Es una gran noticia que el pleno de lo penal de la Audiencia Nacional (AN), por unanimidad, haya revocado el procesamiento de los tres mandos policiales por el presunto chivatazo del bar Faisán. Hubiera sido mejor que la sala hubiera decretado que, en realidad, no hay caso y que el procesamiento de los tres funcionarios más parece una causa política por asuntos muy ajenos a ellos y que, en el fondo, trata de atacar la candidatura de Pérez Rubalcaba a la presidencia del Gobierno pues era ministro del Interior cuando los hechos supuestamente se produjeron. Pero, hasta donde llega, es un alivio y, si sostiene que parece hubo delito, dice también que no hay pruebas suficientes contra los policías, con lo que estos tienen un merecido respiro en la campaña mediática y las continuas interpelaciones parlamentarias del PP que son un verdadero juicio paralelo que dura ya años y ha tenido que causarles mucho quebranto psicológico. Algo de lo que Palinuro, al menos, se siente avergonzado en nombre de la sociedad española que no ha sabido devolver bien por bien ni proteger de la infamia por infames intereses políticos a quienes han sido instrumentalizados en una estrategia innoble.
Al lado personal y humano del hecho hay que añadir el colectivo e institucional de que, al plantearse como un ataque al Gobierno, esta acción judicial ha hecho mucho daño a la lucha antiterrorista que, como es obvio, debe ser una asunto de Estado, por encima de los intereses de los partidos. Al acusar a la policía del delito de colaboración con banda armada y dar a entender que es instigado por el ministro del Interior, el efecto, objetivamente hablando, es debilitar la lucha del gobierno contra el terrorismo. Que esto además se haga en contra del gobierno que ha conseguido de hecho derrotar a ETA que ahora sólo mide los plazos para anunciar su disolución es notoriamente injusto.
Pero es la estrategia del PP, que se ha personado en el proceso en calidad de acusación popular, esa figura que permite a un partido político acusar a otro en sede judicial de forma seguramente temeraria. Una estrategia que, al parecer, está pensada por Federico Trillo, exministro de Justicia y responsable de esta materia en el PP. Es curioso; el señor Trillo, especialista en Shakespeare, debe sentirse como Hamlet, al que perseguía la sombra de su padre, vilmente asesinado. En el caso del exministro las sombras son las de 62 y militares españoles muertos en circunstancias que los tribunales encontraron delictivas y por las que condenaron a penas de prisión a otros mandos militares de los cuales Trillo era el responsable político. Es posible que Trillo no sienta esas sombras porque la conciencia es una mar abierta; Palinuro viviría angustiado.
Federico Trillo es patrono de la fundación FAES en cuya página web se dice que: vinculada al Partido Popular desde su creación, en 1989, la Fundación FAES está presidida por José María Aznar. Muchos otros patronos de la FAES (Aguirre y otros) han reiterado en público la idea de que el caso Faisán revela colaboración con banda armada y Rubalcaba está inhabilitado como candidato a la presidencia del Gobierno. Por descontado, siendo el responsable de Justicia del PP y coordinador de su estrategia judicial al tiempo que patrono de la FAES, Trillo está en inmejorable posición para llevar a buen puerto esa estrategia.
Pero no sólo él. También podría colaborar en la tarea el inefable magistrado Enrique López, de la citada sala de la AN y principal adalid de la idea de la colaboración con banda armada, al tiempo que estrecho colaborador de la FAES, en la que ha impartido 63 seminarios y, al parecer, retribuidos, si bien no sabemos en cuánto, lo cual no está bien pues la financiación de la FAES es básicamente pública. Aun así, el magistrado López no tiene intención de inhibirse en la causa. Es asombrosa la falta de sensibilidad de la derecha política o judicial frente a estos asuntos morales. Los mismos que pidieron y consiguieron apartar al magistrado Pérez Tremps del Constitucional porque había redactado antaño un informe para la Generalitat o que pidieron y obtuvieron la dimisiòn del ministro Bermejo por haberse ido de cacería con el juez Garzón, son los que ahora se niegan a dimitir por asuntos más clamorosos. Y tanto como que la cacería ahora no sería de animales sino de personas. Tampoco hay que extrañarse mucho a la vista de lo que tardó Camps en hacer lo que no tenía otro remedio que hacer.
Por eso el caso Faisán es en realidad el caso FAESAN en el que se sacan las cosas de quicio quizá con la intención de atropellar a tres funcionarios con una gran hoja de servicios en la lucha contra ETA, de involucrar al gobierno en una inverosímil colaboración con banda armada cuyo resultado sólo podría ser que descarrilara el actual proceso de normalización en el País Vasco, la primera esperanza sólida de paz en más de treinta y cinco años.
Aplausos del respetable.
