Ayer, mientras Junts pel Sí y la CUP presentaban tres proposiciones de ley en el Parlament para iniciar el camino a la desconexión de España o sea, la independencia, el juez de la Audiencia Nacional mandaba, al parecer, orden a los alguaciles para que investiguen si diversas asociaciones civiles independentistas pudieran estar incursas en los delitos de rebelión y sedición con una intención fácil de imaginar. Empieza el baile.
Para que haya rebelión, el código penal exige que se recurra a la violencia y, para que haya sedición que se recurra a la fuerza. Es decir, los alguaciles pueden volverse por donde vinieron porque ninguna de las entidades ha recurrido jamás a la una ni a la otra. Son asociaciones compuestas por gentes muy pacíficas. Así que, nada de nada. Aunque es un signo de por donde vienen los vientos porque el juez actúa a instancias de la fiscalía y la fiscalía tiene que haber recibido las órdenes pertinentes del gobierno de empezar ya a incordiar.
A su vez, el Parlament debatirá las tres proposiciones de ley de desconexión: Hacienda, régimen jurídico de la administración y seguridad social catalanas. Es una propuesta de Constitución catalana in nuce. Cuando los tecnócratas franquistas (el catalán López Rodó y sus secuaces del Opus) pusieron en marcha la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Procedimiento administrativo, allá por 1957 y 1958, proclamaron que, en realidad, se trataba de una Constitución para un verdadero Estado de derecho administrativo. López Rodó había aprendido esta pintoresca doctrina del portugués también catedrático de derecho administrativo, Marcelo Caetano, luego presidente de la República.
Obviamente, no es el caso de Cataluña hoy por entero; pero sí en parte ya que los catalanes, de momento, no pueden dotarse de una Constitución. La Ley de Régimen Jurídico cumple esa función transitoria y no se expone a impugnación al no llamarse -ni, en el fondo, ser- Constitución.
Pero lo más inteligente, a mi entender de este primer paso legal en busca de la desconexión es que se presenten como proposiciones y no como proyectos de ley, es decir, emanados del propio parlamento y no del gobierno de la Generalitat. Es una sobreabundancia de precaución: siempre será más difícil para el gobierno español impugnar un acto del Parlament que del gobierno.
Y, políticamente, bien claro está: los catalanes siguen con su hoja de ruta o, como dicen ellos, per feina mientras que los españoles aún no saben si tendrán o no gobierno porque están discutiendo sobre el precio del desayuno en la cafetería del Congreso.
