La escenificación de la cuerda de presos aún no ha terminado. Quedan tres, Forn, Rull y Turull, que serán trasladados el próximo miércoles en la conducción de presos al Noreste, cuya escala de distribución es Zaragoza. Aquí hacen todos parada y fonda y de aquí se distribuyen a distintos destinos, unos a Soria o más al interior, otros por Aragón y otros siguen camino a Barcelona. La escala cabe la Virgen del Pilar, matrona de España, como Santiago es su patrón, no es una sutil forma de humillación a los presos separatistas, sino un protocolo administrativo penitenciario. Bastante humillación e injusticia es que estén presas gentes inocentes por maniobras políticas insostenibles.
Con el acercamiento de los presos políticos, Sánchez se aplicaba la sabiduría de Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio en elegantísima traducción de Ana Martínez Arancón: "una república o un príncipe debe aparentar que hace liberalmente aquello a que le obliga la necesidad". Debe aparentar, sin duda, para actuar con la virtú maquiavélica; pero no siempre lo consigue. Ahora, por ejemplo, no. El traslado de los presos era un deber de carácter jurídico, moral. Incluso era una exigencia política pues sitúa a la Generalitat ante una triste realidad: su autoridad es delegada y no soberana ni originaria, ya que se ve obligada a custodiar a unos líderes independentistas cuya liberación reclama.
Pero a más a más, héteme aquí que estos hirsutos pictos vuelven a alzarse actualizando la declaración de independencia del 9N de 2015, anulada a toda prisa por el Tribunal Constitucional por unanimidad. ¿Y cuál es la reacción del gobierno de la izquierda dialogante? Enviar el asunto ipso facto al mismo Tribunal Constitucional para que aplique el antecedente. Se recordarán con melancolía las reiteradas declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que la judicialización del procés había sido el error del PP y lo que correspondía era entenderlo como un asunto político y darle una solución política. Justo lo mismo que hace él en su primera decisión: derivar el asunto a la vía judicial.
Bueno, judicial exactamente, no. Los tres órganos que intervienen en la impugnación de marras son políticos: el gobierno, por ser gobierno; el Consejo de Estado por ser un conciliábulo de estantiguas; y el Tribunal Constitucional por ser un mentidero de amigos de este gobierno y el pasado. Con estos medios cabe declarar contrario a la Constitución el Antiguo Testamento. Tampoco hubiera sido mejor el resultado si se produjera una "judicialización" reala, pues los jueces españoles son todavía peores, más parciales y esquinados que los políticos que les dan las órdenes.
La portavoz y ministra de Educación, Celáa, justifica la impugnación aseverando que no obsta para que el gobierno continúe superdispuesto al diálogo político. Pero partiendo del principio de que el derecho de autodeterminación no existe porque no lo reconoce nadie en ninguna Constitución. Y menos que nadie, añadimos nosotros para su solaz, aquellos países que se independizaron sin esperar a que nadie les reconociera el derecho de autodeterminación y llegaron a grandes potencias, como los Estados Unidos. Sin despreciar las decenas de países que son hoy Estados independientes, como la India, en ejercicio de un derecho de autodeterminación que nadie les reconocía y menos que nadie, la metrópoli colonial que, por supuesto, estaría de acuerdo con la ministra Celáa en que el derecho de autodeterminación no existe.
Tiene usted razón, ministra, a ese derecho de autodeterminación le ocurre lo que a todo en la vida: que no existe hasta que existe. ¿Y quién lo hace existir? La voluntad de la gente. En este caso, la voluntad de 2.060.000 votos independentistas en Cataluña, equivalentes al 47,8% del electorado, que no es poco. Probablemente sean ya más como reacción a la absurda actitud del nacionalismo español empeñado en sostener que el independentismo es minoritario y el no independentismo mayoritario pero negándose a permitir un referéndum que aclararía está cuestión de una vez por todas.
Porque de no reconocerse el derecho de autodeterminación y no admitirse referéndum alguno, el carácter político del diálogo anunciado con alharacas para el lunes consistirá exactamente ¿en qué? La ministra Celáa no ha sabido o querido especificar los temas que tratará Sánchez en su próxima conversación con Torra. Probablemente no hay temario preparado, fuera de cuestiones relativas a infraestructuras, transferencias, financiación... los 45 puntos de Puigdemont. Pero es difícil sostener que estos asuntos sean "políticos". Al menos no en el sentido de definir una situación de normalidad, exactamente aquello que anhela el gobierno central y no podrá conseguir mientras haya presos políticos y no se negocie un referéndum para ejercitar ese derecho que no existe.
