diumenge, 4 d’octubre del 2015

El gobierno catalán.

Aquí mi artículo de hoy en elMón.es (en catalán).

A continuación, la versión española:

Cataluña necesita un gobierno.
Ramón Cotarelo.

Cataluña es un país europeo típico. Después de cada elección legislativa, constituir gobierno suele ser un proceso trabajoso. En algunos Estados (Bélgica, por ejemplo) a veces se tarda meses y hay que recurrir a la figura del “facilitador”. La clave está en el carácter multipartidista de sus sistemas. Eso del “bipartidismo” que tanto se critica en España, tampoco reza con Cataluña, como muchas otras cosas.

El núcleo de la dificultad está en la negociación de JxS y la CUP. Habiéndose expuesto ya quizá toda la panoplia de posiciones de unos y otros, solo queda esperar que las negociaciones lleguen a buen término porque si el coste de formar gobierno en Cataluña es alto para ambas partes, el de no formarlo aun lo es más. A esto efectos cabe resumir la situación recordando lo que ninguna de las dos partes debe olvidar.

La CUP no puede olvidar que:
- el camino a la independencia precede a cualquier otra consideración;
- no es justo que 10 diputados impongan su voluntad a 62 afines;
- all things considered, Mas se ha ganado un puesto de relevancia en el proceso.

Una negociación tiene dos lados. A su vez, JxS no puede olvidar que:
- la CUP cumple su programa y no tiene por qué faltar a él;
- 62 diputados no son razón suficiente para imponerse sin más a 10 afines;
- CDC tiene un pasado frente al que no es obligatorio hacer la vista gorda.

A su vez, ninguno de los dos puede olvidar que:
- el momento es excepcional. No se trata de pedir la independencia sino de practicarla;
- las fuerzas hostiles están amalgamadas en una polarización interna muy fuerte:
- se enfrentan a un adversario exterior aun más hostil, con un Estado dispuesto a todo.

La imputación a Mas tiene un valor altamente simbólico. Sumada a esa reforma de la Ley del Tribunal Constitucional por la que este se convierte en un alguacil de los deseos del gobierno, se prueba que en España no hay respeto alguno por principios jurídicos esenciales del Estado de derecho como el debido proceso legal, la separación de poderes o la jurisdicción constitucional. Añadamos el acuerdo entre el PP y PSOE en torno a una delirante normativa de seguridad nacional, puro pretexto plagiado de los Estados Unidos para dar amparo seudolegal a las demasías que el nacionalismo español quiera cometer en Cataluña. Se trata de una cerrada actitud de los dos partidos dinásticos, protagonistas de la segunda restauración borbónica, en el enésimo intento de frustrar las aspiraciones catalanas.

Ese valor altamente simbólico se visualizará el próximo 15 de octubre cuando, tras hacer una ofrenda floral en el monumento a Companys, Mas comparezca ante el TSJC a declarar en una causa incoada a instancia directa de la Fiscalía general del Estado. Ni la fecha de la citación es debida al azar ni en el momento de la comparecencia Mas dejará de representar a la nación catalana sea o no por entonces presidente de la Generalitat.

El proceso de independencia es ya un hecho. Su primer acto fueron las elecciones del 27 de septiembre. El siguiente, la decisión de la junta de gobierno de Memorial Democrático, un órgano de la Generalitat, de denunciar políticamente el franquismo y pedir la declaración de nulidad del proceso de Companys y de todos los demás procesos políticos de la dictadura. Esa decisión será sometida a pronunciamiento del Parlament, que lo hará de modo soberano y, al hacerlo, declarará Cataluña territorio libre de franquismo y pondrá en cuestión todo el ordenamiento jurídico español, desde 1939 hasta hoy.

El reto es imponente. El primero de calado importante desde la transición que seguramente se encontrará con la animadversión y el ataque no solamente de los dos miembros del llamado “bipartidismo” sino de todos los demás partidos españoles probablemente sin excepción.

Cataluña necesita un gobierno unido y fuerte si ha de prevalecer ante lo que se le viene encima. Un gobierno procedente de un Parlamento que habrá de tomar una decisión hasta la fecha insólita: ¿tiene sentido que los partidos independentistas, embarcados en una hoja de ruta hacia la independencia participen en las elecciones legislativas de otro país?