El orden público.

Este del "oden público" es un concepto muy complicado por ser muy subjetivo. Lo que unos llaman "orden", otros lo llaman "desorden". Es decir, es interpretable, aunque la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, parezca creer que es un concepto unívoco, como "piedra pómez", por ejemplo, y coincidente al dedillo con su idea del orden público. Una idea maximalista, cual se echa de ver en el desmesurado lenguaje que emplea al referirse al movimiento/marea ocupa el congreso como un golpe de Estado encubierto. Si se le hace el favor de no preguntarle qué diantres quiera decir "encubierto", el solo término golpe de Estado pone el orden público en términos militares. En un golpe de Estado tiene que intervenir el ejército, por supuesto. Pero solo si se acepta el disparate de llamar a un movimiento cívico pacífico golpe de Estado.

La gestión hasta la fecha de Cifuentes muestra una jefa de la policía con una idea del orden público en la tradición reaccionaria de ¡El orden reina en Varsovia! o ¡El orden reina en Berlín!, en el eco que se hizo Rosa Luxembourg, horas antes de que la asesinaran. El orden del silencio, de la represión. La diferencia entre Cifuentes y quienes mandaban a los soldados a asesinar civiles es que ahora, de momento, no hace falta recurrir a tales brutalidades pues se dispone de una amplísima panoplia de medios tecnológicos avanzados que permiten reprimir preventivamente las alteraciones del orden público. La palabra mágica es prevención, siempre mejor, se dice, que la represión. Eso depende, como siempre, de qué se quiera prevenir. Puede llevar, por ejemplo, a detener gente porque se supone que tiene intención de cometer un delito. Que es exactamente lo que hacía Franco, mandando detener a todos los desafectos de los lugares que pensaba visitar, que figuraban en listas de la policía y la Guardia Civil.

Listas como las que Cifuentes dice tener, con unos mil sospechosos identificados. Listas ilegales. Los tribunales de justicia deben entender en el caso de una autoridad que recopila datos de los ciudadanos sin la autorización de estos, sin mandato judicial, por meras sospechas. Es cierto que los ciudadanos están denunciando a la policía por identificaciones intimidatorias de carácter político y detenciones ilegales. Y hacen muy bien. Pero es necesario igualmente denunciar ante los tribunales el hecho de que la delegación del gobierno espíe a la gente y confeccione listas de sospechosos.

En los tiempos de la cameralística y en el siglo de oro del derecho público español, al recto gobierno de la colectividad se le decía policiar el reino y un tratado de policía era, en realidad, uno de política. Más tarde, cuando las dos se escindieron y la política ascendió a los grandes temas de Estado, la policía se quedó en una actividad pretendidamente técnica de garantía del orden público. Como tal actividad supuestamente técnica tiende a aislarse de la política, a independizarse, a convertirse en un Estado dentro del Estado; el Estado policía. Es el peligro de las concepciones autoritarias del orden público al estilo de Cifuentes. Y por las listas se empieza.

Porque las listas son solamente una pieza de un plan diseñado por Cifuentes para atemorizar a la población de Madrid. Además de emplear conceptos tremebundos y espiar a la población, la delegada del gobierno se vale de la policía para merodear por las calles hostigando a los ciudadanos, provocándolos y amenazándolos con detenerlos si van a la manifa del 25S. Es decir, Cifuentes basa el orden público en una táctica de desvertebrar el movimiento antes de que este haya podido actuar dentro de la más estricta legalidad, pero presuponiendo la ilegalidad. Para aflorar esta se empieza actuando a su vez de forma ilegal, provocando, tratando de encender conflictos que justifiquen la represión abierta y se termina comulgando con la idea del orden público de Martínez Anido, buen modelo para Cifuentes, y el somatén. Dicho en otros términos, el orden público basado en la intimidación y el miedo. Un orden público fascista.

Como, a pesar de todo, estamos en algo parecido a una democracia, a la hora de justificar las detenciones, la jefa de la policía tiene que esgrimir un delito y este es indefectiblemente el de resistencia a la autoridad que, por supuesto, se inventa cada vez que lo enuncia. Por desgracia para Cifuentes, los ciudadanos van ya por la calle con móviles, tablets y demás artilugios para grabar lo que sucede y bien a la vista está que las detenciones del día 15 se hicieron por la pancarta. Lógicamente, todo ciudadano al que se detiene arbitrariamente no solo puede sino que debe resistirse a que se le prive del derecho fundamental de libre circulación si no es en debido proceso. Convertir esa legítima defensa en la causa originaria de la detención es una desvergüenza que la señora Cifuentes debiera tener el decoro de evitarnos.

Su concepción del orden público arbitraria, provocadora, llena de incidentes de infiltrados, sesgada hacia los católicos y la ultraderecha y hostil a todo movimiento ciudadano democrático y libre es una fórmula muy eficaz para provocar un conflicto civil. No será la primera vez que se da un golpe de Estado con la excusa de evitar un golpe de Estado.

El fascismo es esto.

En su todavía breve mandato, Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, ha hecho méritos suficientes para comparecer ante una comisión parlamentaria de investigación que le ayude a entender la diferencia entre una policía democrática y la de un país fascista.

Desde el momento de su toma de posesión, esta mujer, cuyo marido resulta ser un prófugo de la justicia, mostró profunda hostilidad hacia el movimiento de los indignados y los intentos de la gente de ejercitar sus derechos de reunión y manifestación. De la hostilidad a la manipulación, el embuste y la provocación no hay más que un paso. Son ya reiteradas las ocasiones en que su departamento tolera que los grupos reaccionarios, ultracatólicos y fascistas (o sea, los suyos) se apoderen de la calle mientras restringe hasta intentar yugularlas las actividades de las agrupaciones y asociaciones democráticas, librepensadoras y ateas. Aplica tan escandalosa doble vara de medir que ya debería estar en los juzgados. Por ejemplo: los ateos y librepensadores no podían manifestarse en Madrid en Pascua porque había riesgo de violencia al cruzarse con las procesiones de los comecirios. Pero ayer los fascistas podían manifestarse por Madrid durante los actos de protesta contra el gobierno. ¿Su finalidad con esta provocación? Ver si, efecto se produce violencia que justifique la intervención policial y la criminalización de los demócratas a través de las acusaciones normalmente inventadas de la policía.

