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Es imposible tomarse en serio esta situación porque no se trata de un gobierno a la usanza europea, sino de una asociación de gente que persigue sus intereses propios, los de enriquecerse ellos y sus amigos, presuntamente por medios ilegales si es necesario; una asociación de supuestos malhechores. Pero, al mismo tiempo, es imperativo tomársela muy en serio porque esta banda de sobresueldos es la que hace las leyes, organiza la vida del país y toma las decisiones que afectan a la de millones de ciudadanos. Esto no es un gobierno ni un partido, sino una rebatiña general, parapetada en la mayoría absoluta, por desmantelar lo que queda del Estado del bienestar y saquear del todo el erario público. No es política; es saqueo adobado de incompetencia casi criminal. Es tal el grado de sumisión de las autoridades a las empresas que ahora ya ni las controlan. La prueba es la gloriosa ineptitud de ese ministro Soria, incapaz de conseguir que los ciudadanos no paguen el vatio a precio de platino. Es tremendo tener que decirlo pero en los partidos no se está para hacer negocios, ni para forrarse, sino para servir al interés común con una condigna paga y sin sobrepaga.
No tienen proyecto, ni una idea aproximada del interés común. Viven pendientes de cómo llevarse lo poco que queda vía privatizaciones descaradas y supuestamente delictivas a veces, y de cómo saldrá de rositas la miriada de cargos públicos que tienen chapoteando en decenas de procesos penales por corrupción. No solo carecen de capacidad política, de sentido democrático, de espíritu de diálogo, sino que pretenden imponer a golpe de ley sus convicciones personales más retrógradas, mientras reprimen las protestas ciudadanas y terminan de expoliar las arcas públicas. Carecen de legitimidad, de ética y de elegancia. El ministro de Justicia, además de sus otras fechorías, quiere privatizar el registro civil, con lo que ahora los ciudadanos tendrán que pagar por lo que antes era gratis. Mejor dicho, no era gratis pues estaba pagado con los impuestos. Ahora se pagarán los impuestos y los servicios que estos sufragaban. El proyecto es, además, un despilfarro de recursos públicos de todo tipo, desde las instalaciones al personal. Pero eso no es un argumento frente a un hombre que, siendo alcalde, endeudó la capital en 7.000 de millones de euros.
Tampoco lo es el argumento de la vergüenza, que debe de ser desconocido para Rajoy pues, siendo él registrador de la propiedad, es el primer beneficiario de una medida que toma como gobernante. Vamos que viene a garantizarse una especie de sobresueldo legal por lo que pueda pasar en el futuro.
Es indigno, es inmoral, es ridículo tener un gobierno compuesto por una banda de mangantes.
Es indigno, es inmoral, es ridículo tener un gobierno compuesto por una banda de mangantes.