Se recordará cómo, a raíz de la consulta catalana del 9N, Rajoy sentenció que carecía de importancia porque no tenía consecuencias juridicas. Tampoco en esto decía la verdad. Tiene toda la pinta de que se den consecuencias jurídicas y desagradables para Mas y sus dos colaboradoras, Joana Ortega e Irene Rigau.
La justicia catalana aprecia indicios de desobediencia en Mas por el 9-N, comunica El País. El diario digital Vila Web sostiene que La justícia espanyola avança cap a la inhabilitació de Mas. Hay una diferencia de matiz. Para El País es la justicia catalana; para Vila Web es la justìcia espanyola. No debería de tener importancia. Lo importante es que la justicia sea justa; no catalana o española.
Pero tiene importancia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha actuado a instancias de la Fiscalía que es un cuerpo jerárquico en cuya cúspide estaba el hoy dimitido Torres Dulce quien pidió la actuación en contra de Mas, Ortega y Rigau y obtuvo el respaldo unánime de la Junta de Fiscales de Sala. Esa unanimidad dejaba sin efecto la negativa de la mayoría de los fiscales de Cataluña a proceder contra Mas, con la aquiescencia del Fiscal superior de la Comunidad, Romero de Tejada quien, sin embargo, dio luego su brazo a torcer, secundando la posición de su superior jerárquico. Es decir, sí, se trata de la justicia española que trae un espíritu claramente político y hasta ideológico. Lo dijo taxativamente Torres Dulce en la toma de posesión de Romero de Tejada: «No se puede ser fiscal en Catalunya sin tener presente la idea nacional de España».
Daba así la razón con sus actos a quienes sostuvieron siempre que el gobierno exigió que la Fiscalía General del Estado actuara contra Mas; es decir que convirtiera en judicial un asunto político. Rajoy negó entodo momento que el gobierno presionara a la fiscalía. Pero las negaciones de Rajoy valen lo que sus afirmaciones: nada. La prueba la dio el propio Fiscal General al dimitir unos días después de actuar alegando "razones personales". Por muy clara que tuviera la "idea nacional española" el señor fiscal no debía parecérselo así a los gobernantes que lo han sustituido de inmediato por una fiscal de quien deben de fiarse más porque es decidida opositora al aborto.
En sus autos, el TSJC admite la querella (hay varias) por los supuestos delitos de desobediencia y quizá también prevaricación y malversación. Se le puede caer el pelo al trío de querellad@s.
De los tres ilícitos el que tiene más carga política es el de desobediencia. La desobediencia es de los pocos delitos que tiene buena prensa. Todo el mundo sabe que las leyes pueden ser injustas y, a veces, ante la insistencia del poder político por aplicarlas, algunos piensan que por razones de conciencia no se deben obedecer. Nace así la desobediencia civil, que es una práctica democrática con una larga tradición y gracias a la cual se han conseguido cosas importantes como la igualdad de derechos civiles de negros y blancos en los Estados Unidos o la independencia de la India, por no citar sino dos casos muy conocidos.
La desobediencia civil tiene detractores y partidarios, que, incluso, pueden cambiar de actitud según los ejemplos de que se trate. Los primeros se aferran a la vigencia de la norma positiva; los segundos, a cuestiones de legitimidad, de norma moral. Y el enfrentamiento tiene consecuencias políticas siempre.
La decisión del gobierno de ir por la vía represiva deja abierto todo el campo a un movimiento de (más) desobediencia civil en Cataluña. Digo "más" porque el del 9N ya lo fue. Incluso lo ha bautizado él mismo como desobediencia. Ya ha puesto a Mas en un camino de no retorno. Es ahora el líder que encabeza la emancipación de su pueblo y que puede ser procesado e inhabilitado por el superior poder de la justicia española. Un líder y un mártir. No es una actitud muy inteligente porque viene a reforzar la idea de que el gobierno no solamente no está dispuesto a negociar nada sino que, si los soberanistas insisten en su empeño, pueden acabar inhabilitados o peor, entre rejas. Como Otegi.
Ante esa cerrazón las elecciones anticipadas son inevitables y su contenido plebiscitario irrefutable. El gobierno ha puesto en bandeja a los soberanistas catalanes la realización de un referéndum de autodeterminación de hecho y con consecuencias jurídicas. ¿Cuáles? Pues, según cuál sea el resultado (un resultado del que va a estar pendiente todo el mundo), una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que no se sabe muy bien cómo podrán gestionar los dos partidos dinásticos incapaces hasta ahora de dar una respuesta sensata y viable a la cuestión catalana.