Su finalidad, que ella cree muy astuta, es esa: provocar alteraciones de orden público para reprimir a mansalva. Y está tan segura de lo acertado de su política que hace unos días se jactaba de tener listas con los nombres de los elementos más activos en las protestas. Solo esta confesión hubiera bastado para que, en cualquier país democrático de Europa, el gobierno la hubiera expulsado del cargo de una patada en el culo. Aquí, no. Aquí, al contrario, Cifuentes tuvo hoy a la policía, empleada como fuerza de choque, guardia pretoriana o guardia de asalto, intimidando y hostigando ciudadanos pacíficos en Madrid, identificando y amenazando a la gente que, en uso de sus derechos constitucionales, estaba reunida en el Retiro. Al que se resiste lo detienen.

Cifuentes, digna discípula del Fraga ministro del Interior de un gobierno fascista, también piensa que la "calle es suya". La calle, la plaza, los jardines, todo espacio público debe estar cerrado a la protesta y emplearse para perseguir a la gente y aporrearla.

Eso es puro fascismo.

Como también lo son las reformas de los ministros Wert y Gallardón en Educación y Justicia respectivamente. Un fascismo más engolado, circunspecto, aparentemente más civilizado que el de la policía Cifuentes, pero igual de siniestro y mucho más repugnante porque es hipócrita y pretende ser otra cosa. Antonio Avendaño publica hoy en digital publico.es un magnífico artículo titulado La doble traición de Wert y Gallardón en el que muestra su decepción porque estos dos ministros, que pasaban por ser parte de la derecha civilizada, hayan resultado los más carcundas, ultramontanos, reaccionarios y clericales. Que se restablezca pronto del disgusto y aprenda a no confiar más en las mentiras de estos nacionalcatólicos encubiertos que compensan la conciencia de su mediocridad con un profundo sentimiento fascista que termina aflorando siempre.

Que las reformas de Wert hunden la educación como servicio público gratuito de calidad en todos los niveles y que la entrega al nacionalcatolicismo más retrógrado ya no es un secreto para nadie.

Más nuevo es el ataque de Gallardón a los derechos y libertades básicos de los ciudadanos. Las primeras víctimas, las mujeres, a quienes este monaguillo de la jerarquía ha negado el derecho al aborto para satisfacer el oscurantismo de la secta católica al que ajusta su comportamiento. Y detrás de las mujeres, vienen los homosexuales, a quienes reduce a ciudadanos de segunda por no tener derechos iguales que los otros y a los que en poco tiempo, empezará a perseguirse de nuevo con la entusiasta colaboración de los curas, incluidos por supuesto, los pederastas, que suelen ser los peores enemigos de la igualdad en asuntos sexuales.

El fascismo gallardónico emerge ahora con la proyectada reforma del Código Penal. Palinuro lo ha dicho a menudo: siempre que la derecha gobierna, lo primero que hace es actualizar las prisiones, los tribunales, la policía, el código penal. Es su mentalidad autoritaria: los problemas sociales se arreglan metiendo a la gente en la cárcelo. Esta reforma pone la justicia a los pies del ministerio del interior y al servicio de la arbitrariedad policial: tipifica como delitos comportamientos como la resistencia pasiva que no lo son en ningún país del mundo, pretende criminalizar la desobediencia civil, que es la forma más honrada y moral de protestar en democracia y negar la libertad de expresión en las redes, algo tan evidentemente fascista que hasta da reparos al propio Gallardón, quien está tratando de suavizar la censura y la persecución.

Las respuestas de la oposición extraparlamentaria y parlamentaria a esta orgía de fascismo represor debe ser siempre la misma: mantener la no violencia a toda costa, no responder a las provocaciones, emplear la legalidad en legítima defensa, denunciar todas las conductas ilegales de las fuerzas de represión y recurrir por obviamente inconstitucionales las reformas de Gallardón todas ellas al servicio de la iglesia y de un gobierno que, no pudiendo responder democráticamente ante los ciudadanos, prefiere atemorizarlos, perseguirlos, amenazarlos, detenerlos arbitrariamente, abusar de ellos y condenarlos injustamente.

Fascismo.

(La imagen es una foto de Popicinio_01, bajo licencia Creative Commons).

Portugal/España.

Tengo edad para recordar la "Revolución de los claveles" de 1974 en Portugal. En esta especie de guerra mundial fragmentaria en que la izquierda ve el mundo, aún estábamos lamentándonos por la derrota sufrida en Chile en septiembre de 1973, cuando el golpe de Estado de Augusto Pinochet con el beneplácito del Departamento de Estado de los EEUU, dirigido por Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz. Reflexionando sobre el fin de Allende, en Italia Enrico Berlinguer, secretario general del poderoso PCI, lanzaba su propuesta de compromiso histórico pidiendo un gobierno conjunto de cristianodemócratas y comunistas. Y, de pronto, en un abril florido, cuando nadie se lo esperaba, los oficiales del ejército con mando en tropa en Portugal se sublevan contra la dictadura de Marcelo Caetano, un subcaudillo que había sucedido en 1967 al padre de la patria y fundador del Estado Novo, Oliveira Salazar. No quieren seguir yendo a la guerra de las colonias, Angola y Mozambique en las que proliferan guerrillas de liberación, guerra que dura ya más de diez años, es una ruina y no se ganará nunca. Los capitanes insurrectos constituyen una especie de junta revolucionaria cuyos proyectos ponen los pelos de punta a los aliados de Portugal en la OTAN.

