Evo Morales y las realidades de la vida.

Cualquiera que haya leído la nueva Constitución boliviana, un texto larguísimo, minucioso, muy avanzado en derechos humanos, especialmente de los indígenas para los que se prevé prácticamente una estructura estatal dentro del Estado, incluida su propia administración de justicia, sabe que está concebida como un verdadero documento de emancipación de los autóctonos a los que hasta la fecha se ha explotado, oprimido, aniquilado y, desde luego, ignorado. En concreto, el artículo 30, II, 15 dice textualmente que los nativos tienen el derecho "a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan". Lindas palabrejas que, a la primera de cambio, parece que no van a cumplirse porque, como siempre, por encima de los derechos humanos de los indígenas están los intereses de Bolivia como Estado o lo que el que manda entiende que son los intereses de Bolivia.

La zona en que anda haciendo prospecciones petrolíferas Petroandina, un consorcio en el que hay capital de los cinco Estados del antiguo Pacto Andino, tiene mucho valor medioambiental y hay alguna ONG soliviantando a los indígenas para que pidan que se les aplique la Constitución a fin de oponerse al proyecto. El presidente Morales, no obstante, lo apoya por considerarlo necesario para el desarrollo de Bolivia, preguntándose de qué iba a vivir el país si no es del petróleo pero sin preguntarse, según parece, de qué habrá vivido hasta la fecha y, sobre todo, de qué hayan vivido los indígenas, razón por la cual tira contra las ONG que luchan porque se apliquen los derechos de estos indigenas.

En la crítica del Presidente a las ONG suena el argumentario típicamente imperialista: muchas son chiriguitos para que vivan unos cuantos listos a costa de los pobres; muchas acceden a subvenciones públicas y viven de ellas porque se constituyeron para eso; otras se inventan los problemas para justificar su existencia; en general su actividad deja mucho que desear. Argumentos todos ellos del campo neoliberal que no suenan nada bien en boca de quien dice luchar contra él. Es bueno, aunque no muy original, que el señor Morales descubra que hay algunas, quizá bastantes, ONG que no cumplen con su tarea o que se emplean para lo contrario de aquella. Pero no todas y mucho menos cuando defienden los derechos de los pueblos indígenas y muchísimo menos aun cuando los incitan a ejercerlos en el marco de la Constitución más avanzada del mundo en ese campo.

Porque ahí es donde el señor Morales descubre y demuestra con su acción que una cosa es proclamar los derechos de los indígenas y otra hacerlos valer.

(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, bajo licencia de Creative Commons).

¿Quién manda en el PP?

Camps, Francisco Camps, (a) el Curita, por increíble que parezca. No manda el señor Rajoy sino el Curita. Convocado a capítulo por la presidencia, el barón regional impone un punto intermedio de encuentro como símbolo de igualdad de poderío de los interlocutores, no cede en ninguna de las cuestiones que se le plantean, se reserva plena libertad de actuación, desautoriza a los mandos intermedios de su partido, como la secretaria general, María Dolores de Cospedal a la que ha dejado en ridículo, responde autónomamente a las preguntas sobre el contenido de la entrevista y se permite burlarse de los periodistas con respuestas arrogantes y despreciativas del tipo de "que dimita Zapatero".

A todo esto, el pavo lleva seis meses en primera línea de noticias por haber mentido a la ciudadanía acerca de quién paga sus trajes y acerca de si conoce o no a quien, al parecer, se los regalaba, por haberse librado por los pelos de la acción de los tribunales mediante una decisión problemática de uno de ellos presidido por un amigo suyo y que hoy está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo y por ser sospechoso de haber organizado y sostenido una red de corrupción dedicada a la financiación de su partido.

Ya cuando la adversidad no lo acosaba era un político peculiar, proclive a la estracanada como se prueba por su decisión de que en su comunidad se imparta Educación para la ciudadanía en inglés, cosa tan estúpida como agresiva hacia la dignidad de los cuerpos docente y discente de la Comunidad Autónoma. Pero, al pisar el suelo resbaladizo de las sospechas delictivas, el personaje ha incrementado su potencial destructivo y es hoy una amenaza al funcionamiento de las instituciones de cuya seriedad hace burla sistemáticamente.

