Mi artículo de ayer para elMón.cat, titulado cuestiones para saber en dónde estamos. El conflicto España-Catalunya se agrava y se hace más irreversible por instantes. Conviene detenerse de vez en cuando a ver la trifulca con distanciamiento. Eso es lo que quiere el artículo. Pero de ayer a hoy hay nuevos acontecimientos que apuntan siempre en la misma dirección.
El gobierno central mantiene su intransigencia y beligerancia, bloqueando las decisiones del Parlament que le desagradan. En el frente judicial del 155, el juez Llarena procesa por rebelión, sí, por rebelión, a Puigdemont y veintidós líderes independentistas más. El nuevo auto hará las delicias de los "llarenólogos": que si sigue buscando la violencia como Dios buscaba media docena de justos en Sodoma y Gomorra; que si califica de violencia la no violencia frente a la violencia; que si lo de la malversación está en el terreno de los deseos; que si imputa aquí delitos que allí no le admiten; que si utiliza como fuente de derecho las arengas patrióticas del rey, etc. No son los detalles los que que hacen injusto el proceso; es el proceso mismo por su carácter político.
La acción represiva del gobierno valiéndose de los tribunales para organizar una causa general contra el independentismo es patentemente ilegítima. Por eso se obstina en negar la condición de presos políticos a los presos políticos (y, de paso, conculca sus derechos) y el juez sigue empeñado en convertir en delictiva la legítima oposición política y la opción independentista. Y lo que queda claro en esta actitud es una firme voluntad de mantener la vía represiva, policial y judicial así como política, sin la menor voluntad de negociación.
Todavía más, se percibe en la actitud general del bloque del 155 un propósito de incidir en la represión y en la humillación hasta el punto de provocar una respuesta violenta que justifique esa misma represión hasta sus últimas consecuencias, la supresión de la autonomía catalana.
En estas circunstancias el dilema del independentismo entre investir a Puigdemont y proclamar la República o aceptar el marco autonómico y tener un gobierno "efectivo" está casi resuelto a favor de la primera por el propio gobierno que, con la continuidad de la represión judicial, no deja salida alguna, ni siquiera la autonómica.
La idea beligerante es que la fuerza doblegará la voluntad. Una vez procesados los dirigentes independentistas (e inhabilitados, condenados, etc), es decir, descabezado el movimiento, este se apagará. Es la visión autoritaria del independentismo catalán como un problema de orden público que se resolverá como en el País Vasco. Tropieza aquí con su manifiesta contradicción que se obstina en no reconocer: que el movimiento es de masas, con una amplísima base social transversal que tiene una gran autonomía de acción, unos objetivos específicos y una gran capacidad de relevar a sus líderes. Que no es una conspiración, sino un deseo y un propósito colectivo, democrático, no violento y colectivo.
Perseverar en la política represiva solo conduce a perpetuar el conflicto y hacer ingobernable la situación. Leo que un ayuntamiento catalán de mayoría cupaire ha decidido multar a quienes retiren lazos amarillos de los lugares públicos con el objetivo de acabar con la impunidad de las bandas fascistas. Y leo también que otro municipio de ERC planea hacer lo mismo. La confrontación se da en todos los órdenes y niveles, en el interior como en el exterior, en las instituciones y en la calle.
No se puede gobernar un país en contra de la voluntad de sus habitantes. Así que solo hay dos opciones: se entabla un proceso de negociación o se procede mediante la fuerza bruta en régimen de excepción para arrasarlo todo y llamarlo paz como cuenta Tácito.
Aquí, la versión castellana:
Cuestiones para saber en dónde estamos
¿Cuántos presidentes tiene la República Catalana? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? ¿Existe la República Catalana? ¿Es independiente? Algunos procesados por el Tribunal Supremo aseguraron ante el juez que la declaración de independencia fue meramente simbólica. Pero el Tribunal Constitucional acaba de anularla. Anular símbolos es difícil. ¿Cuáles son los derechos de los presos y exiliados políticos?