La Revolución de los claveles causó gran impacto en España, en donde normalmente no se sabe nada acerca de Portugal porque ambos países viven de espaldas el uno al otro. Los españoles se removían inquietos en lo que luego se vería fueron los meses últimos de la dictadura. En diciembre de 1973 murió en atentado Carrero Blanco. Lo substituyó un don Nadie de pasado siniestro, Arias Navarro, quien inició en febrero de 1974 una confusa operación aparentemente aperturista con ánimo de parecer que hacía algo por adaptar la dictadura a los nuevos tiempos. A esa fábula se llamó entonces el espíritu del 12 de febrero por la fecha del consabido discursito de Arias. Así que cuando llegó la noticia de Portugal en abril de 1974, los españoles se exaltaron pensando que quizá el ejército español hiciera lo mismo que el portugués. De hecho por entonces se había constituido una Unión Militar Democrática (UMD) con oficiales y jefes de tendencia democrática e izquierdista sobre los que recayó la más dura de las represiones. En todo caso, era un consuelo pensar que lo que había pasado en Portugal podría pasar en España.

Igual que ahora. De vuelta de la manifa de ayer, pudieron verse las imágenes de lo que estaba pasando en Lisboa en donde la gente puso cerco simbólico al Parlamento. Es decir, lo que está previsto que hagamos los españoles el 25S. Las políticas neoliberales frente a la crisis adoptadas por los gobiernos a ojos cerrados por imposición, indicación, sugerencia o empujón de unos u otros órganos internacionales encuentran cada vez mayor contestación en la calle. Puede llegar un momento en que deba aplicarse un razonamiento de costes-beneficios y, en concreto, qué sea más caro si seguir con las políticas neoliberales o reprimir manifestaciones de descontento popular que pueden llegar a situaciones der conflicto incluso con violencia.

Rajoy y la derecha en general razonan que en democracia deciden las urnas y lo hacen por cuatro años, especialmente si la decisión fue de mayoría absoluta. No hay por qué atender a ningún otro factor como no sea el hecho de que el gobierno tiene un mandato claro de once millones de electores. Lo que sucede es que eso no es cierto puesto que el mandato era para la aplicación de un programa anunciado repetida y taxativamente por Rajoy antes de las elecciones del que no se ha aplicado ni el primer enunciado. Para las políticas reales que el presidente está adoptando no tiene más mandato que el de Angela Merkel que, por muy buena persona que sea, no experimentará un sentimiento especialmente cercano por la situación española.

La legitimidad del gobierno español es harto cuestionable y, a juicio de Palinuro, Rajoy debiera convocar nuevas elecciones o, cuando menos, un referéndum para ver el respaldo real de sus políticas. No obstante, lo más probable es que siga como hasta la fecha, esperando que sus medidas den resultados antes de 2016 a efectos de no perder las elecciones. Que estas son lo único que le importa se deduce del hecho de que se apresta a hacer con las vascas y gallegas lo que hizo con las andaluzas, esto es, ocultar sus decisiones restrictivas hasta después de las consultas, para no correr el riesgo de perderlas. Así es como hay que matizar la continua referencia de Rajoy y Cospedal al interés general de los españoles. El interés general de los españoles para ellos es el del PP. Y para que así conste, RTVE ha tenido la gentileza de transmitir en directo y tiempo real una escuela de verano del PP en Gandía, una actividad puramente partidista en la que los jefes del PP han ensalzado sus políticas y puesto de chupa de dómine a la oposición que no puede responder porque se trata de un acto privado. Son militantes del PP, cachorros que reciben doctrina y, de paso, la comparten con el resto de la audiencia, quiera la audiencia o no y siendo ella la que paga. Si esto no es fascismo, que el espíritu de Mussolini lo diga.

Muy bien. Hay que seguir.

La manifa de hoy ha sido un éxito, reconocido por todos y seguido en especial por los medios extranjeros, esos que tienen profesionalidad y creen que informar no consiste en propagar las mentiras del gobierno de turno, como hace la prensa española de la derecha, El Mundo, el ABC y La Razón. Y ha sido un éxito porque ha cubierto con creces los objetivos que nos proponíamos: juntarnos después del verano, mandar un aviso al gobierno de que tiene contestación en la calle ya que su mayoría absoluta en el Congreso ha convertido a este en un remedo de las cortes franquistas, ver la actitud de las autoridades y estudiar posteriores acciones. Porque esto no es más que el comienzo. La contestación real de la gente a la permanente agresión del gobierno a todos los sectores populares acaba de empezar. La manifa ha sido unitaria y por vez primera se ha podido comprobar realmente que si la izquierda se une puede alcanzar sus objetivos.

Ya han comenzado las discrepancias en cuanto a la asistencia. Los organizadores de la manifa hablan de más de un millón y medio de personas y las oficinas gubernativas, de 65.000. ¿Qué más le da? Lo suyo es abusar de la función comunicativa poniéndola al servicio de sus intereses, mentir descaradamente. Y lo cierto es que no aprenden. Tratar de engañar a todo el mundo en un asunto que todo el mundo ha visto directamente en la TV solo prueba el fondo fascista de quien se inventa estas cifras que, por lo demás, no sirven para nada. Si de verdad hubiera habido 65.000 personas, la derecha ya habría cantado victoria y anunciaría una nueva escalada de recortes y medidas restrictivas. No lo hacen porque saben que la manifa ha sido multitudinaria y no se atreven a actuar hasta haber calibrado bien la situación. Por supuesto, Cifuentes puede seguir mintiendo con los 65.000. La pagan para eso y lo hace con una impudicia total. Pero eso no le impide incurrir en el ridículo. La Plaza de Colón estaba hoy tan llena como el día en que Rouco montó el espectáculo de la JMJ. Pero entonces, según la misma fuente de embustes, había más de un millón de personas y hoy solo 65.000. Y menos mal que no han consultado con Aguirre quien hubiera preguntado con sorna y su habitual desprecio a la gente del común: "¡Ah! Pero ¿ha habido una manifestación"?

La respuesta del gobierno, como siempre, ha sido de dos tipos: la represiva y la ideológica. La represiva, a cargo de nuevo de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, prueba que la voluntad de los gobernantes es pasar por encima de la opinión pública si pueden, ignorar las reclamaciones de la gente y seguir con sus políticas de agresión a los derechos de toda la ciudadanía. La citada Cifuentes despliega una verdadera panoplia de medidas, trucos y ardides propios de los regímenes fascistas: empleo masivo e intimidatorio de la fuerza pública, listas negras, detenciones arbitrarias, maltrato a la población, impunidad para los agentes que se extralimiten. El caso es actuar sembrando el miedo y el terror. Eso, Cifuentes lo borda.

