y que, en época de crisis, hay que recortar. Pero esto es una excusa.

En primer lugar, no hay dinero porque hace años que está descapitalizándose el Estado a base de reducir los impuestos y renunciar a ingresos bajo la engañosa consigna de que "en donde mejor está el dinero es el bolsillo de los contribuyentes", sin especificar de qué bolsillos se habla. En segundo lugar si, con todo, hay que reducir partidas, habrá que pensárselo mucho, ser muy transparentes y justificar que no hay otro lugar del que reducir que no sean la educación o la sanidad. Si las exenciones fiscales y privilegios que la Comunidad Autónoma de Madrid concede a la enseñanza privada concertada alcanzan los ochenta millones de euros y esa es la cantidad que se ahorra con los recortes de la enseñanza pública, será preciso demostrar por qué es más justo privilegiar a la privada en detrimento de la pública. No blandir el hacha y asestar el tajo sin más explicaciones.

Esa es la política de la Comunidad de Madrid, la de los hechos consumados y las confrontaciones. Porque a Esperanza Aguirre no le interesa conservar la enseñanza pública sino desmantelarla en beneficio de la privada. Por eso no razona, sino que insulta. La historia de su mandato es de hostilidad a los servicios públicos. No da razones sino que va por la vía de hecho y, en lugar de, cuando menos, explicar las medidas tomadas, pues no las ha consensuado con nadie, trata de desprestigiar a los docentes (como intentó hacer en la legislatura anterior con la sanidad pública y las calumnias al doctor Montes) mintiendo sobre su jornada laboral, descalificando su labor y agrediendo a los sindicatos. Eso no es política democrática, de diálogo, sino política autocrática, de imposición. Y no es casual ni repentino sino algo calculado, planeado y ejecutado fríamente, es el desmantelamiento del Estado del bienestar.

La colectividad de enseñantes, padres y alumnos respondió ayer ejemplarmente por segundo día en la calle con una manifa multitudinaria que es en realidad una enmienda a la totalidad de la política educativa de Aguirre y de su consejera, Lucía Figar, esa pía dama que según ella misma dice, piensa entregar suelo público gratuito para que las sectas ultracatólicas que son de su agrado pueden adoctrinar a los niños de la región. Visto lo visto imagino que estas sectas edificarán en los terrenos públicos unos colegios de excelencia para los hijos de los ricos y, al lado, unas chabolas para enseñar el catecismo a los hijos de los pobres que, bien pensado, es lo único que necesitan aprender.

Y no acaba ahí el alcance político de la combatividad de Aguirre. No solamente desprestigia a los docentes y miente sobre su jornada sino que ataca la legitimidad de la huelga atribuyéndosela a los sindicatos, el PSOE, los indignados y "los de la ceja" y, en definitiva, al gobierno central. Es decir, todo el conflicto está provocado y planeado por la Comunidad de Madrid con el fin de plantear un problema más al gobierno central y como eso es absurdo porque éste carece de competencias en la enseñanza en Madrid, se lleva por el lado de la demagogia, asegurando que está alentando a los huelguistas y poco menos que sosteniendo que la huelga está organizada por Rubalcaba y que el ministro de Educación dimita por ello. Una actitud de tan disparatada frivolidad en un asunto de tal importancia muestra que a Esperanza Aguirre la enseñanza pública y los docentes le importan un comino. Y los alumnos, menos.

Por qué la izquierda.

En la historia de Occidente ha habido tres momentos de especial importancia en los que se han opuesto dos concepciones del mundo, la de la ciencia y la de la religión, la que va en busca de la verdad, avanza en el conocimiento de la naturaleza y contribuye a la emancipación de los seres humanos y la que se atiene al dogma, obstaculiza el avance del conocimiento y no quiere la emancipación sino la sumisión de los seres humanos. Es la lucha sempiterna entre la razón y la fe que el Papa Benedicto quiere resolver dando primacía a la segunda sobre la primera y la izquierda, como la ve Palinuro, procediendo al revés, dando primacía a la razón sobre la fe.

