Como bien se sabe Palinuro es troyano y por tanto lo ignora todo de las naciones. Su patria fue destruida hace 2.700 años y sobre ella se edificaron otras patrias, también luego destruidas. Le quemaron las raíces y por eso se hizo a la mar, en busca de otras. Pero no llegó a echarlas de forma que su sentimiento nacional, si lo hubo, murió; y él murió a su vez antes de tener otro nuevo. Pero eso es Palinuro. Su alter ego, Cotarelo, es un confeso nacionalista español. Un nacionalista partidario de reconocer el derecho de autodeterminación de las otras naciones que hay en España y, por descontado, su derecho a llamarse a sí mismas naciones. Su idea es que la nación española está, o debe estar, compuesta por la asociación o unión o federación o confederación de las naciones que la integran, castellana, gallega, vasca y catalana. Tampoco objeta si hay otros territorios y poblaciones que desean ser naciones. Lo esencial es que la asociación sea una comunidad voluntaria, por mutuo acuerdo e interés. Está convencido de que la nación fuerte es la que puede permitirse reconocer el derecho de autodeterminación de las que la componen porque confía en que elegirán quedarse, como ha sucedido en el Canadá y en Gran Bretaña hace unos días. Una nación fuerte, segura de sí misma, no coarta la libertad de decidir de sus partes porque espera que estas decidan mantenerse unidas en función del principio de superaditividad. Pero igualmente acepta un resultado adverso a sus expectativas, esto es que, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, una nación decida separarse del resto e ir por libre. La independencia.
El nacionalismo español, esto es, básicamente el nacionalismo castellano identificado con lo español, no quiere ni oír hablar de la independencia de Cataluña. Ni como remota posibilidad. Tanto es su rechazo que tiende a considerar delito la reclamación. Vamos así directos a admitir los delitos de opinión, algo siempre tentador para la derecha nacionalcatólica vinculada a la Iglesia, con su reconocida afición a tipificar como delitos lo que ella considera pecados. Pedir la independencia de una o más partes de España, o de todas ellas, no es ni puede ser un delito, como no lo es ni puede serlo pedir por ejemplo que, en lugar de ser una monarquía parlamentaria, el país pase a ser una república. Otra cosa es cómo se pida. Si, para hacerlo, se procede a la sedición o la rebelión, es claro que será delito; pero eso mismo pasa si se recurre a ellas para cualquier otra petición. En sí mismo, pedir la independencia, propugnarla, trabajar por ella no es delito si todo actuar está dentro de la legalidad. Y ahora hablamos de esa legalidad.
Viene esto a cuento de que el Consejo General del Poder Judicial está considerando abrir expediente disciplinario al magistrado Santiago Vidal, no por actividades realizadas en el ejercicio de su condición, sino en su condición de ciudadano privado. El juez es independentista en sus convicciones personales y actúa como tal. Justamente de lo que se le acusa ante la correspondiente comisión disciplinaria es de haber firmado, junto con otros juristas, un escrito público sosteniendo la posibilidad de la independencia de Cataluña por vías jurídicas. También se le acusa de haber colaborado en la redacción de un proyecto de Constitución para Cataluña, constituida en República. Reprimir estas actividades es atacar la libertad de expresión. Plantear la posibilidad de la independencia por cauces jurídicos no puede ser ilegal porque en tal caso los cauces no serían jurídicos. Y de la posibilidad de que haya una independencia de Cataluña por la vía legal hablan eminentes juristas nada partidarios de aquella, como Rubio Llorente. En cuanto a la redacción de un proyecto de Constitución para una Cataluña republicana, ¿cómo puede considerarse un delito? Sería como pretender castigar un proyecto utópico con una Constitución de un Reino de España gobernado por un consejo de personas honradas. Lo que sucede es que entre un proyecto de Constitución catalana y uno del Reino de España gobernado por gentes honradas, la diferencia es la verosimilitud, la probabilidad y eso es lo que pone nerviosos a los nacionalistas españoles. Por eso se lanzan a repartir mandobles y apagar las llamas de una sedición que, de momento, solo está en sus cabezas.
Pero, se dice, se trata de un juez. Verdad es, pero un juez en su condición de ciudadano privado. El debate estará en hasta dónde tienen los jueces limitados sus derechos en su vida privada. Supongo que quienes lo acusen considerarán que Vidal ha ido contra el art. 389, 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe a los jueces y magistrados "todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido", pero ninguna de las dos actividades, el escrito colectivo y el proyecto de Constitución, son asesoramiento. Entre otras cosas, faltan los asesorados, pues el propio juez, que reconoce su participación en el proyecto constitucional, explica que no obedece a un encargo de la Generalitat o de cualquier otro ente. Por cierto, recuerdo haber visto al mismo juez en un vídeo defendiendo el derecho de autodeterminación e independencia en vía jurídica. Una opinión tan digna de tenerse en cuenta como cualquier otra; como la contraria.
Está viéndose: la respuesta del nacionalismo español gobernante, con el apoyo explícito y sin fisuras del otro partido dinástico, es la criminalización del independentismo catalán. Lo llaman prevalencia de la legalidad pero es búsqueda de la penalización, la represión, el castigo. Además del magistrado Vidal, las amenazas se dirigen hacia Artur Mas y también, aunque en menor medida de momento, hacia quienes se impliquen en el proceso soberanista en cargos público. Es lamentable que la Vicepresidenta del gobierno amenace a Mas con que la Fiscalía estará pendiente de sus pasos. Y eso a menos de un mes de que los británicos nos hayan dado una lección de cómo se tratan estas cuestiones sin necesidad de amenazar a los demás con meterlos en la cárcel. Así sigue desarrollándose el drama y Artur Mas, en su papel de Moisés, de Guillermo Tell, afirma, crecido, que no piensa dimitir ni retirar la consulta.
El rigor con el que el gobierno central arrincona al independentismo catalán en el angosto cuadrilátero de la legalidad niega expresamente la posibilidad de plantear el asunto en el terreno de la legitimidad. Es mucho. Para ello tendría él que estar por encima de toda sospecha porque, de otro modo, esa defensa de la ley será defensa de la ley del embudo. En términos concretos: todo el rigor que se percibe, y se aplaude, pues la ley es la ley, en la vigilancia sobre el comportamiento del juez Vidal se convierte en laxitud cuando se trata de vigilar el del presidente del Tribunal Constitucional. Este órgano, que ha suspendido la ley catalana de consultas a petición del gobierno, acaba de rechazar una recusación de la Generalitat de dos de sus magistrados, uno de ellos, su presidente. La falta de imparcialidad de este es patente. Fue militante con pago de cuota del partido del presidente del gobierno que lo ha propuesto para el cargo y es quien remite la recusación. Además, fue colaborador directo, supongo que retribuido, de la FAES, el think tank de la derecha más retrógrada y virulenta, y es razonable considerar asesoría su tarea al influir, si no redactar, el anteproyecto de la reforma laboral que luego el gobierno presentó como suyo.
La muy probable decisión final negativa de un Tribunal Constitucional sin prestigio ni autoridad moral añadirá más gasolina al fuego. Un fuego inquisitorial al que quieren arrojar ahora a cientos de miles de independentistas. No, pedir la independencia no puede ser ilegal. Y conseguirla, tampoco.
