En un Estado democrático de derecho rige el imperio de la ley y el de la opinión pública y si es difícil sobrevivir enfrentado a uno de los dos, es imposible hacerlo en contra de ambos que es lo que está intentando el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, Francisco Camps, también conocido como
Cuando saltó el escándalo, daba la impresión de que el asunto se limitaba a la peculiar peripecia de unos trajes que los presuntos delincuentes regalaban a los políticos con los que trajinaban sus fechorías, entre ellos el Curita. Quizá por impericia, quizá por soberbia, éste gestionó muy mal el escándalo, mintió en repetidas ocasiones negando conocer al Bigotes, el que le regalaba los trajes o afirmó que se los pagaba él, se encastilló en un silencio aparentemente ofendido, se negó a dar explicaciones en sede parlamentaria y aplazó todo al pronunciamiento de los jueces en la esperanza de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que era y es amigo íntimo suyo, lo exonerara de responsabilidad como efectivamente sucedió con una decisión del citado tribunal, movida por su presidente por dos votos a uno en la que se archivaba la causa en contra del Curita, una decisión que frisaba la prevaricación si es que no incurría en ella.
En los meses que duró el percance anterior, el Curita contó con el apoyo incondicional de la dirección de su partido y el reiteradamente expreso de su presidente, señor Rajoy, quien le dispensó un trato privilegiado y no sólo no le obligó a dimitir ante las sospechas de corrupción que lo asediaban como hizo con otros cargos públicos de su partido en similares circunstancias en la Comunidad de Madrid, sino que le brindó públicamente su apoyo en varias ocasiones, especialmente en un acto multitudinario en Valencia este verano en el que lo respaldó sin dudas ni vacilaciones y en una muestra de unidad del partido que ya se había exhibido con anterioridad en la foto que ilustra este comentario y que, por supuesto, hoy sería impensable.
Este modo de reaccionar frente a los indicios y pruebas de implicación en la corrupción de la trama Gürtel no sólo del presidente de la Generalitat valenciana sino de otros cargos y figuras del PP adoptó la forma extrema, algo paranoica y a todas luces insostenible de denunciar una persecución del PP por los órganos, instituciones y servicios del Estado de derecho, la judicatura, el ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Trátase de una deriva peligrosísima que en el mejor de los casos asimila al PP al comportamiento de cualquier delincuente que siempre sostiene que es objeto de una persecución arbitraria y en el peor deslegitima al Estado de derecho y hace que imperen en el principal partido de la oposición las fuerzas más radicales y contrarias a la democracia que siempre han existido en él.
La razón por la que el PP llevó a este extremo irresponsable su apoyo al Curita y demás políticos valencianos sospechosos de actos delictivos reside en el respaldo que estos habían dado al señor Rajoy en el curso de las luchas internas del partido por hacerse con su presidencia. Fue el apoyo que el Curita brindó al señor Rajoy en el Congreso que le organizó ad hoc en el verano de 2008 el que permitió al sucesor de Aznar consolidar su posición de presidente frente a diversas opciones que se la disputaban tras haber perdido por segunda vez las elecciones legislativas. Fue una reacción de agradecimiento que pareció verse compensada de nuevo cuando el juez amigo del Curita dictó un sobreseimiento de la causa que ha provocado no sólo la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo sino un verdadero escándalo público.
Pero las cosas se complicaron al salir a la luz un informe realizado por la policía por mandamiento judicial del que parece seguirse sin gran margen de duda que el Curita y sus colaboradores han venido actuando como una especie de mafia que ha incurrido en diversos tipos delictivos, singularmente el cohecho -del que fueron exonerados por la citada decisión judicial- y la financiación ilegal de su partido. En un primerísimo momento, la reacción del PP y de su dirección fue recurrir de nuevo a la manida teoría de la persecución policial y la secretaria general de la organización, señora De Cospedal, que no parece tener muchas luces, formuló acusaciones concretas falsas, sin pruebas, calumniosas dirigidas al Gobierno. Pero la tozudez de los hechos ha acabado imponiéndose y, aunque el Curita escenificó hace un par de días un control parlamentario de su gobierno en las cortes valencianas que más pareció una farsa y una burla a la opinión, el PP ha tenido que rendirse a la evidencia de que seguir apoyando a los presuntos corruptos valencianos en contra de la ley y de la opinión pública es la vía más segura al suicidio.
A partir de ahora sólo pueden producirse descalabros y la cuestión pasa a ser cómo se resuelve este endiablado asunto en Valencia en donde quizá lo único sensato que quepa hacer sea que el presidente y su equipo dimitan y se convoquen elecciones anticipadas.
Porque por más que se empeñe el Curita y la manga de presuntos chorizos que lo arropa así como el cacique presidente de la Diputación de Castellón, no menos presunto delincuente, en democracia es imposible gobernar en contra de la ley y de la opinión pública. Eso es cosa de la dictadura con la que gran parte de esta derecha española simpatiza abiertamente.
La imagen es una foto de 20 Minutos, con licencia de Creative Commons)
