Pues sí, parece que los medios y los políticos españoles están enterándose ya de la importancia de lo que se les viene encima. Ni el gobierno, ni la oposición, ni los medios, ni los analistas, expertos o tertulianos calibraron el vigor, el apoyo del movimiento soberanista. Para Rajoy -los dioses le conserven el juicio- esto era una algarabía. Para los demás, algo más leídos, era un problema, pero lejano, en gran medida incomprensible, sobre todo desde las coordenadas del nacionalismo español compartido por la izquierda y la derecha. En todo caso, algo que correspondía resolver al gobierno. El gobierno no ha resuelto nada y ahora el país se encuentra ante unas elecciones el 27 de septiembre que prometen ser el comienzo de la ruptura entre Cataluña y España si las ganan la lista de Juntos por el sí y las CUP.
Y el nacionalismo español no sabe qué hacer. Sigue encastillado en su rotundo "no", en la negativa a reconocer carácter plebiscitario a las elecciones (en realidad, ni siquiera puede, pues carece de asidero legal para ello) y en emplear la represión. La vicepresidenta del gobierno repite, como si fuera un robot averiado, que se recurrirá ante el Tribunal Constitucional o instancia competente cualquier medida de la Generalitat a la que el gobierno se oponga. El ministro de Justicia también afirma, como tranquilizando gente temerosa, que el gobierno dispone de medios legales para frenar las iniciativas independentistas. Descarta la aplicación de la proyectada Ley de Seguridad Nacional. Bastará con aplicar las leyes y recurrir a los jueces que en España son libres e independientes. Lo de la Ley de Seguridad Nacional es más que dudoso y un desmentido de un miembro del gobierno de Rajoy no lo más convincente para nadie. Aparte del absurdo de aprobar una norma para no aplicarla que, obviamente, no se cree nadie. En cuanto a la aplicación de la ley, suena a verdadera mofa que el ministro de un gobierno que cambia la ley a su capricho con su mayoría absoluta, exija a otros su cumplimiento.
Pero algo está claro. Si la lista de Juntos por el sí obtiene mayoría suficiente (cuestión esta ya despejada por Forcadell al cifrarla en 68 diputados, mayoría absoluta), al día siguiente comienza el proceso de desconexión de España mediante una serie de medidas del Parlament y actos del gobierno de la Generalitat. No se oculta a nadie que, a tenor de lo ya reiteradamente declarado por las autoridades españolas, estas recurrirán todas las disposiciones por considerarlas inconstitucionales y paralizarán el proceso. Si Juntos en Común hacen real su amenaza, el Parlamento catalán aprobará una declaración unilateral de independencia (DUI) que el gobierno español no reconocerá, pero generará una situación política interna y externa imposible de prever.
Es decir, en el fondo, los propósitos de Juntos por el sí son tan quiméricos como los de Catalunya sí es pot, pero se diferencia de estos en que cuenta ya con una propuesta alternativa, la DUI, que los otros no consideran, o no mencionan o, como es el caso de Podemos, según parece, remiten a los tribunales. En el fondo, este pleito de la independencia está triturando a Podemos y no solo en Cataluña. Como buena izquierda española, no se molestó en entender la cuestión catalana y encontrar en ella una orientación. Resulta ahora muy difícil trazar una vía intermedia entre el independentismo de las CUP y el unionismo del PSOE.
La DUI es un paso de no retorno que abre la vía a una mayor internacionalización del conflicto, en línea con los intereses soberanistas. Los reconocimientos de la DUI que se den aquí y allá y las presiones al gobierno español para que encuentre una solución negociada llegarán a ser insoportables. Una vez más el nacionalismo español se encamina a una derrota por su falta de comprensión de la realidad del otro y, lo que es peor, de la de sí mismo.
