En Cataluña se dibuja un horizonte de desobediencia civil generalizada alimentada no tanto por el afán de la población por buscarse problemas como por la obstinación de la derecha de considerar que el independentismo catalán es un problema de orden público que se resuelve con cuatro guantazos o, como dicen en público, aplicando la ley. La ley de la porra, se entiende. En este actitud, tan autoritaria y absurda, la derecha cuenta con la entusiasta complicidad del PSOE, capaz de suicidarse al pie de la gloriosa nación hispana. O de lo que queda de ella después de que la la inepta y corrupta oligarquía española haya ido dejándose a lo largo de los siglos jirones del mayor imperio que vieron los tiempos, hasta quedar reducido a una parte de una península en la periferia de Europa y a punto, además, de perder su propia periferia. Porque "Castilla miserable ayer dominadora...", etc. De eso trata mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado, Comença el ball y cuya tradución al castellano viene a continuación.
Comienza el baile
Mientras en Madrid el PSOE obedecía al destino, en Vic, un concejal de la CUP obedecía a su conciencia. Por su parte Rajoy aseguraba que lo que hay que obedecer es la ley, de la que él es y será legítimo guardián.
Cualquiera ve que este es el inicio de una actitud colectiva que, probablemente, irá a más. Cuando un concejal actúa según su conciencia y, con ello, se sitúa fuera de ley despierta más simpatías que otro que, por ejemplo, se haya puesto fuera de la ley por haberse apropiado indebidamente unos cuantos millones. Con el primero se solidarizan muchos ciudadanos y algunos hasta lo manifiestan; con el segundo no suele solidarizarse nadie ni manifestarse, aunque a veces pasa, pues España es un país peculiar.
La insistencia de Rajoy en obedecer y hacer obedecer la ley es una perogrullada. Los gobiernos están para eso. Pero también están para aplicar soluciones políticas, negociadas que permitan mejorar la ley cuando esta es cuestionada por medios pacíficos por una colectividad con sus instituciones a la cabeza. De eso, sin embargo, no hay nada en el discurso de la derecha. Y no lo hay porque, para ella, los actos movidos por la conciencia independentista son un mero problema de orden público. Y el orden se mantiene con la aplicación estricta de la ley.
Este criterio convierte toda la política del Estado en relación al independentismo catalán en política represiva. Se moviliza la policía, los tribunales y, si es, necesario, se preparan las cárceles. En ese hilo procesal se encuentran ya un diputado de las Cortes, un expresidente y dos exconsejeras de la Generalitat y la actual presidenta del Parlament. Es difícil no ver que estas actuaciones son contraproducentes para el objetivo de hacer desistir a los independentistas. Cada nuevo acto de represión generará mayor respuesta de desacato y desobediencia, con más frecuentes llamadas a las fuerzas del orden autonómicas a desobedecer a su vez.
Teniendo en cuenta que el gobierno de la Generalitat tiene propósito de seguir con la hoja de ruta, como ha manifestado Homs al Rey y que el bloque independentista en el Congreso votará “no” a Rajoy, lo que se prevé es una escalada de acción (represión) – reacción (desobediencia) de consecuencias imprevisibles. Alguno de los posibles escenarios es que se produzca algún tipo de intervención exterior en forma de mediación, cosa que beneficiará a los independentistas y enfurecerá a los nacionalistas españoles.
De hecho, estos ya han cavado sus trincheras gracias a la abstención del PSOE y formado una línea defensiva de los partidos de la “unión nacional”. Una gran coalición disimulada como gobernabilidad de España. Y con eso se prueba que la situación está tan bloqueada como siempre. Esta vez no por un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, sino entre España y Cataluña.
Imposible abordar esta cuestión con el código penal en la mano. No es un problema de legalidad, sino de legitimidad, que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas. La más evidente de todas, la que lleva planteándose desde el inicio es la realización de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es algo tan evidente, sobre todo después del ejemplo de Escocia, que no se explica por qué no se ha realizado ya.
Pero el hecho es que no se ha producido y la situación sigue tan bloqueada como antes. Hay una evidente crisis constitucional. Está claro que los políticos llevan el asunto a la confrontación. A lo mejor sería razonable que interviniera el Rey. Al fin y al cabo, está para eso, para arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Y quizá una buena forma de conseguirlo sea sugerir a los partidos nacionales españoles la idea de que es mejor un referéndum pactado que uno sin pactar.
