¿Por qué ordena la fiscalía a los mossos que hagan lo que tienen que hacer? Vigilar los delitos, impedirlos, denunciarlos, perseguirlos. Se trata de la función de los mossos. ¿Es que no la hacían? No debía de ser el caso puesto que la policía autonómica ya había mandado a la Audiencia Nacional un informe documentando 24 casos de delitos de este tipo. Prueba de estaba trabajando a pleno rendimiento. Más parece que el recordatorio de la fiscalía tiene una funcionalidad intimidatoria o amenazadora. Al hacer pública la advertencia de que los guardias estén atentos a la comisión del menor delito, a fin de reprimirlo, lo que se pretende es que sea de conocimiento general la plena disposición de las autoridades a reprimir cualquier conato de sedición o rebeldía. En el fondo, una amenaza del nacionalismo español al catalán.
Otra cosa es que se tipifiquen como delito los "ultrajes" a la corona. Eso sedicentes "ultrajes"no se refieren solo a la corona sino a prácticamente todo el orden político, desde la Constitución al ejército. En realidad, fue a causa de este último cuando se crearon estos delitos tan subjetivos como arbitrarios de los ultrajes e injurias a símbolos, objetos, entes, en la Ley de Jurisdicciones de 1906, aquella vergüenza por el que el Estado alfonsino se sometía a la arbitrariedad cuartelera. La República, con gran tino, la derogó; pero Franco, siempre dispuesto mostrar su faz de dictador, la incorporó a su legislación de seguridad, de delitos contra el ejército y al Código Penal.
Y ahí sigue. Dentro de poco veremos más acciones de desobediencia civil en Cataluña, muchas de las cuales podrán interpretarse como intolerables ultrajes a la corona o a la Constitución y así lo harán los segmentos más profranquistas de la judicatura, como ya está sucediendo. Admitir que un "ultraje" a la corona, a la Constitución, a la casa real sea un delito, cuando es materialmente imposible delimitar objetivamente el alcance del ultraje es abrir las puertas de par en par a la censura, a la represión a la negación de libertad de expresión. Se trata de algo a lo que este gobierno neofranquista es muy proclive, como se muestra por el hecho de haber aprobado una norma tan represiva, dictatorial y odiosa como la ley mordaza, por la que se pretende yugular todo atisbo de debate público.
