Por supuesto también puede nacer de las bayonetas o de las pelotas de goma de los antidisturbios, pero será un orden injusto y, por tanto, ilegítimo, que negará sus derechos a los ciudadanos. Un orden mecánico, impuesto, no basado en el libre consentimiento de la ciudadanía.
A estas alturas de la crisis, cuando parece que nos precipitamos en otra peor en parte a causa de las medidas que estamos tomando, hay una conciencia generalizada en el país de que vivimos en una sociedad convulsa, indignada, en estado de movilización prácticamente permanente. Esto se ve bien en Madrid: se van los mineros y se quedan los funcionarios, aparecen los parados y vuelven los funcionarios y salta luego la chispa y prende en Andalucía, una región o nacionalidad en la que existe una tradición de radicalismo político, reprimida en tiempos de Franco con la máxima dureza y crueldad. La movilización de la derecha en contra del acto de Mercadona es excesiva y demuestra mala conciencia con Andalucía, en donde se fusiló la gente a cientos y se coronó con lo asesinatos de Blas Infante y de García Lorca.
Sin embargo, según se deduce de las muy reiteradas manifestaciones de Gordillo, de lo que se trata es de llamar la atención acerca de una situación en el límite, en la que la gente ya pasa hambre y el gobierno continua imponiendo sacrificios y negando derechos. La intención de la derecha es tratar el asunto como de orden público y de procesar a los responsables, amparada en la mayoría absoluta del gobierno y la legalidad vigente. La situación se dirimirá en los tribunales. Pero eso no impedirá que Sánchez Gordillo realice otro acto de desobediencia civil, y otro y otro en otros ámbitos sociales. Y, si Gordillo falta, probablemente habrá otros Gordillos. Cuando las iniquidades del gobierno no dejan margen y prevalece la desobediencia civil, las cosas tienen difícil arreglo.
La insistencia en que la legitimidad del gobierno se basa en la voluntad de la gente, traducida en su mayoría parlamentaria, pretende ignorar que esa misma mayoría parlamentaria convierte al Parlamento en algo irrelevante. Bien claro ha quedado en los ocho meses de gobierno que este poco menos que lo ignora.
Es un parlamento prácticamente maniatado frente a un gobierno que no rinde cuentas de sus actos y que ha hecho todo lo contrario de lo que prometió en el discurso de investidura del candidato a la presidencia. Como era de esperar, parte de la oposición se traslada a la calle y puede tomar estas formas de desobediencia civil, muy difíciles de manejar en un contexto de libertades y garantías constitucionales.
Muy difíciles, sobre todo, porque el orden que cuestionan con sacrificio de su libertad, es injusto. Es patente que el gobierno ha distribuido los costes de la crisis de modo tremendamente desigual. No ha tocado los intereses de los sectores privilegiados, la iglesia, los bancos, las grandes fortunas, las mayores empresas; al contrario, ha amnistiado a los grandes defraudadores; en cambio ha entrado a saco en los de las clases populares, trabajadores, parados, dependientes, jubilados, de la inmensa mayoría.
En la época de los medios de comunicación e internet, esa situación de injusticia se visualiza todos los días. Por un lado se hace pública la pensión quer se autoasigna tal o cual cargo por haber llevado su banco a la quiebra o se cuantifican los millones que ha defraudado al erario público tal o cual presidente o alcalde, este o aquel otro ladrón de guante blanco y poderosas influencias; por otro se presencia un desahucio y se sabe que son miles los que se tramitan en todo el país o se debate incluso la posibilidad de eliminar un pago de 400 € al mes para los parados que hubieren agotado sus otras prestaciones, se ve a un ingeniero en paro pedir limosna por las calles o tal ayuntamiento pone candado a los contenedores de basura para que los pobres no puedan rebuscar en ellos. Escuchar en ese momento que el salario de los altos cargos de las entidades intervenidas no podrá exceder de 300.000 € al año suena como un insulto para quienes tienen que luchar por 400€ al mes. Son esos cientos o miles de casos concretos de injusticia y abusos en todas partes los que producen un estado de indignación general que presta apoyo a los actos de Gordillo y los que vengan después.
Es el hartazgo con la injusticia, la contemplación de los abusos, la conciencia de la impunidad de que gozan los delincuentes, muchas veces amparados por las autoridades, la palmaria evidencia de que un gobierno indolente e irresponsable actúa sistemáticamente en pro de los privilegiados y en contra de la mayoría, que reduce sus posibilidades de vida por razones económicas y niega sus derechos por razones políticas los que están cebando una situación potencialmente explosiva de la que la desobediencia civil de Gordillo no es más que un síntoma o adelanto.
Por cierto, se piense lo que se piense respecto al alcalde de Marinaleda y sus motivaciones, nadie puede negar que este hombre ha sacudido la modorra de un país entero, ha puesto a ladrar furiosa a la jauría mediática de la derecha y ha confrontado a la sociedad con el hecho de que el orden social es profundamente injusto.
Si la única respuesta a este estado generalizado de ánimo e indignación la da ese ministro del Interior que parece directamente salido de la policía franquista, quiere decir que el orden injusto solo podrá mantenerse a base de pelotazos de goma de los antidisturbios, es decir, por la fuerza.
Y, si es por la fuerza, no veo razón alguna para criticar la de los jornaleros que más me parece legítima defensa frente a una agresión perpetrada por un gobierno tiránico que se escuda en una ley que él mismo incumple, tergiversa, defrauda y, cuando le parece, cambia a su antojo.
Es el hartazgo con la injusticia, la contemplación de los abusos, la conciencia de la impunidad de que gozan los delincuentes, muchas veces amparados por las autoridades, la palmaria evidencia de que un gobierno indolente e irresponsable actúa sistemáticamente en pro de los privilegiados y en contra de la mayoría, que reduce sus posibilidades de vida por razones económicas y niega sus derechos por razones políticas los que están cebando una situación potencialmente explosiva de la que la desobediencia civil de Gordillo no es más que un síntoma o adelanto.
Por cierto, se piense lo que se piense respecto al alcalde de Marinaleda y sus motivaciones, nadie puede negar que este hombre ha sacudido la modorra de un país entero, ha puesto a ladrar furiosa a la jauría mediática de la derecha y ha confrontado a la sociedad con el hecho de que el orden social es profundamente injusto.
Si la única respuesta a este estado generalizado de ánimo e indignación la da ese ministro del Interior que parece directamente salido de la policía franquista, quiere decir que el orden injusto solo podrá mantenerse a base de pelotazos de goma de los antidisturbios, es decir, por la fuerza.
Y, si es por la fuerza, no veo razón alguna para criticar la de los jornaleros que más me parece legítima defensa frente a una agresión perpetrada por un gobierno tiránico que se escuda en una ley que él mismo incumple, tergiversa, defrauda y, cuando le parece, cambia a su antojo.
