Rajoy aseguraba en noviembre pasado por centésima vez que la solución de la crisis empezaría al día siguiente de cambiar el gobierno de Zapatero por uno que hiciera las cosas como Dios manda. La confianza se restauraría por ensalmo, el crédito manaría como ríos de leche y miel, se crearía empleo y podríamos volver a vivir por encima de nuestras posibilidades. Bueno, lo último es de mi cosecha; pero es lo único que cabe decir para no tomarse a chirigota que, después de dos meses de gobierno, la confianza se ha ido a pique en compañía de las notas de las agencias de calificación, el crédito se ha restringido más y ya no solo acogota a las PYMES sino también a empresas como Spanair y el paro sigue aumentando vertiginosamente. Y todo lo que el gobierno ha hecho hasta la fecha ha sido subir los impuestos (IRPF e IBI), congelar salarios y pensiones (o sea, bajarlos), eliminar subvenciones (excepto las de la iglesia católica) y reducir gasto público. Pues, menos confianza, menos crédito y más paro. Para buscar alguna salida, trata de reanimar la burbuja inmobiliaria sin darse cuenta de que hay un stock de viviendas sin vender de aquí a la luna porque nadie puede hoy comprar un piso ni aunque bajen de precio.
Pero si las medidas de política económica son puros palos de ciego (tanto que ni siquiera saben con qué déficit terminarán el año) en otros territorios las cosas están mucho más claras: marcha atrás en todos los avances. En el ministerio de Justicia de Gallardón se vuelve a la ley del aborto de 1985 que convertía la interrupción del embarazo no en un derecho de la mujer sino en una lotería. Y permiso paterno para las menores. Todo esto por adelantado de lo que vaya a decir el Tribunal Constitucional. Y el Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces en el más rabioso corporativismo, no por el parlamento que todo lo politiza. ¡Si lo sabrán ellos que son quienes politizan! A ver por dónde salen en cuanto al matrimonio homosexual, el resultado de sumar peras con manzanas, según célebre parábola de la alcaldesa de Madrid. Me juego algo a que no les dejan llamarse "matrimonio". La han tomado con la palabra. No me explico qué hacen los homosexuales del PP, salvo que hayan decidido practicar el celibato.
Los obispos vienen a re-evangelizar España, perdida de la mano de Dios. Monseñor Pujol se ha metido en un jardín con los homosexuales quienes, según él, no hacen lo que conviene a la sociedad. ¿Se puede ser más simple? Y otro arzobispo ha cuestionado que Soraya Sáez de Santamaría pronuncie el pregón de las fiestas en su pueblo pues solo está casada por lo civil. Es decir, a ojos de la iglesia, la vicepresidenta vive en concubinato, en amancebamiento, mientras su unión no esté consagrada por el matrimonio eclesiástico, que es un sacramento. Debe reconocerse cierta diplomacia en el clérigo para no llamar concubina a Sáez de Santamaría. La iglesia, sin embargo, está perdiendo su grandeza: la voz de San Juan nunca tembló al acusar de concubinato a grito pelado a Herodías... En eso solo nos queda el obispo Fernández de Córdoba que bien claro lo deja: lo que no sea connubio cristiano es fornicación. Pues empiecen por reevangelizar el gobierno, que falta le hace.
Tajante y decidido ha estado también este gobierno en materia de derechos de autor. Sin más ha aprobado el reglamento de la Ley Sinde y ha firmado el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), una especie de Ley Sinde a escala europea, firma de la que nadie parece haberse percatado en España pero que nos convierte en el gendarme antipiratería por excelencia. Es el país de los contrastes simultáneos pues ocupa el tercer lugar en piratería en el mundo entero y ahora también el primero en antipatería. Afortunadamente es costumbre inveterada en estos pagos no cumplir las leyes.
Este asunto de los derechos de autor en la red es muy complejo. Con la suficiencia que lo caracteriza el ministro de Cultura aplica la táctica alejandrina al nudo gordiano. Pero no sé si no será para peor. Viendo que es algo muy incierto, Zapatero decidió no hacer nada y dejó el reglamento sin aprobar. A lo mejor es lo más prudente, en lugar de empezar a sablazos con el frenesí del parvenu como si la cosa estuviera clara. Y no lo está.
Lo primero es entender el problema en sí, definirlo objetivamente, no desde una de las partes. Una de estas dice que las empresas de descargas hacen negocio pirateando material protegido y lesionan los derechos de las empresas y de los autores. La otra dice que se limita a poner a un precio más bajo un material que, en el mercado normal, tiene un precio excesivo. Si nos fijamos, la cuestión no es otra cosa que lo que siempre se ha conocido como mercado negro y el mercado negro normalmente no es sino un signo de que el mercado blanco no funciona. La industria de contenidos tiene que redefinir su modelo de negocio y no tratar de protegerlo legislativamente, porque es caro e imposible. El ACTA convierte a las empresas digitales, los portales, los sitios, en gendarmes de los derechos de autor, cosa que contradice una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohíbe que las operadoras rastreen la red para evitar descargas ilegales y, en cuanto a la Ley Sinde en españa, habrá que esperar a que se produzcan las primeras querellas por violación de derechos fundamentales, de la libertad de expresión, el derecho a la protección judicial, el secreto de las comunicaciones y otras menudencias.
Si nos descuidamos, vuelve la censura. El PP quiere impedir que TV3 emita un programa titulado Monarquía o República, aduciendo que podría ser dañino para la monarquía. Es el sempiterno argumento de la censura: se censura algo para "que no haga daño". Y el daño, por supuesto, lo definen los censores. Ningún régimen que descanse sobre la censura merece respeto.
Estamos retrocediendo. A todas luces.