La ideológica se la han encargado a la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, una mujer cuya capacidad para el cinismo, la falta de respeto y la demagogia deja chica a Esperanza Aguirre, su mentora. Esta política cobra indebidamente dos sueldos del Estado por valor de más de 200.000€ al año (es decir, que está esquilmando el erario público con toda inmoralidad) y pretende suprimir el salario de los diputados, lo cual es de un cinismo sorprendente. Es también la que sostiene que el PP es "el partido de los trabajadores", un partido cuyos cargos públicos suelen ser banqueros, empresarios, ricos y nobles. Es la misma que ha tenido la desfachatez de tomarse a guasa la manifa de hoy asegurando que, si nos manifestamos, así aprovechamos para vernos. Lo ha dicho en el curso de la Universidad de verano del PP en Gandía, acontecimiento estrictamente partidista que la RTVE ha transmitido íntegro en directo, fiel a su oficio de portavoz y mamporrera oficial del gobierno. En ese clima de abyección en el que un medio público se convierte en vocero de un partido (como Telemadrid o Canal Nou en Valencia), esta agresiva demagoga ha demostrado una vez más la verdad del viejo adagio de que aquel a quien los dioses quieren perder primero lo vuelven loco. O loca.
Está claro: la manifa ha sido un éxito pero solo es el comienzo. Este gobierno de derecha rabiosa sabe quje no tendrá otra oportunidad y que tiene que alcanzar todos sus objetivos con celeridad, especialmente el desmantelamiento del Estado del bienestar y la supresión de los derechos de los trabajadores. Por eso hay que seguir. Esta manifestación no es más que el reinicio de la movilización social permanente. Si el gobierno no rectifica, que no rectificará, el siguiente objetivo debe ser ya la huelga general indefinida. Hasta que se vayan estos usurpadores o consigan el respaldo popular a lo que están haciendo y sin estafar, como hicieron en las elecciones del 20N.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia Creative Commons).

El gobierno contra el pueblo (y 2).

Si alguien está buscando una razón o motivo para manifestarse hoy en contra de la política del gobierno, no tiene más que informarse entre quienes tenemos pensado ir porque, por lo que he pedido leer, acudimos los más diversos colectivos agraviados por la acción gubernativa. Esta se caracteriza por los dos factores citados en la entrada de ayer (El gobierno contra el pueblo), esto es, el empobrecimiento general de la población a la que, con la excusa de la crisis económica y la necesidad de luchar contra ella, se despoja de sus derechos y el intento de adoctrinarla a la fuerza en los postulados ideológicos de la derecha, esto es, el neoliberalismo a la par con el más rancio nacionalcatolicismo.

El aumento de las tasas de la justicia pone fin de hecho al principio de la justicia gratuita. Pleitear se hace más costoso y queda fuera de los presupuestos más endebles. El ministro de Justicia, quien siempre cultivó una imagen de conservador moderado, se ha revelado como un retrógrado y un paladín de los dogmas de la iglesia e, igual que castiga el bolsillo de los justiciables, niega a las mujeres el derecho al aborto. Y, en previsión de que estas y otras medidas restrictivas e injustas de sus compañeros de gabinete provoquen reacciones airadas de los sectores afectados, ha hecho lo que los conservadores hacen siempre, endurecer el código penal, castigar, reprimir, recurriendo incluso a una figura de "prisión permanente revisable", que es una forma disimulada de cadena perpetua. Y no se reintroduce la pena de muerte porque, al menos de momento, no hay modo de disimularla.

Hay sectores enteros de la población directamente agredidos por medidas singulares del gobierno que faltan enteramente a la equidad. La llamada "reforma laboral" no es otra cosa que la supresión de los derechos de los trabajadores frente a los patronos. El gobierno ha adaptado las relaciones contractuales laborales a las exigencias de una de las partes en el contrato, de los empresarios, dejando a los trabajadores a su merced, que es muy poca.

Entre los trabajadores, los funcionarios reciben un tratamiento especialmente duro: además de rebajarles el sueldo, aumentarles la jornada laboral, retrasarles la edad de jubilación, se los somete a una campaña permanente de descrédito, tratándolos poco menos que de vagos que viven del erario público, amenazándolos con despedirlos en cuanto se pueda.

En materia de sanidad, que afecta a todos los ciudadanos, el desmantelamiento del servicio público está muy avanzado : el repago de los medicamentos, los recortes de prestaciones, la exclusión de grupos de población atendibles, el empeoramiento de las condiciones generales trazan un panorama desolador en cuanto al respeto del derecho a la salud.

Todas estas medidas restrictivas configuran al gobierno como enemigo de su propio pueblo, sobre todo cuando se observa que en su acción privilegia descaradamente a los sectores que son su fuente de legitimidad: la iglesia no ha sufrido el más mínimo recorte en sus copiosos ingresos a cuenta del erario público, cosa que se explica por el nacionalcatolicismo del gobierno y el lado ideológico de su acción. Tampoco lo han sufrido las empresas, las grandes fortunas, los bancos sino que, al contrario, se les ha beneficiado vía tratamiento fiscal benévolo (llegándose a amnistiar el fraude) o mediante aportaciones directas en miles de millones que hay para esto pero no para la educación o la sanidad.

Es la coexistencia de tres factores, una corrupción galopante, un sistema de privilegios escandalosos de la minoría y una política que exige sacrificios y privaciones a la mayoría la que está provocando un estado de tensión social muy fuerte.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

El gobierno contra el pueblo.

A veces me pregunto si los consejos de ministros no serán reñidas competiciones entre los ministros por ver quién cae mejor al jefe, quién cumple mejor sus designios, quien asesta golpes más duros a la población que depende de los departamentos que cada uno de ellos regenta, quién oprime y explota más al pueblo. Consejo tras consejo y rueda de prensa posterior tras rueda de prensa posterior, la imagen es la de una rivalidad por ser más el más duro, el más eficaz a la hora de hacer imposible la vida a la gente sencilla, imponerle más gastos, tasas, tributos, gabelas y todo tipo de sisas y socaliñas, a la hora de reprimirla, explotarla, adoctrinarla y tratar de estupidizarla a imagen y semejanza de los ministros de menor coeficiente intelectual, estilo Wert o Báñez.

