Esto no pasa en ningún país del mundo. Los hay más corruptos que España, que hace el lugar 37 de 174, según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, por debajo de San Vicente y Granadinas, los Emiratos Árabes Unidos y las Bahamas. Una hazaña, dicho sea de paso. Pero no sé si en los otros 137 más corruptos hay alguno en el que ese fenómeno afecte de modo más completo al gobierno y al partido que lo sustenta. A la vista de la situación es legítimo preguntarse si es en verdad un partido o, como sostiene algún juez, una asociación para delinquir. Sea lo uno o lo otro, sí que semeja una organización cuyo objeto es el fraude en sentido práctico y teórico.
En sentido práctico, esta asociación parece entender que gobernar, representar a los ciudadanos, implica robarles, enriquecerse por cualquier medio o garantizarse un modus vivendi guapo. Innumerables casos en distintas instancias y momentos procesales muestran que, para los miembros del partido, la política es un negocio, desde lo más vulgar, como hacerse pagar los trajes o los viajes, hasta lo más rocambolesco, como defraudar cientos de millones de euros, causando la ruina a miles de personas. Enriquecerse como sea, a base de mordidas, comisiones, sisas, sobreprecios, estafas directas. Llenarse los bolsillos con dinero público, esquilmar el erario.
En defensa directa o indirecta de lo indefendible, suele insinuarse que todos los políticos son iguales y todos los partidos, gemelos. Sí y no. En donde se da una permanencia prolongada en el poder, aparecen prácticas corruptas, como en el PSOE en Andalucía o en CiU en Cataluña. Pero las comparaciones terminan ahí. En el PP la corrupción se ha convertido, aparentemente, en su forma ordinaria de acción y ha desprestigiado el conjunto del sistema político. Recuérdese que financiación ilegal, al margen de si es delito o no, significa jugar con ventaja ilícita en los procesos electorales y, por lo tanto, invalida sus resultados. Eso es crear una situación sin salida, pero es que la financiación ilegal mina la democracia misma. No son todos iguales en absoluto.
Además, hay también un sentido teórico de la corrupción. El eje central de la política de la derecha es privatizar cuanto se pueda, industrias, empresas, servicios públicos, con el argumento de la mayor eficiencia. No hay pruebas de tal cosa sino más bien de lo contrario, como es lógico por puro sentido común, ya que los servicios públicos no tienen por qué generar beneficio económico privado alguno. Toda privatización es una puerta abierta a la corrupción: los intereses privados, las puertas giratorias, la información privilegiada, la cercanía al gobierno, la doble condición de empresarios y militantes del PP, todo apunta a lo mismo. La teoría habla del libre mercado, pero una parte importante del libre mercado consiste en ordeñar al Estado, es decir, a la ciudadanía, a los contribuyentes.
La teoría se difunde mediante una política de comunicación consistente en negar la evidencia, en dibujar una realidad ficticia. Rajoy se traicionaba el otro día al responder a las críticas de Cayo Lara sobre la pobreza en España usted me pinta un país que no conozco. El único país que conoce es el que pintan él y sus medios que son prácticamente todos los audiovisuales y escritos. Es atosigante. Las pinceladas más fuertes:
- la ley y la justicia son iguales para todos. No es cierto lo uno ni lo otro;
- el gobierno cumple la ley y le toca hacerla cumplir. Tampoco es verdad sino que a veces incumple la ley y otras, cuando no quiere incumplirla, la hace cambiar, lo cual es equivalente;
- la principal preocupación del gobierno es la seguridad de la ciudadanía, cuando él mismo, por su arbitrariedad y autoritarismo, es la fuente principal de inseguridad;
- el gobierno aplica medidas e insta legislación en pro de la transparencia como no lo ha hecho nadie. No es verdad. No da los datos; cuando los da están manipulados; tergiversa, cierra u oculta indicadores y manipula las estadísticas (especialmente las laborales) a extremos insólitos;.
- el gobierno encabeza la lucha contra la corrupción. El mero sentido común indica que es imposible que el gobierno más acosado por los casos de corrupción de la democracia española, cuyo mismo presidente es sospechoso de haberse beneficiado de ella, pueda combatir la plaga;
- el Pp es el partido más honrado que pueda haber. Eso no es solamente ficción, sino delirio y desvergüenza a toneladas.
La única forma de salir de ese mundo ficticio a la realidad, de poner al gobierno públicamente frente a sus responsabilidades, exigirle cuentas por estos más de tres años de legislatura, es que la oposición, en concreto el PSOE, presente una moción de censura. La oposición no está solamente para firmar grandes pactos de Estado y lloriquear por todo lo demás, sino para hacer valer los derechos de la ciudadanía frente a un gobierno que los ignora, los recorta o los niega.
Empezando, paradójicamente, por el derecho de propiedad pública y privada.
