Iba a escribir sobre las candidaturas a la renovación del PSOE, animadas ahora con la novedad del posible tandem Madina-Chacón y el amago de Beatriz Talegón de presentarse. Pero descubrí que en el día se habían producido otros hechos de mayor momento para el país: la decisión de las autoridades suizas de investigar a Bárcenas, la de Rajoy de rechazar todo acuerdo con Rubalcaba y la de los soberanistas catalanes de ir adelante con la consulta. Son tres asuntos de envergadura. Hacen referencia a los tres problemas más graves de nuestro país: la corrupción, la crisis y el independentismo catalán.
La política tiene mala fama pero, en último término, es el único ámbito en que pueden debatirse estos asuntos de interés general. Debatirse por medio del diálogo. En verdad, la política puede zanjarlos también por otros medios: la imposición, la violencia, la mentira, la dictadura. Pero nadie los suscribe. Todo el mundo dice preferir el diálogo, incluso quienes se beneficiarían con la violencia. Los estudiosos y los expertos lo saben y por eso exigen unas garantías para que el diálogo cumpla su cometido de llegar a decisiones colectivas democráticas y acertadas. Habermas ha edificado su teoría de la acción dialógica sobre esas garantías que funcionan como principios básicos sin los cuales no puede haber intercambio. Lo que se dice debe ser verosímil, sincero, atenerse a las normas y ser inteligible o racional. Provistos de estos requisitos debemos acometer los tres problemas señalados que son esenciales en nuestra sociedad.
La corrupción es la gran lacra nacional. Ahora se aireará en tribunales extranjeros, lo cual no contribuirá precisamente a enaltecer la marca España. Esta en concreto, además, involucra al presidente del gobierno, a algunos ministros y altos cargos del PP que pudieron estar recibiendo dineros ilegales durante años, procedentes, incluso, de fondos delictivos. El vicio nacional, habitualmente larvado, ha hecho eclosión espectacular a la que no se ha escapado ni la Casa Real. Es el momento de hablar de la corrupción, de debatir las medidas para atajarla y erradicarla. Es necesario el diálogo sobre lo que quizá sea el motivo más claro de la crisis española. Sin embargo, el gobierno no solo no quiere debatir sino que ha prohibido siquiera que se mencione el nombre del principal responsable, Bárcenas. La creencia de que, no mencionando el mal, este deja de existir tiene algo de neurótico. Y solo puede conducir a situaciones mucho peores, mucho más comprometidas.
La crisis.Por enésima vez se niega Rajoy a establecer acuerdo, trato, pacto alguno con Rubalcaba, salvo que este suscriba sus políticas sin reservas. Rubalcaba hace bien en proponer pactos y presentar medidas concretas que podrían adoptarse. Pero no puede ignorar que el gobierno carece de toda intención dialogante, asunto tanto más grave cuanto se están tocando pilares institucionales básicos de nuestra convivencia, como son el sistema de pensiones, la sanidad y la educación públicas, etc. La negativa al diálogo releva al PSOE de toda responsabilidad en los desastres que se produzcan y, por ende, le da legitimidad para revocar todas las decisiones si llega al poder. Porque estas decisiones han sido tremendamente clasistas. Por ejemplo, el gobierno reconoce haber empleado 40.000 de los 100.000 millones de euros del rescate en la banca pero añade que no emplea los 60.000 restantes en rescatar hipotecados, por ejemplo, porque se nos impondrían condiciones. En otras palabras: pagamos las condiciones de la banca pero no las de la gente.
Soberanismo catalán. Nuevo episodio. Mas reúne una "cumbre por el derecho a decidir", el PSC acude pero se reserva el derecho al juicio de intenciones y Carme Chacón publica una carta abierta en la que pide al secretario general del PSC, Pere Navarro, que no acuda a la cimera pel dret a decidir. Esto del dret a decidir va a ocasionar una crisis en el PSOE y, desde luego, en las relaciones con el PSC. Entre tanto el nacionalismo catalán, que tiene la iniciativa política, sigue ganando territorio y apoyo para su idea de celebrar una consulta sobre el derecho a decidir en 2014, fecha simbólica que une el momento de la pérdida y el de la recuperación de las libertades nacionales con trescientos años por medio. De esto tampoco se habla. Y aquí los dos partidos dinásticos presentan un frente común: el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación no existe. Punto pelota. No hay diálogo que valga salvo para acordar una reforma u otra de la planta territorial única para toda la Nación.
Si, a pesar de todo, una cantidad considerable de ciudadanos, cientos de miles, quizá millones, pide el ejercicio del derecho a decidir, habrá que encontrar alguna forma de arbitrarlo que no sea el recurso a la violencia. Y no porque lo diga Palinuro -que lo dice- sino porque lo dice tambièn el Tribunal Supremo del Canadá en el caso de Quebec y algún ilustre jurista, como Rubio Llorente en el caso de España. Lo que sí se puede es barruntar cómo será la situación a base de no dialogar y sofocar la llama soberanista aplicando la normativa vigente. ¿Pretendemos coexistir con un estado de excepción permanente?
