La oposición tiene preparado un via crucis al presidente del gobierno. Acaba de arrancar la legislatura y ya está obligado a comparecer en el Parlamento, cosa que, en su anterior omnímodo mandato, solo hizo una vez, un primero de agosto y para mentir descaradamente. Los tiempos han cambiado y la mayoría parlamentaria también. Eso es decisivo. Tanto que el gobierno puede verse obligado a hacer lo que lleva más de cinco años sin hacer: rendir cuentas.
Esa comparecencia que se pedirá en la inevitable comisión de investigación sobre la financiación del PP promete ser muy movida y provocar todo tipo de turbulencias. Siempre se ha dicho que un problema de las comisiones parlamentarias de investigación es que interfieran en procedimientos judiciales en marcha. Y aquí, justamente, se pedirá la comparecencia del presidente del gobierno para responder en una investigación sobre la financiación de su partido que los tribunales están juzgando por otro lado dentro del macroproceso de la corrupción Gürtel. En breves días se espera la declaración del mismísimo Bárcenas, de la que también podría salir una petición de que Rajoy declare en sede judicial. De hecho, quienes piden la comparecencia solicitan también a la presidenta de la cámara que recabe información de los juzgados y tribunales en los que se esté viendo este asunto.
Al mismo tiempo, es de notar que la petición de comparecencia se hace para declarar algo que no solamente está sub-iudice, sino que está siendo objeto de renovada práctica ahora mismo, como se prueba por el nuevo pufo del AVE a Murcia, 18 millones del ala que tendrán o no que ver con la financiación del partido cuyo presidente es llamado a comparecer.
Esta comparecencia amenaza con intensificar los conflictos. El PP o su presidente pueden intentar boicotearla amenazando con disolución y elecciones anticipadas y eso es lo último que quiere la oposición, en especial la de izquierda. Sus dos formaciones principales están inmersas en sendas luchas intestinas que sin duda tienen fondo político e ideológico más o menos fácil de entender pero que, en la sociedad mediática, aparecen como peleas personales: susanistas, sanchistas, pablistas y errejonistas son los trasuntos actuales de los fulanistas y menganistas de que hablaba Unamuno. Ir a unas elecciones en esas circunstancias sería suicida. Y en el PP lo saben, de modo que la comisión de investigación acabará pactándose.
No se olvide que en el horizonte de la política española está la nube permanente del independentismo catalán. Unas elecciones convocadas a lo largo de este año dejarían al país con el gobierno del PP de nuevo en funciones, esto es, según su propia doctrina, sin control parlamentario. Quizá lo que esté planeando ese mismo gobierno para enfrentarse a la llamada "cuestión catalana" con las manos libres