El objetivo del gobierno está ya claro. No porque su responsable, Rajoy, lo expusiera en su momento, esto es, en la campaña electoral, en la que dijo lo contrario de lo que está haciendo, lo cual le permitió ganar las elecciones por la socorrida vía de la estafa, sino porque las medidas adoptadas hasta la fecha no dejan lugar a dudas: consiste en desmantelar el Estado del bienestar, despojar a la población en general y los trabajadores en particular de todos los derechos conquistados en los últimos 150 años, convertir un pueblo de ciudadanos en otro de vasallos atemorizados. Es una pretensión perfectamente analizada y expuesta en un magnífico artículo de Joaquim Bosch en Público, titulado Perspectivas de ruptura constitucional. Como magistrado, lo que más indigna a Bosch es la sistemática violación y negación de los derechos económicos y sociales, esto es, la sañuda agresión del gobierno al bienestar de la gente y los trabajadores. Le parece escandaloso, sobre todo, imagino, en un gobierno que está lleno de juristas. Piense, no obstante, que se trata de juristas de tres al cuarto todos ellos al servicio de los empresarios y el capital, cuya valoración de los derechos de la población -que ven como límite a sus codicia infinita- es inferior a cero.

Se trata de una política ciega, estúpida, funesta que tiene como resultado a corto plazo el empobrecimiento general de la población, su exclusión de los servicios elementales, como la educación o la sanidad. Una política que los ideólogos del pesebre derechista -una miriada, esperando que la enchufen en suculentos puestos en medios de comunicación, organismos estatales, fundaciones, universidades- sostienen que es de sacrificio momentáneo inevitable que se verá compensado con la recuperación en el medio plazo. Saben de sobra que es mentira, que no hay recuperación en el medio plazo, sino más sacrificios y más empobrecimiento dado que los recortes impiden que aumente el consumo, único motor real de la economía.

Así que los ministros han aprendido perfectamente la lección: se trata de llegar a los Consejos cada semana con una propuesta nueva para empobrecer más a la población y para reprimirla más ideológicamente. Estas son las dos piernas sobre las que camina la labor de gobierno de Rajoy: reducir drásticamente el nivel de vida de la gente, mandarla al paro, echarla de sus casas, dejarla sin subvenciones ni subsidios ni medicamentos y, al mismo tiempo, adoctrinarla ideológicamente, imponerle mediante la censura y el control de los medios de comunicación las nuevas concepciones de este neofascismo hispano: miseria y nacionalcatolicismo al mismo tiempo.

El ministro más aventajado en este doble terreno de aunar empobrecimiento general con adoctrinamiento es Wert lo cual seguramente explica por qué es el peor valorado del gobierno. Queriendo sentar plaza de cool killer, este petulante tertuliano de extrema derecha ha subido las tasas de todos los niveles educativos, poniendo de hecho la educación fuera del alcance de los sectores menos favorecidos de la población, ha suprimido la Educación para la ciudadanía y la ha sustituido por una materia de adotrinamiento nacionalcatólico grata a los curas y, para mayor solaz de la iglesia, no solo mantiene los privilegios de la educación "concertada" (una estafa por la que los curas y otros negociantes de la educación consiguen que el Estado cargue con sus gastos, blindando así sus beneficios), sino que está dispuesto a financiar la enseñanza segregada por sexos, en contra de todas las declaraciones de derechos habidas y por haber, de la reiterada jurisprudencia de todo tipo de tribunales; en contra de lo que dicta la experiencia y el sentido común.

Suele este ministro emplear argumentos especiosos que deben de parecerle muy inteligentes, en favor de la educación segregada que tanto complace a los curas, uno de los cuales -asombroso por su estolidez de fondo- es que no es cierto que la educación segregada persiga finalidades discriminatorias, incluso alude vagarosamente a algún estudio imaginario que así lo prueba. Perfecto. Vamos a suponer que sea así, ¿puede esta lumbrera decir qué otras finalidades persigue la segregación por sexo? Porque si no es una discriminatoria, será alguna otra. ¿Cuál?

El resto de los ministros cumplen también el programa de ataque a la democracia, al Estado de Derecho, al Estado del bienestar, a la población en general, que es estrategia de la derecha. Cada uno en su estilo pero todos a una fuenteovejuna.

Dicha estrategia es no solamente injusta sino necia: empobreciendo a la población, despojándola de sus derechos, reprimiéndola y adoctrinándola, a base de provocaciones, la llevan a un punto en el que cada vez es más posible un estallido social. En realidad ya es asombroso que hayamos aguantado hasta aquí a este puñado de lacayos del capital puestos a arruinar el país y hacer que la gente pague por las estafas de banqueros y financieros.

Palinuro ha echado cuentas también de la política profundamente antipopular del partido popular en los demás ministerios. Para no hacer indebidamente larga esta entrada, las explicará en la siguiente.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La involución.

Con la declaración de bienes del Congreso puede verse que los miembros del gobierno son gente pudiente, gente rica, alguno millonario y algún otro, multimillonario, como ese Secretario de Estado (una especie de viceministro) que apalea los millones. Un gobierno de ricos nunca podrá ser un gobierno justo, cosa que saben y a la vez predican los cristianos a partir de sus Evangelios. Lo más probable es que un gobierno de ricos gobierne en favor de los ricos, como lo hace este.

De ningún modo, sostiene Rajoy, quien argumenta que el interés general de los españoles es su único criterio a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué no? ¿Por qué no admitir que alguna vez diga la verdad? Es posible, solo que esa verdad es enrevesada pues su único criterio es lo que él entiende por "interés general" y que puede coincidir con dicho interés general o no. Desde el punto de vista de los empresarios ellos mismos son el interés general puesto ellos son quienes crean empleo. Y este es el punto de vista de Rajoy. El de los empresarios.