Se jacta este insólito personaje de que si hoy hubiera elecciones en Valencia obtendría una mayoría absoluta superior a la que ya disfruta en la mejor línea de los órdagos populistas de su ejemplo e inspiración en política, el multiimputado y multiimpune señor Fabra. Tal cosa (la mayoría más absoluta) es posible, aunque difícil de creer, y hará verdad el dicho, al menos en Valencia, de que cada cual tiene los gobernantes que se merece. Pero ¿que ha hecho el resto de los españoles para verse obligado a convivir con este elemento?

¿Qué ha hecho el pobre señor Rajoy para que un mentiroso comprobado y sospechoso de cohecho le diga lo que tiene que hacer? Y no sólo lo que tiene que hacer sino hasta lo que tiene que decir porque luego de la increíble entrevista en Alarcón, el señor Rajoy no contestó a las preguntas sobre su contenido pero pasó al ataque de las instituciones democráticas, descalificándolas y deslegitimándolas a cuenta del recurso de casación que la Fiscalía ha interpuesto ante el Supremo en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de archivar la causa contra el President Camps.

En el PP manda Francisco Camps y cuando éste caiga arrastrará a su valet, el señor Rajoy.

(La imagen es una foto de Contando Estrelas, bajo licencia de Creative Commons).

Las exigencias de la democracia.

En un Estado democrático de derecho rige el imperio de la ley y el de la opinión pública y si es difícil sobrevivir enfrentado a uno de los dos, es imposible hacerlo en contra de ambos que es lo que está intentando el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, Francisco Camps, también conocido como el Curita en la trama corrupta del caso Gürtel en el que parece que tiene una participación de primer orden, mucho mayor de la que se pudo barruntar en un principio.

Cuando saltó el escándalo, daba la impresión de que el asunto se limitaba a la peculiar peripecia de unos trajes que los presuntos delincuentes regalaban a los políticos con los que trajinaban sus fechorías, entre ellos el Curita. Quizá por impericia, quizá por soberbia, éste gestionó muy mal el escándalo, mintió en repetidas ocasiones negando conocer al Bigotes, el que le regalaba los trajes o afirmó que se los pagaba él, se encastilló en un silencio aparentemente ofendido, se negó a dar explicaciones en sede parlamentaria y aplazó todo al pronunciamiento de los jueces en la esperanza de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que era y es amigo íntimo suyo, lo exonerara de responsabilidad como efectivamente sucedió con una decisión del citado tribunal, movida por su presidente por dos votos a uno en la que se archivaba la causa en contra del Curita, una decisión que frisaba la prevaricación si es que no incurría en ella.

En los meses que duró el percance anterior, el Curita contó con el apoyo incondicional de la dirección de su partido y el reiteradamente expreso de su presidente, señor Rajoy, quien le dispensó un trato privilegiado y no sólo no le obligó a dimitir ante las sospechas de corrupción que lo asediaban como hizo con otros cargos públicos de su partido en similares circunstancias en la Comunidad de Madrid, sino que le brindó públicamente su apoyo en varias ocasiones, especialmente en un acto multitudinario en Valencia este verano en el que lo respaldó sin dudas ni vacilaciones y en una muestra de unidad del partido que ya se había exhibido con anterioridad en la foto que ilustra este comentario y que, por supuesto, hoy sería impensable.

Este modo de reaccionar frente a los indicios y pruebas de implicación en la corrupción de la trama Gürtel no sólo del presidente de la Generalitat valenciana sino de otros cargos y figuras del PP adoptó la forma extrema, algo paranoica y a todas luces insostenible de denunciar una persecución del PP por los órganos, instituciones y servicios del Estado de derecho, la judicatura, el ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Trátase de una deriva peligrosísima que en el mejor de los casos asimila al PP al comportamiento de cualquier delincuente que siempre sostiene que es objeto de una persecución arbitraria y en el peor deslegitima al Estado de derecho y hace que imperen en el principal partido de la oposición las fuerzas más radicales y contrarias a la democracia que siempre han existido en él.

