Los gobernantes democráticos son gentes elegidas por el pueblo para gestionar los asuntos públicos según criterios distintos pero con un mismo principio, según el cual la gestión será en interés del bien común y no en provecho personal de los gobernantes. Lo que hay en España no tiene nada de esto.
El país está gobernado por un partido que lleva más de veinte años dedicado a actividades presuntamente ilegales e inmorales, en colaboración con una red más o menos organizada de empresarios o delincuentes o ambas cosas a la vez. Ello le ha permitido financiarse en negro, repartir abundante dinero en B entre sus más destacados dirigentes, propiciar con sus nombramientos un expolio público sin precedentes y enriquecer de modos supuestamente ilícitos a sus militantes, allegados, deudos, clientes y cómplices. Palinuro siempre ha dicho que ser militante del PP es un chollo, lo cual explica su afiliación en torno a los 800.000 militantes: el atractivo de hacer dinero en las administraciones locales, autonómicas, estatales, en contratas, enchufes, mordidas, comisiones, recalificaciones, subvenciones, privatizaciones, todo un denso entramado de corrupción que cubre el país entero y que, además de servir para hacer dinero, sirve para blanquearlo sin llega el caso.
Es un estado de corrupción general. Una peste. El sistema político es una cáscara vacía, pura fachada, un potemkin. Y los españoles, haciendo gala de su fatalismo, se lo toman a chirigota. Son los humoristas como Wyoming quienes encabezan la oposición; es twitter, en donde se hacen los comentarios más despiadados sobre los políticos. El chiste es la forma de oposición a la dictadura, dado que las otras están prohibidas. Como en los tiempos de Franco, como pasaba en los países comunistas. La gente se reía por no llorar.
Y estamos para pocas risas. Vistos los últimos sobresaltos procesales de esa hidra de mil cabezas corruptas, parece bastante sensato reconocer lo que ya dice todo el mundo: que el PP no es propiamente hablando un partido, sino más probablemente, una asociación de malhechores. No solamente porque tenga una infinidad de militantes y dirigentes imputados, procesados, condenados o cumpliendo condena, sino porque él mismo como partido adopta medidas para amparar a los presuntos delincuentes, como la obstaculización de la justicia mediante triquiñuelas procesales o la destrucción de pruebas.
La cascada de nuevos escándalos, las tarjetas negras, la imputación del exministro Acebes, la del exalcalde de Toledo, que apunta directamente a la muy posible implicación de Cospedal, son nuevas piezas malolientes de un panorama de podredumbre. Este se remonta a los tiempos de los gobiernos de Aznar, el amigo íntimo de Blesa. Alguien ha calculado que el 75 por ciento de los miembros del primer gobierno de Aznar está imputado, procesado o en prisión.
Una peste. La letanía de nombres de presuntos sinvergüenzas y sinvergüenzas probados es interminable y la de sus fechorías llena legajos y legajos en los anaqueles de los juzgados, por contar solo los asuntos ante la justicia. Y habrá más. El silencio de Aguirre, de Aznar, del propio Rajoy solo puede interpretarse como una medida de defensa procesal: todo lo que digan podrá ser utilizado en su contra. Y lo más irritante, indignante en realidad, es que son los pájaros que, como Díaz Ferrán, mientras robaban a manos llenas, decían a la gente que hay que trabajar más y ganar menos.
Con esta peste no va a terminar el gobierno porque, aunque suele hablar de proponer legislación en pro de la transparencia y la regeneración democrática, carece de autoridad y crédito para ello. Su propio presidente está bajo sospecha de haber cobrado sobresueldos en B y varios de sus ministros, también. La evidencia de que, como ministro, vicepresidente de Aznar, presidente luego del partido, Rajoy sabía perfectamente lo que pasaba lo inhabilitan para acometer medida regeneradora de la democracia alguna.
Pero tampoco le importa. A este gobierno no le interesa en absoluto la gobernación del Estado y menos en pro del bien común y le trae al fresco la opinión pública. Centra todas sus medidas de supervivencia en tres aspectos: 1º) control de los medios de comunicación y recurso a la censura, la manipulación y la propaganda; 2º) imposibilitar o dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia y la protección de sus derechos mediante los tribunales; 3º) convertir toda crítica, protesta o manifestación en un ataque al orden público y reprimirlo sin contemplaciones gracias a una ley mordaza a punto de aprobarse.
En esta situación, España no tiene gobierno sino que está administrada por una asociación de presuntos malhechores. La pregunta inmediata es: ¿y qué pinta la oposición en todo esto? ¿Por qué continúa legitimando con su colaboración esta peste de corrupción? ¿Por qué sigue admitiendo que trata con un gobierno que hace política y no con una peste que ni entiende de política ni le importa un pimiento? ¿Por qué sigue acudiendo a un Parlamento que no sirve para nada, salvo para legitimar esta peste? ¿Por qué no presenta una moción de censura, aunque la pierda? ¿Es porque en parte la corrupción también la afecta a ella, al menos a alguno de sus partidos? Justamente la única forma de salir de esa posición de extorsionado es reconocer paladinamente las faltas propias y, a continuación, plantarse ante las ajenas, que son apabullantes.
Plantarse es decir no a la peste. No al simulacro de parlamento; no al gobierno por decreto; a las ruedas de prensa sin preguntas, al plasma, a los tribunales que aplican la justicia del príncipe; a unos medios vendidos; a una gestión autoritaria del orden público, represiva, amedrentadora. Palinuro lo ha dicho en otras ocasiones: retirada al Aventino que ahora recuerda la retirada a la colina de Florencia en la que se escribió el Decamerón, mientras los retirados escapaban de la peste negra, tan negra como las tarjetas de estos sinvergüenzas.
