dijous, 9 de febrer del 2012

Pero ¿qué país es este?

¿Está en la tierra o en algún punto perdido de una galaxia ignota? ¿Está habitado por seres humanos racionales o por entes de sinrazón? ¿Por ciudadanos conscientes de sus derechos y de su dignidad o por siervos acobardados? ¿Por hombres y mujeres que caminan erguidos o por bestias de carga que humillan la cerviz? Que la lectora y el lector se respondan después de haber leído las breves consideraciones siguientes.

El único juez que ha tenido la entereza y la honradez de hacer justicia a las decenas de víctimas de una dictadura asesina está siendo juzgado por quienes son sus pares en lo formal pero no me lo parecen en lo substancial, tras haber admitido una querella formulada por los herederos ideológicos de la dictadura que en cualquier otro país del mundo estarían prohibidos. Tienen que venir del extranjero (y, en concreto, el New York Times y la justicia argentina) a recordarnos y demostrarnos la indignidad que significa perseguir penalmente a un magistrado del que cualquier otra nación civilizada se sentiría orgullosa. Ese otro colega suyo que instruyó la causa contra él asesorando a la parte acusadora privada será todo lo progresista que quiera pero, a mi modesto entender, se ha labrado a pulso un lugar en la historia universal de la infamia.

De igual modo el juez que tuvo el coraje y la decencia de imputar varios supuesto delitos a Urdangarin está ahora sometido a investigación por el Consejo General del Poder Judicial y no es impensable que acabe sancionado, mientras que el imputado, al que se atribuye la comisión de varios delitos por millones de euros se dispone a "pedir disculpas", como quien ha faltado a una regla de cortesía.

En cambio, el juez Grande Marlaska archiva la causa por la muerte de 62 militares españoles en el caso del Yak 42, ya que los responsables de subcontratar una subcontrata de una contrata no lo hicieron con ánimo causar daño alguno a las víctimas. Y la fiscalía anticorrupción renuncia a impugnar la sentencia que absuelve al ex-presidente Camps del presunto delito de cohecho. Camps, a quien otro juez del que era "más que amigo" intentó exonerar con anterioridad, se va por fin de rositas sin haber probado que pagó por los trajes del regalo y dejando en el oído del país entero la memoria de unas conversaciones telefónicas que son una vergüenza.

¿Nos apostamos algo a que también acaba investigado, imputado, procesado, quizá condenado, el juez Pablo Ruz, que acusa a varios altos cargos y empresarios del supuesto delito de apropiación indebida de fondos públicos con motivo de la visita del Papa en 2006?

Parece bastante claro que estas medidas tratan de amedrentar a los jueces castigando a aquellos que no se doblegan a los intereses de una mafia de políticos corruptos, empresarios afanalotodo y puros delincuentes. Y eso a escasas fechas de que el Jefe del Estado predicara a la nación que la justicia es igual para todos. No lo es para su yerno, no lo es para él, ni para muchos políticos del PP, ni para los curas, ni para los banqueros. La ley solo es igual (igual de dura) para las gentes del común, incluidos los jueces que creen su deber hacer justicia.

Gentes del común que rezongamos nuestro descontento en conversaciones privadas e inundamos las redes sociales con nuestras quejas, pero no sabemos o no podemos plantarnos y decir ¡basta! Porque no somos una nación en el sentido moderno del término; porque, se diga lo que se diga, aquí no hubo revolución burguesa, vinculada al origen de esa nación hecha de ciudadanos libres bajo el imperio de la ley. Aquí hemos conservado el antiguo régimen mezcla de oligarquía, caciquismo, siervos y predominio clerical que se vale del Estado de derecho como Procusto de su famosa cama.

¿Qué? ¿Cuál era la respuesta a la pregunta del principio?