La razón por la que el PP llevó a este extremo irresponsable su apoyo al Curita y demás políticos valencianos sospechosos de actos delictivos reside en el respaldo que estos habían dado al señor Rajoy en el curso de las luchas internas del partido por hacerse con su presidencia. Fue el apoyo que el Curita brindó al señor Rajoy en el Congreso que le organizó ad hoc en el verano de 2008 el que permitió al sucesor de Aznar consolidar su posición de presidente frente a diversas opciones que se la disputaban tras haber perdido por segunda vez las elecciones legislativas. Fue una reacción de agradecimiento que pareció verse compensada de nuevo cuando el juez amigo del Curita dictó un sobreseimiento de la causa que ha provocado no sólo la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo sino un verdadero escándalo público.

Pero las cosas se complicaron al salir a la luz un informe realizado por la policía por mandamiento judicial del que parece seguirse sin gran margen de duda que el Curita y sus colaboradores han venido actuando como una especie de mafia que ha incurrido en diversos tipos delictivos, singularmente el cohecho -del que fueron exonerados por la citada decisión judicial- y la financiación ilegal de su partido. En un primerísimo momento, la reacción del PP y de su dirección fue recurrir de nuevo a la manida teoría de la persecución policial y la secretaria general de la organización, señora De Cospedal, que no parece tener muchas luces, formuló acusaciones concretas falsas, sin pruebas, calumniosas dirigidas al Gobierno. Pero la tozudez de los hechos ha acabado imponiéndose y, aunque el Curita escenificó hace un par de días un control parlamentario de su gobierno en las cortes valencianas que más pareció una farsa y una burla a la opinión, el PP ha tenido que rendirse a la evidencia de que seguir apoyando a los presuntos corruptos valencianos en contra de la ley y de la opinión pública es la vía más segura al suicidio.

A partir de ahora sólo pueden producirse descalabros y la cuestión pasa a ser cómo se resuelve este endiablado asunto en Valencia en donde quizá lo único sensato que quepa hacer sea que el presidente y su equipo dimitan y se convoquen elecciones anticipadas.

Porque por más que se empeñe el Curita y la manga de presuntos chorizos que lo arropa así como el cacique presidente de la Diputación de Castellón, no menos presunto delincuente, en democracia es imposible gobernar en contra de la ley y de la opinión pública. Eso es cosa de la dictadura con la que gran parte de esta derecha española simpatiza abiertamente.

La imagen es una foto de 20 Minutos, con licencia de Creative Commons)

Fascistas robacadáveres.

Por fin el Gobierno vence su timidez, debilidad o cobardía a la hora de hacer justicia a las decenas de miles de personas, vivas o no, relacionadas con la siniestra arbitrariedad de la dictadura de Franco de secuestrar los cadáveres de los republicanos muertos en el frente, ejecutados estrajudicialmente por las escuadras de falangistas o fallecidos a consecuencia de las torturas para dar satisfacción al deseo del dictador de rodear su faraónica tumba de caídos de los dos bandos en la contienda civil que alumbró su sedición.

Sabido es: la construcción de la basílica de Cuelgamuros, en la que se tuvo trabajando a miles de republicanos derrotados en la guerra, quería tener el valor simbólico de lo que el fascismo entiende por reconciliacion y no pasa de ser un insulto y un agravio más a las víctimas de la guerra y la posguerra a las que se enterró allí sin conocimiento de sus familiares o en contra de su voluntad, tras profanar sus tumbas, muchas de ellas fosas comunes en las que yacían los cuerpos de los asesinados veintitantos años antes.

Ahora una proposición no de ley auspiciada por los diputados Joan Herrera y Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, a la que se han sumado, ¡por fin! los socialistas, permitirá recuperar los cuerpos de esos secuestrados en muerte, identificarlos y restituírselos a sus familiares y herederos. Es de justicia señalar que este diputado Herrera, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, está haciendo él sólo por la memoria histórica y la reparación de las injusticias del franquismo más que los 349 diputados restantes.

No es, en cambio, preciso añadir que el PP se ha opuesto a la iniciativa como siempre que se trata de deshacer las injusticias de la dictadura, su fuente espiritual de inspiración. El argumento que dice haber encontrado ahora es que hay que tratar a Cuelgamuros como "un cementerio más", como si el mundo estuviera lleno de cementerios rebosantes de cadáveres robados.

Por último, una consideración: espero que el señor Herrera lleve su coherencia, que es mucha, a presentar una propuesta respecto a los cuerpos de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Yo los sacaría de donde están y también se los devolvería a sus familias, sobre todo al segundo. La Nación no tiene porqué honrar en un espacio público la memoria de un militar felón, delincuente y genocida.

