O de salidas y entradas, pues el orden de los factores no altera el producto final de la ponzoña y la corrupción del reino.
Salida de Blesa, al más puro estilo del teatro de fines del XIX, el subgénero llamado "drama de pistola". La adaptación española, siempre más montaraz, podría llamarse "drama de escopeta". El de pistola es típico del teatro burgués, estilo Ibsen o Strindberg o Chejov o Tennessee Williams, más reciente. En España, en donde la burguesía apenas existe, el drama va más de nobles, caciques, señoritos y oligarcas, todos ellos aficionados a la caza. En las dos vertientes, el personaje conflictivo salía de escena en el desenlace y, a continuación, se oía un disparo. Y Blesa ya es historia. Su vida fue tan lamentable que hasta la muerte le pareció una opción mejor. Y eso de creer el resultado de una autopsia hecha a la carrera y una incineración que más parece haber sido producida por un rayo.
Leo que la muerte pone a salvo el supuestamente ilegal patrimonio de Blesa. Imagino que no es así. La muerte extingue la responsabilidad penal, pero no la civil, si la hay. Otra cuestión es si existe una voluntad de ir tras ese patrimonio como la hay, parece, de ir contra el de los independentistas. Pero de esto, más abajo.
Blesa no actuó solo. Sus cómplices supérstites siguen encausados. Además, no se nombró a sí mismo para el cargo desde el que perpetró los presuntos delitos. Lo nombró Aznar porque era amigo suyo y lo mantuvo años en el cargo que aquel ejerció a satisfacción del presidente y para holgura económica de su fundación FAES, de la fundación "Nación y libertad", de Aguirre y, en general, del PP. Todos ellos deben dar explicaciones públicas de estos enredos aparentemente criminales.
La entrada corresponde a la Guardia Civil (GC) en el Parlament, el Palau y una conselleria. Sin duda, la GC no actúa por su cuenta, sino a las órdenes de la autoridad civil, judicial, y se ha presentado en los tres puntos con un mandato expreso, aunque no esté totalmente claro en todos los casos. No se cuestiona aquí la pertinencia de la operación, sino su cronología e impacto mediático. Por su contenido, este registro sin duda es tan pertinente como el que el juez ordenó hacer en su día en la sede del PP en la c/ Génova. Con una diferencia: en el registro al PP, este llevaba meses incumpliendo los autos del juez y desoyendo sus peticiones de aportación de pruebas mientras que, en el caso catalán, esta es la primera actuación que se registra. Y en un procedimiento, el del 3%, que lleva más de tres años en marcha.
Es decir, la entrada de la GC está calculada por su efecto mediático, su impacto en una opinión pública catalana y española muy sensibilizadas. Un efecto para tapar el terremoto que ha sido el documental sobre las cloacas de Interior en el que quedan claras muchas cosas oscuras, especialmente dos: a) que el ministerio del Interior tenía (¿tiene?) una policía política encargada de fabricar pruebas para criminalizar a adversarios políticos. b) que Rajoy lo sabía.
Para tapar eso no basta con enviar dos docenas de guardias civiles, algunos enmascarados, como en los mejores tiempos de ETA. En el punto en el que estamos, así no se amenaza ni se atemoriza. La "Operación Cataluña" de Interior acabará en los tribunales. Tiene que ser porque ningún Estado civilizado puede sobrevivir si las fuerzas de seguridad delinquen.
Y sus máximos responsables políticos. Esa monstruosa intención de ir contra los patrimonios personales y familiares de los responsables independentistas es inmoral y probablemente delictiva. La decisión del Tribunal de Cuentas la firma Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia de Aznar e hija de un magistrado del Tribunal del Orden Público de la dictadura. La locura de estos irresponsables llega al extremo de prohibir que, en caso de ser multados, los procesados puedan recurrir a la solidaridad colectiva. Han de pagar con sus patrimonios, los de sus hijos y nietos.
Y esto lo preteden quienes han aprobado una amnistía fiscal ilegal para sus amiguetes y ellos mismos por valor de cientos de millones de € y contra cuyo patrimonio habrá que proceder. Los miembros de un gobierno y un partido que han malversado y estafado otros cientos de millones del erario cobrando sobresueldos de la caja B, licitando obra pública fraudulenta, malversando caudales públicos. Si vamos contra el patrimonio personal y familiar, aunque no tenga nada que ver con la naturaleza del delito, con ánimo confiscatorio, va a resultar que el PP es de verdad el partido de los pobres.
Es asombroso que nadie denuncie esta persecución arbitraria por razones políticas contra el independentismo catalán, en la que se emplea todo el ordenamiento jurídico y parte (por ahora) de las fuerzas de seguridad. Realmente, la responsabilidad de las izquierdas españolas por inacción e incompetencia es pavorosa. Al no comprender la cuestión catalana que, en el fondo, es una revolución y por eso no la comprenden, cada vez es más irrelevante en Cataluña. Y, precisamente por ello, también es cada vez más irrelevante en el Estado. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido que, sin Cataluña, no llegará jamás al poder.
El problema es que ese apoyo tiene el precio del referéndum. Pero, ¿qué menos pueden pedir unos independentistas a un partido, el PSOE, que lideró la última reforma del Estatuto pero, al final dejó a todos en la estacada, incluso al PSC y permitió que la derecha triturara la reforma y hasta la ayudó a hacerlo?
Ahora piden los socialistas volver al Estatuto de 2006, el triturado. Pero eso es anacrónico. Ahora toca referéndum. En el entendimiento de que, de no celebrarse, mañana también puede ser anacrónico si se declara una DUI.
