Bueno, aquí la versión castellana:
Estado de corrupción
Tras un golpe de Estado y una guerra civil de tres años, el genocida Francisco Franco puso en marcha un régimen de tiranía y arbitrariedad de cuarenta años. Fundó un Estado contrario al de derecho en el que debiera regir el imperio de la ley. En España regía –y rige hoy- el imperio del delito porque los delincuentes golpistas eran los que hacían las leyes y, como en 1984, cada norma, decisión o institución, en realidad, era su contrario. Los legisladores eran lacayos del tirano; los jueces, siervos prevaricadores; las policías, criminales; los profesores, bufones; los curas, torturadores de la inquisición; los periodistas, esbirros a sueldo; los empresarios, ladrones.
Ese régimen falso, potemkin, acabó sustituyendo a la realidad, penetró en la estructuras sociales, se convirtió en el único horizonte cultural, jurídico, económico de la gente, hasta que la sociedad entera se hizo franquista. Y así, cuarenta años. Emergió el “franquismo sociológico” característico de la sociedad española y sus votantes con un comportamiento electoral peculiar pues resultan ser tanto más fieles al partido que les roba cuanto más les roba.
Es el éxito de la Transición y la postransición. Cuando la izquierda aceptó los símbolos de la III Restauración borbónica tragó el Estado Potemkin y admitió como legítima la continuación de la corrupta dictadura con una pátina de legalidad democrática. Legiones de ideólogos a sueldo de ese franquismo incrustado en la vida social, que pasan por intelectuales, periodistas, profesores, publicistas, edificaron la doctrina oficial (y bien pagada) de la homologación democrática de España con las naciones circumvecinas. Una mentira propalada a los cuatro vientos por todos los medios, los nacionalcatólicos y los de una izquierda que, en el fondo, coincide con estos.
Llevo años sosteniendo que el PP no es un partido político propiamente hablando, sino dos cosas interrelacionadas: de un lado, eje principal de conservación y mantenimiento del franquismo corrupto; de otro, una banda de presuntos delincuentes. Lo primero, el neofranquismo es evidente a pesar de los medios y los “intelectuales” que hablan de un partido de centro-derecha, equiparable a otras formaciones moderadas y conservadoras europeas. Mentira. El PP es una organización de extrema derecha franquista. Otra cosa es que, por hipocresía y cinismo, sabiendo que el tono no es admisible, lo oculte, aunque poco: no ha condenado la dictadura, muchos de sus militantes simpatizan abiertamente con ella, otros forman comandos de provocadores fascistas para atacar a la gente. Alimentan y fomentan la memoria del franquismo, se niegan a entregar a la justicia extranjera a los colaboradores del régimen, torturadores y criminales y tratan de cegar toda memoria de las más de cien mil víctimas que yacen en fosas comunes, asesinadas por la vesania franquista.
Además de lo anterior, el PP es una banda de presuntos delincuentes, como señalan algunos jueces Se trata de una forma de criminalidad organizada que ha tenido la idea de llamarse “partido político” para gozar de impunidad en sus fechorías. Es sencillo de entender, pues se trata de un caso típico de sinergia: el Estado español es un Estado delincuente, típicamente potemkin, sus sucesores ideológicos y biológicos en el PP se aprovechan de ello para proceder a lo que mejor saben hacer desde 1939: explotar a los trabajadores, expoliar el erario, enriquecerse por medios ilegales y gozar de la impunidad que otorga la corrupción estructural del franquismo sociológico: roban, defraudan, malversan lo que quieren porque saben que no les pasará nada, dado que los policías que investigan, los jueces que juzgan, los carceleros que encierran, los periodistas que investigan, los profesores que adoctrinan, los curas que bendicen y los empresarios que emprenden son todos suyos: amigos, parientes, deudos, allegados, enchufados, paniaguados.
El ejemplo paradigmático de esta situación es la corrupción estructural es la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pero no el único. El Estado está plagado de casos de robos y estafas de una banda de malhechores, a la que se habían sumado CiU en Catalunya y el PSA/PSOE de los Eres en Andalucía: aeropuertos sin aviones, AVEs sin pasajeros, autopistas sin coches, campos de golf, robo y rapiña del patrimonio natural a gran escala, ruina y privatización de servicio públicos en un país arruinado por el robo de esta caterva de granujas con una deuda pública que no podrá pagar jamás. En el caso citado de la URJC se trata de una universidad pública, financiada por todos, al servicio del latrocinio y el enchufe del PP, agencia de colocación de amigos y empresa para hacer y devolver favores, para fabricar títulos y hacer de jumentos políticamente fieles brillantes graduados. Un centro de adoctrinamiento ideológico de extrema derecha y delincuentes al mismo tiempo.
Tenía que tocar el turno a la Universidad, una de las pocas instituciones relativamente libre de la delincuencia pepera, que ya ha destruido el crédito del Parlamento, los medios de comunicación, los tribunales de justicia, la iglesia católica y la empresas, convertidos todos ellos en nidos de sinvergüenzas.
¿El coste? La clara evidencia de que el Estado español no es reformable.