Al mismo tiempo el gobierno se ha planteado una política de involución muy acusada y muy rápida. La velocidad a que se están desmantelando los servicios públicos de educación y sanidad es la que ha traído la reforma de la Ley del aborto para negar que este sea un derecho en ninguna circunstancia.La crisis es el pretexto que se invoca para imponer la ideología del PP que en este terreno es el nacionalcatolicismo.

En función de ese criterio empresarial acerca del interés general de los españoles se ha aprobado una reforma laboral que deja a los trabajadores prácticamente sin derechos, empezando por el fundamental aquí, el de negociación colectiva, el que más molesta a los empresarios. Es posible que la próxima exigencia del interés general al modo de Rajoy sea suprimir el salario mínimo. De acuerdo con el credo neoliberal de las autoridades, no hay que interferir en la libertad de la gente de trabajar por salarios de hambre.

El interés general es compatible  con situaciones netas de privilegio: la iglesia no ha sufrido el más mínimo recorte ni ella ha hecho ademán siquiera de aceptarlo. Las grandes fortunas y las empresas tienen asimismo una trato fiscal tan escandalosamente favorable (en el caso de las SICAV) que da al traste con cualquier ilusión de justicia fiscal. Y, si eres rico, hasta delinquir puedes, porque llega luego Montoro, uno de los complacientes trujimanes del capital y te amnistía el fraude que hayas cometido a cambio de un simbólico óbolo que tampoco es preciso pagar. La prueba es que este genio maquiavélico de las finanzas ha conseguido recaudar el 2% de lo que esperaba con su amnistía. Es decir, puedes delinquir y reírte de las autoridades que, al fin y al cabo, son tus sayones.

La idea de la administración que rige en el gobierno es absolutamente patrimonialista. Este noentiende ser mero administrador de unos recursos, sino que se tiene por propietario de ellos. Así se explica que practique la política del enchufismo y el clientelismo más  exacerbados en materia de nombramientos, desplazando a profesionales no incondicionales y llenando los puestos con fieles seguidores, amigos, deudos y parientes en una política sectaria de reparto de cargos considerados todos prebendas y botín. Gobernar consiste en gestionar nuestros recursos de acuerdo con nuestros intereses, en beneficio de los nuestros y sin necesidad de guardar las apariencias, que para eso se cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento.
La curiosa mezcla de nacionalcatolicismo y ultraliberalismo que constituye el sustrato ideológico y práctico es la nueva forma del fascismo con la que estos neofranquistas aspiran a desmantelar el Estado del bienestar y los adelantos que se había conseguido en materia de igualdad, de derechos, de cohesión social.

Es una agresión al pueblo en toda regla, un gobierno de involución. Y la izquierda no está dándole la respuesta que merece ni por asomos..

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Cosas de lideresa o Führerin.

Por fortuna para él, los derechos de Uribetxebarria no dependen de Esperanza Aguirre. Si lo hicieran, el etarra perdería el de morirse en su casa que Aguirre le niega taxativamente y en discrepancia con la decisión de la Audiencia Nacional. Obviamente, la lideresa tiene una concepción de la justicia en la que esta es otro nombre para la venganza. No es muy elaborado, desde luego, pero corresponde al estilo político de la condesa, que es muy decidido y radical; muy de caudilla.

Aguirre no es una política convencional, tiene mucho temperamento, no se muerde la lengua y suele ser rápida en la respuesta con pulla incluida. Un momento de su intervención en el debate sobre el estado de la región, aquel en que recomienda al señor Gordo (Ángel Gordo, portavoz de IU) que se modere so pena de convertirse en el señor Gordillo, tiene gracia, aunque quizá ni Gordo ni Gordillo se la vean. Pero tiene tanbién la condesa un deje achulapado que, en unión con el carácter provocativo de muchas de sus medidas hace bastante desagradables sus comparecencias.

Ese descrédito permanente de lo público en beneficio de lo privado, ese cargar continuo contra los funcionarios, sean docentes o bomberos,  ese desprestigio sempiterno de la política son elementos de una típica concepción neoliberal que Aguirre asegura ser la suya y cuyo encaje con las costumbres democráticas es muy problemático. Y no solamente por la contradicción evidente de que sea una funcionaria y una política (y veterana, con más de 33 años en cargos de todo tipo) quien ataque a funcionarios y políticos, ya que eso es un problema de conciencia y decencia personal que resolverá como pueda, sino porque es parte de una acción política estratégica deliberada. La acción política de la la derecha extrema, consistente en destruir la esencia misma de la democracia desde dentro, utilizando sus mecanismos, para sustituirla por la nueva forma del fascismo autoritario y populista. Ayuda mucho a ello y, al mismo tiempo, pone de relieve la genealogía de la concepción neofascista de Aguirre el que esta conjugue su ultraliberalismo con el más rancio nacionalcatolicismo.

Los discursos frecuentemente espartanos de la lideresa la llevan a cargar siempre contra la "cultura de las subveciones" al tiempo que deja sin las suyas a los sindicatos, la patronal y cuantas organizaciones y quehaceres le parecen a ella prescindibles, que son muchas. Su provocación favorita en este ámbito es que se acabaron las mamandurrias que es de lo que ella tiene repleta su administración en donde en sus años de gobierno, se ha multiplicado por dos el número de asesores y altos cargos, o sea, de mamandurrias. Innecesario es decir que en donde hay mamandurrias, hay corrupción y que la administración de Aguirre es la más entreverada en la trama de la Gürtel y junto con la de Valencia, la que registra mayor nivel de corrupción del país. Corrupción que abarca todos los aspectos de la acción institucional, desde la adjudicación de licencias, a la financiación de las elecciones a través de opacas fundaciones. 

