Se recordará la absurda expresión, propia de Ubú Rey, con que Rajoy quiso despachar hace cuatro años una concurridísima Diada en 2012. Un millón y medio de personas en la calle al grito de som una nació; nosaltres decidim era para el presidente de los sobresueldos una algarabía. Y, en cierto modo, no le faltaba razón. Al estar en catalán, lengua que Rajoy ignora, como todas las demás, excepto el español, que le resulta algo más familiar, aunque no del todo, era lógico que le sonara como eso, una algarabía o batiburrillo en árabe. Apenas se hizo especial hincapié en la necedad de la respuesta porque, en el fondo, no llamaba la atención. Los españoles estamos acostumbrados a unos políticos que frecuentemente (los pesimistas dice siempre) no saben lo que hacen ni lo que dicen.
Cuatro años más tarde, la algarabía es un potente movimiento independentista con amplísima base social transversal y un notable impacto en la opinión pública exterior. Una iniciativa política independentista que puede ocasionar la ruptura de España. Una crisis frente a la cual, el aparato de propaganda de la recuperación ha enmudecido. Una crisis de la que el señor Rajoy dice no ser responsable, ya que él no tiene la culpa de que haya más o menos independentistas. Si él, que es el presidente del gobierno no tiene la culpa, es imposible imaginar quién la tendrá.
Es obvio: no saben lo que dicen ni lo que hacen o, tratándose de Rajoy, "no hacen".
Pero gobiernan y ahora hay una ofensiva independentista muy seria que los políticos españoles no han sabido calibrar. Esos políticos incluyen a la oposición socialista, incapaz de articular una opción más flexible y negociadora que la del gobierno porque, en el fondo, coincide con los supuestos básicos de la acción de este y no se atreve a adoptar un criterio distinto del más ultramontano nacionalismo español por miedo a perder votos en España.
Téngase en cuenta que, tratándose de un asunto de calado constituyente de hecho, los sondeos sin embargo, presentan una situación muy abierta y muy indecisa. Apuntan a una victoria independentista pero con diversos cálculos en cuanto a su proporción, lo cual obliga a esperar a los resultados en mayor medida que en otros momentos.
Decía el gobierno, con aquiescencia de la oposición, que las elecciones de 27 de septiembre son elecciones autonómicas ordinarias, nada de plebiscitarias, pues estas ni siquiera existen en la Constitución, aunque sí el referéndum. La impericia del gobierno, por no hablar de su manifiesta ineptitud, ha convertido las famosas elecciones autonómicas en una consulta de proyección internacional. Al meter en danza a Merkel, Cameron y Obama, mendigando de ellos declaraciones en contra de la secesión catalana que tampoco conseguía, el genio de La Moncloa ha cumplido con creces el programa independentista de la internacionalización.
No saben lo que hacen.
Pero insisten. Durante este tiempo, desde la algarabía de 2012 al yo no tengo la culpa de nada, no ha habido un solo intento de diálogo o negociación salvo en los términos perentorios de "se cumple la ley y punto". Nada de debate: silencio, rechazo, cerrazón, hostilidad y desprecio. Por supuesto, acompañados con una cascada de insultos, desde los más refinados a los más groseros. Y eran unas elecciones ordinarias.
En los días que quedan, se intensifica el tono y se pasa a las amenazas más directas y los augurios más funestos. Los bancos, muy enfurruñados, amenazaron con marcharse de Cataluña en caso de independencia, una posible decisión nada creíble por no estar basada en ningún cálculo racional de costes-beneficios. El caso de algún empresario de profundo nacionalismo español, como el de Pronovias, quien también promete llevarse el ajuar si el Principado se declara independiente, pone de manifiesto precisamente su carácter aislado. El Banco de España, dirigido por un fiel alguacil de la política económica del gobierno prevé un corralito catalán si hay independencia, con tanta razón y verosimilitud como la del ministro del Interior quien, inspirado por alguna de sus condecoradas santas, tuvo una visión de Cataluña rebosante de yihadistas y terroristas en general.
Faltaba llegar a lo abyecto y ahí figura, en portada de El Mundo: le República catalana no podrá pagar las pensiones. El Pacto de Toledo se firmó precisamente para poner fin a esta despreciable treta de jugar con las pensiones como arma de la lucha política. No había derecho a someter a chantaje al sector más vulnerable, indefenso y venerable de la sociedad. Lo primero que hizo el gobierno de la derecha fue, precisamente, romper el Pacto de Toledo para que ahora sea posible una ruindad como la de esa portada, para asustar a los jubilados catalanes. Menos mal que son católicos, ¿verdad?
