Un relato objetivo de los hechos y una pregunta. Más que nada para averiguar si entendemos bien lo que está pasando con la presunta corrupción de CDC.
Vamos a soslayar un par de asuntillos que dan que pensar pero pueden ser casuales y no obedecer a ninguna mala intención:
el primero, que las acusaciones de corrupción de CDC, diez años después de iniciadas, aún no han dado lugar a una sola decisión judicial condenatoria;
el segundo, que algunos medios de comunicación mesetarios estaban sobre aviso con anterioridad de que los operativos de la Guardia Civil iban a producirse y, en el caso de uno de ellos, se daba la noticia de las investigaciones, imputaciones y registros con días de antelación. Lo cual demuestra que ciertos periódicos de Madrid no informan sobre la realidad sino que la profetizan.
Los hechos:
- La guardia civil entra en la sede de CDC en Barcelona y la registra./La policía nacional entra en la sede del PP y la registra.
- La guardia civil detiene al tesorero de CDC./La policía nacional detiene al tesorero del PP y el juez lo encarcela.
- En CDC, al parecer, se cobraba el 3% de comisión de toda obra pública./En el PP se cobraba el 3% de comisión de toda obra pública, según confesión de Correa.
- En CDC se financiaban ilegalmente campañas electorales a través de la Fundación DemCat./En el PP se financiaban ilegalmente campañas electorales a través de la Fundación FUNDESCAM.
- Todo lo anterior pasó también bajo el gobierno de Artur Mas./Todo lo anterior pasó también bajo el gobierno de Mariano Rajoy.
- No hay acusaciones personales sobre Mas./Sí hay acusaciones personales sobre Rajoy.
- No parece que en CDC se haya intentado destruir pruebas de relevancia judicial./En Madrid sí se han destruido pruebas de relevancia judicial en el PP.
- Que yo sepa, El País no considera tocado a Mariano Rajoy como considera a Mas. Y tampoco se ha visto un editorial sobre Rajoy tan duro como el que se publica hoy contra Mas.
- Sin embargo, la corrupción de Rajoy y el PP es mucho más grave que la presunta de Mas y CDC, porque afecta al gobierno del Estado, no de una Comunidad Autónoma.
¿A qué se deberá esta diferencia de trato?