El consabido juego del gallina: el primero que se aparta, pierde. Es un juego a vida o muerte de uno o los dos jugadores. Llevar el conflicto a este extremo revela otra vez la incompetencia del gobierno, aferrado de modo rígido al dogma de la obediencia a la ley. Ese dogmatismo de la ley carece de toda autoridad porque se trata de la más palmaria ley del embudo. El gobierno se salta la ley de modo sistemático y carece de autoridad para exigir a otros su cumplimiento.
Eso es de dominio común, así que tras hablar de pasada de la ley, el bloque tripartito nacional-español apoya como un solo hombre una medida política autoritaria, un ultimátum que no solamente ignora la oferta de diálogo de la Generalitat sino que conmina a esta a deponer su actitud y sus pretensiones de grado o por la fuerza. Esa fuerza que quienes están dispuestos a pasar por encima de la voluntad de la mayoría social catalana llaman “violencia legítima” del Estado.
Incidentalmente, la autoridad ya ha hecho un ensayo general de aplicación de la violencia “legítima” en la brutalidad de las cargas policiales del 1/10. Esas cargas han sido inhumanas y, por tales, solo cabe condenarlas. No hacerlo equivale a darlas por buenas, siendo así que dejan reducida la autoridad moral del gobierno a cero y la de la oposición a menos de cero.
La izquierda apoya este dislate sin pararse por un momento a pensar si calibra bien el respaldo social al independentismo y el atractivo de su oferta alternativa. Esperar que los indepes renuncien a Itaca en mientras llega una reforma constitucional que los medios pregonan como la panacea, muy sabedores de que es un enunciado vacío, es esperar el Santo Advenimiento. Es lo que hacen muchos socialistas. En sentido literal.
Habiendo llegado hasta aquí y habiéndose demostrado fehacientemente que el gobierno no está interesado en diálogo alguno si no es previa rendición incondicional de la Generalitat, esta no tiene otra salida airosa que reafirmar la DI y proclamar la República Catalana. La alternativa es la renuncia y, aunque el gobierno y sus aliados PSOE y C’s lo ignoren, sería mucho peor acogida por la ciudadanía que la afirmación de la independencia.
Esto abre una etapa de incertidumbre sobre si el Estado consigue disciplinar a Cataluña, cosa harto improbable y si la sociedad catalana articula una política de resistencia cosa más verosímil. La incertidumbre alimentará ataques especulativos España y obligará a la UE a mediar antes de que estalle una deuda ya impagable. La razón aconsejaría que el Parlamento solicitase una moratoria en tanto se procede a licenciar al presidente de los sobresueldos y se arma un gobierno capaz de negociar. Yo no confiaría en el otorgamiento de esa moratoria e iría concienciando al gobierno de que la negociación habrá de ser de igual a igual.
A la fuerza tendrán que acabar entrando en el siglo XXI los políticos españoles.