Los tres momentos citados son el redescubrimiento del cuerpo filosófico aristotélico en el siglo XII; el giro copernicano del triunfo del heliocentrismo sobre el geocentrismo en los siglos XVI y XVII; y la formulación de la teoría darwinista de la evolución de las especies en el siglo XIX. En las tres ocasiones la Iglesia se opuso al descubrimiento, a la novedad, a las teorías científicas. En el caso del aristotelismo, un sistema filosófico completo que ignoraba la idea de Dios, lo que hizo la Iglesia fue casarlo con ese mismo Dios a través de la obra de Santo Tomás, gracias a la cual Aristóteles pasó a ser objeto él mismo de dogma, algo que no casa nada con el estagirita, pero permitió perseguir las discrepancias filosóficas como herejías y actuar en contundente consecuencia. El tomismo sigue siendo la filosofía oficial de la Iglesia, sea en vertientes "progresivas" o "tradicionales".

Frente a la teoría copernicana, la Iglesia reaccionó con mayor virulencia, si cabe, y menos contemplaciones. Censuró, persiguió, encarceló, torturó y asesinó gente por sostener ideas que hoy nadie cuestiona, ni los curas. Porque respecto a la metafísica aristotélica se puede debatir, pero no del hecho de que la tierra sea redonda y gire en torno al sol. La Iglesia ha pedido perdón por algunas de las barbaridades más escandalosa, como los asesinatos de Savonarola y Bruno. Pero la cuestión no es pedir perdón por los excesos sino reconocer que estos son producto de una teoría perversa que consiste en arrogarse el derecho a decidir lo que los demás pueden pensar. Una monstruosidad.

La polémica del darwinismo llega a nuestros días pues la Iglesia no acepta la teoría del origen de las especies por evolución y sigue aferrada a la concepción creacionista, entendiendo la fábula bíblica en sentido metafórico pero como esencialmente cierta. Hoy el creacionismo renace y cobra fuerza en las llamadas teorías del diseño inteligente, ampliamente favorecidas por la derecha y la extrema derecha de carácter confesional sobre todo en los Estados Unidos y cada vez en más países en los que se intenta sustituir en la enseñanza la concepción darwinista por la creacionista.

Este último es un dato esencial porque apunta al hecho de la alianza permanente de la Iglesia (sobre todo la católica) con la derecha y con sus regímenes políticos, incluso cuando son dictaduras. No hace falta recordar aquí que se habla de la Iglesia, no de los cristianos. Nadie ignora que hay muchos cristianos que se oponen a la Iglesia por una serie variada de razones. Es la Iglesia la que normalmente forma alianza con la derecha y sus formas políticas. Lo cual explica por qué la izquierda tiene que estar enfrentada a ella, no a los cristianos.

El maridaje Iglesia-poder político favorece un discurso basado en la idea de la división de los seres humanos que tiene diversas formas a lo largo de la historia pero siempre acaban en lo mismo: los que mandan y los que obedecen. La idea de que todos los seres humanos tenemos el mismo valor y, por lo tanto, somos iguales y merecemos vivir en libertad es la izquierda. La igualdad en libertad, sin que sea prudente favorecer a la una sobre la otra.

Aparentemente todo el mundo está de acuerdo en la propuesta. Es más, basta con mirar en torno nuestro: vivimos en sociedades básicamente libres y tratamos de que sean igualitarias. Para la izquierda, sin embargo, la libertad e igualdad existentes dejan mucho que desear. No hay libertad si no hay igualdad. Y no hay igualdad si ésta se limita a ser igualdad ante la ley, condición necesaria, pero no suficiente, entre otras cosas porque las leyes se cambian ya que son producto de la razón.

Es verdad que la desigualdad presente parece no ser tal pues encaja en la igualdad ante la ley y ya no hay privilegios nobiliarios o de otros tipos. Nadie habla de señores y siervos, nobles y villanos, ni siquiera burgueses y proletarios. Pero eso no quiere decir que no siga habiendo la dicotomía entre los que mandan y los que obedecen, los de arriba y los de abajo. Lo que sucede es que, en la sociedad neoliberal, que marcha a toda máquina al restablecimiento de condiciones materiales del capitalismo primitivo y la moral victoriana con toques calvinistas, la división es entre los justos, que son los triunfadores, y los injustos, que son los fracasdos. Y mientras eso siga siendo así, la izquierda será necesaria.

(La imagen es una reproducción de un cuadro de Jacques Réattu, titulado El triunfo de la libertad (1794/95) que está en el dominio público).