A este asunto va dedicado mi artículo de hoy en elMón.cat, L'inevitable referèndum. Ese referéndum que debió haberse celebrado hace años pero que tropezó con la intransigencia centralista de la oligarquía española, apoyada en esto (al igual que en otras cuestiones, como la monarquía) por el PSOE. Este está animado del mismo espíritu centralista pero disfrazado de jacobinismo, como si tal cosa fuera más progresista que la negativa de la derecha caciquil y nacionalcatólica a reconocer el caracter nacional de los territorios que lo tienen.
Ese referéndum que está siendo caballo de batalla en la esfera pública española y, sobre todo, en las perspectivas para un gobierno de coalición PSOE y Podemos. El referéndum, que Podemos, con notable, aunque tardía clarividencia, defiende, es considerado por el PSOE como impedimento absoluto para pactar nada. Se entiende está obsesión por el temor a perder votos en España. Los socialistas llevan ya muchos perdidos desde las elecciones de 2008 y, quizá por eso, actúa con esa contundencia de nacionalismo español.
Pero esto es un error garrafal y el PSOE no está para andar cometiendo muchos. No es verdad (o ya no es verdad) que un referéndum y su inevitible explotación demagógica del PP a través del España se rompe reste votos en España. Los tiempos han cambiado bastante; el electorado español probablemente ya no responde al patrón, siempre imaginado por la oligarquía y el clero, de gente simple, supersticiosa, cerradamente católica, firme sostén del trono y el altar. Cabe hacer pedagogía del derecho de autodeterminación en España. Lo ha demostrado Podemos y, si hay elecciones anticipadas, lo demostrará más.
Carles Puigdemont prevé un referéndum catalán sobre la nueva Constitución de la República catalana. El referéndum está en boca de todos y todos sabemos que, al final, habrá que hacerlo. Quizá si Pedro Sánchez reflexiona un poco sobre el asunto, se libra del aliento centralista de Rubalcaba y repara en que solo se oponen al referéndum los sectores más arraigados, corruptos y caciquiles de la derecha española y los cuadros, dirigentes y apparatchiquis del socialismo, pueda replantear el asunto con una mentalidad algo más moderna.
Sería un buen momento para rectificar tanta baladronada de la más casposa gran nación española.
Esta es la versión castellana:
El inevitable referéndum.
Cuanto antes lo veamos tod@s,
mejor para el conjunto.
Los primeros pasos de la nueva
legislatura tras el 20D vienen acompañados de los típicos rifirrafes de negra
honrilla por los que los actores tratan de pulsar la determinación de los
demás. El Rey no recibe a Carme Forcadell; no agradece los servicios prestados
a Mas; tampoco recibe a Carles Puigdemont. Todo ello, se supone, para mostrar
el real desagrado por la deriva de la situación catalana. Todos los partidos
dinásticos y cortesanos se ajustan al patrón de su señor natural y no felicitan
al recién electo 130º presidente de la Generalitat. ERC, en justa repuesta, no
irá a consultas mientras el Rey no enmiende su falta de cortesía. Y seguramente
lo mismo debiera hacer CDC pues el desplante del Borbón es a las instituciones
de Cataluña en sus representantes, no a un partido.
Resumen del mensaje por ahora: el
independentismo catalán continúa con la iniciativa y sigue su plan. Frente a
él, el Estado muestra su desconcierto y carece de proyecto y de respuesta al
ajeno. Ni las formas sabe guardar. Puigdemont expone la hoja de ruta del nuevo
gobierno, de transición de la autonomía a la independencia mediante referéndum
sobre la Constitución de la República catalana en 18 meses, más o menos. En
Cataluña hay un gobierno que tiene claro a dónde va. En España no hay gobierno
y ya veremos si el que haya, si lo hay sin nuevas elecciones, sabrá a dónde ir.
Los tiempos han cambiado mucho.
