Mi artículo de elMón.cat,titulado Jueces contra políticos, versa sobre el procesamiento de los cargos electos independentistas por desobediencia, como los casos de Carme Forcadell, Anna Simó y otros antes y otros que vendrán después. El gobierno parece decidido a inhabilitar (y, en su caso, encarcelar) a la clase política catalana. Teniendo en cuenta que esta se apoya en un movimiento de amplia base política y social y que la regeneración de esa elite está asegurada, al final, es posible que el ejecutivo se decida por lo que acaba de decir García Margallo: suspende la autonomía catalana, previo acuerdo parlamentario que, según sean las primarias del PSOE, no le será difícil conseguir, y toma el mando de los Mossos d'esquadra. Pero eso no es una solución ni a medio plazo. O sea, no es una solución.
El error está en empeñarse en resolver en los tribunales un conflicto político que exige soluciones negociadas, pactadas, políticas.
A continuación, la versión castellana:
Jueces contra políticos
La respuesta judicial del Estado español a la aplicación de la hoja de ruta de la mayoría parlamentaria enfrenta a dos poderes del Estado con intención de someter el uno al otros, el parlamentario al judicial. Obviamente, esto atenta contra la separación de poderes y la soberanía del Parlamento, cuyos miembros gozan de inviolabilidad en el ejercicio de su cargo. Esa inviolabilidad que Carme Forcadell i Anna Simó han demandado a la jueza que les ampare.
La inviolabilidad hace referencia a la función política del Parlamento. Este no pretende sustraerse a la acción de los tribunales en asuntos no políticos, de derecho común, incluso aunque la pintoresca institución del aforamiento suela extenderse en efecto a estos asuntos y se haga por huir de la acción de la justicia, lo cual no deja muy bien parados a los representantes del pueblo.
No es el caso con la función política del Parlamento y su concreción legislativa, que es soberana. En el caso de que la acción política del legislativo sea objeto de prohibición judicial, la mesa y su presidenta se verán en la disyuntiva de acatar la decisión judicial (prohibitiva) incumpliendo el mandato de la mayoría parlamentaria o cumplir este mandato y, por tanto, desacatar la decisión judicial. Si hace lo segundo pondrá al Parlamento bajo control judicial.
Se dirá que el Parlamento catalán no es soberano, como tampoco el TSJC lo es frente al Tribunal Supremo. Pero, a diferencia de la jerarquía aceptada de los tribunales, el Parlamento español, depositario de la soberanía, no la comparte con el Parlamento catalán.
Por este motivo, los partidarios de la mano dura judicial contra el independentismo señalan que no se encausa a nadie por sus manifestaciones u opiniones políticas, sino por la comisión de presuntos ilícitos como la desobediencia. Porque este es el núcleo del problema: tratar como una cuestión de legalidad por vía de represión judicial una que es eminentemente política, que se plantea en el terreno de la legitimidad. Desde la legitimidad suele ponerse en cuestión la autoridad de los tribunales –de estos tribunales concretos- para entender de la causa.
De aquí que este proceso sea un proceso político, se quiera o no. Es político porque los justiciables son políticos, con objetivos puramente políticos y sostienen que actúan en función de unas convicciones políticas y morales. El Estado niega este carácter político y moral a la cuestión. Pero eso es lo que han hecho siempre los Estados que se han enfrentado a movimientos de disidencia masiva y pacífica. Han perseguido a los dirigentes, acusándolos y condenándolos por la vía penal ordinaria.
El mismo Estado que insta la acción de los tribunales en defensa de la legalidad es el que acomete presuntas actividades de guerra sucia, como la denominada Operación Cataluña. Por descontado esto no afecta a la cuestión de que aquí se trata pero dibuja un contexto de operación política en todos los frentes, uno de los cuales es el judicial. Por una multitud de razones puede sostenerse que el poder judicial en España (incluido ahora el Tribunal Constitucional ya que tiene facultades que antes no tenía) no es independiente del poder político, sino, al contrario, su brazo ejecutor.
Reducir un conflicto político con choque de legitimidades (la soberanía del pueblo español y la del pueblo catalán y las de sus respectivos parlamentos) a una cuestión penal, individualizando la responsabilidad y, es de suponer, tratando de dar un escarmiento, no es una solución. La explicación de que se juzga la desobediencia concreta de Carme Forcadell et al., no puede ignorar el hecho de que esta presunta desobediencia se produjo por la obediencia a un mandato político de otro poder. Que detrás de Carme Forcadell hay centenares de miles, millones de voluntades. Que se juzga un símbolo. Los tribunales pueden inhabilitar a los imputados, pero ¿qué harán con los que los sustituyan en los cargos y procedan del mismo modo?
Al final, si quienes ejercen los cargos públicos son inhabilitados sistemáticamente será preciso dar un paso más y suspender las instituciones de autogobierno catalán. Esto es lo que demandan ya muchas voces de la derecha política y mediática. Y, llegados a esta situación, el nacionalismo español tendrá un problema constitucional por negarse a reconocer que tiene un problema constitucional.