Sus recetas neoliberales, consistentes en privatizar todo lo rentable y descapitalizar los servicios públicos que tienen que prestar las instituciones se aplican a rajatabla desde hace años en la Comunidad de Madrid, en donde una población empobrecida tiene que aguantar unos servicios públicos cada vez más caros y de peor calidad pero muy bien vendidos desde el punto de vista de la publicidad.
El liberalismo de Aguirre es compatible con un control férreo de la televisión pública y un recurso sistemático a la censura en los medios audivisuales relegados a meros aparatos de agitprop, con los cual cumplen dos funciones: ser la caja de resonancia del gobierno y un lugar en el que se enchufa a toda suerte de deudos y amigos cuya función es cobrar suculentas pagas del erario público por mentir, tergiversar, cantar ditirambos a la lideresa/Führerin y denigrar a la opoción.

Uno de los temas preferidos de la panoplia de Aguirre es el de esa lucha denodada que dice estar librando desde hace años en contra del espíritu del 68 y de la pretensión de superioridad moral de la izquierda. Ambos objetivos, sorprendentes por lo demás, traicionan su  subconsciente envidioso. Su obsesión con el 68, sobre todo, ilustra muy bien sobre sus complejos porque solo los cantamañanas y zangolotinos de su calibre pueden exigir respeto al principio de autoridad porque sí; principio de autoridad que ellos mismos destrozan socavando la que tienen los diferentes estamentos cuando no acatan a ojos cerrados sus caprichos.
Su concepción patrimonial de la administración que  pone al servicio de los intereses privados de los suyos, su carencia de escrúpulos morales, su maximalismo ideológico, su falta de respeto a los derechos de los adversarios, su ignorancia de los límites de los usos democráticos, la imposición de sus creencias y manías personales como actos de gobierno, hacen que esta política sea, junto a Dolores Cospedal, destacada discípula suya, un buen ejemplo del autoritarismo de la derecha actual que solo se diferencia del fascismo en que tiene menos parafernalia militar.

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).

¿Cómo se encauza esto?

El país quedó ayer pasmado ante la insospechada fuerza del independentismo catalán. Rápidamente la habitual guerra de cifras para sembrar confusión, si hubo millón y medio o "solo" seiscientos mil. La prensa extranjera seria da la cifra del millón y medio. Pero, aunque hubieran sido los 600.000 de que habla la derecha española (la madrileña lo reduce a 100.000 y la del Km. 0 a tres o cuatro docenas) son muchísimos para un total de población de Cataluña de siete millones.

Al margen de las cifras, hay un salto cualitativo importante en la visibilidad, la presencia pública del independentismo, la conciencia de su legitimidad y factibilidad, su simbolismo. Cosa que ha sorprendido a todos, incluido al gobierno autonómico, cuyo presidente quizá hubiera preferido ponerse al frente de la manifa de haber sabido que iba a ser tal muestra de unidad patriótica. La cuestión es, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí?

Básicamente a través de una historia reciente de agravios al nacionalismo catalán de toda índole, con episodios culminantes y muy conflictivos como las campañas del PP de boicot a los productos catalanes, la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto y, desde luego, el actual agravio comparativo que los catalanistas creen detectar en el modo en que el gobierno central está haciendo pagar injustamente la crisis a Cataluña, razón por la cual pide un pacto fiscal que es la extensión al principado del concierto económico del País Vasco y Navarra. En ese clima de conflicto, dos recientes episodios han contribuido a subir la temperatura del horno independentista. De un lado, un coronel del ejército, ya jubilado, ha recordado que el ejército tiene encomendada la unidad de la Patria y que estará encantado de invadir Cataluña si los catalanes se propasan. De otro, el presidente del gobierno, en RTVE1 el domingo, se permitió despreciar la movilización de la Diada y la reivindicación independentista tildándola de ruido y  algarabía.

Consecuencia: un millón y medio de independentistas en la calle. La pregunta que ahora se hace todo el mundo es: y esto ¿cómo sigue?

Los independentistas de la Asamblea Nacional Catalana instan a la Generalitat a iniciar el proceso de secesión, lo cual es más fácil de decir que de hacer porque no está previsto. Habría que inventarlo sobre la marcha, algo así como una declaración unilateral de independencia (DUI), que pondría en marcha a su vez un proceso constituyente de futuro incierto.

El extranjero, como Pilatos, se lava las manos. Los eurócratas de Bruselas se han limitado a decir que, si Cataluña se separa de España, quedará fuera de la UE y tendrá que pedir la adhesión ex-novo. Los conservadores ya avanzan que, si se diera tan absurda situación, España vetaría la adhesión de Cataluña. Pero eso está por ver.

Por sí misma, la derecha no se dará por enterada de la exigencia independentista. Hay términos en una longitud de onda que su oído no capta. En todo caso, si hubiera una DUI, seguramente el Coronel mencionado o algún otro montaría algún espectáculo. De no ser así, la derecha calcula desactivar la petición independentista conspirando con la Generalitat para llegar a algún acuerdo que la beneficie en un sentido material pues es firme creencia de la derecha que el independentismo es un espantajo que esgrimen los nacionalistas para chantajear al Estado.

Y algo de eso hay. Por ello, la reacción de la izquierda socialdemócrata es muy parecida a la de la derecha: no existe el derecho de autodeterminación (aunque el PSOE de inicios de la transición lo incluía en su programa) y la independencia unilateral es inaceptable. En último término, también se echaría mano de la milicia aunque antes se intentaría desactivar la reivindicación con algún tipo de concesión de unos u otros privilegios.

A su vez, la otra izquierda, esto es, IU y más allá tiene una actitud curiosa por lo ambigua. Profesa, en teoría, el principio del derecho de autodeterminación de los pueblos pero, al mismo tiempo, tilda el nacionalismo que lo reclama de cortina de humo. El nacionalismo, una ideología burguesa, cumple la función diversionista de distraer a las masas de los problemas reales de la explotación, la crisis/estafa a otros ficticios o irrelevantes como el de la patria o la bandera. La izquierda no es nacionalista, vaya. Son razonamientos brillantes, de un marxismo depurado, pero que no responden la pregunta esencial: se acepta el derecho de autodeterminación de las catalanes, los vascos, los gallegos, ¿sí o no? Y, si se acepta, ¿por qué no arbitrar los medios para ejercerlo mediante un referéndum, por ejemplo, en condiciones previamente acordadas entre las partes?

