Comparaba ayer Palinuro la opinión pública con el movimiento continuo de la mar. (Por cierto, se me pasó mencionar el nombre de mareas que, muy apropiadamente, han empleado varios movimientos de protesta). Y tan continuo. Hoy trae Público un análisis electoral hecho por el estudio de Jaime Miquel y Asociados que ofrece una interpretación algo distinta de la que se desprende del CEO de ayer, no porque los datos sean muy discrepantes, sino porque lleva intencionalidad. La interpretación recoge la división de CiU y también el apoyo de Ómnium y la ANC a la lista única por la independencia. Luego los datos son valorados con perspicacia y rigor por Carlos Enrique Bayo que empieza y acaba su pieza de modo lapidario. Al inicio: La estrategia de Rajoy para negar los derechos de soberanía y de autodeterminación de Catalunya ha sido un auténtico desastre... para su partido. Al final: Más aun, Rajoy ha conseguido tamaño desastre (para el PP) casi sin hacer nada... o precisamente por ello. Entre medias, la demostración con las cifras en la mano.
Palinuro suscribe el juicio de Bayo con una pequeña precisión. El desgobierno no ha sido solo desastroso para el PP sino, sobre todo, para el país, España, esa que Rajoy no para de llamar gran nación según la empequeñece. Hay una trágica ironía en este desastre del modo de enfocar la cuestión catalana. Los herederos ideológicos de los de antes roja que rota, de los que hicieron una guerra para evitar ambas cosas, no la dejan muy roja, pero sí rota.
Los datos más apabullantes del estudio son que la DUI se queda a un escaño de la mayoría absoluta y que los partidarios del derecho a decidir llegan al 70% de los escaños. Ambas cosas coinciden algo más con el clima que se respira en Cataluña. Ahora considérese la elección en sí misma. Los soberanistas la quieren plebiscitaria; sí o no. Por eso propugnan una lista única por la independencia. Pueden ganar o no. El estudio da ganador seguro al bloque autodeterminista, del que incluso fija números: 96 escaños de 135, un 71%. Aunque sean algunos menos, pues no es claro que todos los de Barcelona en Comú simpaticen con el derecho a decidir, serán más de dos tercios, mayoría más que suficiente para lo que quieran.
En definitiva, el ganador es el bloque independentista porque gana incluso cuando pierde. Quizá la DUI no tenga mayoría absoluta. Pero la tendrá el bloque autodetermista, que es su segunda opción en preferencia. Porque si los partidarios del derecho a decidir son más de dos tercios del Parlamento catalán, ¿qué otra cosa harán sino pedir un referéndum de autodeterminación? Y ya está la situación igual que cuando la cogió Rajoy, ese prodigio de gobernante.
Bueno, igual, no. Mucho peor para el nacionalismo español. Porque al gobierno que salga de las urnas en noviembre va a tocarle enfrentarse a una situación muy complicada. Aunque las elecciones de septiembre no sean plebiscitarias, está claro que los catalanes deciden por amplia mayoría que tienen derecho a decidir. Y lo primero que querrán sus representantes, en efecto, será decidir.
Habrá que ver cómo reacciona un gobierno nuevo, probablemente de coalición, en Madrid. La frecuente invocación de una reforma constitucional de calado, de carácter federal, muy probablemente no contará con las supermayorías que la Constitución exige para tramitarla y mucho menos para sortear todos los obstáculos que la rigidez del texto opone a las posibles revisiones. Es decir, aunque se iniciara alguna de estas, se eternizaría, como se ha eternizado la absurda reforma del Senado.
Visto lo cual, los más animosos, estilo Podemos, invitan a ignorar la vía reformista e ir directamente a un proceso constituyente. La posible confluencia de Podem con el procés constituent de Forcades puede darle votos en Cataluña, sobre todo si, al final, montan otro ómnibus con Catalunya en Comú. Pero en España, el proceso constituyente no despierta pasiones y no es probable que consiga una mayoría parlamentaria capaz de arrastrar a los demás a juramentarse en el jeu de paume.
Así que, tarde o temprano, el gobierno español tendrá que autorizar la celebración de un referéndum de autodeterminación de los catalanes, como han hecho sin mayores problemas los quebequeses en el Canadá y los escoceses en el Reino Unido. Y tendrá que hacerlo por tres motivos:
Primero, porque los catalanes han demostrado una firme voluntad sostenida de nación y de ser tratada como tal, hasta sus últimas consecuencias. Esto no es una algarabía (según Rajoy), ni un capricho, un acto de demagogia, una manipulación o una conjura identitaria propia de nazis. Es una movilización popular que arrastra al sistema de partidos y a sus dirigentes, especialmente, claro, los nacionalistas. Lo adecuado es calibrar qué alcance tenga esa movilización y actuar en consecuencia.
Segundo, porque el gobierno central no ha sido capaz de resolver el problema ni parece estar en su mano (o interés) hacerlo. Ni un gesto de negociación en cuatro años. Rechazo, altanería y desprecio. Recurso permanente a la represión, agravada con el insulto de que es preciso cumplir las leyes, dicho por alguien que, como Rajoy, las cambia de veinte en veinte cuando le interesa a través de su sumisa mayoría parlamentaria. Ni un gesto de entendimiento. Conflicto abierto, incluso por la vía penal.
Tercero, porque la opinión pública internacional, incluidos gobiernos, parlamentos y hasta el Consejo de Europa presionan para que haya una solución negociada del contencioso catalán y será imposible negociar nada ignorando la voluntad de dos tercios del Parlamento.
Y así nos encontramos como al principio, habiendo perdido años tratando de evitar lo inevitable. Ese referéndum debió hacerse cuando se planteó por primera vez. Todo hubiera sido más fácil. Aun así, tampoco está mal hacerlo ahora. Porque esa consulta sí puede abrir un proceso constituyente en España.