(La imagen es una foto de Dark Botxy, bajo licencia de Creative Commons).

Postsupuestos.

Presentados en sede parlamentaria unos presupuestos que desdicen todo lo asegurado por el presidente del Gobierno apenas veinticuatro horas antes, ha debido éste de sentir la necesidad de defenderlos en bravo combate singular y ha descendido al batiburrillo del siglo con un artículo en Público titulado Oportunidades y responsabilidades en la lucha contra la crisis en el que defiende sus cuentas en línea con lo expuesto también por su ministra de Hacienda, como cálculos austeros, responsables, solidarios y que nos sacarán fortalecidos de la crisis. A su vez la oposición mayoritaria, incapaz de entender la sutileza del mensaje, carga contra el proyecto con la habitual sarta de descalificaciones acerca de que traerá más crisis, más déficit y más paro sin enterarse de cuál sea la verdadera finalidad de las cuentas, que no es lograr una recuperación de la economía en 2010 sino en 2011 como antesala a las elecciones de 2012. Más que un presupuesto anual es de alcance bianual, da por amortizado el año próximo (que se espera capear sin pena ni gloria, confiando en que el paro no descabale los cálculos) y se orienta al siguiente . Por ello se disfraza el déficit, calculándolo a la baja sobre el ya producido en la ejecución del presupuesto anterior, se obliga a las clases medias -siempre un terreno más seguro y abundoso- a soportar el mayor esfuerzo fiscal, se incrementa el IVA que es un impuesto casi invisible y se aplaza su efectividad al 1º de julio de 2010, se reduce drásticamente el gasto público allí donde no provoque conflictividad (aunque hipoteque el futuro por la falta de inversión en i + d) y, sobre todo, se mantiene el gasto social en la mitad del público lo que, además de materializar un compromiso programático reiteradamente enunciado por el Presidente, garantiza una clientela electoral llegado el momento de la recuperación.

Estos presupuestos son, como se dice, encaje de bolillos pero no económico, sino político. Y la oposición conservadora ni los ha olido.

(La imagen es una foto de guillaumepaumier, bajo licencia de Creative Commons).

Estado de corrupción: Gürtel.

Hace un año y pico nadie podía conseguir que el señor Rodríguez Zapatero pronunciara la palabra "crisis". Su cerrada negativa a hacerlo traslucía una especie de supersticioso y primitivo temor a que dicho el nombre se manifestara la cosa por arte de magia y aguara lo que el presidente y su equipo planeaban como una legislatura de bonanza en la que el superávit y otras bendiciones del cielo permitirían seguir administrando el país a base de mercedes y larguezas, como el cheque-bebé o los famosos cuatrocientos euros de los que ya nadie se acuerda.

Algo similar sucede ahora con la oposición y la palabra "Gürtel", que nadie la pronuncia, como si callándola, desapareciera ese feo fenómeno de una gigantesca trama de corrupción que cuenta ya con 71 imputados y que, de momento, afecta de lleno al PP en todos los escalones organizativos, desde simples militantes a tesoreros y en todos los ámbitos de la administración, desde la local a la nacional, pasando por la autonómica.

La comparecencia de ayer del señor Camps en las cortes valencianas fue un monumento al cinismo más descarnado: no hay Gürtel, no hay corrupción, no hay trajes, nada de nada; sólo hay una conspiración desde La Moncloa en contra del PP valenciano y nacional. Punto y raya, medalla, que ya escampará. Lo apoyaba en esta actitud de manifiesto desprecio hacia la oposición y la opinion pública en general el señor Fabra, siempre tan bien hablado como bien encarado. Dice este pintoresco hijo de la tierra que se le caen los huevos al escuchar a los sociatas hablar de corrupción. Aparte del insulto, el razonamiento es de encefalograma plano: como los sociatas son unos corruptos, no pueden hablar de la corrupción ajena y, por lo tanto, ésta no existe.

Los otros estamentos conservadores no tienen una actitud más coherente. A la señora De Cospedal se le ha encasquillado el discurso en la acusación al Gobierno de perseguir al PP valiéndose de los organismos del Estado y tras ella, en fila india, todos los altos cargos del PP y el señor Rajoy repican en la misma procesión sin mencionar ni una vez la maldita palabra.