Los primeros en darse cuenta de
ello han sido las izquierdas españolas en la oposición. Iglesias y Sánchez,
finalmente, un poco a rastras, enmendaron el yerro y llamaron a Puigdemont, a
comunicarle sus respectivos proyectos. Las demás fuerzas políticas españolas,
Casa Real incluida, tendrán que buscar una salida cada vez más problemática al
barrizal de grosería en que se han metido solas.
El referéndum legal que propone
Podemos y la reforma constitucional en sentido federal del PSOE llegan muy
tarde. Pero, al menos llegan, y ofrecen una base para comenzar a hablar.
Repárese en que son las primeras ofertas concretas, aunque muy imprecisas, que
se hacen desde el Estado en más de cuatro años. Y vienen de la oposición. Ni el
gobierno del PP como responsable político máximo, ni el Rey en su función de
mediación, han sido capaces de abrir vía de diálogo alguno y mucho menos de
hacer alguna propuesta de sentido. Ambos dos hablan mucho de diálogo, pero no
lo practican y, si pueden, lo torpedean. Se han limitado a corregir su propia
demasía, cuando, tras hablar con Felipe VI, Rajoy recogió velas y renunció
expresamente a la aplicación del artículo 155 CE con el que había amenazado un
par de días antes –sin duda por orden suya- su portavoz oficial, el joven
recién Casado.
Por la parte catalana, bien claro
lo dejó Puigdemont en su entrevista con Terribas, hay voluntad de
entendimiento, negociación y concordia. Como es natural. Nadie está interesado
en crear problemas y plantear escenarios de confrontación innecesaria o
supuestos que generen inseguridad e incertidumbre y mucho menos en llegar más
allá. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Junts pel Sí condicione su
hoja de ruta a las inexcrutables reacciones del Estado ni mucho menos vaya a
suspenderla bajo amenaza o chantaje.
La finalidad de este gobierno
independentista es plantear en un año y medio un referéndum unilateral sobre el
proyecto de Constitución de la República catalana. Dos conclusiones
entrelazadas se siguen de aquí:
1ª) al final, la solución es un
referéndum. Lo proponga el puro sentido común, lo propugne Podemos, lo imponga
la Unión Europea u obedezca a un propósito del gobierno catalán, el resultado
es siempre el mismo: un referéndum. Lo que los partidos dinásticos españoles
llevan años rechazando y la Corona no quiere ni considerar. Un referéndum y un
referéndum unilateral y vinculante que, como todo el mundo sabe, es la única forma
civilizada y respetuosa con los derechos de la ciudadanía, de averiguar qué
apoyos tienen las dos únicas opciones que aquí se enfrentan (independencia o
no) y de adoptar las decisiones correspondientes con conocimiento de causa.
2ª) como lo plantea el gobierno
de Puigdemont, ese referéndum es imposible de casar con la legalidad española,
salvo que se hagan cambios de calado en esta para los cuales se precisa la
correspondiente voluntad política. Y tal es el punto de ruptura, como siempre
que la realidad impone un cambio que el ordenamiento jurídico impide. Para
avanzar hay que reformarlo. Reforma o ruptura es la disyuntiva tradicional de
todo cambio político desde que el mundo es mundo. La que se presentó en la
misma transición española que, andando el tiempo, nos ha traído hasta aquí.
Así que el referéndum es la
solución en que ambas partes podrían ponerse de acuerdo. Porque, digan lo que
digan los partidos dinásticos y por mucho que pataleen los barones socialistas
y sus viejas, viejísimas glorias, el referéndum es la única salida racional al
atasco del Estado de 1978. De forma que, en realidad, hoy ya nadie (salvo los
empecinados dinásticos) discute que ese referéndum se realizará. Lo que se
discute es cómo se hará.
Un referéndum unilateral,
vinculante, pactado con el Estado en el que este todavía tenga algo que decir,
es su última oportunidad. Cuanto antes lo vea, mejor para tod@s. Especialmente
para él.
