El llamado proceso soberanista dio ayer un salto cualitativo espectacular. El presidente Mas firmó el decreto que convoca la consulta del 9N. Lo hizo en un acto sobrio pero solemne en el Palau de la Generalitat, en presencia de los dirigentes de las fuerzas políticas que lo apoyan.
Como si se tratara de la declaración de independencia de los EEUU o de la firma de la declaración universal de derechos, los asistentes transmitían la conciencia de vivir un momento histórico. De la resonancia internacional se encargaron las cabeceras de los periódicos extranjeros. Aunque la canciller Merkel dijera hace poco que la cuestión catalana es un asunto interno español, ni los medios en su propio país son de su parecer. La internacionalización del soberanismo catalán en la estela del referéndum escocés, es un hecho y la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Cataluña. Desde el punto de vista de la comunicación política, un exitazo en toda línea para el independentismo. Refrendado con esa firma que, para mayor ironía, casi parece el signo del Zorro, ese héroe popular lleno de habilidad, valor e inteligencia, en lucha contra un poder tan tiránico como estúpido. Como en un episodio del Zorro, comienza la cuenta atrás.
Y un éxito interno, además de internacional, porque, sobre hacer olvidar la grotesca comparecencia de ayer de Pujol, ha dejado al descubierto y en ridículo las carencias del gobierno central. El presidente estaba de viaje por la China, un viaje que hubiera debido posponer, para probar fehacientemente que quiere a Cataluña y le procupa. Al contrario, piensa que debe mostrar que no le preocupa. Se negó a comentar la noticia de la firma, como hace siempre. Y, como hace siempre, deslizó un comentario revelador de su capacidad de juicio: Mas se ha metido en un lío. Da un poco de vergüenza pero es literal.
La tarea de explicitar la posición del gobierno recayó sobre la vicepresidenta, escudo habitual de quien ganó unas elecciones asegurando que daría la cara. Ayer dio la cara de la vicepresidenta que, por cierto, fue un poema. Crispada, tensa, conteniéndose, recitó de corrido un discurso que seguramente pasó toda la noche memorizando ante el espejo y dividido en tres partes: calificación de los hechos, anuncio de las medidas que el gobierno ya tiene preparadas en cumplimiento de su obligación y un recordatorio sentimental a lo felices que éramos cuando, yendo todos los españoles juntos, nadie había sembrado la discordia entre nosotros. Formalmente fue una comparecencia penosa, en la línea, aunque no tan lamentable, de la de Botella en los juegos olímpicos.
El aspecto material fue aun peor. Acabó en un batiburrillo en el que no se sabía si la democracia depende de la ley, la ley de la democracia, con la soberanía revoloteando de la una a la otra. Pero, en esencia, el razonamiento de la vicepresidenta, el mismo que utiliza siempre el PP, es que se trata de un desafío a la legalidad y el gobierno, obligado a cumplirla y hacerla cumplir, la hará cumplir. Punto. No ve o no quiere ver que, además de un problema de legalidad, es de legitimidad y por partida doble.
De un lado, la legitimidad de este gobierno es escasísima, por no decir inexistente. Ganó las elecciones con un programa que no cumplió; está literalmente acribillado de casos de corrupción y comportamiento ilegal; y ha hecho de su capa de legalidad un sayo. Cuando una norma le incomoda, la cambia a su antojo a través de su dócil mayoría absoluta parlamentaria. O no se molesta en cambiarla sino que simplemente la incumple, como en el caso de las sentencias de los tribunales. O, incluso, la quebranta, como cuando destruyó los discos duros que el juez reclamaba como prueba al PP en las investigaciones de la Gürtel.
De otro lado, el independentismo catalán plantea el asunto en el terreno político del derecho de autodeterminación concebido como una forma de poder constituyente que, por lo tanto, no se somete a poder constituido alguno; es decir, lo plantea en el terreno de la legitimidad y la respuesta del gobierno, derivando el asunto al Tribunal Constitucional, no resuelve la cuestión. Al igual que el gobierno, el Tribunal Constitucional adolece de falta de autoridad ya que, además de su naturaleza política, no es generalmente aceptado como imparcial por razones de todos conocidas, siendo la principal el estar colonizado por el PP, incluida la figura de su presidente, exmilitante del partido.
Que el PSOE no quiera encarar de verdad el asunto y se ofrezca rendido a formar un frente con esta derecha nacionalcatólica, no anima a esperar buenos resultados. Los socialistas también se niegan a admitir la doble vertiente de legalidad y legitimidad con supeditación de la primera a la segunda. Por no identificarse del todo con el macizo de la raza imperial de la derecha, la de la gran nación, han rescatado del baúl de los recuerdos una hopalanda federal y con ella proponen negociar a los soberanistas y tratar así de conseguir algún tipo de acuerdo. Lo del federalismo en sentido estricto llega tarde, aunque es bueno que los socialistas, cuando menos, hablen de dialogar y negociar. Pero de inmediato vuelven a cegarse al poner como condición la renuncia a la consulta, al dret a decidir. Parece mentira cómo se puede ser tan inepto. Negociar con una parte a la que de antemano se le exige que renuncie a la pretensión que le da la fuerza para negociar es creer que se negocia con idiotas o truhanes, como uno mismo.
El gobierno dice tener todo preparado para responder. En esto también le ha ganado el soberanismo pues la Generalitat afirma a su vez tener preparadas las respuestas a la respuesta del gobierno, a su recurso. Pero esto es lo habitual. Lo nuevo es preguntar al gobierno cuál sea el contenido de ese todo. ¿La suspensión de la autonomía u otras medidas excepcionales quizá peores también? Aquí es donde esos ministros españoles tan bravíos deben recordar lo dicho más arriba: la comunidad internacional tiene la mirada puesta en Cataluña. Ojo que vuelve la leyenda negra.
La firma ha sido un aldabonazo en la autocomplacencia del nacionalismo español de derecha e izquierda. Ambos aspiraron hasta el último momento a que no se estampase. Se estampó. Y fue la estampida. El súbito agitarse de las plácidas aguas. Ahora todos dicen que hay que buscar una solución antes de llegar a peores, que hay que pactar, negociar, hablar. Llevan cuatro años ignorando el conflicto que ellos mismos han atizado de forma irresponsable en ese tiempo y ahora piensan que van a resolverlo en cuatro días.
No pueden porque, como nunca lo entendieron ni se lo tomaron en serio, no pensaron sobre él y no tienen propuestas que hacer para las hipotéticas negociaciones; no tienen nada preparado. Como siempre. Los soberanistas confían ahora la argumentación y defensa de su idea a la movilización social que le da un resplandor de ideal nacional. Los nacionalistas españoles, convencidos de que su razón moral es tan abrumadora que no precisa demostrarse, se limitan a aplicar la ley. A la represión, vaya.
Calcúlese quién pueda ganar.
