diumenge, 29 de juliol del 2018

El derecho al Estado y el Estado sin derecho

Ayer sonaron los clarines del campamento independentista. El MHP Puigdemont llegaba a Bruselas y en la conferencia de prensa declaraba que el Estado español había sido derrotado. Luego, en Waterloo, en la llamada "Casa de la República", se reunía con el MHP Torra y escenificaba ante los ojos mediáticos de Europa y más la nueva iniciativa indepe para hacer efectiva la República Catalana este otoño. La exigencia de libertad de los presos políticos no es sino la salva de cortesía. A la vuelta de vacaciones, Puigdemont espera que Sánchez haya hecho los deberes. Wishful thinking bien intencionado. Sánchez no los habrá hecho porque no puede; no le dejan; y no se deja él mismo, incapaz de reconocer la verdadera naturaleza del conflicto. Así que esa jocunda República echará a andar en el otoño con muy probables vistas a unas elecciones catalanas que prometen ser otro Waterloo. Para evitarlo, el joven líder del PP, hoy en la oposición, amenaza con lanzar otro potente 155 contra Cataluña como Zeus mandaba el rayo. Solo que a la hora de arrojar cosas, Casado tiene más de Polifemo (salvando proporciones) que del padre de los dioses.

En términos deportivos, siempre escuetos, la situación actual es España 0, Catalunya 1. En términos jurídico-políticos, algo más alambicados pero claros, es el triunfo de un Estado de derecho que aún no es Estado sobre otro que es Estado, pero no es de derecho. Eso es lo que da la vitalidad a la causa catalana que los nacionalistas españoles no entienden. Catalunya es un Estado con un presidente legítimo, aunque en el exilio, un gobierno y un parlamento también legítimos aunque el segundo está en estado de hibernación por la hostilidad de los poderes del Estado central que tiene encarcelados a algunos diputados. Cuenta con su propio pueblo que apoya y sostiene en condiciones difíciles a sus dirigentes, que lo son por consentimiento popular. Dispone de un territorio sobre el que ejerce una jurisdicción limitada por causa de fuerza mayor, a falta de coronarla ejerciéndola de modo soberano. 

Catalunya es un Estado de derecho, una República que está haciéndose, de modo revolucionario, pacífico y democrático. Un fenómeno sin precedentes que nadie puede interrumpir y menos que nadie el Estado español que ha renunciado a su cacareada condición de Estado de derecho precisamente por su forma de abordar la crisis constitucional originada en Catalunya. Su estúpida reacción represiva no le ha servido de nada salvo para dar mayor legitimidad al movimiento indepe y conseguir su internacionalización. Justo lo contrario de lo que pretendían los estrategas de entonces y los de ahora, que se parecen mucho. A los ojos de Europa ha quedado claro que España es un Estado corrupto, autoritario, sin división de poderes, arbitrario y agresivo con los derechos de los ciudadanos, especialmente los catalanes.

El duelo final entre el Estado español y Puigdemont (que así ha sido) se ha resuelto, efectivamente, en el seno de la mentalidad del Estado de derecho europeo. Hay, vaya si hay, una conciencia europea del Estado de derecho y la justicia, que comparten los países y frente a la cual, como siempre, España ha quedado aislada. Único territorio en que unos ciudadanos europeos no pueden circular libremente por motivos que son una vergüenza, como vergüenza es que el país tenga presos políticos.

Dadas las circunstancias y la imposibilidad de Sánchez de hacer los deberes ¿cómo esperan los nacionalistas españoles obtener apoyo entre los estamentos pensantes y, desde luego en Catalunya para una propuesta consistente en dejar las cosas como están, sin que nada se mueva, como si eso fuera posible?

¿Y por qué les extraña que, si se convocan elecciones catalanas, el bloque independentista aumentará sensiblemente su representación se presente como se presente? Es una conclusión a la que ha llegado ya todo el mundo: si hace diez años se hubiera convocado un referéndum pactado de autodeterminación, el independentismo hubiera perdido; ahora lo gana seguro. Y esa es la razón fundamental por la que el Estado español no quiere referéndum alguno. Y esa también la razón por la que las elecciones anticipadas serán ese referéndum.