dimecres, 23 de gener del 2013

Acabar con la corrupción.

La corrupción es el problema nacional número uno. Y con los caracteres de una plaga de Egipto, ante la cual los líderes se ponen apocalípticos. Mas habla de sacar "todo el pus", como si se tratara de una peste. La esfera pública se crispa, se cruzan los insultos, las amenazas, los chantajes y el aire se vuelve irrespirable. Las medidas políticas no tienen ya efecto alguno. Llegados a este punto, es preciso ponerlo todo en manos de los jueces. Que intervenga la justicia del modo más rápido y contundente posible.

Por eso, está muy bien que Aznar, siempre dispuesto a una buena pelea, se haya querellado contra El País por afirmar que puso en marcha el sistema de sobres en el PP. Ese es el camino: si en tu opinión alguien te calumnia, querella al canto. Pero la decisión de Aznar deja en mal lugar a Rajoy y Cospedal, los otros dos nombres mencionados en la noticia de El País sobre sobres. O estos dos se querellan o dan por buena la afirmación, cosa muy grave. Aunque, como bien dijo la segunda, que "cada palo aguante su vela" o su cirio en la procesión.

Porque hasta la fecha, Rajoy no ha dado respuesta clara e inequívoca a la pregunta de sí él conocía la existencia de los sobres o, incluso, si llegó a cobrarlos. A Cospedal, a su vez, los malditos sobres "no le constan". Pero eso no quiere decir mucho pues, acto seguido, reconoce haber puesto fin a una práctica que "no le consta". La política sigue siendo el arte de la paradoja. Ambos han comparecido provistos de unos designios alambicados acerca de auditorías internas y externas a las cuales, obviamente, nadie concede crédito alguno. Para acabar de fastidiarla, los técnicos de Hacienda se han ofrecido a realizar ellos la auditoría externa. Doble contra sencillo a que esa auditoría externa no se realiza.

Si de verdad se quiere acabar con la corrupción en España hay un protocolo muy sencillo en tres momentos, parecido al imperativo del toreo, tan grato en la finca: parar, templar y mandar. El primer momento, el de parar, puede hacerse ahora fácilmente. Basta con reincorporar al juez Garzón a su puesto en la Audiencia Nacional, como piden miles de ciudadanos, para que siga con el caso Gürtel en el cual iba tan bien encaminado. ¿Que es dificil porque hay una sentencia del Tribunal Supremo? Que lo indulte el ministro de Justicia como indulta casos impresentables aunque, en este, lo haría con suficiente fudamento moral pues Garzón fue injustamente apartado de la judicatura como bien sabe el propio ministro.

Ya con Garzón en su sitio, todas las administraciones y todos los partidos se ponen al servicio de la justicia y facilitan cuanto pueden su tarea, en lugar de obstaculizarla como suelen. Es impresentable que la abogada del Estado Cospedal esgrima en defensa del PP el hecho de que este esté personado como acusación en el Gürtel pero sin mencionar que es para entorpecer y pedir el archivo.  Todos los casos de corrupción han de verse en sede judicial: Gürtel, caso Bárcenas, etc.

Aquí viene un segundo momento de templar: hay que definir qué es corrupción. Junto a los casos mencionados hay otros indudables: Valencia, Matas, Urdangarin, la Gestapillo madrileña, etc. Pero ¿acaba ahí la corrupción? No. Hay otras prácticas de la clase política hasta ahora admitidas como regulares y que, sin embargo, si se miran con detenimiento, no lo son o no debieran serlo. La más obvia esa según la cual hay diputad@s que, teniendo vivienda en Madrid pero habiendo sido elegid@s en provincias, cobran dietas. Varios otros privilegios de l@s representantes tampoco son moralmente sostenibles. Igualmente los dobles sueldos que se embolsan Rajoy y Cospedal entre otros que cobran su asignación como cargo institucional y la de su puesto en la organización de su partido. Puede que sea legal, pero es inmoral. Es más, estos dobles sueldos son, en el fondo, tan sobresueldos como los de los sobres solo que legales.

Entre tanto, el Parlamento debiera nombrar una comisión de expertos externos con el encargo de presentar un libro negro de la corrupción, en el que se estudien las causas y origen de esta lacra y se propongan medidas prácticas para su erradicación. Esa ya es la parte del mandar que quedará para cuando se conozcan las sentencias de los tribunales. Mientras llega ese momento, el país está en cuarentena. En una situación como esta, un gobierno sometido a una especie de extorsión de un presunto delincuente, bien podría verse obligado a dimitir. Por eso, tampoco es cosa de correr en esa intención de lanzar una campaña de imagen para mejorar la de los políticos, o sea, del gobierno. Esto no es cosa de imagen. Es cosa de limpiar los establos del rey Augías.

(La imagen es una foto de Ana _Rey, bajo licencia Creative Commons).