Pero esa maldita palabra es el ábretesésamo de una oscura realidad que afecta al partido en su conjunto y cuys dimensiones, aun por determinar, amenazan con deslegitimarlo como fuerza política en el Estado democrático. Porque lo que se deduce de la trama en este momento procesal es que no solamente se trata de una red de mangantes dedicados a enriquecerse ílicitamente mediante fraudes, engaños, falsificaciones, etc de consuno con los correspondientes cargos del PP sino también de un complejo sistema de presunta financiación ilegal que afecta a la organización del partido en Valencia, en Madrid y en la nacional desde los tiempos de Aznar y pone bajo sospecha la validez de sus triunfos electorales.

Ignorar la evidencia no es jamás una buena táctica pero, en este caso, es casi equivalente a una fórmula de suicidio de un dirigente, el señor Rajoy, que ocupa el cargo por decisión personalísima de su predecesor, a quien nadie ha elegido, que tiene ya dos elecciones perdidas y es incapaz de hacerse obedecer por sus subalternos en la organización partidista.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia de Creative Commons).

Ya le tarda al Curita.

El Bigotes, el Cabrón, el Pastuqui, el Albondiguilla están que trinan porque ven cómo, con más de lo que alguno de ellos tiene, el Curita anda por ahí tan pancho. El morro del personaje es inconmensurable. Mentiroso público y reconocido ("yo me pago mis trajes"), imputado por cohecho, aunque un amigo juez lo haya servido de momento para aplazar lo inaplazable, preciso es reconocer la habilidad del Curita para sobrevivir en aguas turbulentas.

Lo cierto es sin embargo que, en contra de lo que suponía, la administración de pruebas, acusaciones y nuevos indicios de maquinaciones para equilmar el patrimonio público, está resultando ya demasiado hasta para el conjunto del PP, una organización cuya capacidad para desviar las acusaciones y castigar mediante la confusión a los que las hacen equivale a la admisión de una docena de Curitas. Que hasta en esto hay clases. De ahí que no sea ya raro si alguno de los colaboradores directos del Curita pierde el puesto. A la fuerza ahorcan.

Pero, a todas estas, hoy, que hay sesión de control en las Cortes valencianas, ¿no sería un buen momento para que el Curita presentara su dimisión ya que ha probado con creces no ser digno del cargo que ocupa?

La imagen es una foto dalequetepego, bajo licencia de Creative Commons).

El lío de la prostitución.

El debate sobre la prostitución arrecia. Ayer traía Público un interesante reportaje acerca de cómo este fenómeno fractura el movimiento feminista, dividido entre abolicionistas y partidarios de su regulación, y lo hacía en paralelo a una información según la cual el señor Cebrián cree que hay exceso de puritanismo en lo relacionado con los anuncios de "contactos" con los que algunos medios, entre ellos el suyo, tienen suculentos beneficios. No veo qué tenga de "exceso de puritanismo" prohibir estos anuncios. Es más, hacerlo es muy conveniente si bien es claro que esa prohibición no acabará con la práctica. Casi todos estamos de acuerdo en prohibir la publicidad del tabaco aunque ello no impedirá su consumo.

Soy partidario de la prohibición como mal menor pero sin llegar a la de la actividad misma que es lo que propone el abolicionismo radical. Es decir, entiendo que deben prohibirse todas las actividades ilícitas ligadas a la prostitución que prosperan gracias a la situación de alegalidad de aquella: proxenetismo, trata de blancas, explotación... Lo que sucede es que estos comportamientos ya están penados por sí mismos. Pero nada impide penarlos con doble intensidad.

Y si se prohíbe todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿por qué no ésta misma? Por la sencilla razón de que hay prostitución voluntaria. Los abolicionistas dicen, sin embargo, que no hay que permitir ni la voluntaria por la misma razón por la que no se tolera la esclavitud voluntaria. Pero son dos cosas distintas: la esclavitud es la pérdida de la condición humana mientras que la prostitución (la compraventa de relaciones sexuales) no es sino una forma de prestación de servicios; peculiar si se quiere, pero que, si es libre, en nada compromete a la condición humana, salvo que se tenga una concepción sublimada de las relaciones sexuales que, al igual que las mediadas por creencias religiosas, no es obligatorio compartir. Habrá gente que diga: "Mire, déjeme de historias; yo no quiero tomarme el trabajo de "conquistarlas", como Il Cavaliere, sino que, como no tengo mucho tiempo, prefiero hacerlo con una profesional que cobra por ello, sabe lo que quiero, lo hace bien y va a lo suyo como yo voy a lo mío, y todo con garantías.