Porque, en el fondo, no se acepta, aunque se disimula muy bien. Por ejemplo, hay quien dice que, una vez constituida España en fraterna unión republicana de pueblos, no será preciso ejercer ese derecho. Otros fían esta virtud a un término casi milagroso: la federación. Sea república, sea federación, ¿se reconoce o no el derecho de los pueblos que la componen a separarse de ella libremente?

La independencia de Cataluña.

Hay quien dice que los grandes hechos de la historia tienen causas minúsculas. Así, la nariz de Cleopatra selló el destino del Imperio romano; un error de 10.000 kms. llevó a Colón a descubrir América; la falta de hijo varón viable de Germana de Foix con Fernando de Aragón dio origen a España. Que un majadero se permitiera el lujo de tildar de "lío" y "algarabía" ayer en TVE el sentimiento independentista de Cataluña ha sacado hoy a la calle a millón y medio de catalanes y ha planteado con carácter prioritario, guste o no a los neofranquistas gobernantes, la cuestión de la independencia catalana.

Las baterías de esta insoportable derecha nacionalcatólica ya han empezado a bombardear Barcelona de nuevo esta vez de modo simbólico; pero que no se confíe mucho el personal. Los morteros más estólidos cuestionan la cantidad de manifestantes y dicen que si no llegan a 100.000 no hay que hacer ni caso. Quizá sea porque 100.000 sea la cifra mínima de independentistas asesinables que consideran. Otros, algo más avispados, dicen que todo es un montaje de CiU, una cortina de humo para que no se hable de las retallades y el expolio y sí de cosas intrascendentes como la bandera o la independencia.

Será lo que quieran. Los manifestantes seguirán las consignas de Belcebú o serán parte de la "antiespaña", pero Barcelona ha expresado un clamor por la independencia que nadie podrá ya ignorar en el resto de España. Como no se ignora en el extranjero, en Bruselas, por ejemplo, en donde dicen que, si Cataluña se va de España, tendrá que pedir la adhesión a la UE. Por supuesto. Llegan entonces los fachas hispánicos (un buen puñado) y dicen que vetarán el ingreso de Cataluña. Eso habrá que verlo porque somos muchos, muchísimos, los españoles que jamás vetaríamos tal cosa.

Pero hagamos memoria: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Muy sencillo. Primero, con los cuarenta años de dictadura del delincuente genocida Francisco Franco, que pretendió exterminar la nación catalana, como la vasca o la gallega. Luego, con la constitución del partido de los neofranquistas que si al principio hicieron como que aceptaban la Constitución de 1978, en cuanto pueden, hablan de recentralizar el Estado. Es lo que está haciendo ya la marquesa consorte que los madrileños hemos de soportar. Solo este dato ya explica la pulsión escisionista catalana. ¿Cómo pedir al principado que se quede en el marco constitucional cuando este puede saltar en pedazos si los neofranquistas creen que cabe reventarlo?

Más tarde, en los últimos años, hemos perdido la cuenta de las veces que los neofranquistas han provocado situaciones de tensión, han azuzado odios anticatalanes y han hecho campañas en contra del Estatuto de autonomía y de la propia Cataluña. El primero de todos, Rajoy. Esto no quiere decir mucho porque dada la falta de dignidad del personaje, igual que firma públicamente en contra de la subida del IVA y lo sube a continuación por su cuenta, puede ir en contra de Cataluña y, acto seguido, ponerse una barretina y bailar una sardana. A él le da igual. Pero a los demás no y, ahora, por su estúpida obstinación, su falta de inteligencia, su inflexibilidad y su incapacidad para entender el gobierno democrático, estamos en una situación muy delicada.

Porque el asunto es de principios. Al comienzo de la transición, el independentismo catalán era muy minoritario, como el vasco. Han sido las continuas provocaciones de los neofranquistas y los fascistas españoles y la ambigüedad y cobardía de la izquierda, especialmente el PSOE, las que han hecho subir el separatismo como la espuma y ahora, claro, ya tiene muy difícil solución.

Pero ¿es que la tuvo alguna vez?

Desde luego y, probablemente, siga teniéndola.

Sin embargo, esta no puede venir de ese mantra que repiten algunos del Estado federal y que últimamente también recita Rosa Díez por razones obvias: 1ª) España no reúne condiciones de Estado federal ordinario; 2ª) el Estado federal es una fórmula disimulada del "café para todos" y es rechazada por los nacionalistas catalanes y vascos; 3ª) el Estado autonómico es ya, de hecho un Estado federal; incluso es más Estado federal que muchos Estados federales en el mundo. Hay más razones, pero con estas son suficientes.

La solución tiene que venir mediante la reforma de la CE y el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Ya sé que es difícil. Pero la alternativa es seguir perdiendo el tiempo como hasta ahora en medio de peleas sempiternas de campanario y de boicoteos mutuos, mucho odio y mucha mala uva. También sé que no es fácil aplicar dicho principio, que plantea problemas de titularidad subjetiva, territorialidad cuantificación, etc., etc. Pero esos son problemas que se pueden discutir. Lo importante es aceptar el principio.

Si el principio se acepta, los nacionalistas españoles de izquierda, como Palinuro, defenderán que Cataluña y el Pais Vasco sigan siendo parte de España. Pero de forma voluntaria, tras un referéndum de autodeterminación de verdad que también puede acabar en la independencia de los territorios, situación que aceptaremos sin problema alguno. En eso nos diferenciamos de la izquierda a la izquierda del PSOE que reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos pero con la boca chica, como hacía Lenin, en el entendimiento de que no será necesario llegar a él porque sin duda los pueblos libres forjarán una unidad también libre entre ellos que blablabla.

Por si acaso, Palinuro quiere derecho de autodeterminación y referéndum y está seguro de que todavía puede ganarlo la idea de actual de España. Y, si no es así, tampoco pasará nada. Cataluña, el País Vasco, Galicia, tienen derecho a ser lo que sus pueblos quieren que sean.

Palinuro odia pertenecer a una nación que sojuzga a otras y tiene gobernantes tan necios que califican de "algarabía" (es decir, cosa de árabes) las legítimas aspiraciones nacionales de un pueblo.