domingo, 8 de julio de 2018

¿Qué distensión?

El País vuelve al periodismo interpretativo, si no directamente fantástico. Da por sentada una "distensión con Madrid" que solo existe en la colectiva cabeza de su redacción. Y ese ente de razón abre "fisuras en el independentismo". El País lleva años abriendo fisuras en el independentismo; años tratando de sembrar la desunión en el bloque independentista. Con los flacos resultados que se ven.

En el fondo, esa división entre "inmovilistas y pragmáticos" (tan inventada como la de la distensión) pretende introducir la consabida fisura entre la dirección política del movimiento y su base popular. Un llamamiento a un hipotético sector más autonomista del movimiento para que, obtenidas algunas ventajas cuantificables, se separe de aquel y, por fin, se rompa la temible unidad. Es el recurso a la puta y la Ramoneta que tanto se denigra en el independentismo. Los estrategas del gobierno central siguen yendo muy por detrás de los hechos y sin comprenderlos. 

No hay sectores autonomistas en el bloque indepe. Están en otros partidos. El independentismo se proclama "transversal" lo que, en román paladino, quiere decir que los burgueses se han hecho independentistas también y un apreciable sector del establishment cultural, empresarial, eclesiástico, etc. ERC ha sido siempre republicana e independentista y la CUP nació como un independentismo revolucionario y radicalmente democrático. Transversal quiere decir transversal. Todas las clases y todos los sectores. 

Pero lo que mantiene esta unidad es la presión popular. Eso es lo que los gobiernos españoles no comprenden y se niegan a ver la revolución catalana como una cuestión política. El PSOE en la oposición reprochaba al PP haber judicializado el asunto y proponía un enfoque político. Una vez en el poder ha seguido la vía judicial y llama enfoque político a una negociación de carácter administrativo de políticas públicas, sin afectar el marco general de legalidad/legitimidad del sistema, o sea, lo que el independentismo cuestiona. 

Sin embargo los más de dos millones de ciudadanos que votaron bajo las porras el 1-O de 2017 y volvieron a hacerlo en las elecciones impuestas el 21 de diciembre del mismo año quieren seguir adelante con lo que votaron. Quieren implementar la independencia en forma de República. El presidente Torra tiene ese mandato y a cumplirlo va a Madrid mañana. De no conseguirse nada el gobierno está sobre aviso de que se seguirá adelante con la Declaración de Independencia del 9N de 2015 y la actualización de la legislación. 

Tan sobre aviso está que ya tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad pertinente. Lo mismo que hizo en parecida circunstancia el PP. Seguro que obtiene el mismo resultado: el Tribunal Constitucional anulará por unanimidad la resolución del Parlament resucitando el 9N de 2015. Un bucle. De seguir las cosas así, el actual govern puede ir a hacer compañía al anterior. Es obvio que esta no es la solución.

En un arranque de realismo, El País reconoce que los dos puntales del independentismo son los presos políticos (él los llama políticos presos, vamos, como Zaplana) y el peso de la Generalitat. Pero no sabe interpretarlo. Tanto el factor simbólico, pero muy real, de los presos políticos, como el muy real pero también muy simbólico de la Generalitat, dependen de la movilización social a través de la desobediencia pacífica. Una sociedad movilizada que se ve agredida día a día por bandas fascistas contra las que las instituciones españolas apenas actúan con el poco disimulado deseo de que haya violencia en Catalunya que justifique una intervención gubernativa. Es una revolución democrática de nuevo tipo que no se puede detener con los procedimientos al uso del poder.

La prueba será el resultado de la entrevista de mañana: ambos gobiernos acordarán seguir trabajando en las tarea administrativas de la parva política y la Generalitat continuará implementando sus planes republicanos e independentistas por su cuenta. En qué momento esos dos polos, gobierno central y govern volverán a chocar, dependerá del alcance y profundidad de las medidas del govern y la correlación de las fuerzas políticas del resto del Estado. Ese nuevo choque volverá a poner en cuestión la crisis constitucional que vive España y no se alcanza otra solución que el reiteradamente pedido referéndum pactado de autodeterminación.