Consabido principio de acción-reacción. Ayer el Tribunal Constitucional (TC) suspendía la nueva forma de la consulta, cumpliendo los deseos del gobierno, aunque no todos, pues omitió una amenaza directa a la Generalitat en caso de desacato. Estaría bueno. En su lealtad nacional, el TC puede puede hacer suya sin reservas la causa de una parte. Pero de ahí a convertirse en alguacil del Reino media un trecho, aunque no se sepa cuánto. Tampoco debe de saber muy bien el TC qué haya suspendido porque la dicha nueva forma es amorfa; ahora no es consulta, sino participación, aunque el gobierno se obstina en hablar de referéndum. Acción.
Horas después, la Generalitat se declaraba en desobediencia de hecho al mantener la amorfa forma y, además, anunciaba denunciar al gobierno ante el Tribunal Supremo por algo así como acoso legal, una especie de mobbing político, abuso de poder, que viene a ser lo mismo, porque todo mobbing es un abuso de poder. En el fondo, esta cuestión, al mantenerse en el ámbito jurídico, es poco pertinente en un proceso político mucho más acelerado por naturaleza. El 9N ambas partes en este conflicto tienen que tomar partido y no pueden esperar a las decisiones de los órganos judiciales. La finalidad es tener entretenidas a las instituciones mientras se produce el enfrentamiento. Reacción.
Porque enfrentamiento hay. Anteayer Palinuro hablaba del juego del gallina en la cuestión catalana y ayer salía uno de esos empingorotados diarios anglosajones hablando de choque de trenes y conminando a Rajoy a resolver un conflicto político con medios políticos y no estrictamente jurídicos que llevan inevitablemente a la represión. Es una muestra del dry humour británico: encargar la solución razonable de un problema a alguien que no lo entiende. A este respecto, no conozco ninguna valoración comparativa de los dos líderes, Rajoy y Mas, que no deje al primero a la altura del zapato del segundo.
En el enfrentamiento se utiliza todo tipo de munición. La última es la deuda. Los soberanistas, Junqueras, afirman que, si España no negocia, tendrá que pagar toda la deuda y no podrá. Los nacionalistas españoles, por boca de El País, adelantado gubernamental en la marca catalana, aseguran que, si Cataluña sale de España y también de la UE, su deuda será del 105% del PIB, creo. Son esos argumentos que no sirven para nada pero vienen con armadura de números, cosa que siempre impresiona. Para que las consecuencias de la independencia surtan efecto, sea cual sea, antes ha de haber independencia y, en este asunto, el primero, inmediato y siguiente paso decisivo es el próximo 9N, dentro de cuatro días. Lo demás, a beneficio de inventario.
En el camino hacia el 9N, el choque de trenes o el abandono del gallina, el gobierno tiene perdida la batalla de la comunicación, en el interior y en el exterior. La buena prensa es para el soberanismo catalán que proyecta una compleja imagen positiva en la opinión internacional, mezcla de irreductibles galos de la aldea bretona, pueblo colonizado que lucha por su libertad, nación oprimida por el yugo español de la más negra leyenda o pequeña e industriosa comunidad explotada por un mezzogiorno indolente y atrasado. A ello ha venido a añadirse el potente efecto de propaganda que ha tenido la consulta escocesa en donde se ha dirimido una profunda cuestión de soberanía que Rajoy se niega siquiera a considerar en España.
Por eso ha perdido esa batalla, porque el nacionalismo español aparece encastillado en un inmovilismo absoluto, parapetado en una legalidad afectada de innumerables peplas de legitimidad, desde su origen hasta su aplicación, pasando por su interpretación. Esta actitud, la de negarse a toda negociación política que el gobierno ha decidido que desborda su propia interpretación de la legalidad, lleva acto seguido a la represión. Y esa es la imagen de España hacia fuera y hacia dentro, la represión. Ya hay voces destacadas que la piden. El gobierno deja saber indirectamente que está concentrando fuerzas policiales en Cataluña en previsión de disturbios. Y, según Público.es, los soldados están recibiendo instrucción en los cuarteles en materia de intervenciones antidisturbios lo cual es más preocupante, aunque tampoco nuevo del todo. El orden público ha estado casi siempre militarizado en España.
Lo más curioso es que a veces parece como si este conflicto o enfrentamiento despertara más atención e interés fuera que dentro de España. Los partidos, que debieran ofrecer soluciones políticas, están ausentes, son verdaderos territorios minados en los que en cualquier momento salta un escándalo que explota como una bomba y se lleva por delante alcaldes, presidentes de diputación, glorias del movimiento obrero o manadas de corruptos por decenas o centenas. En ese campo de minas estas organizaciones no tienen ojos para ver lo que está pasando en el país más allá de los juzgados. El único partido no minado por la corrupción, Podemos, no quiere que lo distraigan de su tarea de ganar las elecciones en España por lo que en Cataluña quiere ser un observador participante; más observador que participante.
Y si los partidos están ausentes, los intelectuales han huido. Aquello tan interesante del compromiso se ha esfumado. Una serie de intelectuales catalanes ha levantado una poderosa batería de argumentos para demostrar porqué la independencia es mejor para Cataluña y, ante la falta de condigna respuesta de los intelectuales españoles, ha llegado incluso a argumentar por ellos porqué la independencia de Cataluña es mejor para España. Notable.
Del lado español el silencio es llamativo. No conozco ningún intento serio de argumentar porqué es mejor para Cataluña quedarse en España. Que lo sea para esta no lo duda, creo, nadie. Lo difícil, lo meritorio, es argumentar sólida, convincentemente porqué es mejor para los catalanes decidir en favor de la continuidad en España en lugar de negarles el derecho a decidirlo, pues eso puede hacerlo, como se ve, cualquier idiota.
