El Rey inicio su mensaje de Nochebuena hablando de la corrupción. Hizo bien porque es el segundo problema de España en la percepción de los ciudadanos, solo por detrás del paro. Fue tajante en la condena (¿podía ser de otra forma?) y afirmó que hay que acabar con ella "sin contemplaciones". Loable intención, pero que tropieza con una realidad tan profundamente degradada precisamente por esa lacra que, si no se tiene clara conciencia de sus dimensiones, se corre el peligro de defraudar también las muy escasas esperanzas que probablemente haya despertado ese propósito real en una ciudadanía harta de palabras rimbombantes y sedienta de hechos ejemplares. Por ello y con la mejor voluntad de contribuir a a esa necesaria regeneración institucional, Palinuro ofrece algunas reflexiones a vuela pluma:
Esa aguda conciencia de corrupción proviene en gran medida del comportamiento del gobierno, carente de autoridad moral y de legitimidad a la hora de imponer sacrificios económicos a la población, muchas veces por sectarismo ideológico y de los que sus componentes y compañeros de partido se libran. Esta oligarquía autoritaria, nacionalcatólica y ahora conversa neoliberal, no cree que el Estado y su gobierno deban ser ejemplos de atención al bien común, sino solamente a los intereses de su propia reproducción y el mantenimiento de sus privilegios. Y no da un ardite por las formas democráticas y/o propias del Estado de derecho, que exigen ejemplaridad en los gobernantes. Todo lo que necesita es el BOE, una policía eficaz y, llegado el caso, un ejército que sepa defender la Patria. Es decir, el predio.
Hay una notable coincidencia de intereses entre los políticos cum imperio, esto es, con cargos públicos y los sine imperio, es decir, en la oposición, pero que aspiran a ocupar cargos a su vez. El generoso régimen retributivo de los representantes que fijan ellos a su libre y dispendioso albedrío, escandalosamente por encima de los salarios medios del país y la multiplicidad de privilegios, suplementos, complementos, subvenciones, gastos de representación de que disfrutan, convierte a esta clase política en un grupo profesionalizado y cerrado en sí mismo, a gran distancia de la gente a la que dice representar, a la que sin embargo ignora, pero de cuyos impuestos vive. En el fondo, esos índices de preocupación con la corrupción en España debieran ser mucho más altos y, si no lo son, probablemente se deberá al fatalismo tradicional de los españoles, acostumbrados a ser gobernados por personajes incompetentes, caciques y corruptos que nunca creen que deban dar explicaciones de sus actos ni aceptar sus responsabilidades.
Siempre que se trata la cuestión de la corrupción y se mencionan los casos concretos es seguro que alguien sacará a relucir el chocolate del loro y señalará la necesidad de no perderse en minucias que sirven para el populismo y la demagogia y no para aportar soluciones reales. Suelen proponer grandes planes de regeneración, ambiciosos proyectos legislativos, códigos de buenas prácticas, pactos y compromisos de Estado para acabar de una vez por todas con esta lacra. El gobierno conservador puede haber anunciado media docena de estos grandiosos programas de regeneración democrática y transparencia sin miedo alguno a que la opinión pública los tome a chirigota viendo cómo son los mismos amparadores y beneficiarios de la corrupción quienes proponen medidas de purificación. Y no les da miedo porque dan por descontado que esa misma opinión se tomará a beneficio de inventario estos propósitos. Cualquiera puede ver que, si se quiere acabar con la corrupción de verdad, no es necesario acumular leyes, sino que basta con rendir cuentas minuciosas de los propios actos y aceptar la responsabilidad por los comportamientos ilegales o inmorales de los gobernantes. Bastaría con que el padre del Rey aclarara qué hay de verdad en el informe del New York Times acerca de su supuesto fortuna en el extranjero. Y, del Rey abajo, todos los demás:debería seguir el presidente del gobierno dimitiendo por haber cobrado al parecer sobresueldos injustificables. Y luego todos los demás cargos públicos electos o no electos que hayan incurrido en actos corruptos directa o indirectamente. Mientras estas cosas no sucedan las leyes de transparencia seguirán sin servir para nada.