Este es el punto nodal de la complicada cuestión: el de la prostitución voluntaria. No soy partidario de prohibirla y no porque, como suele decirse, prohibir no sirva de nada ya que seguirá habiendo putas, pues ésta es una objeción absurda. Prohibir la comisión de cualquier delito no garantiza que deje de cometerse pero es evidente que hay que prohibirlos. El problema no está en la prohibición sino en si la prostitucion voluntaria es un delito, cosa que no alcanzo a ver por lado alguno. Puede que resulte objetable desde cierto punto de vista (estético o ético) , pero no veo qué bien jurídicamente protegido se ataca con su ejercicio.

La negativa a reconocer la existencia de la prostitución voluntaria denota cierta insuficiencia argumental no difícil de remediar. En primer lugar está la cuestión de hecho de si de verdad hay gente que ejerce la prostitución voluntariamente. Salvo que se adopte una actitud rousseauniana de esas de querer saber mejor que el individuo mismo las motivaciones reales del individuo, se estará de acuerdo en que ésta es una cuestión que se arregla con una encuesta, saliendo a la calle y preguntando a las profesionales. Aunque, bien pensado, podíamos ahorrárnoslo si recordamos que hasta tienen una asociación, es de suponer que voluntaria, un "colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas" con página web: Colectivo Hetaira.

En segundo lugar no debe olvidarse que el nuestro es un sistema capitalista, un lugar en el que los salarios los fija el mercado de forma que si una mujer cree que gana más de puta que de limpiadora de unos grandes almacenes no se ve con qué autoridad cabe decirle que haga el favor de no abandonar la fregona. Se dirá que entonces hay que abolir el capitalismo y sustituirlo por una orden social en el que estos asuntos no sean ya posibles por desinterés directo de sus protagonistas. No me niego pero recuerdo que la última vez en que tal cosa se intentó, resultó una cagada.

En tercer y último lugar, pero de la máxima complejidad, no deja de ser una hipocresía fenomenal penar un comportamiento que la sociedad ha impuesto por otro lado incluso en forma de institución. ¿O no es cierto que, en buena medida, el matrimonio ha sido y sigue siendo una forma de prostitución más o menos encubierta? La expresión de "puta en casa y ropa limpia" no la he inventado yo. Pero, vamos, que muchas de esas escandalizadas mujeres casadas que quieren abolir la prostitución son tan putas como las que quieren prohibir sólo que lo son, digamos, con contrato indefinido, a diferencia de las del servicio temporal.

En resumen, soy partidario de prohibir todo lo relacionado con la prostitución (publicidad, proxenetismo, etc) pero no la actividad misma que creo debiera estar oficialmente reconocida y regulada y las prostitutas restablecidas en sus derechos.

(La imagen es una foto de lourdesmunozsantamaria, bajo licencia de Creative Commons).

La marca de fábrica.

Ni con cien jueces De la Rúa tiene ya salvación el Partido Popular. El famoso informe de la policía del que huye como de la peste el genuino De la Rúa, el más que amigo del trajeado señor Camps, no sólo contiene indicios claros de financiación del PP en la Comunidad Valenciana sino de financiación ilegal del PP nacional en la época de Aznar. Con ello se cierra ya el círculo que hasta ahora había estado abierto pues resultaba sorprendente que unos presuntos chorizos que ya empezaron a actuar siendo el señor Aznar presidente del PP y luego del Gobierno, hubieran reducido sus hazañas y tejemanejes a tres o cuatro municipios, por acomodados que sean, de la sierra norte de Madrid y la Comunidad Autónoma de Valencia. Eso debía de ser calderilla para las desmesuradas aspiraciones del señor Correa, principal imputado en la causa. Los negocios suculentos debió de hacerlos el gran Gürtel en el contexto del partido a escala nacional. Es contra este fondo contra el que hay que interpretar la ya muy exhibida presencia del clan Correa en el famoso bodorrio de El Escorial.

