Las pasadas elecciones de 20 de noviembre mostraron que la corrupción no pasa factura al PP, el partido que más afectado está por ella. El electorado valenciano dio una asombrosa mayoría absoluta al expresidente Camps, el hombre de quien cabe presumir que haya provocado la ruina de una comunidad autónoma antes rica y próspera, convertida con él en una tierra de saqueo, según acertada expresión de El país, en la que el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. El despilfarro, la malversación, el cohecho, la apropiación indebida..., un estilo de gobierno. Lo mismo ha sucedido en Castellón en donde, de haberse vuelto a presentar el inefable Fabra, hubiera cosechado probablemente un triunfo similar. Lo mismo también en Baleares, otra mayoría arrolladora para el partido del expresidente Matas quien está ahora procesado por una serie de presuntos delitos de corrupción que dejan boquiabierto a cualquiera, una verdadera trama corrupta con escritores áulicos a su servicio pagados con dineros públicos.
¿Cómo es posible? No hay explicación satisfactoria. El comportamiento del electorado desmiente las más complejas teorías de los expertos sobre su motivación y comportamiento. Pero que no haya explicación no quiere decir que la corrupción, cuando llega a este grado de generalización, no sea un problema de primera magnitud, tanto como el paro o la crisis bancaria. El reciente golpe de Standard and Poor's puede verse como una maniobra aviesa, pero debilita el crédito de las naciones recalificadas a la baja. Con todo, más lo hace esta insólita epidemia delictiva de guante blanco y en las alturas. Ningún plan de recuperación, que supone sacrificios y solidaridad, puede consolidarse sobre un terreno cuya fibra moral está literalmente destruida por una corrupción que lejos de provocar el rechazo popular, garantiza mayorías absolutas a los presuntos corruptos. Presuntos corruptos malgobernando comunidades autónomas que han tenido que pedir auxilio al Tesoro para evitar la bancarrota.
Muchos ven la crisis, en realidad, como una estafa por la que los bancos se enriquecen a costa de las estrecheces de la gente normal, la que trabaja (cuando tiene empleo) paga sus impuestos (que son los únicos que se suben) y pena por llegar a fin de mes y no como Esperanza Aguirre, sino de verdad. ¿Y los políticos? Muchos han sido cómplices de ese saqueo; otros se han enriquecido mediante privilegios escandalosos; y otros por procedimientos supuestamente delictivos. De acuerdo, no hay que generalizar. No son todos los políticos. Pero ¿por qué los honrados no plantean abiertamente la cuestión de que la corrupción es un problema de Estado? ¿Por qué no se han tomado medidas drásticas con los presuntos culpables? Ciertamente, el PSOE andaluz lo ha hecho con ese director general que, al parecer, se fundía cientos de miles de euros de los dineros públicos en correrse juergas que luego versificaba. Y tiene una gracia macabra que, en parte por hacerlo, sean los socialistas quienes vayan a pagar por todos pues corren serio riesgo de perder las próximas elecciones en Andalucía.
¿Cómo puede seguir ocupando cargo público alguno Francisco Camps quien, aparte de su comportamiento chulesco durante el proceso, queda retratado en las conversaciones entre sus "amiguitos del alma" que, cuando él no los oye, lo llaman "gilipollas" o "hijo de puta"? Bueno, en este juicio quedan todos retratados como verdadera escoria pero, al menos, los demás no ocupan un sillón en ningún Consell Jurídic Consultiu.
¿Cómo es posible que ocupe cargo alguno Carlos Fabra? El afortunado jugador de lotería inauguró con gran pompa en compañía del precitado Camps ese increíble aeropuerto sin aviones que ya debería estar en el Guiness, capítulo de tomaduras de pelo colectivas. Y ahora parece que el aeropuerto, inmenso como es, presidido por esa estatua monumento a la megalomanía, no era más que la punta de un iceberg que ocultaba una gigantesca recalificación de terreno para 40.000 viviendas, doce campos de golf y mil otras amenidades a cual más disparatada.
¿Cómo es posible que nadie diga nada cuando una Infanta de España y su marido están presuntamente implicados en el monumental expolio a que Matas sometió el archipiélago que gobernaba? ¿Cómo se sigue sin decir nada cuando se revela que, al parecer, dicha implicación conducía a una compleja y refinada organización con fines delictivos? ¿Cómo no explica el Rey hasta dónde sabía y qué hizo para poner en práctica el principio por él mismo enunciado de que "la justicia es igual para todos"?
Todos estos personajes, empresarios, políticos, miembros de la casa real y avezados delicuentes debieron de emborracharse con la sensación de impunidad que se dio en los años locos del despilfarro y del expolio, en la segunda legislatura de Aznar y la primera de Zapatero. Y ahora se nos aparecen como el reparto de una nueva versión del ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny.
Es un problema capital; no se puede minimizar ni ocultar; hay que hablar de él. Los políticos deben decir algo; el Parlamento debe decir algo; el país debe decir algo.
(La imagen es un gráfico tomado de El País, edición de 14 de enero de 2012.
