Los monárquicos siguen diciendo que el asunto Urdangarin es privado y no afecta a la Corona. Pero la está triturando a ojos de la ciudadanía porque no es un asunto privado. De ser ciertas las imputaciones de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación, lo ponen en relación ilícita con cargos públicos en Baleares y Valencia, a su vez procesados por otras cuestiones. En el monumental lío que está saliendo a la luz acerca de cómo el Duque amasaba la pastuqui, siempre presuntamente por supuesto, una cosa queda clara: lo hacía en su condición de yerno del Rey y miembro de la Casa Real. Llamar a eso asunto privado es llamar charca al Océano Pacífico. La Corona tiene una responsabilidad en todo ello y así lo ha aceptado implícitamente con las atropelladas y confusas medidas que ha venido tomando.
En realidad, sin embargo, la responsabilidad de la Corona procede de algo distinto pero evidente: el Rey era conocedor de la situación prácticamente desde el principio. Y todo lo que hizo fue tratar de taparla, quizá de detenerla, desde luego de ocultarla. Eso puede ser comprensible humanamente. Pero no tiene defensa política. El comportamiento del Rey es reprochable. Quizá no jurídicamente por ser legal, pero si moralmente.
Probablemente también eran legales esas asesorías y consultorías de grandes firmas que, según El País, pagaban cientos de miles de euros al Duque por actividades de carácter etéreo. Pero resulta irritante y es inmoral cuando esas mismas empresas u otras similares están poniendo gente en la calle y rebajando los salarios ya exiguos de los que trabajan. El espectáculo de este paladín del balonmano apaleando cientos de miles de euros conseguidos de modo supuestamente fraudulento, comprando palacios con hipotecas alucinantes, llevando el dinero a paraísos fiscales mientras el gobierno suprime las ayudas a la juventud o deja sin cobertura a los dependientes enciende la sangre.
(La imagen es una foto de Antonio Zugaldia, bajo licencia de Creative Commons).
