diumenge, 18 de desembre de 2011

Dios salve al Rey.

El caso Urdangarin es tan escandaloso que hasta las formas se han perdido, y eso que estamos entre altezas. De ser palafreneros ya habrían empezado los mojicones. Nadie respeta la presunción de inocencia del Duque de Palma. Ni su suegro, cuya casa ha calificado su comportamiento de poco ejemplar y ha querido arrojarlo a las tinieblas exteriores. Y si la Corona lo trata de poco ejemplar, las gentes del común, más dadas al recio castellano, lo tildan de cosas subidas de tono, de estafador, ladrón y sinvergüenza, por ejemplo. El ágora virtual que es la red, hierve. Si no se me cree, váyase a google y tecléese "Urdangarin ladrón": 170.000 entradas hace unas horas. Por supuesto, siempre presunto; tan presunto como el poco ejemplar de la casa Real.

Por fin se sabe que el Rey estaba al cabo de la calle de las andanzas y presumidas fortunas del yerno. Tendría que haber sido muy negado para no preguntarse de dónde había sacado el matrimonio seis millones del ala para pagar un palacete en Pedralbes, sin contar otras fruslerías en Mallorca. Sabiendo, además que, para Rey Midas, ya está él. Y no sólo sabía sino que hizo lo que pudo para ocultarlo, para que nadie lo supiese. Encomendó a un cortesano asesor "externo" que pusiese orden en el desbarajuste empresarial del yerno. Pero no debía de haber solución porque no se hizo nada. La idea de montar una fundación no era posible. ¡Ya el propio Urdangarin manejaba una ONG sin ánimo de lucro!

Al final se decidió que el matrimonio pusiera tierra (y un océano) por medio y se radicara en Washington, que debe de ser una de las ciudades más aburridas del mundo. No era un exilio sino una especie de expatriación que no trataba tanto de evitar la acción de la justicia, si se interesaba por el deportista/conseguidor, como de impedir que éste siguiera con sus lucrativos negocios. Pues no parece que el Duque esté muy al corriente del mundo en el que vive, quizá porque vive pendiente de las cuentas de resultados de sus otras empresas, las que sí tienen ánimo de lucro, como Airzoon, que es algo así como "pájaro", en la que también figura su esposa y, según tengo entendido, aunque no sé en condición de qué, dos de sus hijos de poquísimos años de edad.

Si uno sabe de un delito y no lo denuncia (que es un deber), uno se convierte como mínimo en encubridor y comete otro delito. Pero la Casa Real ha hecho más que no denunciar un posible ilícito del que tenía cabal conocimiento, ha intentado ocultarlo; es decir no solamente no ha colaborado con la justicia sino que la ha obstaculizado. Lo que es otro delito más. Se puede entender que un padre no quiera denunciar a su hija. Pero el rey es rey antes que padre. De todas formas, tampoco debe preocuparse mucho ya que en su artículo 56, 3, la Constitución dice que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad."

Pero ¿es eso aceptable en una democracia, sobre todo tratándose de presuntos delitos de corrupción? Obviamente, no. O sea, lo menos que cabe esperar es un debate sobre el asunto. Que no es menor: ¿puede una comunidad moderna estar regida (aunque sea a título honorífico) por una persona que no es responsable de sus actos? Y aquí es donde va a resurgir la opción republicana.

El país se ha llenado de monárquicos, todos ellos muy oficiosos, dispuestos a explicar a los vientos que las supuestas fechorías del yerno en nada afectan al suegro y mucho menos a la institución que tan dignamente representa. Abundan los salvatestas coronadas en el PP y en el PSOE y, desde luego, en los estamentos de orden, incluida la iglesia de Cristo, cuyo reino no es de este mundo pero es reino; no república, caramba. El debate monarquía-república, dicen, está trasnochado; no es importante hoy, dicen; no interesa a los españoles, dicen; sólo sirve para desviar la atención de los problemas realmente importantes, dicen; es cosa del pasado, dicen, y hay que mirar el futuro, dicen. Como si pudiera verse.

De las dos infantas cabe decir que no han tenido buen ojo a la hora de escoger a sus maridos. Pero el caso Urdangarin no es solamente un problema matrimonial (si es que lo es) ni tampoco privado; es un problema de Estado. Porque las actividades supuestamente delictivas del Duque deportista se han realizado en connivencia con dos presidentes de comunidades autónomas, Matas en Baleares y Camps en Valencia, que a su vez están imputados en otros asuntos de corrupción. Por si fuera poco, en los acuerdos relativos a Valencia (ya se sabe, vender la realización en esa Comunidad Autónoma de unos juegos olímpicos europeos que aún no existían), intervino González Pons, portavoz del PP, azote del gobierno socialista y probable ministro en el primer gobierno de Rajoy. El caso Urdangarin es asunto de Estado, de gobierno, de Comunidad Autónoma, de todo.

El caso Urdangarin, metáfora de un tiempo de corrupción generalizada, presidida por la aventura de la Gürtel, con la que está relacionado, es una amenaza a la precaria legitimidad de la monarquía española. El Rey puede obstinarse en seguir. Al fin y al cabo lo nombró Franco, quien murió de viejo en la cama y no va a ser él menos que su mentor. Pero quizá haga más por la fortaleza de la institución que representa aceptando la jubilación que, tratándose de un rey, es una abdicación y, tratándose de un plebeyo, dimisión.

Ya se sabe: King never dies, el rey nunca muere.