La movida de ayer, a raíz de la declaración de Rigau y Ortega ante el TSJC, fue sonada por la mañana y repicada por la tarde en muchísimos ayuntamientos de Cataluña, aunque dudo de que los españoles se enteraran porque, en tema catalán, las televisiones son ciegas, sordas y mudas y así preparan el camino al escenario que quieren evitar, el de la independencia. Y toda esa convulsión será nada comparada con la que se avecina mañana, cuando Mas comparezca a declarar.
Mientras el Tribunal Constitucional se prepara para actuar de corchete, según prevé la nueva ley que la mayoría absoluta del PP está a punto de perpetrar, el TSJC hace el trabajo rudo e incluso añade sal gorda de su despensa. Se queja el tribunal amargamente en un comunicado de la intolerable presión de los manifestantes -miembros del Govern incluidos- ante su sede. Efectivamente, no debe de ser plato de gusto que te saquen los colores pero, que yo sepa, aquellos están en su derecho. Si hubieran cometido alguna infracción, lo procedente no sería una lacrimógena declaración, sino una denuncia en toda regla y al calabozo con los de la protesta. No es así, luego toca aguantarse. La política está hecha de estas cosas. También el gobierno emplea a los jueces para resolver por las bravas conflictos políticos que él es incapaz de solucionar por su profunda ineptitud y su carácter autoritario y represivo.
Y eso sin contar con que recurrir a los tribunales en un país que bulle de Ratos, Blesas, Correas, Matas, Granados etc., etc, mueve a risa. Con una justicia desprestigiada interferida por el gobierno, echar mano de ella para resolver conflictos políticos es absurdo.
El conflicto entre España y Cataluña es fundamentalmente político y solo podrá resolverse por vías políticas, no judiciales. Pero para que funcionen las vías políticas tiene que haber diálogo. Cierto, todos dicen estar dispuestos a dialogar y acuden a ese topicazo de la mano tendida, que parecen invidentes tanteando el paso. Pero el gobierno pone en seguida los límites: dialogar, sí, pero no de la soberanía nacional, no de la Constitución, no de la financiación de las Comunidades Autónomas, no de la convocatoria de un referéndum; en definitiva, no de nada que interese a los catalanes. No, no y no. Si acaso, y algún octogenario aún la recuerda, estará dispuesto a una alegre colaboración en el marco del sano regionalismo, que tanto entusiasmaba al ministro franquista y falangista Fraga, posterior fundador del PP.
Llevar a sus dirigentes ante los tribunales y aplicarles una descarada forma del derecho penal del vencedor no frenará el movimiento independentista, sino que lo intensificará. Y, si hay condenados, la solidaridad funcionará como mecanismo de movilización.
Esto nos lleva al factor simbólico de este asunto, el determinante. Dice el ministro Catalá que, si le condenan, Mas no quedará como un mártir. Y él, ¿cómo lo sabe? ¿Se lo ha dicho alguna de esas vírgenes a las que condecora su colega de Interior? De momento, el simbolismo de la situación es muy potente. Mañana, 15 de octubre, es el aniversario del asesinato de Lluís Companys por los franquistas. Mas irá a depositar una ofrenda floral en el monumento al presidente de la Generalitat mártir y luego habrá de comparecer ante unos jueces que son los herederos directos del "ordenamiento jurídico" que asesinó a Companys y aún no ha pedido perdón por ello.
Si Artur Mas es condenado, quedará convertido en un mártir capaz de ganar la última batalla a Rajoy/Mordred y Catalá, reducido a su auténtica dimensión de cantamañanas.