Esta semana, creo recordar, se levanta el secreto del sumario y es muy posible que nos encontremos con un potaje que revelará de una vez por todas de qué está hecha la argamasa que mantiene unidas a gentes de tan variopintas y escasas de convicciones ideológicas como las que forman el principal partido de la oposición fuera, naturalmente, de mantener intacta la memoria del Caudillo, que es el interés por los negocios urdidos a la sombra del poder, los más lucrativos, los más rápidos, los más seguros... hasta que alguien empieza a grabar conversaciones.

Para cuando suceda tal cosa, habiendo ya agotado la farmacopea de explicaciones, acusaciones y bálsamos diversos con tal de no reconocer la naturaleza de la situación, el PP tendrá que acudir al famoso y abandonado repertorio de la conspiración masónica internacional, los ataques del comunismo antiespañol y la rabia de la plutocracia anglosajona.

Alemania y Portugal.

Como puede verse en el gráfico que tomo del Frankfurter Allgemeine Zeitung. El gran ganador de las elecciones de ayer en Alemania es la Democracia Cristiana de la señora Merkel. Centrar en ella la campaña, en su inexpresividad y su "poquita cosa" fue un acierto. Tras ella, el Partido Liberal, FDP, ha conseguido sus mejores resultados desde el fin de la guerra, mientras que el SPD, socio hasta ahora de Frau Mekel en la Gran Coalición, apenas llega al 23 por ciento, el más bajo suyo de la historia de la República Federal de Alemania.

El otro dato que hay que retener de estas elecciones es el ascenso de la Izquierda, esto es, el partido resultado de la unión del anterior Partido del Socialismo Democrático, antiguo Partido Comunista y los socialistas de izquierda, seguidores de Oskar Lafontaine cuando éste dejó el SPD. También suben los Verdes. En realidad, bajar sólo lo hacen los dos grandes partidos (CDU/CSU y SPD) del sistema de la posguerra. La CDU/CSU muy poco, 1,4 puntos porcentuales respecto a 2004 y de hecho, aumenta sus diputados. El batacazo se lo pega el SPD que pierde once puntos porcentuales y 75 diputados. Todos los demás "pequeños" partidos, que ya no son tan pequeños, aumentan a costa del SPD. Tanto que hay quien habla ya de nuevo sistema de partidos en Alemania, con el comienzo del fin de los grandes Volksparteien ("partidos nacionales" o "partidos atrapalotodo") y la inauguración de un sistema más auténticamente multipartidista. Pero eso sólo podrá saberse si este resultado se confirma en las siguients legislativas de 2013.

De momento lo que está claro es que el bloque de derechas (CDU/CSU-FDP), con 48,5 por ciento del voto popular, que será mayoría absoluta en el Bundestag se ha impuesto al hipotético bloque de izquierdas (SPD, La Izquierda, Los Verdes) en el caso de que sus discrepancias ideológicas lo dejaran articularse, pues sólo alcanza 45,5 por ciento. El nuevo gobierno alemán será una coalición negro/amarillo y aplicará un programa de reducción del Estado del bienestar.

Justo a la inversa de lo que ha pasado en Portugal también en las elecciones de ayer, limpiamente ganadas por el Partido Socialista del primer ministro José Socrates pero sin mayoría absoluta. En el gráfico, que tomo de Público que permite comparar estas elecciones con las anteriores puede verse cómo la volatilidad del voto se da dentro del bloque de la izquierda: los votos que pierde el Partido Socialista son más o menos los que ganan el Bloque de Izquierda (trostkistas y extrema izquierda) y la Coalición Democrática Unitaria (comunistas y aliados), mientras que el bloque de la derecha se mantiene inalterado. En conjunto, a diferencia de Alemania, las elecciones las ha ganado la izquierda con un 56 por ciento del voto popular frente al 37,6 por ciento del centro derecha. El Partido Socialista propone aplicar una política keynesiana de salida de la crisis, cuyo capítulo más relevante para los españoles es la inversión en el proyecto conjunto del AVE a Lisboa, cosa que planteará -ya lo ha hecho en campaña- la enésima polémica acerca del iberismo.