Detrás de las pensiones vendrá el Apocalipsis. No saben lo que hacen ni lo que dicen.
Sin embargo, de aquí al 28 de septiembre ya solo cabe esperar y tomar nota del resultado que, casi seguro, va a ser un cambio de época en España por cuanto apunta a una alteración de carácter constituyente. A partir de esa fecha, los nacionalistas españoles tienen tres meses para remediar la situación, imitando descaradamente a los catalanes, es decir, convirtiendo las elecciones generales "ordinarias" en plebiscitarias entre un bloque con oferta constituyente (a ser posible, una única y no siete) y otro continuista. El continuismo sabemos lo que es: más corrupción, caciquismo, ineficacia, autoritarismo, censura, recortes, devaluación interna, desigualdad, más pobreza, nacionalcatolicismo y centralismo.
Lo interesante es si el bloque de opción constituyente es capaz de formular una suficientemente flexible, incluyente y eficaz para contar con un apoyo generalizado. La verosimilitud de la propuesta habría de quedar condicionada a la participación de los catalanes, que no está en modo alguno garantizada sino más bien al contrario. Da la impresión de que la única propuesta más moderada, capaz de frenar una DUI si el apoyo parlamentario lo permite, sería un referéndum de autodeterminación vinculante y en un plazo breve.
Y estaría por ver porque ese es el referéndum que, según el ministro del Interior, ningún gobierno de España autorizará jamás.
No saben lo que hacen.
Pero insisten. Durante este tiempo, desde la algarabía de 2012 al yo no tengo la culpa de nada, no ha habido un solo intento de diálogo o negociación salvo en los términos perentorios de "se cumple la ley y punto". Nada de debate: silencio, rechazo, cerrazón, hostilidad y desprecio. Por supuesto, acompañados con una cascada de insultos, desde los más refinados a los más groseros. Y eran unas elecciones ordinarias.
En los días que quedan, se intensifica el tono y se pasa a las amenazas más directas y los augurios más funestos. Los bancos, muy enfurruñados, amenazaron con marcharse de Cataluña en caso de independencia, una posible decisión nada creíble por no estar basada en ningún cálculo racional de costes-beneficios. El caso de algún empresario de profundo nacionalismo español, como el de Pronovias, quien también promete llevarse el ajuar si el Principado se declara independiente, pone de manifiesto precisamente su carácter aislado. El Banco de España, dirigido por un fiel alguacil de la política económica del gobierno prevé un corralito catalán si hay independencia, con tanta razón y verosimilitud como la del ministro del Interior quien, inspirado por alguna de sus condecoradas santas, tuvo una visión de Cataluña rebosante de yihadistas y terroristas en general.
Faltaba llegar a lo abyecto y ahí figura, en portada de El Mundo: le República catalana no podrá pagar las pensiones. El Pacto de Toledo se firmó precisamente para poner fin a esta despreciable treta de jugar con las pensiones como arma de la lucha política. No había derecho a someter a chantaje al sector más vulnerable, indefenso y venerable de la sociedad. Lo primero que hizo el gobierno de la derecha fue, precisamente, romper el Pacto de Toledo para que ahora sea posible una ruindad como la de esa portada, para asustar a los jubilados catalanes. Menos mal que son católicos, ¿verdad?
Detrás de las pensiones vendrá el Apocalipsis. No saben lo que hacen ni lo que dicen.
Sin embargo, de aquí al 28 de septiembre ya solo cabe esperar y tomar nota del resultado que, casi seguro, va a ser un cambio de época en España por cuanto apunta a una alteración de carácter constituyente. A partir de esa fecha, los nacionalistas españoles tienen tres meses para remediar la situación, imitando descaradamente a los catalanes, es decir, convirtiendo las elecciones generales "ordinarias" en plebiscitarias entre un bloque con oferta constituyente (a ser posible, una única y no siete) y otro continuista. El continuismo sabemos lo que es: más corrupción, caciquismo, ineficacia, autoritarismo, censura, recortes, devaluación interna, desigualdad, más pobreza, nacionalcatolicismo y centralismo.
Lo interesante es si el bloque de opción constituyente es capaz de formular una suficientemente flexible, incluyente y eficaz para contar con un apoyo generalizado. La verosimilitud de la propuesta habría de quedar condicionada a la participación de los catalanes, que no está en modo alguno garantizada sino más bien al contrario. Da la impresión de que la única propuesta más moderada, capaz de frenar una DUI si el apoyo parlamentario lo permite, sería un referéndum de autodeterminación vinculante y en un plazo breve.
Y estaría por ver porque ese es el referéndum que, según el ministro del Interior, ningún gobierno de España autorizará jamás.
