Resumen breve de la situación: Torra ha superado el trámite de la investidura en una condiciones muy difíciles. Enfrentado a un ataque maligno y demencial que no solo no respeta los 100 días de cortesía parlamentaria sino el mero hecho de la investidura, es el 131 presidente de la Generalitat. Todos los comentaristas españoles han formado un coro denigratorio y amenazador. Torra es un racista, un supremacista, un xenófobo, un antiespañol que debe tener cuidado con lo que hace y dice y, si falta a la ley, M. Rajoy está dispuesto a seguir aplicando el 155 con el apoyo de PSOE y C's.
En realidad, no es el gobierno el interlocutor en esta lucha, sino el conjunto del Bloque del 155, con el entusiasta apoyo del PSOE, de C's y de buena parte de Podemos. Esta parte o sector crece en la medida en que ve que la falta de un discurso nacional-español le restará votos en España, lo único que le importa, pues, a pesar de querer asaltar los cielos, su cálculo se orienta exclusivamente a las elecciones y los escaños conseguidos. No es el PP solo el que se enfrenta al independentismo, sino el conjunto del sistema político español, las tres cuartas partes del Congreso (más del 90% si llega el caso), la totalidad del sistema mediático, el poder judicial, convertido en el vehículo de la política represiva y, por supuesto, el electorado que, cuando se trata de reprimir a los catalanes, forma una piña, una unión sagrada capitaneada por lo más corrupto y reaccionario del Estado.
El procés sigue y mantiene firme la unidad de acción de las fuerzas de esta revolución: las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, las profesionales, las redes y el pueblo en permanente tarea de organización espontánea de la resistencia. Es la única garantía de llegar hasta el final. El independentismo no puede esperar más ayuda y respaldo que las que obtenga de su propia acción estratégica y el apoyo que pueda conseguir en el extranjero. Del resto del Estado español, ni una ayuda, sino todo lo contrario; de los intelectuales y las izquierdas españolas cero colaboración.
Por eso hace muy bien Torra en viajar a Berlín como primer ministro de la República Catalana, a comunicar su elección al presidente legítimo de Catalunya y no a Madrid, a comunicar eso mismo al rey del país vecino. Y también hace bien el presidente del Parlament, Roger Torrent en no desplazarse a rendir pleitesía y comunicar al jefe del Estado español, el rey, la decisión de investir a Torra. Se limitará a darle razón de ello por escrito. Y aun eso me parece excesivo por su parte. No se me alcanza qué puede obligar a Torrent a mantener la corrección parlamentaria con una gente que, como el rey, el gobierno del PP y la oposición en su conjunto tampoco lo hacen.
Poco a poco, con todo, la República Catalana va consolidándose en un plano simbólico que tiene una gran importancia cuando, como sucede actualmente, se ve impedida de desplegar sus potencialidades institucionales al estar sometida a una amenaza permanente de intervención arbitraria. Esta que puede desencadenarse en cualquier momento en que el B155 considere oportuno para seguir con su objetivo de extirpar el independentismo catalán.
Sin duda, el proyecto del gobierno "efectivo" de la Generalitat es avanzar en su plan de construcción republicana. Pero su capacidad de hacerlo está condicionada por la situación de inseguridad jurídica en que se encuentra el conjunto del movimiento. No solamente los presos políticos, cuyos derechos dependen de los estados de humor de un juez, sino la propia acción de gobierno y la actividad legislativa del Parlament. En estas condiciones, lo que cualquier gobierno independentista que trate de realizar el mandato del 1º-O tiene por delante es un horizonte penal. No obstante, a su vez, por mucho que los neofalangistas de C's presionen o los socialistas amenacen con más represión a través del 155, lo cierto es que no podrán materializarla. Un segundo gobierno de la Generalitat, procesado y encarcelado por ese peculiar juez del Supremo es más de lo que la UE puede condonar.
Mientras haya presos políticos no cabe contar con una normalización de la situación catalana. Se ha dicho muchas veces pero, al parecer, es preciso repetirlo. Y menos cabrá contar si continúa aplicándose la política de encarcelamiento. Es una situación en la que el gobierno del Estado y sus aliados del B155 ha colocado al país como resultado de su carácter autoritario y su fantástica incompetencia.
En realidad, el camino de consolidación de la República catalana está expedito por cuanto sus adversarios no están en situación de impedirlo más que a base de intensificar los disparates represivos que profundizarán en la crisis y favorecerán la mediación exterior. Solo les queda la política de asfixia y suspensión de la autonomía catalana, una vuelta atrás que no pueden mantener y que se encuentra con una barrera infranqueable si se obstinan en imposibilitar el gobierno de la Generalitat: las elecciones anticipadas. Téngase en cuenta que estas serán convocadas por el govern en condiciones favorables (como las del 21 de diciembre lo fueron para el gobierno español, que las perdió) y, mediando una lista de país, pueden ser el momento decisivo en este contencioso ya excesivamente prolongado.
