Si alguien está buscando una razón o motivo para manifestarse hoy en contra de la política del gobierno, no tiene más que informarse entre quienes tenemos pensado ir porque, por lo que he pedido leer, acudimos los más diversos colectivos agraviados por la acción gubernativa. Esta se caracteriza por los dos factores citados en la entrada de ayer (El gobierno contra el pueblo), esto es, el empobrecimiento general de la población a la que, con la excusa de la crisis económica y la necesidad de luchar contra ella, se despoja de sus derechos y el intento de adoctrinarla a la fuerza en los postulados ideológicos de la derecha, esto es, el neoliberalismo a la par con el más rancio nacionalcatolicismo.
El aumento de las tasas de la justicia pone fin de hecho al principio de la justicia gratuita. Pleitear se hace más costoso y queda fuera de los presupuestos más endebles. El ministro de Justicia, quien siempre cultivó una imagen de conservador moderado, se ha revelado como un retrógrado y un paladín de los dogmas de la iglesia e, igual que castiga el bolsillo de los justiciables, niega a las mujeres el derecho al aborto. Y, en previsión de que estas y otras medidas restrictivas e injustas de sus compañeros de gabinete provoquen reacciones airadas de los sectores afectados, ha hecho lo que los conservadores hacen siempre, endurecer el código penal, castigar, reprimir, recurriendo incluso a una figura de "prisión permanente revisable", que es una forma disimulada de cadena perpetua. Y no se reintroduce la pena de muerte porque, al menos de momento, no hay modo de disimularla.
Hay sectores enteros de la población directamente agredidos por medidas singulares del gobierno que faltan enteramente a la equidad. La llamada "reforma laboral" no es otra cosa que la supresión de los derechos de los trabajadores frente a los patronos. El gobierno ha adaptado las relaciones contractuales laborales a las exigencias de una de las partes en el contrato, de los empresarios, dejando a los trabajadores a su merced, que es muy poca.
Entre los trabajadores, los funcionarios reciben un tratamiento especialmente duro: además de rebajarles el sueldo, aumentarles la jornada laboral, retrasarles la edad de jubilación, se los somete a una campaña permanente de descrédito, tratándolos poco menos que de vagos que viven del erario público, amenazándolos con despedirlos en cuanto se pueda.
En materia de sanidad, que afecta a todos los ciudadanos, el desmantelamiento del servicio público está muy avanzado : el repago de los medicamentos, los recortes de prestaciones, la exclusión de grupos de población atendibles, el empeoramiento de las condiciones generales trazan un panorama desolador en cuanto al respeto del derecho a la salud.
Todas estas medidas restrictivas configuran al gobierno como enemigo de su propio pueblo, sobre todo cuando se observa que en su acción privilegia descaradamente a los sectores que son su fuente de legitimidad: la iglesia no ha sufrido el más mínimo recorte en sus copiosos ingresos a cuenta del erario público, cosa que se explica por el nacionalcatolicismo del gobierno y el lado ideológico de su acción. Tampoco lo han sufrido las empresas, las grandes fortunas, los bancos sino que, al contrario, se les ha beneficiado vía tratamiento fiscal benévolo (llegándose a amnistiar el fraude) o mediante aportaciones directas en miles de millones que hay para esto pero no para la educación o la sanidad.
Es la coexistencia de tres factores, una corrupción galopante, un sistema de privilegios escandalosos de la minoría y una política que exige sacrificios y privaciones a la mayoría la que está provocando un estado de tensión social muy fuerte.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