Todo cuestiones que dibujan una situación confusa, de una complejidad innecesaria que evidentemente se ha ido de las manos del gobierno central. En el interior porque la judicialización del procés y la consiguiente politización de la justicia, errores mayúsculos, típicamente autoritarios, no dejan margen de maniobra política (supuesto que exista) y deslegitiman la vía jurídica. En el exterior porque al impacto mediático de la internacionalización del procés se añade una desafortunada gestión jurídica y diplomática que ha causado roces con diversos países.
El gobierno mantiene el 155 a todos los efectos, no muestra voluntad dialogante alguna y se reúne en sesión extraordinaria para impugnar de inmediato la aprobación de la reforma de la Ley de la Presidencia y cualquier otra decisión del Palament que le desagrade. Los tribunales están animados de igual celo represivo del independentismo. El juez Llarena sigue procesando gente e insistiendo en la entrega de Puigdemont, si no por el presunto delito de rebelión, por el también presunto de malversación. En su celo perseguidor, el juez se expone al ridículo. Así como acabó viendo violencia en donde había no violencia, ahora ve malversación en donde no ha habido gasto. Dejando al margen la magnitud y la cantidad de las supuestas pruebas y son irrisorias, resta le cuestión de que la acusación propiamente hablando tampoco es de malversación, sino de “tentativa” de malversación.
La verdadera tentativa aquí es la de enfrentarse a un movimiento independentista como el catalán reduciéndolo a una cuestión de orden público que se resuelve mediante la represión policial y penal. Valiéndose para ello de una causa general contra el independentismo en un proceso típicamente político. Tentativa que no deja duda respecto a las intenciones del bloque del 155 que no tiene la menor intención de retirarse.
Este es el talante del nacionalismo español y estas las circunstancias en las que vive el independentismo. Con dos opciones: República, Puigdemont y nuevas elecciones o gobierno en el marco autonómico, asfixia del independentismo, imposibilitado de seguir con el proceso y nuevas elecciones.
Téngase en cuenta que la existencia de presos y exiliados políticos es un obstáculo que imposibilita toda normalización política Es impensable una República Catalana con sus dirigentes políticos encarcelados y también lo es un gobierno autonómico que no comience por exigir su liberación. Aquí entran los tribunales que no solamente no son proclives a soltar sus presas sino que piensan seguir procesando gente (cargos públicos, representantes, etc) por variados motivos.
En una situación política normal, con un sistema político normal una opción como la del gobierno “efectivo” podría confiar en la voluntad negociadora de la otra parte. Pero la otra parte es el Estado español, cuyos máximos representantes (del rey a los políticos) son beligerantes contra Catalunya, sin intención alguna de negociar nada y, aunque la manifestaran, obviamente no serían creíbles. Confiar en la voluntad negociadora del Estado, teniendo en contra a las tres cuartas partes del Parlamento, sin contar con los de Podemos, aunque sin mucha seguridad es confiar en lo imposible.
El resultado de unas elecciones catalanas anticipadas en las que se concentrará la atención mediática exterior es justamente lo que la opinión pública internacional puede exigir: un referéndum limpio, con un resultado a favor o en contra de la independencia que decida definitivamente la cuestión. Es poco lo que se pierde en el peor de los casos, que el independentismo no ganase, por cuanto lo que no se perderá será la condición autonómica. El argumento según el cual un gobierno por acuerdo es más efectivo que otro por haber perdido las elecciones, introduce una diferencia que es poco probable.
Si la independencia de Catalunya fue o no simbólica, si lo fue la República, si lo es hoy la República en el exilio, solo puede dilucidarse mediante la presidencia de Puigdemont. No siendo esto posible por causa de fuerza mayor, mediante unas elecciones con una lista de país, para hacer República y liberar a los/as presos/as políticos/as.
