Convencido de la urgencia del momento y cumpliendo los deseos del gobierno, el Consejo de Estado dictaminó ayer que el decreto de convocatoria de la consulta catalana es inconstitucional y quizá también la ley de consultas y que, por lo tanto, el gobierno hace muy bien en recurrirlos ante el Tribunal Constitucional. Más o menos lo esperado. El Consejo de Estado es un órgano de rancia prosapia cuyos orígenes rastrean algunos hasta Carlos V y tiene hoy una composición abrumadoramente conservadora. Está presidido por un hombre que fue leal servidor de la dictadura de Franco y luego no menos leal colaborador de Fraga Iribarne, que era como seguir siéndolo del dictador por persona interpuesta. Sus miembros, de diversas procedencias, son de orientación conservadora cuando no reaccionaria. Lo extraordinario sería que este personal abrigara una visión del problema simpatizante con el derecho de autodeterminación. Como su dictamen es preceptivo pero no vinculante, nadie le concede mucha importancia. Pero tiene un valor simbólico y llena de razón al gobierno.
Este pone hoy en marcha la pesada maquinaria legal para impedir la consulta. Se reúne en consejo extraordinario para trasladar el problema al Tribunal Constitucional. Cuenta con que este suspenderá la norma recurrida y dejará sin efecto el decreto de convocatoria. Tan seguro está que algunos gobernantes no se han recatado en predecirlo, dando una impresión bastante pobre respecto a la separación de los poderes ejecutivo y judicial. Obviamente, lo que está haciendo es transfiriendo un problema político a un ámbito judicial o parajudicial, cuenta habida del carácter del Tribunal Constitucional. En el caso del presidente del gobierno es conocida querencia. Lo propiamente suyo es quitarse de encima los problemas: cuando la firma del decreto se escondió detrás de su vicepresidenta y ahora con el recurso, se esconde detrás del Tribunal Constitucional para impedir la consulta. Convierte un problema político en un problema de legalidad y esconde la mano.
La cuestión parece ser ¿qué hará la Generalitat si el Tribunal, en efecto, suspende? ¿Respetará la legalidad o la romperá? Armada con esta pregunta y casi solo con esta pregunta, como si fuera un arma de repetición, entrevistó ayer Ana Pastor a Artur Mas en la Sexta. El entrevistado respondió con mucha habilidad a una cuestión que, obviamente, pretendía comprometerlo y la entrevistadora insistió e insistió tratando de contrarrestar esa habilidad, consistente, sencillamente en decir que, si el Tribunal Constitucional mantenía la suspensión, él consultaría con sus socios y adoptaría la decisión que se tomara colectivamente. No era lo que Pastor quería oírle decir; ella hubiera preferido que Mas, como suele llamarlo con cierta frivolidad, "se mojara", sin calibrar muy bien el coste de ese "mojarse"; aunque no es difícil comprender la que podría organizarse si un presidente de la Generalitat dijera: "sí, señora, actuaremos en contra de la ley". En verdad, es sorprendente.
Y no es lo único sorprendente. La entrevista merece un pequeño comentario, sobre todo porque levantó fuego en twitter. La periodista, que es competente, veterana, rápida y no se arredra, desembarcó en el palacio de la Generalitat con una actitud muy española de "vamos a ver si son verdad esas cosas que se dicen en el foro sobre los catalanes". Traía "esas cosas" muy apuntadas; las complementaba con datos bien documentados y, en general, dañinos para la Generalitat y, para calentarse intercaló antes de la entrevista sendas conversaciones con dos colegas, Sardá y Otero, buenos profesionales, pero ambiguos en sus apreciaciones. La amarga observación de Otero de que lo primero que se bombardea en una guerra son los puentes no es interesante por lo que dice, sino por el contexto que presupone: la guerra. Igual que ese recurrente temor de "ojo con lo que dices aquí o allí porque puede traerte problemas".
Lo que no se cuestionó la entrevistadora en ningún momento era que las preguntas respondían todas a una visión española, unilateral, del conflicto, sin la virulencia del nacionalismo español tradicional, pero con una coincidencia llamativa en los contenidos. En general, una visión del contencioso España-Cataluña como si hubiera surgido ayer y se debiera a los caprichos de los políticos catalanes, cuando no a un intento de esconder sus fechorías ondeando la cuatribarrada. Algo cocinado en los pasillos de las instituciones, las alianzas electorales, los tejemanejes de los partidos. Ausentes por completo, al punto de no mencionarse, el sentimiento nacional y el apoyo masivo que ese sentimiento nacional tiene en la sociedad catalana en proceso de movilización hace ya tres años. Estos eran temas de Mas pero no de Pastor que los ignoraba.
Precisamente porque la entrevista era tan de parte, Mas tuvo la oportunidad de exponer su discurso ante una amplia audiencia española a la que normalmente no le llega, pues solo accede a los relatos cocinados por los medios nacionalespañoles, que son todos. Y la aprovechó muy bien. Expuso los argumentos catalanistas de forma clara y subrayó varias veces que, del otro lado, del del gobierno central, no había más que negativas o silencio. En esta perspectiva, esto es, dar a conocer en España que los soberanistas catalanes no son unos nazis o unos locos peligrosos, o unos chulos prepotentes atiespañoles, la entrevista fue un gran éxito.
Desde otro ya no tanto. Como suele pasar a los españoles, Pastor no dominaba el territorio en el que quería poner en aprietos a Mas y si su insistencia en pillarlo en un renuncio de legalidad se estrelló contra la habilidad de la respuesta, su falta de fondo se echó de ver en el conocimiento del pasado. La mención de Mas de que él era presidente de una institución con 650 años, la dejó descolocada. Sin embargo hubiera venido al dedillo preguntar a Mas de dónde deriva él la legitimidad de su cargo, si de la Generalitat, órgano medieval o de la Constitución de 1978, como sostiene la vicepresidenta del gobierno, otra que confunde legalidad y legitimidad.
Su acendrado españolismo no dictó a Pastor ni una sola pregunta que no fuera dirigida a cuestionar el proceso soberanista, pidiendo a Mas reiteradamente alguna autocrítica, pero sin formular ni una sola a la actitud del gobierno central; sin mencionarlo siquiera. Al contrario, tratando de sacar de campo la figura de Alicia Sánchez-Camacho a la que Mas quería afear su incumplimiento de la ley argumentando que se trataba de un "y tú más". En realidad perdió tanto los papeles que ni siquiera tuvo la gentileza -y la astucia- de preguntar a Mas si, aprovechando la ocasión, tenía algún mensaje que dirigir a Rajoy. No sé lo que hubiera contestado Mas pero, si hubiera sido Palinuro, estoy seguro de que su mensaje habría sido que Rajoy recibiera a Ana Pastor en La Moncloa y le concediera una entrevista como la suya. Para que la gente pudiera comparar.
Me quedo con una expresión de Mas sumamente esclarecedora: si se vota "no pasa nada".
(La imagen es una captura del vídeo de la 6ª con la entrevista de Ana Pastor a Artur Mas).
