miércoles, 25 de octubre de 2017

La independencia de Cataluña

Mi artículo de hoy en elMón.cat titulado "La independencia es inevitable". No es solamente que el Estado sea incapaz de frenarla o impedirla, no. Es inevitable porque, llegados hasta aquí, nadie puede obstaculizarla, ni las dudas, temores y vacilaciones de última hora entre los indepes. 

A la vista de cómo ha gestionado el asunto el bloque nacional español, Cataluña no tiene más remedio que declarar la independencia mañana, si quiere sobrevivir. De otra forma, la maquinaria del 155 pretenderá aplastarla (otra cosa es que lo consiga) estableciendo la dictadura. Sabe el bloque que con un estado de excepción encubierto, suprimiendo el govern y el Parlamento, interviniendo a los mossos y controlando los medios audiovisuales no tendrá suficiente. Se verá obligado a suprimir los derechos de asociación, reunión y manifestación y, quizá, a imponer un toque de queda. Tendrá que prohibir los partidos y asociaciones independentistas. 

Al PP esto le parecerá muy bien porque está acorde con su espíritu y realidad franquista. 

¿Y al PSOE? ¿También le parecerá bien haberse convertido en un partido fascista?

Y aun peor: un partido fascista que sirve también para encubrir el saqueo sistemático del país por la banda de ladrones que apoya.

Sigue el texto en castellano: 

La independencia es inevitable
                                                                                              

Si se declara ya como si se deja en el limbo; si se consigue mañana o dentro de una semana o unos meses o para cuando Deulofeu anuncia el fin del imperio español, 2029. Da igual. La próxima independencia de Catalunya es una certidumbre con la que el mundo en general y Europa en particular tienen que contar y, de hecho, ya están haciéndolo.

Desde aquellos lejanos días del fallido y vigente Estatuto de 2006, hoy vulnerado por este golpe de Estado de matachines decimonónicos, estuvo claro que Cataluña no tenía encaje dentro de España. Y ello no porque chocara con el gobierno de turno y, confuso por ello, como señalan los españolistas menos tarugos, confundiera gobierno con Estado. Nada más falso.

En España no hace falta “confundir” el gobierno y el Estado porque todos los gobiernos tienen fundamento en el mismo Estado y este los condiciona, sean del color que sean. El primer ataque contra el Estatut de Maragall vino con el PP y Rajoy recogiendo firmas “contra Cataluña” y en defensa de, mirabile dictu, un referéndum. Era un ataque desde la oposición.

El segundo vino del Parlamento español de la mano del especialista en cepillados, Alfonso Guerra, y el pacto entre Zapatero y Mas para consensuar un Estatuto “cepillado”, “rebajado” . Era un ataque desde el Parlamento y el gobierno.

El tercero y definitivo, luego del voto afirmativo en referéndum catalán, vino del Tribunal Constitucional, que negó la condición nacional a Cataluña e inconstitucionalizó lo que le pareció bien. Era un ataque desde un órgano político que se hace pasar por Tribunal de justicia.

Así que si algo es atacado, rechazado, anulado por el gobierno, el Parlamento, la oposición y los tribunales, no parece exageración decir que es atacado por el Estado. No por este o aquel gobierno que son esencialmente transitorios sino por el Estado sin más, en conjunto, por todo el Estado. Si Cataluña insiste en su condición nacional, es decir, persevera en su esencia y naturaleza, el Estado español trata de aniquilarla.

Las últimas semanas han sido ricas en esperpentos. El gobierno se salta la legalidad que invoca y decreta una situación de excepción en Cataluña y una dictadura seudoconstitucional que quiere extender al resto del Estado, de momento a Castilla La Mancha, País Vasco y Navarra. En pleno siglo XXI. Sumisa y, en el fondo, cómplice de esta arbitrariedad, la izquierda socialista suscribe el atropello en Catalunya y se inventa una vergonzosa excusa para justificar que los socialistas se alíen con la derecha nacionalcatólica y franquista de siempre, con el PP: la de que, cuando se haya “pacificado” Catalunya, se procederá a una reforma de la Constitución que no se creen ni ellos.

Ya no basta con una reforma de esta Constitución que nadie respeta ni respetó jamás porque fue el enésimo engaño para perpetuar el dominio de la oligarquía parasitaria tradicional española y el sojuzgamiento de Catalunya. Ahora ya solo queda aceptar lo que una separación negociada de esta, convertida en flamante República Catalana, pueda deparar y ver si la izquierda española es capaz de imponer un referéndum sobre Monarquía/República en lo que quede de España.

Viéndose perdido, el nacionalismo español recurrió a su última carta, que ya no es un ejército cuya inclinación al golpe militar está coartada por la OTAN, sino su capitán general, el Rey. Lo ha sacado dos veces en un breve lapso, las dos intransigente, insensible, amenazador, jugándose la corona con el respaldo al partido más corrupto e ilegal de la historia de España. Un Borbón que seguirá el destino de su bisabuelo.

Porque a Catalunya ya no hay gobierno ni Estado españoles que puedan contenerla, ni con la ayuda de un PSOE convertido en diligente lacayo de la derecha más monárquica y reaccionaria. Su fuerza no reside en su poderío militar (inexistente), ni en su riqueza económica (que es mucha y muy codiciada por la metrópoli madrileña ), sino en la generalizada y decidida voluntad política de emancipación del pueblo  en su conjunto. Reside en la amplia movilización a través de las organizaciones sociales y los partidos políticos. Reside en la conexión entre esta sociedad y sus instituciones representativas que, habiendo reconocido el mandato del pueblo, lo ejecutan.

El Estado español (el gobierno y sus palafreneros socialistas y de C’s) blande un estado de excepción camuflado bajo un artículo 155 de la Constitución que, no sabiendo cómo se emplea, juzga le da carta blanca para actuar según su convicción y talante autoritarios, dictatoriales. Cree que censurando, reprimiendo, apaleando, procesando y encarcelando conseguirá reducir a Catalunya a su condición de colonia disimulada hasta la fecha y que ahora ha quedado patente.

En su falta de ética, principios y respeto a la ley, el Estado español, probablemente con el beneplácito del Borbón, puede tender una trampa a Puigdemont y valerse de cualquier leguleyería de la vicepresidenta para detenerlo y encarcelarlo. Una felonía de este tipo (frecuente, por lo demás, en el fascismo español) no solo no resolvería nada sino que aceleraría el proceso de independencia y el apoyo exterior que esté recibe cada vez más crecido.


Precisamente porque saben que la independencia es inevitable, quieren su nacimiento como dicta la Biblia, con sangre. Sangre que, derramarse (más) caerá sobre sus cabezas. Sobre todo las de una izquierda que ya no tiene de tal ni el nombre.