Dice Mariano Rajoy, que no permitirá la declaración unilateral de independencia (DUI). Obvio, aunque, como siempre, mal expresado. No puede prohibir la DUI; lo que puede prohibir (si puede) es la independencia. Pero está claro. El presidente de España nunca admitirá que se le desgaje un trozo de ella. Sobre todo el que hace un año afirmaba que, mientras él fuera presidente, "no habrá consulta ni independencia". Consulta, de momento, ha habido. Independencia es lo que está por ver. O por no ver pues, pues es una hipótesis nefanda, algo contra lo que el presidente lucha a muerte, cosa que entra en su sueldo y en su sobresueldo. Cataluña no será independiente; el Estado dispone de recursos legales para impedirlo. Más le vale porque la confianza en la capacidad del presidente para conseguirlo por sus propias fuerzas cotiza muy a la baja. En la misma entrevista, el mismo Rajoy afirmaba que "a los ministros con coraje, como Wert y Ruiz-Gallardón los apoyaré siempre" o sea, los dos a los que ha dado sendos puntapiés.
Y ahora dice que no habrá independencia. Eso da una idea de la autoridad con la que habla.
Los recursos de que dispone el Estado para impedir una DUI, según Rajoy, son tres: la estabilidad, la ley, y la soberanía de los españoles.
La estabilidad. Rajoy dice representarla y hasta se identifica con ella. Él, el PP, son la estabilidad, el "sentido común", lo "que Dios manda". Pero, en realidad, ha sido quien más la ha atacado, hasta llegar a la situación actual en la que el nacionalismo catalán, según él, ha generado una división en Cataluña como no se recuerda. Ahora se lamenta, se enfurruña, amenaza. Pero debiera acordarse de cuando el PP a sus órdenes hacía campaña en contra del Estatuto de 2006 con acentos claramente anticatalanes, de cuando recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, de su sistemática hostilidad frente a Cataluña, coronada hace poco en la estupidez y provocación de proponerse "españolizar a los niños catalanes". El PP anima y atiza una catalanofobia primitiva que hay en España para sus fines partidistas. No, no representa la estabilidad sino lo contrario.
La ley. Rajoy y su gente invocan con frecuencia la obligación general, universal, de obedecer la ley. Les parece un argumento definitivo. Pero ¿qué ley? ¿La que ellos cambian cuando les place gracias a la mayoría absoluta, sin dialogar con nadie y por pura imposición? ¿La Ley de RTVE que el gobierno hizo cambiar apenas llegado al poder para designar director del ente a un hombre de su estricta obediencia que convirtió la RTVE es un órgano de agitación y propaganda del PP? Se dice que, en democracia, la ley es la norma que dicta la mayoría y, si no gusta, se consigue una mayoría alternativa para cambiarla. Pero, entre tanto, no se desobedece. Esta teoría, en el caso de los catalanes, es falsa. Por muy anticatalanas que sean las leyes españolas, los catalanes jamás podrán cambiarlas porque nunca serán mayoría en España como catalanes. Así que, cuando Rajoy insta a Mas a pedir la reforma de la ley y le conmina a no saltársela, está riéndose de él porque sabe que, siendo una minoría nacional, los catalanes nunca llegarán a ser mayoría. Teniendo en cuenta que, además, no pueden reformar la ley pero Rajoy sí puede cambiarla cuando le da la gana, cosa que hace, el enunciado de que aquellos deben obedecer la ley viene a significar que deben obedecer las órdenes de Rajoy. Y eso no tiene nada que ver con el imperio de la ley sino con el despotismo: hago la ley que me da la gana y tú la obedeces.
La soberanía. Rajoy, el de los sobresueldos, que está siempre en campaña electoral, garantiza a quien quiera escucharlo -cada vez menos gente- que no se troceará la soberanía del pueblo español, una unidad indisoluble en lo universal. La cuestión del futuro de Cataluña no pueden decidirla solo los catalanes, sino que debemos votar todos los españoles porque es asunto que nos afecta a todos. En este argumento, Rajoy cuenta con la aquiescencia del PSOE. Nadie va a arrebatarnos el derecho a decidir sobre una parte de España. La parte no tiene derecho a decidir por su cuenta. El todo sí tiene derecho a decidir por la parte. Este argumento presenta el mismo vicio que el anterior. Siendo minoría estructural, los catalanes tendrán que resignarse a que sean los 47 millones de españoles o los 35 millones de electores, incluidos los catalanes, quienes decidan por ellos. No es justo y no se me alcanza cómo nadie pueda sustentar de buena fe un derecho en una injusticia. No es justo y así lo han entendido los canadienses y los británicos, quienes han permitido tres referéndums de autodeterminación, dos en Quebec y uno en Escocia.
No hay ninguna razón para que los catalanes no tengan los mismos derechos que los quebequeses y los escoceses, salvo un nacionalismo español obtuso e impositivo que no ha alcanzado a ser nación y no se resigna a que hace siglos que dejó de ser imperio.
