Dos años.

España se enfrenta a un reto para su supervivencia como Estado. El más grave de su historia reciente, al menos desde la guerra civil. Y, sin embargo, las fuerzas políticas españolas no parecen reconocerlo. Están absortas en sus conflictos en el conjunto del Estado. Este año es especialmente intenso: hay cuatro elecciones, se estrenan dos partidos nuevos, otros luchan por sobrevivir y el sistema entero cruje por la corrupción y el desgobierno. No hay tiempo para abordar la cuestión catalana. Pero esta no ha aparecido ayer; tampoco a raíz del comienzo de la legislatura de mayoría absoluta de la derecha, especialmente hostil al nacionalismo catalán, si bien esa hostilidad lo ha encarnecido mucho. Viene de antes, desde la peripecia del Estatuto de 2006, laminado en el Congreso y laminado de nuevo por el Tribunal Constitucional, luego de un referéndum aprobatorio en Cataluña.

Ya podían los partidos nacionalistas españoles haberse preparado, sobre todo el PSOE, para tener una actitud más abierta y dialogante. Entre otras cosas porque de él dependía la subsistencia de un PSC hoy raquítico. Pero ninguno hizo nada. El PP confía todo a la vigencia de la ley con una práctica de gobierno despótica y autoritaria en la que la ley dice lo que él quiere y, si no lo hace, se reforma. Y los demás la acatan sin rechistar. El PSOE, menos troglodita, se saca de la manga un difuso federalismo y una propuesta de reforma de la Constitución. Menos da una piedra, desde luego, pero es nada para enfrentarse a una iniciativa soberanista que en diez años no ha hecho sino crecer, hasta el punto de desafiar la soberanía española el pasado 9N y ampliando su iniciativa política con un objetivo claro: la independencia.

Ahí está el nudo de la cuestión, en la iniciativa política. El nacionalismo español, desconcertado, está a la defensiva, no tiene iniciativa y se enfrenta a la soberanista sin otra propuesta que la prohibición y, llegado el caso, la represión.

Ayer se firmó el preacuerdo entre fuerzas soberanistas catalanas para fijar la hoja de ruta a la independencia. El plan tiene unos objetivos, establece unos requisitos y fija unos plazos. Otro paso de iniciativa política, otra manifestación de soberanía de hecho. Firman CDC-Reagrupament y ERC, así como Omnium Cultural, ANC y AMI. Quedan fuera las CUP, de momento, EUiA, C's, PSC, Podem y, me figuro, aunque no estoy seguro, UDC. Las razones para objetar son muy diversas. Menciono la de EUiA por ser significativa: cuestiona el carácter plebiscitario de las elecciones de 27S.

Como siempre en democracia, los problemas se relacionan con las elecciones. El nacionalismo español insiste en que se trata de elecciones autonómicas ordinarias en el marco de la CE y que este no les reconoce carácter plebiscitario. Es el mismo criterio según el cual los catalanes no podían celebrar consulta alguna el 9N. El mismo que niega efectos jurídicos a la votación ese día. Las elecciones se celebraron, a pesar del nacionalismo español y a las del 27S no cabe negarles eficacia jurídica pues son legales. Si tienen o no valor plebiscitario dependerá de lo que suceda después porque es a partir del 27S cuando se genera una situación políticamente nueva con un Parlamento catalán iniciando un proceso de 18 meses (dos años a partir de ahora) hasta la independencia que se hará unilateralmente si no hay acuerdo previo alguno.

¿Por qué hubo elecciones de 9N? Porque el nacionalismo español (el de derechas y el de izquierdas) se negó -y sigue negándose- a reconocer a los catalanes el mismo derecho que el nacionalismo inglés reconoció a los escoceses, el derecho de autodeterminación. No se permitió referéndum y el referéndum se celebró bajo forma de consulta. Ahora se niega que las elecciones de 27S tengan carácter plebiscitario. Lo tendrán. No hay argumento para que no lo tengan. No lo hay de fondo pues los catalanes pueden llamar a sus elecciones como quieran. Pero tampoco lo hay de forma. Quienes digan que un parlamento salido de unas elecciones autonómicas ordinarias no tiene competencias para iniciar un proceso constituyente catalán tendrán que explicar por qué en España rige una Constitución que fue elaborada por unas Cortes ordinarias, no constituyentes. Claro, entonces no había una España vigilante de lo que hiciera España en tanto que ahora sí la hay vigilante de lo que haga Cataluña. Pero eso no es un argumento. Es una amenaza.

No es fácilmente comprensible por qué el nacionalismo español se niega a tratar con el catalán en el nivel que merece. Deben de intervenir muchos factores, incluso de naturaleza neurótica. Sobre todo, no se entiende por qué no acepta un referéndum de autodeterminación en Cataluña al estilo de los dos quebequeses y el escocés, los tres perdidos por los independentistas. No hay ninguna razón válida para negarlo como no sea un autoritarismo impresentable y una concepción patrimonialista del Estado y su territorio, propia de la oligarquía tradicional española, para la cual Cataluña es "tierra conquistada". Al negarlo, demuestra tener tanta confianza en la nación española que dice defender como en la generosidad de los banqueros.

Siempre se está a tiempo. La hoja de ruta deja abierta esta posibilidad cuando hace un inciso para comprometerse a Mantenir una actitud expectant respecte l'alternativa d'un referèndum vinculant per part de l'Estat espanyol sobre l'indèpendencia de Catalunya.

Si el Estado convoca un referéndum de autodeterminación en Cataluña, habiendo negociado condiciones, pregunta y consecuencias, no habrá recuperado la iniciativa política pero, cuando menos, se pondrá a la par. Y tendrá toda la legitimidad del mundo para defender la continuidad de Cataluña en un Estado español plurinacional.

Según cómo configure su oferta en el caso de una respuesta no independentista en el referéndum, incluso podría recuperar la iniciativa política. Soñar es gratis.